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Guantánamo, un escándalo destinado a perpetuarse

Campo Delta, en el centro de detención de Guantánamo.

El 10 de septiembre, un juez federal de Washington rechazaba un dictamen médico independiente de Sharqawi al-Hajj, un preso de Guantánamo que el mes anterior había intentado cortarse las venas con un trozo de vidrio. Sharqawi al-Hajj, de 45 años, yemení, no está acusado. No ha sido juzgado, no está a la espera de juicio. Pero no puede quedar en libertad. Permanece detenido en la base estadounidense de la Bahía de Guantánamo desde septiembre de 2004. Anteriormente, había pasado dos años en prisiones secretas de la CIA en Jordania y Afganistán, sometido a tortura e interrogatorios.

En 2017, Sharqawi al-Hajj se puso en huelga de hambre, una más. “Está al borde de un colapso físico total”, advirtieron entonces los médicos. Desde ese momento su estado psicológico se ha deteriorado a un ritmo acelerado. Empezó a hablar a sus abogados de suicidio. En 2018, le explicó a uno de ellos: “Este es nuestro destino, morir sin haber sido declarados culpables, sabiendo que incluso la muerte, que podría aliviarnos de esta injusticia y sufrimiento, es inaccesible para nosotros”.

En el mismo grupo de celdas de la Bahía de Guantánamo está Moath al-Alwi, también yemení. Capturado en diciembre de 2001 en Afganistán, fue uno de los primeros veinte “combatientes enemigos”, según la terminología elaborada por la Administración Bush, internado en Guantánamo cuando se abrió en enero de 2002. En los últimos 17 años, no ha sido acusado ni juzgado. En junio, la Corte Suprema se negó a revisar su caso.

Sin cargos, sin juicio, sin condena. Sharqawi al-Hajj y Moath al-Alwi se encuentran entre los “forever prisoners”, los “prisioneros para siempre” que siguen viviendo en Guantánamo, en contra de los derechos humanos más básicos y todos los tratados y convenciones internacionales. Todavía hay 40 detenidos en las celdas de alta seguridad de la base militar estadounidense en la isla de Cuba (la lista nominal puede leerse aquí).

Sobre 26 de ellos no pesa ningún cargo. Las respuestas a cada caso presentado por sus abogados son las mismas: las agencias y el Ministerio de Defensa creen que no pueden quedar en libertad porque siguen siendo “muy peligrosos” (high values detainees) y es deber de Estados Unidos protegerse de cualquier amenaza. Otros cinco detenidos fueron declarados aptos para su puesta en libertad, pero no fueron liberados, ya que la Administración Trump se negó a hacerlo. Siete de ellos están siendo juzgados; algunos juicios de los cuales empezaron hace diez años. Sólo dos han sido condenados.

Guantánamo no es sólo un escándalo judicial y humanitario. Es un cáncer que está consumiendo la democracia estadounidense, demostrando al mundo que una Administración, la de George W. Bush, fue capaz de construir una monstruosidad con total impunidad que nadie puede deshacer hoy en día. Barack Obama lo intentó durante ocho años, sin éxito. En su último discurso sobre el estado de la unión, dijo de nuevo: “Guantánamo es caro, innecesario y sólo sirve de folleto de reclutamiento para la organización Estado Islámico”.

780 personas han pasado por Guantánamo desde 2002. Los resultados son abrumadores. Nueve murieron detenidos (incluidos siete suicidios), 730 quedaron en libertad y trasladados a los países de acogida después de un promedio de más de diez años de detención. Sólo ocho fueron condenados por las “comisiones militares"”, este sistema de justicia de excepción concebido ad hoc. De estas ocho condenas, tres fueron totalmente revocadas por los tribunales federales en apelación, una de ellas parcialmente.

