Un documento prueba que Francia permitió escapar a los responsables del genocidio tutsi en Ruanda

La orden política de dejar escapar a los principales miembros del gobierno responsable del genocidio tutsi en Ruanda, en el verano de 1994, cuando su detención era posible e incluso solicitada, la dio directamente el Ejecutivo francés, según un documento inédito del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La masacre de los tutsis en Ruanda, el último genocidio del siglo XX, provocó casi un millón de muertos en cien días, entre abril y julio de 1994.

El documento, al que Mediapart (socio editorial de infoLibre) ha tenido acceso, parece ser, 25 años después de los hechos, la pieza que faltaba en uno de los episodios más oscuros de la responsabilidad francesa en la tragedia ruandesa.

Lo ha obtenido el investigador François Graner, autor de varios libros sobre Ruanda y miembro de la asociación Survie, que recientemente accedió a archivos no explorados de la presidencia de Mitterrand gracias a una decisión del Consejo de Estado. El pasado mes de junio, el tribunal superior de lo administrativo de Francia puso fin a años de trabas orquestadas por los guardianes de la memoria del antiguo jefe de Estado y de la política de Francia durante el genocidio tutsi.

El documento en cuestión es un telegrama de “confidentiel diplomatie”, del 15 de julio de 1994, procedente del gabinete del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, hoy miembro del Consejo Constitucional, y dirigido al embajador Yannick Gérard, en aquel momento representante de Exteriores ante los militares franceses enviados a Ruanda en el marco de la operación Turquesa.

Ese mismo día, el embajador Gérard pidió “instrucciones claras” al gobierno (para él y para el Ejército francés) con el fin de detener a las autoridades del lugar, que, según escribió en un telegrama, “tienen una gran responsabilidad en el genocidio”. Lo cierto es que los principales miembros del gobierno genocida, sobre todo su presidente, Théodore Sindikubwabo, se encontraban entonces en una zona totalmente controlada por el Ejército francés, cerca de Zaire (actual República Democrática del Congo), país limítrofe con Ruanda.

“No tenemos otra elección, sean cuales sean las dificultades, que arrestarlos o ponerlos inmediatamente bajo arresto domiciliario hasta que las instancias judiciales internacionales competentes se pronuncien sobre su caso”, subrayaba el alto funcionario, consciente de tener a su alcance a los genocidas.

Sin embargo, la respuesta del gobierno francés fue exactamente la contraria a la petición del embajador Gérard. En el telegrama del 15 de julio, escrito a las 18:22 horas y dirigido “sólo a Yannick Gérard”, el gabinete del ministro Juppé ordenaba a las autoridades genocidas “transmitir nuestro deseo de que abandonen” la zona controlada por las Fuerzas Armadas francesas.

El mensaje que se debía transmitir parece tan delicado que el gabinete Juppé pide a su embajador que no se involucre personalmente con los genocidas. “No obstante, puede utilizar todos los canales indirectos y en particular sus contactos africanos, sin exponerse directamente”, puede leerse en el telegrama, que además lleva por título: “El departamento le autoriza a transmitir nuestro mensaje indirectamente”.

“Insistirá en que la comunidad internacional y en particular Naciones Unidas deberían determinar muy pronto las acciones que se deben seguir con respecto a estas supuestas autoridades”, añadía el telegrama, que, insistiendo así en una futura decisión de la comunidad internacional, ofrece entonces un salvoconducto al gobierno genocida para que abandone el territorio bajo control francés sin el menor contratiempo. Y pasar a Zaire.

El documento lleva la firma “EMIE”. Lo firma Bernard Émié, actual director de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), uno de los principales servicios secretos franceses, que en su momento fue asesor de Alain Juppé en el Ministerio de Asuntos Exteriores, antes de llegar al Elíseo bajo la presidencia de Jacques Chirac.

Contactado por Mediapart, Alain Juppé no ha querido contestar a nuestras preguntas. Por su parte, Bernard Émié no ha respondido.

