En todo el mundo se han visto fotos de aves y animales marinos arrastrados por el petróleo hasta las playas. Hace un año, el 15 de enero de 2022, se derramaron 11.900 barriles de petróleo durante la descarga en la terminal portuaria de la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa española Repsol. El petróleo derramado se expandió hasta 140 km al norte de la refinería, paralizando las actividades turísticas y la pesca artesanal.
Repsol, obligada a limpiar las playas contaminadas, anunció en abril que ya estaban descontaminadas. La autoridad ambiental peruana (OEFA) contradijo posteriormente esta información y en octubre ordenó a Repsol que presentara un plan de rehabilitación para 69 de las 71 zonas aún contaminadas, incluidas 48 playas, en un plazo de 12 meses. Según la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) de Perú, una veintena de playas de baño siguen afectadas en pleno verano.
"Hay mucho petróleo oculto bajo la arena, bajo las rocas o sedimentado en el fondo del agua. Periódicamente, se ve que la playa está completamente limpia y, de repente, un flujo ascendente trae los contaminantes que están en el fondo. Y claro, luego verás a la gente de Repsol venir a limpiarlo", dice Gustavo Vega, director de la ONG Conciencia Marina.
Pocos días antes de Navidad, las huellas del vertido de petróleo aún son claramente visibles a lo largo de una playa rodeada de acantilados en el Serpentín de Pasamayo, en el distrito de Aucallama. Los pescadores rascan las rocas frente a nosotros con una herramienta, desprendiendo gruesas capas de crudo negro y marrón. Aunque sigue siendo impensable para ellos pescar en la zona, les preocupa que haya disminuido la presencia de especies marinas.
“Es una zona de pintadillas (nombre local de un gran pez del Pacífico Sur, ndt) y hemos dejado de verlas, y tampoco los caracolas de mar", dice Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Aucallama. “Lo que queremos es que el mar se rehabilite adecuadamente.”
Repsol considera que algunas zonas de Pasamayo son "inaccesibles" y demasiado peligrosas para limpiarlas con el equipo necesario. El director de comunicación, Luis Vásquez, dijo a RPP Noticias que la empresa ha adoptado el método de esperar a que las olas rompientes desprendan el petróleo pegado a las rocas. "Estamos vigilando frente a la costa del mar, preparados para recuperar" el crudo, dijo.
La marea negra ha hecho perder los ingresos de miles de pescadores, propietarios de restaurantes y otros trabajadores. El Estado peruano creó un padrón único en marzo de 2022, y Repsol se ha comprometido a indemnizar finalmente a cerca de 10.300 personas registradas en él.
Muchas de ellas han recibido anticipos de 3.000 soles (733 euros) sobre la indemnización final, que Repsol reparte aproximadamente cada 45 días, según los beneficiarios.
Una crisis medioambiental convertida en crisis social
Los pescadores de Pasamayo dicen, sin embargo, que solían ganar más de 5.000 soles (1.222 euros) al mes. Muchos dicen que han tenido que endeudarse. Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo Toma y Calla, dice que ha tenido que posponer la entrada de su hijo en la universidad. "Tengo 57 años. ¿Quién me va a contratar a mi edad?". "Esto es una crisis medioambiental que se está convirtiendo en una crisis social. Hay material escolar que no se ha podido comprar, problemas de salud que no se han podido tratar", sostiene Gustavo Vega.
Conciencia Marina realizó entrevistas a pescadores de las comarcas afectadas en el marco de un estudio sobre el impacto de la crisis en su salud mental. Una de las conclusiones es que también viven en una gran incertidumbre, mientras el Estado no presenta un plan claro para la rehabilitación del mar. "No pueden hacer planes de futuro, lo que les genera ansiedad, estrés y depresión", añade Gustavo Vega.
Según un documento publicado en abril por la Defensoría del Pueblo peruana, se han visto afectadas por la crisis al menos 15.000 personas, de las cuales 5.000 no han sido incluidas en el padrón único, que sólo contabiliza 10.300. Pero la cifra podría ser mucho mayor, según la Asociación de Víctimas de Repsol, que representa a más de 10.000 personas que no han recibido indemnizaciones sólo en el distrito de Ventanilla.
En un encuentro con el coordinador de la asociación, César Viera, el 20 de diciembre en su restaurante, prácticamente vacío, dijo que el establecimiento suele estar lleno de clientes en esta época del año, cuando la playa está abierta. Sin embargo, la situación sería peor para otros amigos, a los que "la desesperación ha llevado incluso a la delincuencia", afirma.
El año pasado tampoco fue fácil para Carlos de la Cruz, pescador de 55 años, que solía ganar hasta 150 o 200 soles (de 35 a 50 euros) diarios. Desde la marea negra, se dedica a vender "dulces o cualquier cosita", ganando apenas 20 o 25 soles al día (de 5 a 6 euros). "Eso sólo alcanza para comida.”
Gerardo Widauski, abogado de la Asociación de Víctimas de Repsol, lamenta que las personas más vulnerables, por ejemplo "las que venden helados, las que recogen cosas para reciclar en las playas", sean invisibles para el Estado peruano. Dice que muchas personas no han sido incluidas en el padrón único porque trabajaban en negro –como el 77% de la población peruana, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) del año 2021–.