Al mismo tiempo, Human Rights First señala que “los tribunales federales ordinarios han condenado a casi 500 terroristas desde el 11 de septiembre”. A los ciudadanos estadounidenses se les privó del gran juicio público del “11-S, el “juicio más importante desde Núremberg” tan prometido y tan anunciado. Todos o casi todos ignoran que desde 2013 se celebra un juicio contra cinco prisioneros, entre ellos Jalid Sheikh Mohammed, presentado como el autor intelectual de los atentados. ¡Ya se han celebrado 33 audiencias previas para casi nada! Está previsto que la vista oral comience en febrero de 2021. 20 años después.

Guantánamo ha perdido así todos los objetivos que se le habían atribuido: “Juzgar y castigar” a los terroristas; demostrar al mundo que, tras ganar la “guerra contra el terrorismo”, el sistema norteamericano podría obtener una reparación ante los tribunales. El resultado es una catástrofe que daña permanentemente la imagen de la primera potencia. Esto es lo que las asociaciones eficaces de derechos humanos y libertades están diciendo hoy en día en voz alta y clara. Pero no sólo eso.

Batallones de exgenerales, almirantes, altos oficiales del Ejército, personal militar que pasó por la Bahía de Guantánamo, jueces militares, fiscales y abogados están pidiendo que se ponga fin a la catástrofe de Guantánamo lo antes posible. “Si fuera por mí, cerraría Guantánamo, no mañana, esta tarde. Y yo transferiría a sus prisioneros a nuestro sistema legal federal”, declaraba Colin Powell, exsecretario de Estado de George W. Bush, en junio de 2007.

Morris Davis fue fiscal general de Guantánamo de 2005 a 2007 antes de dimitir, negándose a someterse a la presión de sus superiores de utilizar confesiones o declaraciones obtenidas bajo tortura. “Se han gastado miles de millones de dólares para nada. Y las comisiones militares son un fracaso espectacular”, explicó en una carta abierta publicada diez años después.

A pesar del fracaso y la vergüenza, a pesar de los intentos de la administración Obama sistemáticamente bloqueados por el Congreso, el escándalo de Guantánamo persiste. A finales de 2018, el Pentágono incluso pidió a los líderes del campamento que planearan la continuación de sus operaciones durante los próximos 25 años. ¡Hasta 2043! En esa fecha, el preso de más edad tendrá 96 años, siempre que siga vivo, y el de menos 62 años. La decisión está tomada: con o sin juicio, los 40 detenidos envejecerán y morirán en Guantánamo, a menos que se produzca un cambio político.

“El 'efecto Frankenstein', un monstruo que toma el control de lo demás”

Sin embargo, la Administración Trump ha defendido sistemáticamente Guantánamo y justificado la tortura. Recordamos las palabras del candidato Trump antes de entrar a la Casa Blanca. Aseguró que le gustaba "mucho el waterboarding”, esta técnica de simulación de ahogamiento y añadió que ni siquiera era “suficiente”. “La tortura funciona, chicos, ¿de acuerdo? Creedme, funciona”. En cuanto a Guantánamo, Trump prometió “llenarla de nuevo con algunos horribles”. La única crítica era que el campo de detención era demasiado caro y Trump estaba dispuesto a gestionarlo por “cinco millones, por tres millones, incluso por dos”.

La línea no ha cambiado. El mes pasado, una investigación de The New York Times revelaba que cada prisionero cuesta 13 millones de dólares al año y que el gobierno gastó más de 540 millones de dólares en 2018. “Es una locura, cuesta una fortuna y creo que es una locura”, declaraba Trump, haciendo un paralelismo con el coste de un recluso en una sección de alta seguridad de una prisión federal (78.000 dólares al año).

Sin embargo, ni hablar de cerrar Guantánamo. La única inflexión de Trump es la decisión de no trasladar más detenidos a la isla de Cuba. Sin embargo, los presupuestos están empezando a recortarse. Por ejemplo, se han suprimido los comités de evaluación, encargados de examinar las posibilidades de liberación de los presos, así como la “oficina de reubicación” encargada del seguimiento de los presos trasladados al extranjero.

2043, Guantánamo de por vida para sus detenidos. Para entender las razones, debemos mirar el fiasco actual de las “comisiones militares”, estos tribunales especiales creados por los abogados de la Administración Bush y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

Ya en 2002, este último había teorizado la excepción. “Estos detenidos son combatientes enemigos y no prisioneros de guerra. La guerra contra el terrorismo requiere un nuevo marco legal”, dijo Rumsfeld. Adiós a la Convención de Ginebra y al sistema judicial norteamericano.

Muchas asociaciones de derechos humanos han documentado meticulosamente el escándalo de este sistema de justicia excepcional . Recientemente, dos especialistas en derecho internacional, Sharon Weill y Mitch Robinson, publicaron en la revista Les Cahiers de la justice un interesante estudio titulado “Plongée au cœur des procès pénaux de Guantanamo” (En el corazón de los juicios penales de Guantánamo); un abogado de un detenido, Mitch Robinson pudo participar en varias “comisiones militares”, cuyo funcionamiento describe en detalle.

La conclusión de los dos autores es abrumadora. “Las comisiones militares sufrieron el efecto Frankenstein, la experiencia dio lugar a que un monstruo tomara el control de todo lo demás. La manifestación de la justicia está tan distorsionada por la existencia de la tortura que los procedimientos establecidos parecen estar colapsando por su propio peso”, escriben.

Sharon Weill, contactada por Mediapart (socio editorial de infoLibre) insiste en la causa principal. “Es la cuestión de la tortura y la protección de los que la practican lo que impide el funcionamiento de estas comisiones. Todo gira alrededor y se ha puesto todo en marcha para evitar la publicación de informaciones sobre la tortura por parte de la CIA”, dijo.

Sharon Weill cita el caso del detenido Ahmed Ghailani, el único preso de Guantánamo que ha sido trasladado a Nueva York para ser juzgado por un tribunal ordinario. Sin duda fue condenado por un cargo, pero fue absuelto por otros 280, casi todos ellos atribuidos bajo tortura...

Al temer un revés judicial, “a raíz de este caso, el Congreso ha bloqueado sistemáticamente el cierre de la Bahía de Guantánamo y la batalla legal sobre la legalidad misma de los tribunales militares continúa hoy en día”, agregó.

Los dos autores también detallan los poderes exorbitantes de la CIA en la preparación y celebración de audiencias. Un agente central puede interrumpir en cualquier momento la transmisión pública de las audiencias, sin hablarlo con los magistrados y abogados. Estos últimos debe firmar un acuerdo de confidencialidad que viola todos los derechos ordinarios de la defensa. Las actas de las audiencias pueden clasificarse como secretas o censuradas en cualquier momento, etc.

Porque el reconocimiento de la tortura, sus detalles, sus autores y su carácter sistemático, abre la puerta a una avalancha de procesos contra líderes políticos y militares. Hasta la fecha, todos los procedimientos (incluidos los de Bush, Cheney y Rumsfeld) han fracasado. El exfiscal general de la Bahía de Guantánamo, Morris Davis, dijo que Obama “cometió un error cuando dijo en relación con el programa de tortura que Estados Unidos” debería mirar hacia el futuro y no hacia el pasado". Era obvio entonces que nadie involucrado en este programa sería considerado responsable”.

Atención al final de la vida

La impunidad sigue siendo la tónica de la CIA y el Pentágono. Y para ello Guantánamo debe seguir funcionando, a cualquier precio. En el caso Moath al-Alwi llevado ante el Tribunal Supremo, los abogados del Departamento de Justicia y del Departamento de Defensa alegaron que la cadena perpetua, sin cargos ni juicio, estaba perfectamente justificada, ya que todavía existía una situación de guerra contra el terrorismo en Afganistán e Iraq.

De ahí este nuevo plan “Guantánamo 2043”, que trae nuevos escándalos. Una periodista lo reveló metódicamente en detalle. Carol Rosenberg, ahora en The New York Times después de años en The Miami Herald, ha estado trabajando a tiempo completo en el campo de prisioneros de la Bahía de Guantánamo durante 17 años. Conoce cada rincón, cada actor y cada horror.

Fue ella quien reveló en la primavera que la actual directora de la CIA, Gina Haspel, muy probablemente dirigía una prisión secreta de la CIA dentro de la Bahía de Guantánamo en 2002 y 2003 (la agencia no lo negó). También se sospecha que ha dirigido un black site de la agencia en Tailandia.

También fue una de sus investigaciones lo que derivó en la destitución del comandante militar del campamento el pasado mes de abril. El almirante John Ring había hablado demasiado con algunos periodistas de la base, especialmente con Carol Rosenberg. “A menos que la política estadounidense cambie, en algún momento tendremos que proporcionar aquí atención al final de la vida. Muchos de mis internos son prediabéticos. ¿Vamos a hacer diálisis aquí? ¿Se realizarán aquí tratamientos complejos contra el cáncer? No lo sé”, explicó.

Sus equipos, añadió, estaban empezando a pensar en el rediseño de las celdas. Sillas de ruedas, camas médicas, equipos ortopédicos, sistemas de transfusión... En definitiva, celdas altamente medicalizadas para presos ya rotos por la tortura, la acumulación de secuelas físicas y trastornos psicológicos. Convertir Guantánamo en una residencia de la tercera edad medicalizada, para sospechosos de terrorismo, o en un hogar de cuidados paliativos: los pensamientos del Almirante Ring en voz alta le costaron el cargo.

Sin embargo, se perfila esta línea. Antes de su marcha, Ring envió un equipo al continente para ver cómo se ocupa la administración penitenciaria federal de los prisioneros enfermos y moribundos. El Pentágono ya está buscando 90 millones de dólares para construir un centro médico de alta seguridad en la base. Hasta ahora el Congreso se ha negado a financiarlo. Habrá que reforzar los equipos médicos, traer en avión a especialistas, enfermeras, cirujanos, etc.

¡Los 40 detenidos en la Bahía de Guantánamo precisan en estos momentos de casi 1.500 personas! Los equipos rotan en la base cada seis meses. Se ha puesto en marcha una enorme burocracia para gestionar el campo de prisioneros y su personal. Cada audiencia de la comisión militar -una audiencia dura una semana- deriva en docenas de puentes aéreos que trasladan a personal, archivos, abogados, agentes de la CIA, comida, etc.

“Es un horrible desperdicio de dinero, ¡es catastrófico!”, señalaba Michel Paradis, abogado de uno de los detenidos, en la radio pública de la NPR, donde se refirió a los más de 6.000 millones de dólares gastados desde 2002. ¿Podrá el dinero, precisamente, superar Guantánamo, cuando se hayan descartado todas las razones humanitarias y jurídicas? Probablemente no, porque la cuestión de la tortura y los juicios sigue sin resolverse. Sólo es necesario ver la energía que está desplegando actualmente la Administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI).

La institución con sede en La Haya, para olvidar sus sucesivos fiascos, está considerando la posibilidad de abrir una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en Afganistán. La fiscal General Fatou Bensouda, que lleva 20 años de retraso, se dirige explícitamente a Estados Unidos. Porque si bien el país no es firmante del tratado que da la razón de ser a la CPI, Afganistán sí lo es y debe cooperar en una posible investigación. Una investigación que establecería las realidades del programa de tortura diseñado en Washington e identificaría a los responsables...

En los últimos seis meses, Estados Unidos ha redoblado sus esfuerzos y ha presionado tanto a los Estados que reconocen la CPI como a Afganistán. Es muy probable que la investigación solicitada por la fiscal nunca vea la luz del día. Si este fuera el caso, es casi seguro que nunca tendrá éxito. Casi veinte años después del 11 de septiembre, la ignominia de la Bahía de Guantánamo está programada para durar y perdurar. Hasta que llegue la muerte.

Traducción: Mariola MorenoLeer el texto en francés:

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