Un cuarto de siglo después de la tragedia ruandesa, hoy no cabe duda de que Francia sabía quiénes eran los organizadores y ordenantes del genocidio y dónde se encontraban. Así que el gobierno y el Elíseo los dejaron irse a sabiendas.

Innumerables documentos y testimonios, obtenidos a lo largo de los años por historiadores, periodistas y jueces, ya han documentado ampliamente que Francia era consciente de que se estaba preparando un genocidio antes de que tuviera lugar y que mantuvo un apoyo inquebrantable a las autoridades implicadas cuando empezó lo peor.

Tanto es así que el gobierno genocida, formado tras el atentado que mató al presidente Habyarimana, considerado demasiado moderado por la franja más radical del poder hutu, se constituyó el 8 de abril de 1994, en los mismos locales de la embajada francesa en Kigali, con el nombre de “Gobierno Interino de Ruanda” (GIR).

Será un tal Théodore Sindikubwabo, expresidente de la Asamblea Nacional, el elegido para dirigir el país antes de quedar sumido en las tinieblas. Pediatra de formación, Sindikubwabo está considerado como uno de los instigadores del genocidio, sospechoso de haber incitado personalmente a las masacres –sobre todo durante un discurso emitido en Radio Ruanda el 19 de abril– y de haber despedido a prefectos y autoridades que no mataban lo suficiente.

Sindikubwabo es uno de los líderes políticos del genocidio que pudo llegar a Zaire en julio de 1994 con el apoyo del gobierno francés. Murió en 1998 en circunstancias poco conocidas y sin haber sido juzgado nunca por sus crímenes.

La orden de Juppé, la sombra de Vedrine

En los archivos disponibles hay un rastro de un contacto, en mayo de 1994, entre Sindikubwabo y el general Christian Quesnot, el jefe de personal especial del presidente de la República. En una nota del 6 de mayo, a la atención de François Mitterrand, tras su intercambio con el nuevo jefe de Estado genocida –las masacres habían comenzado un mes antes–, el militar afirma que el dignatario ruandés le “agradece” todo lo que ha “hecho por Ruanda”.

En sus comentarios personales al final del documento, el general Quesnot aboga entonces por apoyar, incluso a costa de una “estrategia indirecta”, al gobierno ruandés en sus relaciones con las fuerzas armadas tutsis. En efecto, el general Quesnot dice que temía la instauración de una “Tutsiland”, todo ello “con la ayuda anglosajona y la complicidad objetiva de nuestros notables falsos intelectuales que son los intermediarios de un lobby tutsi al que también es sensible una parte de nuestro aparato estatal”. En el documento, del puño y letra del secretario general de la Presidencia de la República, Hubert Védrine, figura una palabra: “Denunciado”.

Sin embargo, sobre el terreno, la diplomacia y los servicios de inteligencia franceses no dejan de recabar información sobre la responsabilidad del gobierno interino en el genocidio.

Un telegrama de “confidentiel diplomatie”, fechado el 10 de julio de 1994, del embajador Gérard, también descubierto por el investigador François Graner gracias a la decisión del Consejo de Estado del pasado mes de junio, alude incluso a “un testimonio fiable que confirma la responsabilidad colectiva y personal de las autoridades de Gisenyi [el gobierno genocida] en las masacres”. El diplomático añadió que, según otros testimonios “directos y concordantes”, el presidente Sindikubwabo pidió personalmente en varias ocasiones la “eliminación total de los tutsis” y que uno de sus ministros solicitó, en particular, la masacre de “mujeres y niños”.

Por ello, cinco días después, el embajador Gerard pidió a sabiendas “instrucciones claras” al gobierno para detener o al menos poner bajo arresto domiciliario a los genocidas.

En vano.

Sin embargo, en París, la cuestión de la detención de los miembros del gobierno genocida fue fuente de confusión en la cúpula del Estado, como demuestran otros documentos.