Negociaciones sesgadas
La asociación reclama 500.000 soles (122.000 euros) por persona a Repsol y a la aseguradora Mapfre. "Por un lado está la empresa multinacional. Los otros, los que luchan, son los más pobres. Es David contra Goliat", afirma Gerardo Widauski.
Los beneficiarios de los anticipos de Repsol también deben negociar acuerdos definitivos con la empresa, que asegura haber llegado a este tipo de acuerdos con más de 6.000 afectados.
"¿Por qué hablar de indemnización si, en primer lugar, no hay todavía una estimación de daños? Lo que necesitamos saber, en primer lugar, es durante cuántos años se verá afectado [el mar]", dice Luis, que, como todos los pescadores con los que se reunió en Pasamayo, se niega a firmar el acuerdo.
Algunos de ellos y el abogado Mario Carranza, que representa a cuatro asociaciones del distrito de Chancay, dicen que la empresa se ha demorado en pagar los anticipos. Incluso amenazó con suspender los pagos cuando se levantó la declaración de emergencia medioambiental en octubre, lo que perciben como un intento de presionarlos para que firmen los acuerdos definitivos. Repsol no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.
Según Mario Carranza, la empresa no ha entregado copias de los contratos definitivos a los firmantes. Como muestra la foto de un contrato final, facilitada por una cofradía de pescadores, Repsol no reconoce ninguna responsabilidad en el suceso. El abogado lamenta que en una cláusula, entre otras, la empresa "pidiera a los afectados que renunciaran a sus reclamaciones, para que después fuera la única que pudiera dirigir reclamaciones a los posibles responsables".
"Pedimos a la empresa que pusiera sobre la mesa los términos del acuerdo, que nos enviara el borrador del convenio, pero la empresa se negó. Lo hacen todo de manera informal, a su conveniencia", añadió el abogado.
En junio de 2022, una comisión parlamentaria acusó a Repsol de ser la "principal responsable" de la marea negra, acusándoles de negligencia y falta de mantenimiento de las instalaciones. También se culpa a la empresa de no haber reaccionado con eficacia y rapidez para intentar contener el vertido de petróleo. Repsol rechazó esas acusaciones.
La comisión refutó la afirmación de Repsol de que el vertido de petróleo se debió a un oleaje anormal provocado por la erupción volcánica de las islas Tonga.
Por su parte, la comisión acusó a las instituciones peruanas de "incapacidad total para responder a la emergencia de la fuga de petróleo". El 11 de enero, la comisión pidió 30 días más para reanudar y concluir su investigación sobre los responsables de la catástrofe.
Repsol se enfrenta actualmente a seis multas de varios millones de dólares en siete procedimientos administrativos sancionadores.
Repsol, por su parte, había presentado una reclamación de indemnización a la empresa italiana Fratelli d'Amico Armatori, propietaria del buque que descargaba su petróleo en el momento del accidente.
¿Cuánto falta para limpiar el mar?
Para planificar el final de la crisis, los pescadores quieren saber ahora cuánto tiempo perturbará el petróleo su entorno. Pero hacen falta más estudios y resultados concretos, según afirma el biólogo marino Yuri Hooker Mantilla. Las zonas marinas afectadas forman parte del ecosistema de la corriente de Humboldt, una intensa corriente sur-norte que tiene la ventaja de facilitar una rápida limpieza de la zona. "En el caso de otros grandes vertidos, hemos observado una vuelta a la estabilidad casi normal al cabo de 10 años. Aquí, las condiciones del océano son favorables para que esto ocurra más rápidamente", espera Hooker.
El biólogo también cree que es crucial realizar más estudios antes de reanudar las actividades pesqueras, sobre todo para medir con precisión si los peces e invertebrados contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, un contaminante presente en el petróleo que puede ser cancerígeno.
Expertos de la Organización Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) presentaron el 23 de diciembre los resultados de los análisis efectuados en tres especies marinas. Explicaron que no habían encontrado trazas peligrosas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero que aún debían realizarse estudios con otras especies y contaminantes. Varias de las partes consultadas esperan también con impaciencia la publicación de un informe del Instituto Marino Peruano. El Ministerio de Medio Ambiente ha indicado que a finales de enero también estará terminado un estudio sobre el estado de las playas afectadas.
Para Gustavo Vega, un año después de la catástrofe, el Estado sigue tardando en obtener resultados concretos y debe ser más eficaz en sus acciones. A ello no ayuda la actual crisis política: "No hay continuidad en el discurso, ni en el apoyo que deberían recibir los pescadores", afirma Gustavo Vega.
Repsol, por su parte, reiteró a finales de diciembre que un estudio realizado en octubre y noviembre por Environmental Resources Management confirmaba que "el mar está libre de hidrocarburos, y que las playas son accesibles sin riesgo para la salud y el medio ambiente".
Caja negra
El martes 17 de enero de 2023 se hizo una aclaración sobre el número de playas contaminadas (48, de las cuales unas veinte son para bañarse).
El Gobierno de Perú paraliza la actividad de Repsol tras el vertido de crudo en sus aguas
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Traducción de Miguel López