Por fin, algo concreto. Un mes después de la publicación del estremecedor informe de la Comisión Independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia (Ciase), presidida por Jean-Marc Sauvé, la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) anunciaba el pasado lunes 8 de noviembre las medidas dirigidas a responder a las violencias sexuales cometidas en el seno de la Iglesia católica francesa durante las últimas décadas, anunciando en particular que iba a vender una parte de su patrimonio para financiar el pago de indemnizaciones a las víctimas.
Los 120 obispos católicos de Francia se habían dado cita en Lourdes desde el martes 2 de noviembre para celebrar la asamblea general de la CEF. Tras semanas de conmoción por la lectura de los cientos de páginas del informe Sauvé y su espeluznante cifra de 330.000 víctimas de violencia sexual en la Iglesia desde 1950, era el momento de estudiar las 45 recomendaciones de la Ciase. Se trata de medidas “llave en mano”, parafraseando a un obispo, que incluyen aspectos financieros, las causas de la violencia y la prevención, cuestiones de gobernanza e incluso de dogma religioso.
Durante una semana, los prelados trabajaron a puerta cerrada, sin hablar con la prensa, antes de votar en secreto, sin que se hicieran públicos los resultados exactos. Según los responsables de la CEF, las decisiones se adoptaron por una mayoría muy superior a los dos tercios necesarios.
Varios obispos entrevistados aludieron a una suerte de “detonante”, tras la impresión de vacilación de la Iglesia, a raíz del informe de la Ciase, aparentemente reacia a abordar la cuestión de frente, incapaz, por ejemplo, de reconocer el predominio de las leyes de la República sobre el secreto de confesión, o contentándose con repetir su horror, sin abordar la cuestión de su responsabilidad.
Esta situación se zanjó de raíz el viernes. Los obispos anunciaron que habían votado para reconocer la “responsabilidad institucional de la Iglesia Católica” por la violencia sexual sufrida por las víctimas, así como la “dimensión sistémica” de estos delitos. Se trata de una formulación mucho más directa que la utilizada en marzo de 2021, durante la anterior asamblea de la CEF.
“Ya era hora de que diésemos este paso”, dijo el lunes monseñor Eric de Moulins-Beaufort, presidente de la CEF. “No podemos decir que se trate de unos pocos individuos aislados”, resumió el arzobispo de Reims, que precisó que “la perversión de sistema eclesiástico, haciendo posible estos numerosos ataques”.
En lo relativo a la indemnización de las víctimas, la CEF confirmó las líneas generales de un dispositivo ya ampliamente conocido, basado, por un lado, en un fondo de dotación y, por otro, en una comisión independiente encargada de examinar las solicitudes.
Con dos precisiones. La CEF anunció que el nuevo organismo nacional independiente estará dirigido por Marie Derain de Vaucresson, abogada especializada en derechos de la infancia, que trabajó en el despacho de Laurence Rossignol antes de ser nombrada secretaria general del Consejo Nacional de Protección de la Infancia en 2017. Este organismo, cuyo funcionamiento se inspira en gran medida en el de la Comisión Sauvé, se encargará de establecer un protocolo de indemnización preciso, hacer una evaluación individual de los daños y valorar las necesidades financieras.
La CEF también ha dado un paso importante en lo que respecta al origen de los fondos que se sumarán al fondo de dotación lanzado en septiembre, al abrir la puerta a la venta de parte de los bienes inmuebles o muebles de las diócesis y permitirles echar mano de sus reservas financieras. La Iglesia también podrá recurrir a préstamos. La CEF no especificó la suma total que esperaba recaudar. “Nuestra intención es que cualquier víctima que se presente sea reconocida. Aportaremos todo lo que sea necesario sobre la marcha”, dijo Eric de Moulins-Beaufort.
Con este anuncio, la institución pretende demostrar que asume su parte en el proceso de reparación, mientras que la idea de un llamamiento a las donaciones de los fieles había sido fuertemente criticada por el informe de la Ciase, y el episcopado había planteado inicialmente argumentos jurídicos para afirmar que la venta del patrimonio era imposible.
“Hay un poco de aspecto cueste lo que cueste. La Iglesia tiene una deuda con las víctimas”, afirma el arzobispo de Sens-Auxerre y prelado de la Misión de Francia, Hervé Giraud. “En mi diócesis, puedo haber uno o dos edificios que podríamos vender, pero todo esto debe hablarse con los fieles. También está por determinar cuánto dinero se destinará y cómo contribuirán los territorios –las finanzas de algunas diócesis no están muy saneadas–. “¿Habrá una cuota por diócesis? Todavía no lo sé”, se pregunta monseñor Giraud.
La CEF también pide al papa que envíe un “equipo” para “hacer balance de la forma en que cada uno de nosotros ha actuado en nuestras diócesis en estos casos de violencia”, señaló Eric de Moulins-Beaufort. Una especie de inspección de Roma que permitiría tratar la actuación de los obispos que han encubierto agresiones sexuales, pasando la pelota a un Vaticano que hasta ahora ha sido poco ofensivo en estos temas. La idea de un tribunal canónico nacional, descrito como un medio de “llevar al exterior” casos para evitar la tramitación interna, va en la misma dirección.
Por último, pero no menos importante, los dirigentes de la Iglesia católica han reconocido la necesidad de una mayor apertura a los laicos en su toma de decisiones. Nueve grupos de trabajo, dirigidos por laicos, tendrán la tarea de proponer medidas concretas para poner en marcha el resto de las 45 recomendaciones de la Ciase, algunas de las cuales, relacionadas con el dogma o la gobernanza, son más bien responsabilidad del Vaticano. “Tenemos que implicar al mayor número posible de personas en las decisiones de los obispos”, dice monseñor Giraud. “Sólo somos hombres y estamos cansados”.
