Se trata de un lamentable precedente. Por primera vez en la historia de la V República francesa, dos candidatos a las elecciones presidenciales –y no se trata de dos candidatos cualquiera– tienen asuntos pendientes con la Justicia. El pasado 10 de marzo, Marine Le Pen se negaba a acudir a la citación de los jueces de instrucción de París que pretendían imputarla en el caso de los trabajadores del Frente Nacional pagados con fondos del Parlamento Europeo, igual que se había negado a presentarse ante la Policía Judicial el 22 de febrero. La candidata de la ultraderecha se amparó en la inmunidad de la que goza como diputada europea y pidió una tregua electoral, en un momento en que ella misma, su partido y personas de su entorno son investigados por la Justicia.
François Fillon, por su parte, fue imputado el 14 de marzo –acusado de malversación de fondos públicos, complicidad y encubrimiento del fraude, complicidad y encubrimiento de apropiación indebida e incumplimiento de la ley de transparencia– tras lo cual, denunció lo que denominó “un asesinato político”, atacó a la Fiscalía Financiera y se negó a responder a las preguntas de los jueces de instrucción.
Existen sospechas fundadas de que Marine Le Pen y François Fillon pudieron cometer hechos punibles penalmente. Y, si uno de los dos resulta elegido en las urnas, gozaría de la inmunidad presidencial inherente al cargo, lo que conlleva la paralización de cualquier actuación penal o investigación en su contra durante el tiempo que dura el mandato (cinco años). También se convertiría, según recoge la Constitución, en “garante de la independencia de la autoridad judicial”.
En privado, algunos magistrados sufren pesadillas al imaginar que Marine Le Pen o François Fillon pueden asistir, con gesto de desdén o altivo, a la audiencia solemne de apertura del curso en la Corte de Casación, como Nicolas Sarkozy en la época de los “guisantes” [el expresidente conservador, en 2007, criticó la uniformidad de los magistrados, a los que comparó con los guisantes: “todos del mismo color, del mismo calibre, igual de insípidos”]. “No comprendo cómo algunos colegas pueden votar a un candidato deshonesto”, confiesa un magistrado especializado en asuntos financieros y que teme por sus condiciones laborales en caso de que se confirmase lo peor. Porque cualquiera de los dos candidatos, ahora que saben que tendrán que vérselas con la Justicia, han anunciado de forma más o menos velada, su intención de reformar la Justicia o de arreglar cuentas, en caso de que consigan acceder al Elíseo.
El 26 de febrero, Marine Le Pen declaró, con el objetivo de desacreditar las investigaciones que se ciernen sobre ella, que “la Justicia es una autoridad, no un poder; los magistrados están ahí para aplicar la ley, no para inventar o frustrar la voluntad del pueblo”.
La eurodiputada también agitó el fantasma de “un Gobierno de jueces” y se mostró amenazante. “Quiero decirle a los funcionarios, a quienes políticos contra las cuerdas les piden que utilicen los poderes del Estado para vigilar a sus rivales, organizar persecuciones, golpes bajos o intrigas de Estado, que eviten participar en derivas semejantes. En unas semanas, este Gobierno será barrido en las elecciones. Pero sus funcionarios, ellos, tendrán que asumir el peso de los métodos ilegales. Ellos ponen en juego su propia responsabilidad. El Estado que queremos será patriota”. Una salida de todo entre muchas otras, todas igual de virulentas.
En un tono algo más suave, el candidato de Los Republicanos (LR) François Fillon se ha presentado como la víctima de un complot mediático, político y judicial. “Presentaré todos los recursos necesarios para denunciar lo que ha pasado, pero lo haré cuando haya concluido la campaña y, si resulto elegido presidente de la República, pediré que se reforme la protección del secreto de instrucción. Que agentes del Estado violen la ley permanentemente es insoportable”, declaró el 19 de abril a Le Parisien. Las propuestas dirigidas a garantizar la independencia de la Justicia han desaparecido de su programa y hay voces en su entorno que reclaman que los magistrados pierdan el derecho a sindicarse.
Con esta campaña presidencial nociva, cuya primera vuelta se celebra este domingo 23 de abril, los magistrados –no son los únicos– tienen motivos para preocuparse por su profesión y por su futuro profesional, en caso de que Marine Le Pen o François Fillon accedan a la Presidencia del Gobierno. “Efectivamente es algo que nos preocupa”, confirma Virginie Duval, presidenta de la Unión Sindical de Magistrados (USM, moderada y mayoritaria) a Mediapart, socio editorial de infoLibre. “Tememos el control autoritario de las Fiscalías y que se presione a los magistrados, aunque sólo sea por teléfono. Al no haberse reformado el estatuto de la Fiscalía, pueden incluirse cambios o nombramientos de personas próximas al Gobierno, pasando por alto la opinión del Consejo Superior de la Magistratura”, dice Virginie Duval.
“La Fiscalía estaría entonces en la primera línea de las presiones políticas, pero también cabe pensar que se pueden criticar sistemáticamente las decisiones judiciales, por ejemplo en caso de que los jueces se negasen a expulsar a los extranjeros fichados” (uno de los deseos de Marine Le Pen). Machacar a los jueces, como hacía Nicolas Sarkozy, también es dañar la imagen de la Justicia.
La presidenta de la USM muestra asimismo su temer por que : “Si el nuevo Gobierno no quiere que la Justicia funcione, puede quitarle medios. Introducir recortes en gastos periciales y en los presupuestos de funcionamiento de los tribunales, no reforzar la Policía Judicial y los servicios de investigación, supone la forma más sencilla de que los casos político-financieros no salgan a la luz”. Igualmente Virginie Duval lamenta que ningún candidato haya hablado de la Justicia durante la campaña.
En el Sindicato de la Magistratura (SM, de izquierdas) comparten la preocupación. “En diversa medida, Le Pen y Fillon se encuentran en la lógica de la regresión: ataques a la independencia judicial, ataques al sindicalismo judicial, voluntad de controlar la Justicia; ambos candidatos son bastante transparentes en ese sentido”, dice Laurence Blisson, secretaria general del SM, en declaraciones a Mediapart. “Para la Justicia penal, estamos ante las viejas recetas en cuestiones de seguridad: más poderes a los agentes, régimen carcelario y, para Le Pen, más sanciones contra las personas extranjeras, lo que supondría una importante desigualdad”.
La secretaria general del SM manifiesta también su preocupación por las medidas del estado de emergencia, que podrían pasar a formar parte del derecho común, en detrimento de las libertades individuales; o incluso por la reforma “hipergestora” de los tribunales de instancia y la “destrucción” de la ordenanza de 1945 sobre los menores. Si, en un primer momento, el programa del FN era el que suscitaba más preocupación, la evolución del candidato del LR en las últimas semanas hace temer, según Blisson, “una forma de Gobierno donde la Justicia puede ser atacada a la hora de tratar a la gente de forma equitativa”).
El FO Magistrados, único sindicato que se desmarca, rechaza posicionarse. “No nos pronunciamos sobre los candidatos, ni como sindicalistas ni como magistrados”, declara Jean de Maillard, secretario general adjunto. “Los ciudadanos son los que tienen que pronunciarse. Los magistrados están ahí para aplicar la ley”, señala para apelar acto seguido al principio de la presunción de inocencia, que se aplica a los candidatos.
Traducción: Mariola Moreno
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Se trata de un lamentable precedente. Por primera vez en la historia de la V República francesa, dos candidatos a las elecciones presidenciales –y no se trata de dos candidatos cualquiera– tienen asuntos pendientes con la Justicia. El pasado 10 de marzo, Marine Le Pen se negaba a acudir a la citación de los jueces de instrucción de París que pretendían imputarla en el caso de los trabajadores del Frente Nacional pagados con fondos del Parlamento Europeo, igual que se había negado a presentarse ante la Policía Judicial el 22 de febrero. La candidata de la ultraderecha se amparó en la inmunidad de la que goza como diputada europea y pidió una tregua electoral, en un momento en que ella misma, su partido y personas de su entorno son investigados por la Justicia.