Italia asiste a una deriva autoritaria de sus gobernantes locales para imponer el confinamiento a sus ciudadanos

En el maletero de un coche se distinguen dos botellas de refrescos de naranja, cuatro de cerveza y dos bolsas de un supermercado visiblemente llenas. La foto ha sido subida a Facebook por la policía local de Albano y de Castel Gandolfo, dos zonas residenciales a unos treinta kilómetros al sur de Roma. Ese día, los tres ocupantes del vehículo fueron multados por no respetar la prohibición de circular, en vigor desde el 9 de marzo en Italia. Su ticket de compra marcaba una media hora antes del control, demasiado tiempo para justificar una salida para hacer compras de primera necesidad.

Los lectores hacen comentarios y se cabrean ante sus pantallas poniendo en la picota estos “comportamientos inaceptables”. En la misma página, otra foto: un coche rojo parado en el borde de un lago con algunos comics en el asiento del pasajero. “Un joven de Rocca di Papa está sentado tomando el sol y leyendo un cómic en la carretera de los lagos, en Castel Gandolfo. Se justificó diciendo que no había nadie. Tal vez habría que recordarle que no había nadie porque los que querían disfrutar de ese día soleado se han sacrificado por el bien común quedándose en casa”, dicen en la policía municipal. Las multas previstas pueden ir desde 400 a 3.000 euros.

Desde el 31 de enero, Italia está en estado de urgencia sanitaria durante seis meses. El Gobierno y el jefe del departamento de Protección Civil, Angelo Borrelli, asistidos por un comité científico, tienen derecho a actuar “conforme a lo dispuesto en las disposiciones aplicables y de conformidad con los principios generales del ordenamiento jurídico”. Según un cómputo de los investigadores de la fundación Openpolis para la transparencia de las políticas públicas, se han puesto en marcha más de doscientas normas para hacer frente a la urgencia, de las que sólo una ha pasado por el Parlamento. “No es un estado de excepción, sino un estado de necesidad”, subraya el constitucionalista Gaetano Azzariti. “Es grave creer que esto no necesita ser delimitado y que luego pasaremos página”.

Hay que preguntarse ya por el celo de algunos en materia de sanciones y de exceso de autoritarismo: multado en Pisa un grupo de repartidores por “aglomeración” cuando llevaban sus motos al garaje al terminar el trabajo; algunos “sin techo” multados, por todo el país, por no quedarse en casa; en el barrio de Borgo Vittoria de Turín, un hombre denunciado por sus vecinos y luego multado porque estaba abajo, en el jardín de su edificio, con su hija y su perro.

La última semana, del 6 al 12 de abril, cuando las autoridades temían una escapada por el puente de Semana Santa, fueron realizados 1.929.995 controles, en los que fueron multadas 77.895 personas, alrededor del 4% de las que fueron controladas, poco más que la media constatada desde el comienzo de las restricciones. De los seis millones de controles realizados, un 3,6% han sido multados. “La mayor parte de los italianos respeta el confinamiento”, reconoce la ministra de interior Luciana Lamorgese, entrevistada por el diario Il Corriere della Sera. En base a los desplazamientos registrados por Google Maps, el motor de búsqueda americano, se ha constatado una disminución de movimientos entre comercios, parques y medios de transporte de entre el 80 y el 95%. La bajada menos significativa es la de movimientos a los lugares de trabajo, con un 63%.

Sin embargo, la retórica que prevalece por parte de varios responsables políticos, sobre todo a nivel local, es brutal, incluso bélica. El gobernador de Campania, Vincenzo De Luca, en uno de sus directos en Facebook, ha amenazado a los estudiantes que festejen la obtención de su título con enviarles los “carabinieri con lanzallamas”, cuando no pidiendo la militarización de los barrios.

Otro De Luca, el siciliano Cateno De Luca, alcalde de Mesina, que ya ha normalizado el sobrevuelo de drones por su ciudad difundiendo mensajes de prohibición, ha prometido que “en mi territorio no se pasea (…). Si no puedo formalmente prohibir que salgáis, entonces voy a prohibiros que piséis el suelo público”. Incluso ha bloqueado, por decreto municipal, la travesía del estrecho que separa Mesina de Reggio di Calabria, prohibiendo el desembarco de las personas que no se hayan inscrito antes en un registro creado para hacer un seguimiento de los que llegan a la isla. “Yo no hago ni caso a la inacción de los ministros de transporte y de interior. Voy a desplegar mi Ejército y a bloquear el tránsito si no se atienen a nuestro decreto”. Esa iniciativa –anulada inmediatamente por el Gobierno– le ha costado una denuncia ante la justicia por parte de la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, por “afrenta a la República”.

