¿Y si, a pesar de todo, la disolución de la Asamblea Nacional hubiera sido un esclarecimiento político? No del tipo en el que se piensa inmediatamente, por supuesto, con una mayoría establecida y un gobierno sólido. Pero lo que ha dejado claro la decisión del jefe del Estado del 26 de agosto, de excluir a cualquier gobierno del Nuevo Frente Popular (NFP) es mucho más trascendental: es el marco en el que está autorizada a funcionar la democracia francesa.
La negativa a nombrar a Lucie Castets, candidata del NFP para el puesto de Matignon se ha envuelto en el manto de la “estabilidad institucional”, pero el primer ministro en funciones, Gabriel Attal, que además es el líder del grupo presidencial en la Asamblea Nacional francesa (un doble papel que dice mucho sobre el respeto de esa bancada por estas mismas instituciones), explicó el porqué de esta negativa: se trataba obviamente del programa económico del NFP, que según él llevaría “al colapso económico de nuestro país”. En este sentido, comparte la opinión expresada el lunes por Marine Le Pen de que un gobierno del NFP “llevaría a cabo una política peligrosa para los franceses”.
Los límites de la democracia
Casualmente, el mismo día 26 de agosto, el presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), Patrick Martin, en su discurso de apertura de su universidad de verano en el hipódromo de Longchamp, confirmó ese mismo marco al rechazar el programa del NFP, que, en su opinión, “se pagará al contado” con la “degradación” de Francia.
Patrick Martin fue más lejos, pidiendo la continuación de las “políticas proempresariales” aplicadas por los gobiernos desde al menos 2017. También elogió calurosamente a su “querido amigo” Bruno Le Maire, ministro de finanzas saliente, por haber sido un “arquitecto decisivo y determinante” de esas políticas.
Y para remachar la faena, esa misma mañana en France Inter, Patrick Martin llegó a afirmar que las elecciones legislativas no habían “sancionado la política económica del Gobierno actual”. Esta ofensiva del Medef es una aclaración importante por su alineamiento con la estrategia seguida por el Elíseo. Confirma un hecho demasiado a menudo subestimado en la izquierda: la única brújula que determina las opciones de Macron es la preservación del orden económico.
La política está sometida a una fuerza más imperiosa, la de los intereses del capital
Desde el 9 de junio, todo gira en torno a esta obsesión. Hay que encontrar una fórmula política que no ponga en tela de juicio las políticas económicas aplicadas a instancias y para satisfacción del capital. Por lo tanto, la formación del gobierno está sometida a fuerzas distintas de las de la mayoría o de la lógica constitucional, está sometida al marco rígido de otro gobierno, el del capital.
La prueba más llamativa de esta realidad es que el propio programa del NFP es el producto de un compromiso. El programa es, hay que recordarlo, particularmente moderado en términos económicos. Propone una opción keynesiana que reconoce el fracaso de las famosas políticas proempresariales y sus nefastas consecuencias, pero no es un programa anticapitalista: las empresas siguen estando en el centro de la organización económica.
Pero la situación del capital es tal que incluso esta moderación les resulta inaceptable. Ese es el mensaje que Patrick Martin, muy locuaz últimamente, confirmó en una entrevista a Le Figaro el 25 de agosto: el programa del NFP sería “insoportable” para el país. Para las empresas no sería posible el aumento del salario mínimo, ni la supresión de la reforma de las pensiones, ni la indexación de los salarios, etc. El Medef se presenta incluso como el guardián del templo de la supuesta “racionalidad económica” para impedir que “nuestros responsables se equivoquen”.
El Elíseo custodia el templo económico
El jefe de la patronal puede estar tranquilo: el Palacio del Elíseo está en su línea y ha fijado por tanto las reglas del juego. A partir de ahora, para ser aceptable, cualquier pretendiente a Matignon tendrá que mostrar sus patitas blancas y prometer lealtad a esta famosa “racionalidad económica”. Y eso incluye no tocar las medidas emprendidas desde 2017.
El marco de aceptabilidad de la política económica se ha estrechado mucho, y es este marco el que determina la posibilidad de formación de un gobierno. Para los que aún tenían dudas (y al parecer todavía eran muchos), la política está sometida a una fuerza más imperiosa, la de los intereses del capital. Y el garante de esa jerarquía es el presidente de la República, mucho más que de la estabilidad institucional.
Los macronistas no aceptarán ningún compromiso fuera del estrecho marco definido por el Medef
Macron siempre ha defendido esta lógica de acoplamiento de la democracia en los intereses económicos y toda su política desde 2017 así lo demuestra. Se recordará que ninguna crisis, ni la de los “chalecos amarillos”, ni la crisis sanitaria, ni la guerra de Ucrania, ni la aceleración del desastre ecológico le han hecho cuestionar sus reformas fiscales y, en particular, la supresión del impuesto de solidaridad sobre el patrimonio (ISF). Recordemos que el rechazo generalizado a la reforma de las pensiones no le frenó, y que dicha reforma se impuso en nombre mismo de esa pseudo “racionalidad” que no es más que una excusa para intereses concretos.
Es divertido ver al bando presidencial hacer cabriolas para pedir “compromisos”, mientras defienden la trayectoria del presidente y se niegan a poner en tela de juicio ninguna de las grandes reformas económicas de los últimos siete años. Estamos dispuestos a aceptar un impuesto sobre las “superrentas” que será difícil de definir y que no cambiará nada esencial, pero nada más.
La realidad es que los macronistas no van a aceptar ningún compromiso fuera del estrecho marco definido por el Medef: la política económica debe seguir siendo la misma. Aquí es donde entra en juego la aclaración del presidente: la economía queda ahora excluida de la arena democrática. Macron pretende hacer realidad este viejo sueño neoliberal, pero haciéndolo aún más restrictivo, porque lo que defiende no es sólo la independencia de la política y la economía, sino la sumisión de la política a la economía.
Una República tutelada
La República francesa, tan orgullosa de su laicismo, está ahora sometida a una nueva religión: la de las fuerzas económicas que se imponen en cada una de sus opciones. Así como los actos de la antigua República romana estaban sometidos a la validación de los dioses mediante la consulta de los augures, esta moderna República ya no puede actuar sin haber recibido la luz verde de los intereses del capital. De lo contrario, se desatará sobre el país la ira de la diosa economía.
En otras palabras: la República reina, pero no gobierna. Es el capital el que gobierna, y lo hace incluso cuando no hay gobierno. Por otra parte, la decisión del primer ministro saliente Gabriel Attal de congelar, es decir, reducir, los créditos para 2025 sin validación parlamentaria es una prueba más de ese gobierno del capital.
Sin embargo, esta sacralización de las políticas económicas “proempresariales” no resuelve nada. Patrick Martin puede afirmar que la población está muy satisfecha con las políticas económicas aplicadas, pero los hechos dicen lo contrario. La crisis política es la consecuencia de esas políticas. El descontento está ahí, podemos taparlo y mirar hacia otro lado, como hace el jefe del Medef, pero inevitablemente esa realidad volverá a aparecer.
Si los franceses aceptan a regañadientes el nuevo marco democrático restringido, su descontento en lo económico y social tomará inevitablemente otras formas. Y es obviamente la extrema derecha la que se aprovechará de ello convirtiendo esa cólera en una nueva ola de xenofobia. Por eso la Agrupación Nacional (RN) y sus aliados no tienen ninguna razón para cuestionar el marco que acaba de definir claramente el presidente de la República.
Detrás de su discurso tranquilizador sobre la estabilidad, sólo se esconde el fanatismo económico de Macron. Al excluir la economía de la esfera democrática, el presidente abre la puerta a todo tipo de excesos en nombre mismo de la “estabilidad”, es decir, en nombre de la estabilidad social.
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En el año 121 a.C., un reformador moderado preocupado por mejorar la situación económica de la plebe romana, Cayo Graco, fue asesinado violentamente en Roma junto a sus partidarios por la aristocracia senatorial, diez años después que su hermano. Este acto fue validado por el Senado en nombre de la “salvaguardia del Estado”, lo que significaba rechazar cualquier cambio en el orden social. Poco después, Lucio Opimio, el cónsul que había dado muerte a Cayo, decidió reconstruir el Templo de la Concordia en el Foro. Una noche, según Plutarco, una mano desconocida escribió lo siguiente en la base de este nuevo templo: “Un trabajo de loca discordia ha producido un templo a la Concordia”. A eso se parecen las lecciones de estabilidad del Elíseo.
Traducción de Miguel López
¿Y si, a pesar de todo, la disolución de la Asamblea Nacional hubiera sido un esclarecimiento político? No del tipo en el que se piensa inmediatamente, por supuesto, con una mayoría establecida y un gobierno sólido. Pero lo que ha dejado claro la decisión del jefe del Estado del 26 de agosto, de excluir a cualquier gobierno del Nuevo Frente Popular (NFP) es mucho más trascendental: es el marco en el que está autorizada a funcionar la democracia francesa.