Francia y Marruecos firmaron en febrero un nuevo acuerdo de cooperación judicial, que aún debe aprobar el Parlamento francés. Mientras, Amnistía Internacional denuncia en un documento 173 casos de tortura en el país norteafricano. Entrevistada por Mediapart, la hermana de una de las víctimas, un franco-argelino actualmente en prisión en Marruecos, contradice las declaraciones que las autoridades de aquel país ofrecieron a Amnistía.
En Marruecos, ¿la tortura está tan extendida que es, quizás, considerada como una práctica sistemática por parte de las fuerzas del orden y las autoridades? Esta es la pregunta que centra el último informe de AI, publicado el martes 19 de mayo en el marco de la campaña Stop a la tortura lanzado este mes por la ONG. En el documento de 92 paginas tituladoLa sombra de la impunidad-La tortura en Marruecos y en el Sáhara Occidental, Amnistía Internacional acusa a las fuerzas del orden marroquíes de recurrir regularmente a la tortura. Considerada "endémica" por la ONG, la tortura es "utilizada (en Marruecos y en el Sáhara Occidental) para extraer confesiones y silenciar a la disidencia".
En este texto, Amnistía detalla 173 casos diferentes basándose en testimonios recopilados entre 2010 y 2014. Por un lado, se relatan los casos que conciernen a los militantes del Sáhara Occidental, como el de Mohamed Ali Saidi (páginas 41 y 42 de la versión inglesa del informe). Este joven de 27 años afirma haber sido torturado por la policía durante su detención en mayo de 2013. "Me amenazaron con violarme con una botella, asegura en su testimonio para Amnistía. Me azotaron las plantas de los pies con cuerdas, mientras permanecía suspendido en la posición de pollo asado, metieron mis pies en agua helada (…) seguía suspendido y me pusieron una toalla en la boca, vertieron agua sobre mi nariz para asfixiarme. Después, vertieron orina sobre mí".
Otro de los casos denunciados por la ONG es el de Abdelaziz Redaouia (páginas 31 y 32 de la versión inglesa del informe). Arrestado el 5 de diciembre de 2013, cuando estaba de vacaciones en Tánger, este ciudadano franco-argelino ha sido condenado por posesión de armas de fuego y tráfico de drogas. A día de hoy, cumple una condena de dos años de prisión. Abdelaziz Redaouia no reconoce ninguno de los cargos que se le imputan, además, ha denunciado de manera regular actos de tortura por parte de la policía. Todas sus denuncias han sido calificadas como falso testimonio.
El pasado 20 de abril, en respuesta a estos testimonios, las autoridades marroquíes enviaron a Amnistía un documento de 47 páginas (enviado a Mediapart por la ONG, aquí puede consultar dicho documento). En el caso de Abdelaziz Redaouia (página 18), las autoridades estiman que "la alegación que asegura que las declaraciones del acusado han sido, presuntamente, extraídas mediante el uso de la tortura, no es más que un intento por su parte para evitar asumir su responsabilidad (…) Además, el afectado no ha alegado tortura ni malos tratos delante del procurador ni del tribunal, como reconoce su propio abogado. Contrariamente a sus declaraciones, el afectado se ha beneficiado de todos sus derechos garantizados por las reglas de un proceso equitable, especialmente durante su periodo en prisión".
Esta versión de los hechos es desmentida por la hermana de Abdelaziz Redaouia. "Todo es falso", afirmó Souad Redaouia durante una conversación telefónica con Mediapart el 18 de mayo. "Hay que saber que, por ejemplo, hemos tenido que cambiar de abogado en dos ocasiones, ya que ninguno de ellos trataba con atención el caso de mi hermano. Su abogado actual ni siquiera responde a nuestras llamadas. La verdad es que Abdelaziz fue arrestado en un billar en diciembre de 2013 junto a tres de sus amigos. La policía le tapó los ojos, le hizo subir a un 4x4. A partir de ahí, las torturas comenzaron, ha sido ahogado, colgado, ha recibido descargas eléctricas en su partes íntimas. Todo para forzarle a reconocer unos hechos de los que no es culpable. El proceso verbal se llevo a cabo en árabe dialectal, mi hermano no pudo leer el documento ya que no tenía un interprete a su disposición, lo que contradice a las autoridades marroquíes".