“Antes de la crisis sanitaria, en Italia, nuestras políticas migratorias estaban centradas en la seguridad y el orden público, los gobiernos ponían el acento en sus poderes de orden y seguridad, los legisladores preveían restricciones a la circulación para las categorías consideradas 'peligrosas'. En una situación excepcional, esta cultura ha vuelto a ser popular y se expresa a través de excesos, incluso verbales, tales como amenazas o limitaciones no necesarias desde el punto de vista de la salud pública”, analiza Gaetano Azzariti.

La iniciativa de la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, ha dado mucho que hablar: el portal municipal destinado a señalar problemas en la vía pública –”semáforos apagados, caídas de ramas, aparcamiento de vehículos en pasos de peatones”– ahora permite señalar también “reuniones contrarias a las normas de urgencia sanitaria”. Un petición ha exigido de inmediato al ayuntamiento dar marcha atrás: “El respeto a las normas de seguridad en materia de confinamiento (…) no debe incitar a los ciudadanos a vigilarse entre ellos como en los sistemas dictatoriales”.

El alcalde de Gualdo Tadino, una localidad de Umbría, ha incitado a sus conciudadanos a que le manden fotos y vídeos de los “infractores”, que ya se han hecho eco en los numerosos vídeos publicados en las redes sociales por los “policías de los balcones”, ciudadanos que comentan cualquier hecho o gesto de sus vecinos. Han proliferado estas últimas semanas varios grupos de Facebook para publicar los supuestos abusos. “Hay que tener cuidado con jugar a ser cherif”, advierte Valentina Calderone, directora de la asociación A buon diritto, que vigila los abusos de poder de la policía. “Los que publican fotos de personas reconocibles o matrículas de coches sin autorización se arriesgan a ser perseguidos en justicia”.

Porque a veces la realidad se deforma para legitimar una vuelta de tuerca al discurso tranquilizador que algunos creen aún insuficiente. Durante el soleado puente de Semana Santa, un sanitario publicó el vídeo de un atasco en la autopista que une Roma con la costa, indignándose porque “todos van a sus casas de vacaciones”. Unas horas más tarde, la policía local anunció que esos vehículos tenían derecho a circular y que habían sido retenidos en un control. En el blog del grupo de escritores Wu Ming, dedicado a las denuncias de autoritarismo y represión, varias personas obligadas a desplazarse para ir a trabajar han tenido que soportar insultos de otros ciudadanos o multas abusivas cuando regresaban de sus centros de trabajo. “Ese mismo sentimiento de odio se volcaba antes sobre las ONG que ayudaban a los inmigrantes”, señala Valentina Calderone. “Los médicos que se dedicaban al auxilio en el mar están hoy en los hospitales y se han convertido en héroes nacionales”.

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“Cuando está crisis termine, bien habremos comprendido que es muy importante proteger nuestra libertad dentro del respeto de la salud de los demás, o bien, si continuamos atemorizados por salir, por los demás, por el enemigo, pidiendo poderes excepcionales para el gobierno, entonces acabaremos doblegados y el coronavirus habrá dañado nuestra democracia constitucional”, dice el jurista Gaetano Azzariti. En una tribuna publicada en Il Manifesto, el historiador italiano Claudio Vercelli, especialista en regímenes totalitarios en Europa, analiza así la era post-urgencia sanitaria: “Nuestra capacidad para curarnos de esta afrenta dependerá de nuestra capacidad para volver a apropiarnos de las decisiones políticas que nos hemos dejado expropiar hace ya un tiempo. Gran parte se derivará de lo que no es urgencia en sí, pero sí su legado envenenado, esos espacios de indeterminación, esa inseguridad generalizada en la que se incrusta el verdadero poder de la seguridad”.

Traducción de Miguel López.

Texto original en francés: