Israel quiere asfixiar a las ONG israelíes que trabajan con los palestinos

Desde el 7 de octubre, en las prisiones israelíes han muerto 69 palestinos y han fallecido al menos otros 35 mientras estaban detenidos por el ejército israelí, en particular en el campo militar de Sde Teiman, donde se han denunciado numerosos casos de tortura. Los únicos que pueden ver a algunos detenidos e informar a sus familias son abogados designados por un puñado de organizaciones de la sociedad civil israelí, entre ellas el Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI).

El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva año y medio sin acceso a los presos palestinos en Israel, cuyo número se ha duplicado. “Personas encerradas en diferentes centros de detención nos han dicho: Nos salvan la vida al venir a visitarnos. Son las primeras personas que vemos que no sean guardias de prisión en seis meses. Gracias a ustedes, podemos saber si nuestras familias siguen vivas”, informa Tal Steiner, directora ejecutiva de la ONG.

Al mismo tiempo, su organización ha conseguido que se modifique la ley israelí que regula el estatuto de “combatientes ilegales”, un régimen que no existe en el derecho internacional y que permite a Israel encarcelar en secreto a cientos de palestinos de Gaza. Su acceso a la defensa y su detención están ahora un poco más regulados, explica Tal Steiner, que habla de una pequeña victoria “que salva vidas”.

Por ello, su ONG y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos israelíes llevan año y medio desempeñando un papel esencial al sacar a la luz las graves violaciones de las que son víctimas los palestinos en la guerra genocida que libra Israel en Gaza y el violento avance de la anexión de amplias zonas de Cisjordania. Las autoridades israelíes tratan ahora de asfixiarlas.

Ariel Kallner, diputado del Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, ha presentado una propuesta de ley que prevé gravar con un 80 % la financiación procedente del extranjero para las organizaciones israelíes cuyo presupuesto proviene mayoritariamente de donaciones de Estados extranjeros o de ONG internacionales financiadas a su vez por gobiernos extranjeros.

Al presentar su propuesta en febrero, Ariel Kallner dio a entender que su objetivo son “83 organizaciones de izquierda, algunas de ellas francamente antisionistas”, que, según sus cálculos, habrían recibido algo más de 1.300 millones de shekels (325 millones de euros) entre 2012 y 2024. El objetivo de la propuesta es “reducir la influencia indirecta de gobiernos y entidades políticas extranjeros sobre Israel”.

Una vieja obsesión en Israel

El texto también prevé privar a esas ONG de la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, uno de sus medios de acción más eficaces. “Según tenemos entendido, la financiación se les acabará si se grava al 80 %, por lo que ya no habrá organizaciones cuya financiación provenga en más de un 50 % de gobiernos extranjeros, ya que dejarán de recibir esos fondos”, explica Lee Caspi, responsable del departamento que recauda fondos para la ONG Physicians for Human Rights Israel (PHRI).

Su organización no se ve directamente afectada, ya que el 35 % de su presupuesto procede de gobiernos extranjeros o de ONG internacionales afectadas por la ley. La propuesta del diputado Kallner no se aplicará a las ONG que reciben dinero del Estado israelí, una forma de proteger a las organizaciones de derechas y de extrema derecha, pero también a los movimientos de la sociedad civil en torno a la memoria del Holocausto, los hospitales o las universidades, por ejemplo. El ministerio de Finanzas, actualmente en manos del supremacista judío Bezalel Smotrich, que se jazta de la destrucción total de Gaza por parte de Israel, también podrá conceder exenciones fiscales.

La idea no es nueva: hace más de una década que el Gobierno israelí intenta acabar con las organizaciones contrarias a la ocupación, según Lee Caspi. En este sentido fue presentada una propuesta en 2011 por el partido de Avigdor Lieberman, un ultranacionalista laico que en su día fue aliado de Netanyahu y que ahora se encuentra en la oposición. El diputado Kallner ya había intentado introducir un texto similar antes del 7 de octubre, que finalmente fue abandonado tras la fuerte oposición de la administración estadounidense de Joe Biden.

Un ambiente hostil

La propuesta de ley ha sido duramente criticada por diputados de la oposición, desde el Partido Laborista israelí hasta los correligionarios de Yaïr Lapid, entre ellos Karine Elharrar, del partido laico centrista Yesh Atid. “Los medios de comunicación, la sociedad civil, quieren asegurarse de que nadie piense diferente a ustedes”, lanzó Elharrar a la coalición gobernante. “Suprimir la sociedad civil es un acto de fascismo en estado puro”, denunció la diputada Aida Touma-Sliman, del partido de izquierda radical Hadash, durante los debates en comisión a principios de mayo.

Tal Steiner teme que la ley se apruebe antes de las vacaciones de verano. La ley llega en un momento en que el entorno se ha vuelto aún más hostil para las ONG tras la congelación en enero de los fondos de USAID, la agencia americana para el desarrollo internacional, el mayor donante de ayuda humanitaria del mundo.

Como respuesta, a principios de mayo, la Unión Europea prometió aumentar su ayuda en 18 millones de euros para estas organizaciones israelíes. “La sociedad civil también debe tener espacio para actuar. La ley nunca debe utilizarse como instrumento para reducir ese espacio”, criticó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en un vídeo difundido durante un acto en favor de la paz celebrado en Jerusalén los días 8 y 9 de mayo. Pero en los últimos meses se han redirigido algunas inversiones europeas hacia gastos de defensa, explica Lee Caspi, cuya organización ya ha perdido dos financiaciones desde principios de año.

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El ambiente se ha vuelto francamente hostil en Israel después del 7 de octubre. “Nos han calumniado, nos han llamado traidores, partidarios del terrorismo”, continúa. “Algunos de nuestros empleados han sido acosados”. La ONG PHRI tuvo que acudir a un tribunal de Tel Aviv para impedir que el banco israelí congelara sus cuentas en noviembre de 2023, cuando la organización intentaba comprar medicamentos para enviarlos a Gaza. Israel también ha informado a las ONG extranjeras de que va a poner en marcha un nuevo sistema de registro. “Las ONG internacionales ya registradas en Israel podrían ser eliminadas, mientras que las nuevas candidatas podrían ser rechazadas sobre la base de acusaciones arbitrarias y politizadas”, alertaron más de cincuenta organizaciones en un comunicado a principios de mayo.

En el comunicado denuncian un contexto de “represión más amplia del espacio humanitario y civil pensada para el largo plazo” en Israel. Algunas ONG internacionales están cuestionando en las últimas semanas su compromiso con Gaza, mientras Israel intenta retomar el control de la distribución de la ayuda en la zona —interrumpida desde hace más de dos meses y medio—, instrumentalizándola como arma para controlar a los palestinos del enclave. Las ONG israelíes, por su parte, se ven ahora obligadas a dedicar parte de su energía y recursos a intentar no desaparecer y mantener una sociedad civil en su país.

Traducción de Miguel López