A pocas horas de que el Tribunal Supremo examine las peticiones contra la primera parte de la reforma judicial que otorgaría al primer ministro israelí poderes excesivos y sin control, se acumulan los obstáculos en el camino hacia el régimen iliberal soñado por Benjamin Netanyahu y sus aliados.
De hecho, Israel podría encontrarse ante una crisis constitucional histórica en cuestión de semanas, o incluso días, y los miembros de su función pública ante una elección crucial y sin precedentes: ¿deben obedecer una ley, rechazada por la mayoría de la población, que iniciaría un cambio en la naturaleza del régimen? ¿O deben obedecer al Tribunal Supremo si declara nula la reforma del gobierno?
Tras ocho meses de movilización, no se ha debilitado la revuelta de la sociedad civil que ha sacado a la calle a millones de opositores –prácticamente uno de cada dos israelíes–, hostiles a una evolución inspirada en el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.
Pero Netanyahu y sus aliados "fascistas racistas", como los acaba de definir el ex director del Mossad Tamir Pardo, ya no parecen capaces de contener la reciente expansión y evolución del movimiento popular contra la reforma. Los organizadores de las manifestaciones ya no se limitan a denunciar los peligros que amenazan a la "democracia" israelí tal y como ha funcionado desde la creación del Estado en 1948.
Siguen proclamando su apego a los valores democráticos, pero también se preguntan a sí mismos y a sus compatriotas sobre la naturaleza verdaderamente democrática de un Estado que lleva medio siglo ocupando y colonizando la tierra de otro pueblo y que ha decidido, por voluntad propia, convertirse en un Estado de apartheid. ¿Podemos servir a un Estado así? Esa es la pregunta que se hacen hoy.
Un abogado privado para defender el texto del gobierno
El ejemplo viene de lo más alto, del corazón mismo del sistema institucional de Israel. A principios de mes, Gali Baharav-Miara, la fiscal general del Estado de Israel, anunció al primer ministro que apoyaba las peticiones de invalidación de la ley de reforma de la justicia, cuya decisiva primera parte fue adoptada en tercera lectura por la Knesset en julio.
Las peticiones deben ser examinadas a partir del martes 12 de septiembre por los quince jueces del Tribunal Supremo –que excepcionalmente se reunirán por primera vez en la historia de Israel– y Gali Baharav-Miara, a quien el ministro (Likud) de Cooperación Regional, David Amsalem, denunció hace unas semanas como "la persona más peligrosa de Israel", considera que esta ley "privaría al público de un medio crucial de defenderse contra el ejercicio arbitrario del poder" y asestaría "un golpe fatal a los cimientos del sistema democrático". Por ello, concluye, "no queda más remedio que declarar nulo este proyecto de ley".
Dada la postura hostil adoptada por la fiscal general, será un abogado privado quien defienda el texto del gobierno ante el Tribunal Supremo. Una situación bastante extravagante.
Otro aspecto desconcertante de esta crisis, cuyo desenlace nadie puede prever todavía, es la postura radicalmente hostil adoptada por Tamir Pardo, director del Mossad entre 2011 y 2016, en su columna de principios de agosto en Yediot Aharonot. Conocido por haber definido en junio de 2018 al Mossad como "una organización criminal con licencia", Pardo, que fue nombrado jefe de los servicios de inteligencia israelíes por Netanyahu, desde que dejó la dirección del Mossad nunca ha ocultado sus reservas sobre el carácter irracional, por no decir aventurero, del primer ministro.
Israel se acerca cada día un poco más al fin del sueño sionista.
Ahora sabemos que Pardo, en 2011, con el apoyo del entonces jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, desafió la decisión de Netanyahu de lanzar un ataque contra Irán, que consideraba ilegal porque no había sido aprobado ni por el Gobierno ni por el gabinete de seguridad. El primer ministro amenazó inicialmente con dimitir y acabó abandonando su plan.
Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, un preocupado Pardo movilizó a varios de sus predecesores para tratar de convencer a Netanyahu de que estaba cometiendo un error al aconsejar al presidente americano que retirara a su país del acuerdo nuclear con Irán.
