El resultado de la guerra aún está lejos, pero los adversarios de Uber acaban de anotarse una victoria este jueves 2 de febrero: el Parlamento Europeo ha votado a favor de la denominada "presunción de asalariados" que podría beneficiar finalmente a unos 28 millones de trabajadores vinculados al mundo de las plataformas de mensajería.
Una mayoría de eurodiputados (376 a favor, 212 en contra y 15 abstenciones) votó a favor de este texto que afecta a empresas online de reparto o movilidad como Uber, Deliveroo o Just Eat. La Confederación Europea de Sindicatos aplaudió de inmediato este "paso importante para acabar con los falsos autónomos y la precariedad en las plataformas digitales".
Los eurodiputados confirmaron así en el pleno la posición ya adoptada por la Comisión de Empleo del Parlamento en diciembre, pero que un grupo de diputados de derechas, más sensibles a los argumentos de las plataformas, había intentado rebatir a principios de año.
"Han ganado los derechos de los trabajadores explotados y vulnerables", declaró Elisabetta Gualmini, socialdemócrata italiana y ponente del texto, que denunció antes de la votación la magnitud del lobby llevado a cabo por las plataformas durante meses.
"La lucha no ha terminado, pero esto es un muy buen augurio para el futuro. Nos vamos con un mandato fuerte para las negociaciones con el Consejo", dijo Leïla Chaibi, eurodiputada de La France Insoumise que coordinó la posición del grupo La Gauche (izquierda crítica) sobre el texto.
La votación del Parlamento se ha producido poco más de un año después de que la Comisión Europea, el Ejecutivo de la UE, presentara una propuesta de directiva. La Comisión ya reconocía el principio de "presunción iuris tantum de asalariado", pero lo vinculaba a una lista de "criterios": si se cumplían dos de una lista de cinco criterios, se consideraba que el trabajador era asalariado, a menos que la plataforma pudiera demostrar lo contrario.
En la versión del Parlamento, esos criterios quedan relegados a un segundo plano: ya no sirven para justificar la condición de asalariado del trabajador, sino para la plataforma, en caso de que quiera impugnar esta condición.
Una amplia mayoría de eurodiputados franceses a favor del texto
En concreto, una clara mayoría de los 79 representantes electos franceses votaron a favor, incluidas las delegaciones de Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise y Parti Socialiste-Place publique, pero también Les Républicains y Renaissance.
El voto de los miembros de la mayoría que apoya al gobierno francés fue examinado con lupa, en un contexto de sospechas de connivencia entre la presidencia de Emmanuel Macron y los intereses de Uber. En el verano de 2022, los "Uber Files" publicados por Le Monde habían documentado el activismo del entonces ministro de Economía en la defensa de los intereses de la empresa de VTC entre 2014 y 2016.
Desde entonces, otros medios, entre ellos Euractiv, han destapado la presión ejercida por París en la Comisión, con la esperanza de que el proyecto de directiva se ajuste más a las exigencias de las plataformas. "Las autoridades francesas [...] no son favorables a una presunción de asalariado", dice una carta enviada en septiembre de 2021 por la Representación Permanente de Francia ante la UE a la Comisión.
Al final, la delegación francesa de Renew (grupo liberal) votó el jueves a favor del mandato de negociación. Pero el grupo en su conjunto, el tercero más numeroso de la Cámara (102 miembros), estaba fuertemente dividido. Constatando los desacuerdos, el presidente del grupo, Stéphane Séjourné, cercano a Emmanuel Macron, no dio finalmente ninguna instrucción de voto sobre este texto tan sensible.
Leïla Chaibi ve el apoyo de los eurodiputados macronistas como "todo un desaire a Emmanuel Macron, dentro de sus propias filas". Valérie Hayer, que copreside la delegación francesa de Renew, había anunciado en enero que votaría a favor del mandato, hablando de una posición "equilibrada, ambiciosa, respetuosa con los derechos de los trabajadores, muy progresista".
Durante la votación del jueves en Bruselas, la extrema derecha francesa se mostró dividida. Los diputados de Rassemblement National, entre ellos Jordan Bardella, votaron a favor del mandato de negociación, mientras que los no inscritos de Reconquête, entre ellos Nicolas Bay, rechazaron el texto. Contactado por Mediapart, Bay explica su oposición a un mandato "que pretende una vez más armonizar la legislación y los regímenes laborales en la UE cuando nuestra realidad social es diferente".
Esta votación es solo un paso en un largo maratón bruselense que empezó en 2021. Ahora que se conoce la posición del Parlamento, le queda al Consejo, es decir, a la institución que lleva la voz de las veintisiete capitales en Bruselas, ponerse de acuerdo sobre una posición para luego entablar conversaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión, en un proceso a tres bandas, para llegar a una posición de compromiso.
Eso será más difícil, entre otras cosas porque Suecia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE hasta junio, está a la defensiva. Por principio, Estocolmo (gobierno conservador con apoyo de la extrema derecha, ndt) es reacio a que el poder legislativo se pronuncie sobre cuestiones de Derecho social, y prefiere dejar el campo libre a los interlocutores sociales.
Probablemente habrá que esperar a julio y a la presidencia de turno de España, país dirigido por una coalición de izquierdas que ya ha aprobado un texto bastante ambicioso sobre el tema. Así lo sugirió en un mensaje de felicitación tras la votación Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Trabajo. Si hay complicaciones por el camino, existe el riesgo de que el texto no esté terminado para las próximas elecciones europeas de mayo de 2024.
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Traducción de Miguel López