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El queroseno por fin sometido a gravamen, la prohibición de la venta de vehículos de gasolina y diésel a partir de 2035, aumento de las energías renovables hasta representar el 40% de la combinación energética y la multiplicación por seis de la energía eólica... La Comisión Europea desvelaba el pasado día 14 las grandes líneas del llamado Pacto Verde, la gran misión política que se fijó al inicio de su mandato en otoño de 2019.
Este conjunto de una docena de directivas –algunas totalmente nuevas, otras basadas en revisiones de textos ya existentes– atañe a varios ámbitos: transporte, energía, mercado europeo del carbono, impuesto sobre el carbono en las fronteras, bosques, etc. El objetivo es, activando todos estos resortes, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el continente europeo en al menos un 55%, antes de 2030, tomando como referencia los niveles de 1990. O lo que es lo mismo, en menos de nueve años. La ambición es lograr la neutralidad del carbono en 2050.
Se trata de un desafío colosal si se tiene en cuenta que, a día de hoy, la Unión Europea apenas acaba de iniciar el camino a la transición ecológica; por mencionar sólo un dato, entre 2004 y 2019, las emisiones acumuladas de los sectores del transporte, la construcción, los residuos y la agricultura solo se redujeron un 0,4% anual, según la Red de Acción por el Clima. Esta reducción debería ser de al menos un 2,9% anual para alcanzar el objetivo europeo de 2030.
Para lograrlo, la Comisión Europea ha decidido apostar en primer lugar por la ampliación del mercado de emisiones de carbono (ETS), ese sistema que obliga a los fabricantes a pagar por contaminar y que debería animarles a reducir sus emisiones. “Hemos elegido el precio del CO2 como instrumento claro para orientarnos en el mercado”, explicó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “El principio es sencillo, cualquier emisión de CO2 debe tener un precio”. La novedad estriba en que se ampliará a los sectores aéreo y marítimo, que hasta ahora estaban exentos de esta obligación. Y la jefa del Ejecutivo europeo explicó que “un solo crucero consume tanto combustible diario como 80.000 coches”.
Para la eurodiputada de Plaza Pública Aurore Lalucq, que desde el inicio de su mandato en las filas socialdemócratas apostó por un ambicioso Pacto Verde ambicioso, la propuesta de la Comisión sigue basándose en una ideología de mercado. “Se cree que el precio del carbono permitirá cambiar el comportamiento, pero el mercado del carbono no puede ser el alfa y el omega de una política climática. El mercado es ciego en materia medioambiental. Para la transición ecológica, necesitamos inversión, planificación y, por tanto, diálogo social”.
Los ecologistas del Parlamento Europeo –que el año pasado defendieron una reducción del 65% de los gases de efecto invernadero– también se muestran escépticos. Aunque se felicitan al ver que la cuestión del clima por fin figure en la agenda, consideran que el texto es demasiado timorato y lamentan la ausencia de objetivos vinculantes para los Estados miembros. “Estos objetivos vinculantes nos permitirían tener cifras y poder emprender acciones legales, como ha hecho la ciudad de [francesa de] Grande-Synthe”, alega el eurodiputado Damien Carême, que añade: “Deberíamos haber perseguido un objetivo del 50% de energía renovable en la combinación energética para 2030, en lugar del 40% anunciado [la cuota actual es del 20%]. Sabiendo que técnicamente podemos alcanzar el objetivo del 100% en 2040”.
También en los Países Bajos, Alemania, Bélgica e Irlanda se han emprendido recientemente acciones legales para obligar a los Estados a cumplir sus obligaciones en la lucha contra el cambio climático.
Otro temor del grupo ecologista: en este paquete climático figura un nuevo mercado europeo del carbono para las emisiones de los combustibles y la calefacción doméstica. Esta medida, dirigida a los proveedores de energía, acabará repercutiendo en el precio del combustible en el surtidor, así como en el petróleo y el gas nacionales. Es una reforma que afectaría directamente a los más vulnerables”, apunta Marie Toussaint. “Tendría un coste anual de unos 400 euros en los hogares. Esto es inaceptable en términos de justicia social, especialmente en Francia después del movimiento de los chalecos amarillos”.
La eurodiputada recuerda las cifras que se desprenden de los trabajos del economista Lucas Chancel; en Francia, la mitad más pobre de la población emite 5,2 toneladas de CO2 al año... mientras que el decil más rico emite 21 toneladas cada año. “Tenemos que pensar en un impuesto sobre el carbono socialmente justo. Lo que hay que reducir son las emisiones del 10% de los más ricos”, afirma.
Por su parte, Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde, advierte: “El 25% de los ingresos del sistema de comercio de emisiones se destinará a un fondo social para el clima. Este fondo compensará el coste adicional de las facturas de calefacción y movilidad… Su objetivo es evitar la pobreza energética".
Preocupaciones
Sin embargo, la inclusión de los costes de calefacción y combustible en un nuevo mercado del carbono está suscitando preocupaciones más allá del grupo de los Verdes europeos. Aparte de Alemania, muchos Estados miembros ya han expresado sus reservas. Incluso el macronista Pascal Canfin, jefe de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento, ha manifestado públicamente su desacuerdo. Aurore Lalucq, de Francia Insumisa, denuncia el lado “antisocial” de la medida, mientras que la eurodiputada Manon Aubry, de Francia Insumisa, lamenta “la falta de justicia social en este paquete climático”.
Para Aubry, el propio objetivo de la Comisión, a saber, la reducción de al menos el 55% de los gases de efecto invernadero para 2030, es insuficiente. “En realidad, la cifra se reduce al 52,8% si se deducen los sumideros de carbono. Para cumplir con el Acuerdo de París, el objetivo debería haber sido del 65%”. Manon Aubry denuncia un enfoque sectorial, que mantiene inalterados los fundamentos europeos: “Mientras no se cuestionen los acuerdos de libre comercio y la PAC (Política Agrícola Común), los objetivos climáticos de la Comisión siguen siendo relativamente huecos y difíciles de alcanzar. Seguimos en una lógica comercial y en la creencia en la buena voluntad de las empresas. Deberían haber sido puestos en la senda de la reducción obligatoria de los gases de efecto invernadero”.
Detrás de los anuncios de la Comisión hay varias cuestiones sin resolver. ¿Cuándo acabará la UE con los derechos de emisión gratuitos? Entre 2013 y 2018 se perdieron 67.000 millones de euros en permisos de contaminación gratuitos distribuidos a las industrias pesadas, según WWF.
¿Cuándo se ampliará totalmente el régimen de emisiones de carbono a los productos importados, dado que sólo las importaciones en Europa representan el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero?
La introducción de un “mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono” (CBAM) para los sectores industriales más contaminantes, como el cemento, el acero y el aluminio, anunciada, debería responder a estas cuestiones. Pero en el seno del Ejecutivo de la UE, algunos comisarios tiran en dirección contraria y los plazos siguen sin estar claros. Las palabras “gradual”, “adaptación” y “paso a paso”, que pronunció Frans Timmermans durante su presentación, demuestran que no hay nada hecho.
En cuanto al calendario legislativo, es probable que el ritmo tampoco esté a la altura de la emergencia climática. Hasta el otoño, estas directivas no pasarán por la colegislación europea: Parlamento y el Consejo de los Estados miembros iniciarán entonces las negociaciones. Este largo proceso debería concluir, si se mantiene el calendario institucional, el 1 de enero de 2023. Los Veintisiete tendrán entonces sólo siete años para cumplir el nuevo reglamento.
Al mismo tiempo, y a pesar del consenso científico sobre el calentamiento global, se seguirá presionando para mantener el statu quo. Según el reciente informe del think tank europeo InfluenceMap, que estudió las posiciones de 216 asociaciones industriales sobre las ambiciones de reducción de gases de efecto invernadero de la UE, la mayoría de ellas sigue negándose a tomar medidas tempranas para alcanzarlas.
La futura PAC favorece a los latifundistas y el sistema agroindustrial saltándose el Pacto Verde de la Comisión
Traducción: Mariola Moreno
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