Sin embargo, este método corre el riesgo de posponer ciertas cuestiones candentes y complejas, como la integración de las mujeres en la Iglesia o el seguimiento de los sacerdotes que han cometido actos de violencia tras su condena. Sobre este último aspecto, ya se están estudiando detenidamente vías como la verificación sistemática de los antecedentes penales de los clérigos o laicos que trabajan con menores.
“Hemos comprendido que necesitamos ayuda externa [...]. No estamos capacitados para ser fiscales o investigadores, ni somos jueces de instrucción”, declaró el lunes el obispo Éric de Moulins-Beaufort, refiriéndose a los 17 protocolos de acuerdo ya firmados entre las diócesis y los fiscales para mejorar el tratamiento de los casos denunciados.
Al término de la asamblea plenaria, los obispos se congratularon por haber respondido en varios puntos a las expectativas de las víctimas, tras años de esperanzas defraudadas y anuncios sin seguimiento. “No podíamos andarnos con medias tintas, había que tomar medidas sin vacilar”, afirma monseñor Olivier Leborgne, obispo de Arras y vicepresidente de la CEF, entrevistado por Mediapart (socio editorial de infoLibre), que habla de “un cambio de opinión” entre la mayoría de los prelados, tras una “maduración por etapas” en los últimos meses.
Sin embargo, no había nada hecho. Unos días antes de la asamblea plenaria, el arzobispo de Poitiers, monseñor Pascal Wintzer, publicó un artículo en la página web de La Croix titulado “Mes résistances au rapport Sauvé” [Mis reticencias al informe Sauvé], en el que cuestionaba la legitimidad de la comisión Sauvé al pedir una reforma de la Iglesia. “¿Qué tiene que ver esto con una comisión cuyos conocimientos pertenecen sobre todo a las ciencias sociales?”, se preguntaba.
Reticencias reales, pero muy minoritarias, según los obispos entrevistados. “A pesar de las dificultades ocasionales entre nosotros, hemos llegado a un consenso. Tuvimos que renunciar a ciertas ideas, como en cualquier discusión sana. Es una verdadera reconversión interior”, analiza monseñor Giraud.
En realidad, los obispos no tenían otra opción, ya que esta asamblea plenaria se celebraba bajo presión. En una carta enviada previamente a la CEF, el papa había pedido al episcopado francés que “tomase las medidas necesarias para que la Iglesia sea una casa segura para todos”.
Pero son sobre todo las víctimas las que han influido considerablemente para que la Iglesia católica despierte de su letargo. El colectivo De las palabras a los hechos organizó el sábado una manifestación frente a la sede parisina de la CEF, en la que se pidió a las víctimas que llevaran un lazo morado. Otros, a raíz del movimiento #MonÉgliseAussi [#MiIglesiaTambién] en las redes sociales, exigieron a gritos la transformación de las recomendaciones de la Ciase en decisiones concretas.
Invitado a intervenir, junto con otras cuatro víctimas, el primer día de la asamblea de la CEF el pasado lunes, el padre Jean-Luc Souveton arremetió contra una Iglesia que da la impresión de “retroceder” en este tema. “¡Esperáis a que te alcancen los acontecimientos para reaccionar! Es lamentable, deplorable, patético”, dijo a los obispos que habían acudido a escucharle.
Contactado tras los anuncios de la CEF, Jean-Luc Souveton se mostró “satisfecho” por haber “escuchado las cosas con suficiente claridad” y por ver que “esta vez las cosas se mueven de forma concreta”. El sacerdote se alegra de que la Iglesia acepte “una visión exterior” integrando más a los laicos, una forma de “"salir de una actitud mortificante hacia dentro”. No sin precaución: “Tendremos que estar atentos a la aplicación. Pero tenemos que ser justos cuando las cosas van en la dirección correcta. No estoy en la lucha por la lucha”.
El colectivo Agir pour notre Église (Actuar por nuestra Iglesia), creado tras la publicación del informe Sauvé por laicos y religiosos católicos, calificó los anuncios de “muy alentadores”. “Estas medidas sin duda llegan tarde, pero nos alegramos de que el proceso haya comenzado finalmente”, señaló en declaraciones a Mediapart. El grupo expresó su deseo de trabajar con la CEF y el Corref (encargado de las congregaciones religiosas), al tiempo que advirtió que se asegurará de que los grupos de trabajo “dispongan de los medios concretos para llevar a cabo sus tareas”.
“Por fin empieza a parecerse a algo”, dijo François Devaux, expresidente de La Parole Libérée, muy crítico con la institución católica. “En cuanto reconocemos la responsabilidad de la institución, todo va más rápido, dejamos de retrasar los plazos”.
El lionés, víctima del padre Preynat, señala sin embargo la “dilación del papa”, culpable, según él, de no haber reaccionado sobre este tema. “No recibió el informe Sauvé hace un mes. Ha recibido decenas de informes en todo el mundo durante los últimos 20 años. No puede ignorar la dimensión sistémica del problema. ¿Por qué no dio este paso antes?”, se pregunta. “El Vaticano debe reformar sus posiciones sobre la sexualidad, sobre la teología, sobre esta especie de monarquía católica caduca... Este es el siguiente paso, cuando debería haber sido el paso previo”.
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Traducción: Mariola Moreno
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Por fin, algo concreto. Un mes después de la publicación del estremecedor informe de la Comisión Independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia (Ciase), presidida por Jean-Marc Sauvé, la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) anunciaba el pasado lunes 8 de noviembre las medidas dirigidas a responder a las violencias sexuales cometidas en el seno de la Iglesia católica francesa durante las últimas décadas, anunciando en particular que iba a vender una parte de su patrimonio para financiar el pago de indemnizaciones a las víctimas.