En los archivos del Palacio del Elíseo, por ejemplo, hay una copia de un despacho emitido desde París a última hora de la mañana del 15 de julio por la agencia de noticias Reuters con el elocuente título: “París, lista para detener a los miembros del gobierno”. “Los miembros del gobierno interino ruandés [...] serán detenidos si caen en manos de los soldados franceses en la zona humanitaria protegida por la operación Turquesa”, afirmó la agencia internacional de noticias, que dijo obtener su información de una “fuente autorizada en París”.

Pero he aquí que una anotación manuscrita, escrita por Hubert Védrine en el margen del despacho impreso por los servicios del Elíseo, demuestra que, en realidad, no era nada de eso. “Lectura del Presidente: esto no es lo que se dijo en dependencias del primer ministro”, escribió el secretario general del Elíseo.

El documento del gabinete Juppé sobre la orden de dejar escapar a los genocidas, fechado también el 15 de julio, refuerza hoy la sospecha de un ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, en línea con la política del Elíseo, aunque pertenece a un gobierno de cohabitación dirigido por Édouard Balladur. En 1998, Balladur señaló que, en opinión de Mitterrand, “no se podía castigar a los autores hutus del genocidio”. Y añadió que “no se trataba de que mi gente permitiese que estos se refugiasen en Zaire”.

Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió, por orden de su propio ministro, Alain Juppé. Sobre el terreno, la salida fue dirigida por el teniente coronel Jacques Hogard, que comandaba el grupo Sur-Turquesa en Ruanda, formado por tropas de la Legión Extranjera.

En un suplemento especial dedicado a las operaciones en Ruanda, como revelará Le Figaro, la revista militar Képi blanc resumió la situación en octubre de 1994 con un estilo de rigidez militar que no se va por las ramas: "El EMT [Estado Mayor Táctico] provocó y organizó la evacuación del gobierno de transición ruandés al Zaire”.

El propio teniente coronel Hogard confirmó los hechos en varias ocasiones, especialmente al periodista David Servenay y al académico Gabriel Périès, autores del libro Une guerre noire (Una guerra negra). En este libro, el militar cuenta cómo fue a ver a su homólogo zaireño para hablarle de los genocidas que iba a dejar marchar: "No cierre las fronteras, déjelas porosas, no quiero que impida la salida de esta gente, Zaire es grande, es lo único que tienen para salir”.

El 16 de julio, al día siguiente del telegrama enviado por el gabinete Juppé, el teniente coronel Hogard se reunió con el jefe de Estado ruandés para informarle de que él y sus hombres debían –y podían– marcharse en 24 horas. Y así, Francia escolta a Ruanda hasta la frontera con Zaire como uno de los principales responsables políticos del genocidio.

Un soldado de la operación Turquesa, Guillaume Ancel, contó años después en un libro (Rwanda, la fin du silence) que vio al teniente coronel Hogard un tiempo después de esta escena. “Está convencido de que nuestro papel no es hacer Justicia, sino acompañar educadamente a los responsables de las masacres, que tienen responsabilidades terribles y la ‘sangre hasta el cuello’ le atormenta. Podría haberlos detenido, incluso podría haberlos neutralizado, pero sus órdenes no le dejaron otra opción”, declaró.

Un documento desclasificado del Estado Mayor del Ejército francés confirma que los miembros del gobierno genocida “cruzaron la frontera ruandesa-zaireña” el 17 de julio a última hora, “siendo la opción claramente establecida la de retirar también el resto de las FAR [fuerzas armadas gubernamentales] con sus armas al Zaire, para continuar la resistencia desde ese país”.

En definitiva, que se ponga a salvo a los genocidas para que siga corriendo la sangre.

Detenido en Castellón un excoronel uruguayo buscado por genocidio y responsable del 'Plan Cóndor' en los 70 y 80

Ver más

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: