El lunes 26 de febrero venció el plazo fijado por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) para que Israel presentara un informe detallando las medidas adoptadas para evitar que se cometieran actos de genocidio en Gaza. Esta obligación ha sido ampliamente ignorada por Israel, según varias organizaciones humanitarias.
“Israel está desafiando la decisión del TIJ de prevenir el genocidio al no permitir que llegue a Gaza ayuda humanitaria adecuada”, escribe Amnistía Internacional. Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) acusa a Israel de “actuar en flagrante violación de la decisión del tribunal”.
El viernes 26 de enero, el TIJ, órgano judicial de Naciones Unidas encargado de dirimir litigios entre Estados miembros, dio a Israel un mes con el fin de “tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de cualquier acto” de genocidio contra los palestinos de Gaza.
El Tribunal había admitido a trámite una demanda presentada por Sudáfrica en la que se acusaba a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que también obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir el riesgo de genocidio, con su operación militar lanzada en represalia por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.
La solicitud sudafricana argumentaba que, “a la luz de los derechos en juego, así como del daño continuo, extremo e irreparable sufrido por los palestinos en Gaza, Sudáfrica solicita que el Tribunal trate esta solicitud como una cuestión de extrema urgencia”.
Esta necesidad de premura fue reconocida por el TIJ, que dictó una orden provisional dos semanas después de la celebración de las vistas, los días 11 y 12 de enero, ya que el fondo de las acusaciones tendrá que decidirse dentro de varios años, tras una investigación en profundidad.
Al dictar esta decisión, la presidenta del Tribunal, la jueza Joan Donoghue, subrayó que era “plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana que está ocurriendo en la región y profundamente preocupada por las víctimas y el sufrimiento humano que sigue deplorándose”.
Seis medidas dictadas por el TIJ
Se han ordenado seis medidas provisionales contra Israel. En concreto, debe “garantizar con efecto inmediato que su ejército no cometa ninguno de los actos” de genocidio. La orden también “considera que Israel debe tomar todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza”.
El tribunal, con sede en La Haya (Países Bajos), pidió además al Estado de Israel que “adopte medidas inmediatas y eficaces para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para aliviar las difíciles condiciones de vida de los palestinos en la Franja de Gaza”.
El auto del TIJ ordena asimismo a las autoridades israelíes que “adopten medidas eficaces para impedir la destrucción y garantizar la conservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos” de genocidio.
Para verificar la correcta aplicación de estas medidas provisionales, el Tribunal pidió al Estado israelí que le enviara, en el plazo de un mes, un informe detallando las medidas adoptadas a tal fin.
Israel ha continuado con su campaña en Gaza, causando la muerte de casi 30.000 palestinos hasta el 23 de febrero.
Pero un mes después, las operaciones militares continúan y el número de víctimas palestinas ha seguido aumentando. “Aunque el TIJ no ordenó expresamente un alto el fuego”, señala el comunicado de la FIDH, “las medidas provisionales indicadas por el Tribunal tendrían los mismos efectos prácticos si se aplicaran. Sin embargo, Israel ha continuado con su campaña en Gaza, causando la muerte de casi 30.000 palestinos hasta el 23 de febrero”.
Israel no solamente no ha tomado ninguna medida para facilitar el acceso de la población civil a bienes y servicios esenciales, sino que también ha obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria.
“Israel sigue obstruyendo la prestación de servicios básicos y la entrada y distribución de combustible y ayuda vital en Gaza”, afirma Human Rights Watch (HRW). Para esta ONG, Israel está infligiendo así un “castigo colectivo” constitutivo de “crímenes de guerra”, que “incluyen la hambruna como arma de guerra contra la población civil”.
“El gobierno israelí está matando de hambre a 2,3 millones de palestinos en Gaza, poniéndolos en un riesgo aún mayor que antes de la decisión del tribunal”, dice Omar Shakir, director de HRW para Israel y Palestina. “El gobierno israelí simplemente ha ignorado la decisión del tribunal, y en algunos aspectos incluso ha intensificado su represión, en particular bloqueando aún más ayuda vital”, acusa.
“Despiadada indiferencia”
“Israel no únicamente ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo, sino que además está mostrando una despiadada indiferencia con el destino de la población de Gaza al crear unas condiciones que, según el TIJ, la exponen a un riesgo inminente de genocidio”, ha advertido por su parte Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Los suministros que entraban en Gaza antes de la decisión del TIJ eran ya una gota en el océano en comparación con las necesidades de los últimos dieciséis años”, señala también Amnistía. “Sin embargo, en las tres semanas siguientes a la decisión del TIJ, se redujo en alrededor de un tercio el número de camiones que entraron en Gaza, pasando de una media de 146 al día en las tres semanas anteriores a una media de 105 al día en las tres semanas siguientes. Antes del 7 de octubre, entraban en Gaza una media de unos 500 camiones diarios”, explica la ONG.
Las asociaciones señalan también las declaraciones belicosas e intransigentes de los responsables israelíes, totalmente insensibles a la situación de los civiles palestinos, como la de la ministra para la Promoción de la Mujer, May Golan, que decía el 19 de febrero en la Knesset (el Parlamento israelí): “Estoy personalmente orgullosa de las ruinas de Gaza y espero que cada bebé, dentro de ochenta años, pueda contar a sus nietos lo que hicieron los judíos”.
“Esta declaración, entre otras muchas, demuestra que el gobierno israelí no flaquea y no muestra ningún remordimiento por sus acciones, que han llevado al TIJ a reconocer la verosimilitud del genocidio israelí contra los palestinos”, subraya la FIDH.
Israel afirma respetar sus obligaciones
Israel, según informa la prensa, sí presentó un informe al TIJ el lunes 26 de febrero, la fecha exigida por la orden. No se ha revelado el contenido del informe, pero según el diario Haaretz, el gobierno israelí afirma estar cumpliendo sus obligaciones humanitarias y asegura que sus operaciones militares no están dando lugar a actos de genocidio.
Ante la negativa israelí, las ONG piden a la comunidad internacional que convenza a Israel para que acepte un alto el fuego. “Solamente un alto el fuego inmediato y sostenido puede salvar vidas y garantizar la aplicación de las medidas provisionales del TIJ, en particular la entrega de ayuda vital”, insiste Heba Morayef.
Pero el alto el fuego únicamente puede imponerse a Israel mediante la presión internacional. El TIJ no tiene poder coercitivo directo. Es competencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Israel cuenta con un aliado hasta ahora inquebrantable, Estados Unidos, que goza de un derecho de veto que le permite bloquear cualquier decisión.
“Estados Unidos ha vetado por tercera vez una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego, dando así luz verde a más muertes y más sufrimiento masivo de los palestinos”, afirma Heba Morayef.
Utilizar todas las formas de presión, incluidas sanciones y embargos.
“Los países con influencia sobre el gobierno israelí, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros aliados, no deben permanecer impasibles ante la muerte evitable de palestinos como consecuencia de los bombardeos, la falta de alimentos y agua, la propagación de enfermedades y la falta de atención sanitaria”, continúa suplicando Heba Morayef.
Por su parte, HRW pide a la comunidad internacional que “utilice todas las formas de presión, incluidas sanciones y embargos, para obligar al gobierno israelí a cumplir las órdenes vinculantes del tribunal”.
El lunes 26 de febrero fue también el último día de las vistas, que comenzaron una semana antes, dedicadas a una solicitud de dictamen consultivo “sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Este”.
Este otro procedimiento, en el que están implicados 49 Estados, es consecuencia de una solicitud de dictamen dirigida al Tribunal por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución adoptada el 30 de diciembre de 2022.
En este caso, se pide al TIJ que responda a dos cuestiones. La primera pretende aclarar “las consecuencias jurídicas de la persistente violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su ocupación, su colonización y prolongada anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas encaminadas a modificar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y la adopción por Israel de leyes y medidas discriminatorias conexas”.
La segunda pide al Tribunal que extraiga las consecuencias de estas prácticas “sobre el estatuto jurídico de la ocupación”, así como las “consecuencias jurídicas que de ello se derivan para todos los Estados y para la Organización de Naciones Unidas”.
La CIJ emitirá su fallo en una fecha aún por precisar.
El tribunal de La Haya ordena a Israel "tomar todas las medidas posibles" para prevenir un genocidio en Gaza
Traducción de Miguel López
El lunes 26 de febrero venció el plazo fijado por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) para que Israel presentara un informe detallando las medidas adoptadas para evitar que se cometieran actos de genocidio en Gaza. Esta obligación ha sido ampliamente ignorada por Israel, según varias organizaciones humanitarias.