Todos quieren hacerse con el maná de 833 millones en donaciones que ha caído sobre Notre-Dame

Según el informe provisional sobre las obras de restauración de Notre-Dame, al que ha tenido acceso Mediapart (socio editorial de infoLibre), el Tribunal de Cuentas detalla los fondos recaudados para la catedral y el uso de las donaciones. Este documento ha sido remitido, de momento, a las diversas autoridades responsables, que aún no han respondido.

Según datos recogidos por el Tribunal de Cuentas, a finales de 2019 se habían movilizado más de 330.000 personas y 6.000 empresas. En total, se recaudaron 824,8 millones de euros. Se trata de una cantidad excepcional, que ni siquiera incluye el dinero prometido por la ciudad de París y los departamentos de Île-de-France que financiarán el entorno de la catedral. Por efectuar una comparación, el tsunami que azotó a Asia en 2004 sólo recaudó 328 millones de euros en donaciones.

A fecha de 31 de diciembre de 2019, de estos 824,8 millones de euros, ya se habían pagado 184,4 millones de euros. Las donaciones procedentes de particulares representan el 35% de la colecta; las de las empresas suponen el 56% y las de las autoridades locales, el 8%. El 16% de las donaciones proceden del extranjero. El 2 de julio, en una audiencia ante los diputados, Jean-Louis Georgelin, que preside el ente público para la reconstrucción de Notre-Dame, actualizaba estas cifras y precisaba que las cantidades prometidas habían aumentado a 833 millones de euros, y las sumas ya percibidas, a 190,4 millones de euros.

Por lo tanto, cerca de 640 millones se encuentran todavía en el apartado de “promesas firmes”, como las de Bernard Arnault y François Pinault, que han ofrecido 300 millones de euros; o la galaxia L'Oréal, que ha prometido 200 millones de euros. Si bien la llegada de la crisis del covid-19 suscita algunos temores, Jean-Louis Georgelin y los directores de la fundación se muestran tranquilizadores y no tienen ninguna duda de que las sumas se pagarán a medida que surjan las necesidades.

Sin embargo, estas donaciones tendrán un costo para el Estado. La Asamblea ha previsto una reducción fiscal excepcional de hasta el 75% de las donaciones (si la donación supera los 1.000 euros, la desgravación es del 66%). De los 65 millones de euros en donaciones de particulares recibidos en 2019, el gasto fiscal podría llegar a 48 millones de euros. Mientras que Arnault y Pinault han prometido que no harán uso de los beneficios fiscales, otros patrocinadores no se han manifestado en estos términos. Sin embargo, la ley dispone que un informe que se hará público en septiembre haría transparentes estas desgravaciones fiscales.

Si bien Emmanuel Macron ya ha fijado la fecha para la reapertura de la catedral en la primavera de 2024, por el momento, el importe de la construcción todavía se desconoce. El Estado acaba de decidir cómo será reconstruida la aguja. Después de una lucha entre los que querían una reconstrucción idéntica y los que, como el presidente, querían un “gesto arquitectónico”, se optó por la primera opción. Pero algunos se preguntan si ha habido demasiadas donaciones.

Hay muchos que temen que se utilicen para algo más que la reconstrucción de Notre-Dame. Para tranquilizar a los donantes, el artículo 2 de la ley de 29 de julio de 2019 es muy claro en ese sentido: “Los fondos recaudados en el marco de la suscripción nacional se destinan exclusivamente a financiar las obras de conservación y restauración de la catedral de Notre-Dame de París y de su mobiliario, propiedad del Estado, así como a la formación inicial y continua de profesionales con las competencias específicas que se requerirán para esta obra”.

Durante los debates parlamentarios, esta palabra “exclusivamente” se añadió al final del día para tranquilizar a los miembros. Pero, en opinión del Tribunal, el Estado no cumple con esta ley, en diferentes puntos.

En primer lugar, en la colecta en sí misma. La ley ha designado cinco organismos para dicha colecta: el Tesoro Público, el Centro de Monumentos Nacionales, la Fundación de Francia, la Fundación del Patrimonio y la Fundación Notre-Dame. En sus acuerdos con el Ministerio de Cultura, las tres fundaciones han sido autorizadas a cobrar honorarios de gestión. Esto supone una desviación del principio de financiación exclusiva de la obra y de los compromisos asumidos por el Gobierno ante el Consejo de Estado.

Además, la diversidad de dichos honorarios plantea interrogantes al Tribunal. ¿Cómo se puede justificar que estas fundaciones, que recaudaban fondos sin competencia, pudieran imponer porcentajes diferentes? Así, la Fundación Notre-Dame podrá asumir los gastos de recaudación hasta un 3% del total de las donaciones. En el caso de la Fundación de Francia, asciende hasta el 1,5%. Finalmente, para la Fundación del Patrimonio, será de hasta el 1,5% del importe de las donaciones de las empresas, lo que supera el millón de euros.

Cuando los donantes financian un organismo público

Ya no es el Ministerio de Cultura el que supervisa el trabajo. Emmanuel Macron ha decidido confiarlo a una institución pública especial, creada por ley y que debería contar con 39 agentes. Al frente de la misma se encuentra el general Jean-Louis Georgelin. Católico, trabajador y conocido por su forma directa de hablar, ha querido tener vía libre. Aunque eso significase romper con las reglas habituales.

Consultado de antemano sobre el proyecto de decreto del establecimiento, el Consejo de Estado quedaba al margen, ya que todos los poderes se concentraban en las manos del futuro presidente, en contra del derecho común. Por ello, el Consejo de Estado abogó firmemente por que el presidente renunciara a proponer los nombres de algunos miembros del consejo de administración, del consejo científico e incluso del comité de auditoría.