Souad Redaouia añade que su hermano, que podrá será liberado a finales de año, "guardará silencio hasta que los últimos meses de su pena lleguen a su fin. Pero, a pesar de todo, confía en que la verdad sobre su caso y sobre los malos tratos que ha sufrido salgan a la luz".
Amnistía Internacional trata de llamar la atención sobre las consecuencias que podría conllevar retomar la cooperación judicial entre Francia y Marruecos. París anunció el sábado 31 de enero el reestablecimiento de esta cooperación con Rabat, un año después de su suspensión. A finales de enero, en París, Christiane Taubira y Moustapha Ramid, ministros de Justicia de los respectivos países, llegaron a un acuerdo para modificar el convenio de asistencia judicial franco-marroquí. Oficialmente esta enmienda debe "favorecer, de manera sostenible, una cooperación más eficaz entre las autoridades judiciales de ambos países y fortalecer los intercambios de información, respetando siempre su legislación, sus instituciones judiciales y sus acuerdos internacionales".
El Parlamento francés debe aprobar el texto para que este entre en vigor. La Asamblea estudiará el texto, según lo previsto, a lo largo de este mes de mayo.
Los acuerdos de cooperación judicial entre Marruecos y Francia fueron suspendidos el 27 de febrero de 2014 por iniciativa de Rabat como forma de protesta ante el respaldo de los franceses a las las quejas contra Abdellatif Hammouchi, responsable de la Dirección General de la Seguridad del Territorio (DGST) en Marruecos, por "torturas" y "complicidad en la tortura". Este es, particularmente, el punto central de la denuncia del exboxeador Zakaria Moumni. Detenido en 2010 en Marruecos, el excampeón de boxeo tailandés afirmó haber sido torturado, antes de ser condenado a cumplir una pena de 18 meses de prisión.
En marzo de 2014, las relaciones entre Rabat y París empeoraron con el cacheo de Salaheddine Mezouar, jefe de la diplomacia marroquí, en el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle. Desde entonces, las relaciones entre los dos países se han recuperado poco a poco. Hasta el punto que, en febrero de 2015, Francia concedió a Abdellatif Hammouchi el grado de oficial de la Legión de Honor.
En un comunicado difundido a principios de mayo, Amnistía subrayaba la impunidad que ofrecería el acuerdo de cooperación entre París y Rabat a los responsables marroquíes culpables de recurrir a la tortura, puesto que, según la ONG, el texto vulnera notablemente "el derecho a un recurso efectivo por parte de las víctimas francesas y extranjeras acusadas de un crimen o un delito cometido en Marruecos". Peor aún, señala AI, el acuerdo presiona "a los jueces franceses a ceder sus competencias a la justicia marroquí cuando un ciudadano francés o marroquí pone una denuncia en Francia, todo ello sin examinar los principios fundamentales del derecho a un proceso equitativo y sin necesidad de una demanda de extradición".
A pesar de las negativas de la Monarquía en el poder, la tortura en Marruecos es un tema recurrente, denunciada desde hace años, no solamente por las ONG en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, sino también por parte de Naciones Unidas.
En 2013, el responsable de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, señalaba con énfasis en su análisis final que "en los casos que conciernen a la seguridad del Estado, tales como el terrorismo, la pertenencia a movimientos islamistas, o la defensa de la independencia del Sáhara Occidental, la policía tiende a hacer uso de la tortura y del maltrato en el momento de la detención y durante el periodo de reclusión... muchas personas han sido forzadas a confesar y condenadas a prisión por tales confesiones".
Traducción: Irene Casado
Francia y Marruecos firmaron en febrero un nuevo acuerdo de cooperación judicial, que aún debe aprobar el Parlamento francés. Mientras, Amnistía Internacional denuncia en un documento 173 casos de tortura en el país norteafricano. Entrevistada por Mediapart, la hermana de una de las víctimas, un franco-argelino actualmente en prisión en Marruecos, contradice las declaraciones que las autoridades de aquel país ofrecieron a Amnistía.