La semana pasada, con el aval de los "Comandantes por la Seguridad de Israel" (CIS), organismo que reúne a más de 540 altos oficiales superiores y directores de los servicios de seguridad, Pardo publicó un artículo en el que afirmaba que "Israel se acerca cada día un poco más al fin del sueño sionista". "Mesiánicos y fascistas, dice, han unido a Netanyahu a un bloque ultraortodoxo, ultranacionalista y antisionista y han transformado su partido de derechas, democrático, en una formación racista, ultraortodoxa y autoritaria".
"Los racistas fascistas ahora en el poder anhelan el estallido de un conflicto apocalíptico en el que los judíos habrán derrotado a todos los demás, los habrán expulsado, los habrán matado si se resisten o los habrán obligado a vivir permanentemente con un estatus inferior", añadió.
Petición
Por si no hubiera sido escuchado, este espía retirado insistió en el tema un mes después en una entrevista con Associated Press. "Aquí hay un Estado de apartheid", insistió. “La cuestión de los palestinos", añadió Pardo, "es una de las más acuciantes para Israel en la actualidad". Más que el programa nuclear iraní. Cuando yo dirigía el Mossad, le decía a Netanyahu que tenía que decidir cuáles eran los límites de Israel. Porque un país que no tiene límites no tiene fronteras. Y si el Estado de los judíos no tiene fronteras, se arriesga a la destrucción.”
La perspectiva de Tamir Pardo, cruel, vertiginosa y creíble, porque se basa en realidades indiscutibles, es especialmente contundente con Netanyahu y su coalición ya que es difícil acusar a su autor de islamo-izquierdista o de antisemita. También coincide con el análisis expuesto por unos 2.300 firmantes –profesores, intelectuales, artistas, rabinos, israelíes y amigos de Israel– en la petición que acaban de enviar a los miembros y dirigentes de las organizaciones de la comunidad judía de Estados Unidos.
Bajo el título "El elefante en la habitación", los autores del texto señalan que "existe un vínculo directo, en Israel, entre los recientes ataques a la justicia y la ocupación ilegal de millones de palestinos (...) que se ven privados de casi todos los derechos fundamentales, incluidos los de votar y protestar. Y que se enfrentan a una violencia constante: sólo este año, las fuerzas israelíes han matado a más de 190 palestinos en Cisjordania y Gaza y han demolido más de 590 edificios. Los colonos queman, saquean y matan con total impunidad". "Sin igualdad de derechos para todos, ya sea en un Estado, en dos o en cualquier otro marco político, existe el peligro de una dictadura", escriben los firmantes.
Un elefante llamado "ocupación”
Guiados claramente por el mismo análisis de la situación y decididos a abrir los ojos de sus compatriotas a la presencia "en la habitación" de un elefante llamado "ocupación", los líderes de la revuelta popular no dudaron, hace unas semanas, en organizar por primera vez manifestaciones en los mismos territorios ocupados. Una cerca de la casa del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ex delincuente y líder del partido ultranacionalista y racista Poder Judío, en el asentamiento de Kiryat Arba, cerca de Hebrón. La otra en el asentamiento de Kedumim, cerca de Nablus, junto a la casa del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso.
Smotrich, ferviente militante del supremacismo judío, a quien le gusta definirse como un "fascista homófobo", exigió y obtuvo de Netanyahu, además de su cartera de Finanzas, el título de "ministro en el Ministerio de Defensa", que le da plena autoridad sobre los asentamientos y la vida cotidiana de los palestinos en Cisjordania.
Al llegar a Kiryat Arba, los manifestantes fueron guiados por la policía y la milicia personal de Ben Gvir hacia el jardín de Kahane, que lleva el nombre del difunto fundador del partido racista Kach, que propugnaba la "limpieza étnica" de los palestinos, lo que había llevado a su prohibición por el Tribunal Supremo. Se dieron cuenta de que el jardín de Kahane estaba junto a la tumba, custodiada por la policía, de Baruch Goldstein, el colono que en 1994 masacró con un fusil de asalto a veintinueve fieles palestinos durante la oración en la Tumba de los Patriarcas.
"Para muchos de los manifestantes fue una sorpresa, y también una vergüenza, descubrir cómo habían podido dar el nombre de Kahane a un jardín y que la tumba de Goldstein se había convertido en un lugar de peregrinación", señalaba Haaretz, cuya editorial dedicada a la manifestación titulaba: "Los centristas israelíes han descubierto el jardín de Kahane. Más vale tarde que nunca".