Excepcionalmente, el Gobierno se negó a tener en cuenta esta opinión del Consejo de Estado en el decreto final. Georgelin tendrá pleno poder en su institución pública. El ministro de Cultura, Franck Riester, ya desposeído de la obra de Notre-Dame, tuvo que echarse a un lado.

El 2 de julio, ante los diputados, el general Georgelin especificó el importe de su salario, que tendría que combinar con su pensión del ejército. Debería recibir una suma de 4.800 euros al mes, a la que se añadiría una parte variable del 25%. Esta cantidad todavía debe ser aprobada, pero es mucho menor que los –a veces delirantes– salarios pagados a algunos directores de operadores culturales del Estado.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas señala un problema en los acuerdos financieros de la institución: el Gobierno ha decidido financiar su presupuesto operativo con las donaciones recaudadas. Para el Tribunal, el cumplimiento de la ley exigiría que la colecta sólo financie las obras, y no el presupuesto operativo anual de cinco millones de euros de la entidad. Ya que le corresponde al presupuesto del Estado hacerse cargo de sus organismos.

Un “cuestionamiento importante” que también comparten los diputados. La semana pasada, ante la Comisión de Asuntos Culturales, la presidenta de la misión de información de Notre-Dame, la diputada de LR Brigitte Kuster, se preguntó: “¿Pueden estos fondos financiar a la persona encargada del proyecto, es decir, al propio establecimiento público, su funcionamiento y su masa salarial? En su lectura purista, el artículo 2 excluye esta posibilidad. Además, algunos donantes importantes no lo aceptan”.

En especial porque el Gobierno ha sido imaginativo. Excepcionalmente, decidió cobrar el alquiler al establecimiento público. Este último se encuentra actualmente en un edificio de 236 metros cuadrados en el distrito VII, en el 2 bis de la cité Martignac. El edificio normalmente se pone a disposición de los servicios del primer ministro. Por lo general, los establecimientos públicos no pagan alquiler al Estado. Allí, el establecimiento público tendrá que pagar 213.000 euros cada año, de las donaciones de los contribuyentes, en concepto de alquiler, así como 50.000 euros por los gastos corrientes. Un canon que plantea “interrogantes” al Tribunal.

Si el establecimiento público está a cargo del proyecto, la obra está bajo la responsabilidad de los arquitectos principales de los monumentos históricos. El estatus de estos arquitectos, que tienen el monopolio de la gestión de proyectos para la restauración de edificios públicos catalogados, es singular. Se trata tanto de funcionarios del Estado como de profesionales liberales de derecho privado, remunerados con un porcentaje del trabajo, según un baremo fijado por decreto.

Desde 2013, Philippe Villeneuve está a cargo de Notre-Dame. Ya era él el encargado de las obras de la catedral cuando se quemó; en 2016 se puso en marcha un programa de restauración de 10 años de duración, por valor de 58 millones de euros, para restaurar las partes superiores de la aguja en particular.

El Tribunal ha analizado el seguimiento de dichas obras. En su opinión, el contrato público estuvo mal calculado: inicialmente, sólo se podían adjudicar dos de los siete contratos. Las ofertas de los cinco restantes estaban muy por encima de las expectativas (un contrato era incluso un 228% superior al estimado por el contratista principal). Se adjudicaron posteriormente 4,2 millones de obras, a menudo con importantes desviaciones sobre las estimaciones. Un contrato finalmente fue declarado desierto, sin volver a sacarlo a concurso; en concreto el relativo al control y supervisión de la obra. A pesar de su naturaleza sensible, este abandono no estaba justificado.

Nada de esto implica a Philippe Villeneuve en relación con el incendio. Sin embargo, el Tribunal se pregunta por qué, paralelamente a la investigación judicial, el Ministerio no inició una investigación administrativa para determinar posibles fallos en la gestión del proyecto, en particular en la gestión de la obra. Otro fallo del período previo al incendio según el Tribunal: en enero de 2019, el Drac no había vuelto a sacar a concurso a tiempo el contrato público de seguridad contra incendios. Sin embargo, la fecha límite se conocía ya en 2014. Por lo tanto, el contrato anterior adjudicado a la empresa Elytis tuvo que ser ampliado por órdenes de compra. Una situación, cuando menos, errada.

Por el momento, el trabajo de reconstrucción está todavía en la etapa de seguridad y consolidación. En julio de 2019, esta partida se estimó en 85 millones de euros. Según las indicaciones del general Georgelin a los diputados, el proyecto de ley asciende ya a 165 millones, debido a la prolongación de la duración de las obras del verano de 2020 al verano de 2021 (32 millones), la revalorización de ciertos servicios (27 millones) pero también la necesidad de tratar la contaminación por plomo (21 millones).

Sobre este último punto, el Tribunal de Cuentas también muestra su disconformidad con las pretensiones económicas de Philippe Villeneuve. Se encuentran sujetas a negociación con el responsable del proyecto, en función del montante del trabajo y de la complejidad del proyecto. Para la parte de protección y consolidación, Philippe Villeneuve exigió inicialmente un coeficiente máximo con un aumento excepcional del 60%, debido a las limitaciones relacionadas con el plomo, el gran número de actores y los “objetivos fijados por el presidente de la República”.

La solicitud de Villeneuve fue rechazada por el Ministerio de Cultura. A finales de noviembre, después de una reunión con Patrimonio, sus pretensiones se limitaron a un aumento del 30%. Finalmente, los honorarios se negociaron con el establecimiento público. Durante su reciente audiencia en la Asamblea, Jean-Louis Georgelin precisó que la remuneración del arquitecto para esta primera fase de la obra se había negociado finalmente en forma de una suma global y no de un porcentaje. Pero aún no se ha dado a conocer la cifra.

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Traducción: Mariola Moreno

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