El ambiente era tenso entre los diputados de la mayoría y los de la oposición en la comisión de investigación sobre los “Uber Files". Hay que decir que se trata de un tema delicado. Este órgano se puso en marcha tras las revelaciones del pasado verano de un consorcio de medios internacionales, entre ellos Le Monde y Radio France, cuestionando en particular los estrechos vínculos entre Emmanuel Macron cuando era ministro de Economía entre 2014 y 2016 y la sulfurosa empresa Uber.
Para presentar las conclusiones del informe, este martes 18 de julio se celebraron dos ruedas de prensa distintas. Una a cargo de la ponente de France insoumise (LFI) Danielle Simonnet, que inició la comisión de investigación, y la otra a cargo del presidente por Renaissance de la comisión Benjamin Haddad, muy crítico con sus conclusiones.
Para la diputada de LFI, autora de la mayor parte del informe, la conclusión es clara: con Emmanuel Macron en el poder, el Estado se ha puesto "al servicio de plataformas fuera de la ley" como Uber. Benjamin Haddad, en total desacuerdo, considera que Danielle Simonnet ha realizado un trabajo "partidista y conspirativo". Y eso es todo.
De la misma manera que Yaël Braun-Pivet en el caso Benalla, es comprensible que Benjamin Haddad haya intentado contener el escándalo. Porque el informe confirma las revelaciones hechas el verano pasado: Emmanuel Macron, cuando estaba en Bercy (sede del ministerio de Economía y Finanzas, ndt), trató de influir para que Uber obtuviera favores del gobierno y de los parlamentarios.
Un caso de manual
De la lectura del informe se desprende que, para entender la acción neoliberal de Macron a lo largo de los años –es decir, la creación de condiciones en las que el Estado se adapta al mercado, y no al revés–, Uber es un caso de manual.
En primer lugar, cuando Macron era ministro de Economía y se erigió en la encarnación francesa de la modernidad, el único que entendía la "start-up nation", fomentó la llegada de Uber a Francia. Pero el Gobierno de entonces se mostró reticente.
En su comparecencia, el delator que inició los “Uber Files”, Mark MacGann, que fue jefe de lobby de Uber en Europa, explicó que desde el momento en que Macron se reunió con los ejecutivos de Uber en Bercy en 2014, "todo cambió radicalmente y facilitó el diálogo con el Gobierno francés. Era algo bastante inaudito".
Y no importaba que Uber estuviera además, "sin la menor duda, en la total y permanente ilegalidad en Francia con respecto a la ley de transporte, la fiscalidad, la URSSAF (Cotizaciones de Seguridad Social y Prestaciones Familiares) y la DGCCRF (Dirección General de la Competencia, Consumo y Represión del Fraude)", dijo Mark MacGann. Según el informe, la empresa también pudo adquirir un software llamado Casper, cuya finalidad era borrar los datos de los ordenadores de Uber durante las redadas policiales.
Durante algo menos de dos años, a través de correos electrónicos y SMS, Macron hizo de hombre sándwich entre el Gobierno y Uber para debatir, medida a medida, todos los obstáculos a eliminar para permitir el desarrollo del servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC).
Como prueba, el ejemplo del famoso "acuerdo" entre Macron y Uber, en el que el entonces ministro de Economía "nos hizo entender que si aceptábamos poner fin a nuestro servicio ilegal UberPop (que permitía literalmente a cualquier persona con carné de conducir convertirse en conductor de VTC) nos iba a conseguir otras cosas en las negociaciones interministeriales con sus homólogos de Bercy y la Rue de Varenne (sede de varios ministerios, ndt), en particular reducir el número de horas de formación reglamentarias para los conductores", testificó Mark MacGann.
Aquí había una convergencia ideológica entre el ministro y el grupo: recordemos que en ese momento el ministro de Economía planeaba reducir el número de horas de formación en varios sectores, especialmente para peluqueros y trabajadores de la construcción, en lo que se llamaba la ley Macron 2, que nunca vería la luz.
Crecimiento exponencial desde 2017
Una vez llegado al Elíseo, Macron continuó en la misma línea, según nos cuenta el informe. No es que Uber haya recibido muchos favores desde entonces, pero su modelo se ha extendido a muchos otros sectores. Hay que decir que "la uberización se extiende rápidamente a nuevos sectores, en particular el reparto (con plataformas como Uber Eats, Deliveroo, Getir o Stuart) y el trabajo temporal (con Mediflash y StaffMe en particular), propagando con ello las prácticas ilegales de Uber, aun cuando hayan surgido problemas sociales a raíz de ello", dice.
El Gobierno considera que la proliferación de trabajadores autónomos en estas plataformas es uno de los factores que permitirán alcanzar el pleno empleo. Una opinión que la Dirección francesa de Investigación, Estudios y Estadísticas (DARES) ha contradicho recientemente: "Si bien el trabajo en plataformas está dando un empujón al empleo, no parece ofrecer un modelo más satisfactorio en términos de condiciones de trabajo y empleo. Éstas suelen estar marcadas por la precariedad y la desigualdad".
En materia de regulación, el Ejecutivo no parece que ponga nada de su parte: la Primera Ministra, Elisabeth Borne, acaba de nombrar a Bruno Mettling responsable de la Autoridad para las Relaciones Sociales de las Plataformas de Empleo (Arpe), el organismo público encargado de regular el diálogo social. Pero este ex consultor trabajaba antes para... Uber. La consultora AT Kearney le encargó que ayudara a Uber a reflexionar sobre el "diálogo social 2.0" para mejorar su imagen en términos de respeto de los derechos sociales.
En el informe, Bruno Mettling escribía que "trabajar en una plataforma, con auténtica flexibilidad en ambos sentidos, es fundamentalmente diferente a una relación laboral. (...) En ese contexto, el diálogo social debe incorporar estas diferencias, no eliminarlas, si quiere mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas y preservar la flexibilidad que valoran."
Uber en lugar de la Europa social
Incluso en el ámbito europeo, el “macronismo” parece estar del lado de las plataformas. En Bruselas se está trabajando en una directiva europea destinada a introducir la presunción de asalariado para mejorar las condiciones de los trabajadores de las plataformas digitales. Durante mucho tiempo, sin embargo, un grupo de países liderados por la Francia de Macron ha estado bloqueando el proceso. Y eso está provocando ahora que las negociaciones se estanquen.
Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, que también compareció ante la comisión de "Uber Files" el pasado 11 de mayo, se pronunció en ese sentido: "Francia propone una excepción bastante amplia a la presunción de trabajo asalariado, lo que plantearía un problema importante porque en cierto modo dejaría sin sentido la propuesta europea", advirtió.
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A Nicolas Schmit le preocupa que Francia proponga de hecho una forma de "presunción de independencia" cercana a la que desean las plataformas, y valide así un statu quo en relación con la situación actual. Por una vez que Europa debía ser social, el gobierno Macron opta por lo contrario. Prueba, también, de que los vínculos, ideológicos al menos, entre Macron y Uber no están completamente rotos.
Traducción de Miguel López