Desde 1945 se han aprobado más de cien leyes de inmigración, la mayoría de ellas restrictivas. La que acaba de aprobarse en el Parlamento es una de las peores: a través de Les Républicains (LR), el Gobierno macronista ha cedido ante la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) avalando de facto la lógica de la preferencia nacional, que marca un punto de ruptura con nuestros principios constitucionales de igualdad de derechos.
Supeditación de las prestaciones sociales a cinco años de presencia legal en Francia, nuevos ataques al ius soli, restricciones a la reagrupación familiar, endurecimiento del acceso a los permisos de residencia –incluso para estudiantes y enfermos– exclusión de los alojamientos de urgencia de los sin papeles sujetos a la obligación de abandonar el país (OQTF), refuerzo de los obstáculos a la integración, reinstauración del delito de residencia ilegal, vía libre para encerrar a la gente y deportarla, etc.
Las medidas adoptadas en la noche del martes 19 al miércoles 20 de diciembre de 2023 son una mezcla de los deseos combinados de la derecha y de la extrema derecha desde hace más de veinte años. Los diputados de RN y LR votaron a favor de ellas como si fueran una sola persona, cada uno reclamando la "victoria ideológica" al final de la votación final.
Pero esta ley, como sus predecesoras, será ineficaz, incluso contraproducente, dados los criterios establecidos por sus defensores.
No reducirá los "flujos migratorios", que dependen menos de las leyes nacionales que del estado del mundo y de sus perturbaciones, sobre todo geopolíticas y climáticas. No evitará los naufragios en el Mediterráneo; al contrario, al limitar las vías legales de llegada al país, aumentará el riesgo de catástrofes en el mar.
No reducirá el número de inmigrantes indocumentados en territorio francés; al contrario, lo aumentará al no existir ninguna posibilidad de regularización. Tampoco les permitirá salir de Francia pues su "expulsión" efectiva depende menos del celo de la policía francesa que de la buena voluntad de los países de origen de los extranjeros afectados, que expiden pases consulares.
No reducirá la delincuencia, que se alimenta de la miseria, la atomización y la ausencia de futuro, cuando no se nutre de las propias políticas migratorias que maltratan a los extranjeros, aumentan la precariedad y ofrecen la desesperanza como único horizonte. No reducirá el paro ni aumentará los salarios; son la desigualdad y la negativa de los empresarios a mejorar las condiciones laborales las que alimentan el dumping social.
No aumentará el volumen de prestaciones sociales; al contrario, todos los estudios de ciencias sociales demuestran que los extranjeros, al contribuir a la solidaridad nacional con su trabajo, aportan más de lo que cuestan a la solidaridad nacional.
Políticamente irresponsable
Contrariamente a lo que pretenden creer los macronistas que la han votado, no apagará el fuego identitario que consume nuestro país desde los años 80: sólo lo avivará, alimentando el odio y el rechazo del otro. Y para los de la mayoría que aún no lo han entendido, a la RN no le segará las hierba bajo los pies, lo único que hará es consolidar su posición como partido presidencialista con ideas aceptables y, por lo tanto, con posibilidades de llegar al poder.
Esta ley políticamente irresponsable, que tendrá el efecto contrario al deseado por quienes la votaron, dejará huellas indelebles, no sólo en los extranjeros que viven en Francia, sino también en la cohesión nacional. Los valores del país y su capacidad para afrontar el futuro se verán debilitados.
Su inhumanidad y su xenofobia son un insulto a los valores de libertad, igualdad y fraternidad inscritos en el frontispicio de nuestros ayuntamientos. Al limitar las posibilidades de integración, de acceso a los derechos y a la nacionalidad, esta ley maltrata a los extranjeros, tengan o no papeles, convirtiendo deliberadamente sus condiciones de vida en un infierno.
Las medidas adoptadas "suponen una ruptura con los principios en los que se basa la seguridad social", señala el economista Michaël Zemmour en la red social X, añadiendo que el texto empobrecerá deliberadamente a muchas familias y a sus hijos.
El carácter ignominioso de la ley reside precisamente en que pondrá en peligro a los más vulnerables. Al aplazar el acceso a la prestación personalizada de vivienda (APL), pondrá en la calle a muchas familias pobres. Antes incluso de poner en tela de juicio la ayuda médica del Estado, que Elisabeth Borne ha prometido abordar en 2024, el derecho de residencia de los extranjeros enfermos se reservará a las personas cuyo país de origen no disponga en absoluto del tratamiento necesario, sin comprobar si tienen acceso efectivo al mismo.
Esta disposición provocará una reducción del número de personas admitidas en el país para recibir tratamiento, en detrimento de la salud de las personas afectadas, a pesar de que este motivo de admisión en el país representa una proporción ínfima de los permisos expedidos (en torno al 1,5%). La reforma de la ayuda médica estatal tendrá un efecto deplorable en términos de salud pública: las personas peor atendidas suponen un riesgo para el conjunto de la sociedad, por no mencionar el hecho de que el retraso en el tratamiento es más costoso para el conjunto de la sociedad.
Odio xenófobo
En nombre del "orden público", la ley aumenta las posibilidades de denegar o retirar el permiso de residencia, incluso a personas que no hayan sido condenadas por ningún delito penal, incrementando el poder arbitrario de la administración, en un momento en que el acortamiento de los plazos de recurso complica el acceso a los tribunales. En lugar de orden y transparencia, esta ley creará desorden y confusión.