¿Qué parte de esto se debió a la "vergüenza de los centristas" o a la nueva lucidez de los votantes tradicionales de "Bibi", por fin decididos a "sacar la cabeza del agujero", como esperaba hace unas semanas Yael Lotan, del movimiento de militares Breaking the silence? Es demasiado pronto para saberlo. Lo que ya está claro, sin embargo, es que la popularidad de Netanyahu está cayendo en picado. Algo que este "adicto a las encuestas", en palabras de un antiguo ayudante, no puede ignorar.
Sin el ejército
Según un sondeo del diario Maariv publicado a finales de agosto, en caso de elecciones, la actual coalición de derecha-ultraderecha-religiosa-colonial no obtendría la mayoría, sino sólo 54 de los 120 diputados (frente a los 64 actuales), y la oposición contaría con 57 diputados (frente a 46) a los que podrían añadirse 11 diputados árabes. Otro sondeo del Channel 3 de televisión muestra que el 56% de los israelíes teme una "guerra interna", mientras que otro muestra que un tercio de los israelíes se plantea abandonar el país.
Al parecer muchos inversores ya lo han hecho. Un informe del Ministerio de Finanzas reveló la semana pasada que el volumen de inversión extranjera cayó un 60% (respecto a 2022) en el primer trimestre.
Netanyahu, acostumbrado, en momentos de tensión, a evocar su pasado como miembro de una unidad de élite o la muerte de su hermano en el asalto de Entebbe, corre ahora el riesgo de verse decepcionado si espera el apoyo del ejército. Un ejército al que más de doscientos estudiantes de bachiller se negarán a alistarse si se hace más patente la amenaza de dictadura y continúa la ocupación de Cisjordania, como han anunciado en una carta abierta.
Los militares, tanto en activo como en la reserva, que han dado un apoyo espectacular al movimiento de la sociedad civil desde el principio, no se han tomado bien las críticas de la extrema derecha, que les ha acusado de privilegiados. Y también se tomaron muy mal los rumores de destitución del Jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, considerado demasiado tolerante con la indisciplina de sus tropas.
Sin llegar a sugerir un golpe de Estado para salvar la democracia, algunos coroneles y generales no ocultan que han leído o releído recientemente The Democratic Coup d'État (El golpe de Estado democrático), publicado en 2017 por Oxford University Press. El libro contiene un análisis detallado del escenario de la Revolución de los Claveles que puso fin pacíficamente a la dictadura portuguesa en 1974.
Si el plan del Gobierno sigue adelante, el país se convertirá en una dictadura.
Otros, como el ex general Amiram Levin, que fue jefe del Mando Norte del ejército israelí, se hacen eco de las acusaciones de los opositores más radicales a la ocupación, argumentando que "nunca ha habido democracia en Cisjordania desde hace cincuenta y siete años. Existe un apartheid total". Obligado a ejercer su soberanía, el ejército se está pudriendo en su interior al quedarse de brazos cruzados viendo lo que hacen los colonos amotinados. Se está convirtiendo en cómplice de crímenes de guerra".
Gil Regev, veterano de la guerra del Yom Kippur, hace medio siglo, que cuando tenía 22 años derribó dos aviones enemigos a los mandos de su F-4 Phantom del escuadrón 201, y perdió a siete de sus compañeros, mientras que catorce fueron hechos prisioneros, cree hoy que en Israel, "sin fuerza aérea, no hay ejército. Todo depende de los reservistas, que son civiles. No se pueden imponer misiones de combate a la gente", explica.
“Una misión de combate se basa en el voluntariado, en un contrato no escrito", prosigue”. Lo que significa que los voluntarios no tienen que obedecer a un Estado mesiánico y corrupto; no tienen por qué obedecer a exconvictos o a personas encausadas como hay en este Gobierno. Si el plan del gobierno sigue adelante, el país se convertirá en una dictadura. Por lo tanto, propongo que el jefe del Estado Mayor del ejército, el director del Mossad y el director del Shin Bet vayan juntos a ver al primer ministro para explicarle que su plan puede llegar a provocar la desintegración del ejército. Y decirle: basta ya. Eso requiere más valor que estar en el campo de batalla. Mucho más. Pero pasarán a la historia.”
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Traducción de Miguel López