Al asociar "extranjero" con "peligro", inculca el odio xenófobo, debilitando nuestro tejido social en su conjunto. No nos equivoquemos: la forma en que un Estado trata a "sus" extranjeros es un laboratorio para toda la sociedad: la degradación de los derechos de los extranjeros allana el camino a la degradación de los derechos de todas y todos.
En un momento en que soplan malos vientos para el derecho internacional y el Estado de derecho en Europa, esta ley atenta contra varios de nuestros principios democráticos, en términos de acceso incondicional a la sanidad y a la vivienda, de respeto de la dignidad y de igualdad de derechos.
"Los principios de igualdad, solidaridad y humanidad, sobre los que se funda nuestra República, ya no parecen ser una brújula legítima de la acción gubernamental", escriben una cincuentena de asociaciones, grupos y sindicatos, denunciando un texto "tan inhumano como peligroso para nuestro Estado de derecho".
Apuntando en particular a la condicionalidad de ciertas prestaciones sociales a un amplio periodo de presencia en el territorio, la Defensora del Pueblo recuerda que "el derecho de los extranjeros legalmente establecidos en el territorio a no ser discriminados por razón de su nacionalidad ha sido consagrado por el Consejo Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
El cinismo del ejecutivo no tiene límites. La primera ministra, Élisabeth Borne, y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, lo saben bien: han sacado adelante una ley que contiene medidas que ellos mismos reconocen "contrarias a la Constitución".
Falta de atractivo
"Después de que el Gobierno y sus prefectos promulgaran a sabiendas actos ilegales, ahora es el poder legislativo quien aprueba a sabiendas textos inconstitucionales", constata en X, consternado, Nicolas Hervieu, abogado especializado en derecho público y derecho europeo de derechos humanos. "Arrojar a los jueces al infierno político y consumir así las últimas barreras del Estado de derecho", se lamenta.
La cara que presenta esta ley es la de un país racista, xenófobo, encerrado en sí mismo, encogido e incapaz de proyectarse hacia el futuro. Reticentes a pronunciarse públicamente, los rectores de las universidades calificaron el texto de "insulto a la Ilustración".
Recordando su "apego a la tradición de apertura de Francia en materia de acogida de estudiantes internacionales", denuncian la garantía financiera que deberán aportar los estudiantes extranjeros, así como el aumento del precio de las matrículas. Estas disposiciones no harán sino "reforzar la mercantilización de la enseñanza superior francesa y aumentar la inseguridad financiera de nuestros estudiantes internacionales", deploran.
Como recuerda constantemente el sociólogo François Héran, el riesgo que corre Francia no es el de una "invasión", sino el de una falta de atractivo. "En materia de inmigración, abandonemos las viejas cantinelas y tomemos la medida del mundo tal como es", implora en un reciente artículo en Le Monde.
Con cifras que lo avalan, el titular de la Cátedra de Migración y Sociedad del Collège de France demuestra que nuestro sistema de protección social no ha generado ningún "soplo de aire fresco" en diez años, "por la sencilla razón de que otros países europeos han sido más atractivos que nosotros, sobre todo en la zona germanófona o en el noroeste del continente". Sin adoptar los argumentos utilitaristas esgrimidos por la patronal, el país necesita a los extranjeros para mantener su economía ante el envejecimiento demográfico.
Luces
Pero este horizonte no bastará para librarnos del sustrato xenófobo y racista de nuestro país. En la obra colectiva y multidisciplinar Colonisations. Notre histoire, que acaba de publicar Seuil, la filósofa Nadia Yala Kisukidi nos recuerda que la cuestión que estructura la vida política francesa no es la universalidad, sino el racismo.
Debido a su herencia colonial, Francia es de facto multicultural y cosmopolita. Sin embargo, las presiones que se siguen ejerciendo hoy con la aprobación de esta ley muestran la persistencia del racismo y la discriminación en el seno de una República que se define en principio como ciega a la "raza".
Refiriéndose a la extrema derecha, cuyas ideas se han contagiado ya a todo el paisaje político francés, señala que "su discurso anti-inmigración está conformado por una fantasía de invasión en la que se invierte la relación colonizador-colonizado: el ex colonizado, cuando llega a la tierra de la metrópoli, se convierte en el invasor, es decir, en el nuevo colonizador". "Esta semántica identitaria se extiende a otras formaciones políticas francesas a principios del siglo XXI", observa.
Si queremos ofrecer alguna perspectiva de futuro, ya es hora no sólo de descolonizar radicalmente nuestro pensamiento político, sino también de reapropiarnos de los valores que antaño nos hicieron famosos: los de la igualdad, la solidaridad y la fraternidad; en otras palabras, de volver a situar la hospitalidad y la aceptación del otro en el centro de nuestros valores cardinales. Si no lo hacemos así, nuestras "luces" se apagarán para siempre jamás.
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Traducción de Miguel López
Desde 1945 se han aprobado más de cien leyes de inmigración, la mayoría de ellas restrictivas. La que acaba de aprobarse en el Parlamento es una de las peores: a través de Les Républicains (LR), el Gobierno macronista ha cedido ante la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) avalando de facto la lógica de la preferencia nacional, que marca un punto de ruptura con nuestros principios constitucionales de igualdad de derechos.