El anuncio de la creación de este nuevo órgano se había pospuesto varias veces desde principios de año. Casi seis meses después de que estallara el escándalo de las injerencias de Qatar y Marruecos en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea presentó por fin el jueves 8 de junio su propuesta de implantación de unas normas éticas comunes para toda la UE.
El objetivo de este órgano sería garantizar que al menos nueve instituciones de la UE –entre ellas la Comisión, el Consejo y el Parlamento, el Banco Central y el Tribunal de Justicia– acuerden normas comunes en materia de ética: pago de gastos de viaje, declaración de regalos, actividades adicionales de funcionarios y eurodiputados, etc.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya había prometido este comité en su programa de investidura en el verano de 2019. Han tenido que pasar casi cuatro años, y un sonoro escándalo, para que presentara un texto. "Ha llevado tiempo, pero es mejor avanzar despacio que encontrarnos en una posición de debilidad", ha alegado este jueves la comisaria responsable de Valores y Transparencia, la checa Vera Jourova.
Pero nada hace pensar que el ejecutivo de Bruselas se encuentre ahora en una posición de fuerza. Su propuesta ya ha decepcionado a muchos parlamentarios, tanto de derechas como de izquierdas, y a ONG especializadas en cuestiones de transparencia.
Por una sencilla razón: este órgano de ética, compuesto por nueve miembros, no será competente para iniciar sus propias investigaciones y garantizar el cumplimiento de las normas. Sólo pasará la pelota a cada institución para que compruebe el cumplimiento de las normas y fije las posibles sanciones.
Para el eurodiputado alemán de Los Verdes Daniel Freund, "la Comisión ha sacado algo totalmente decepcionante, que no está a la altura de las expectativas y carece de inspiración, después de arrastrar los pies durante años". Insiste, como ya explicó en una reciente entrevista a Mediapart: "No nos faltan normas que regulen los grupos de presión en Bruselas. Pero tenemos un gran problema con la aplicación de las mismas".
Lo que tenemos al final es un foro de debate sin poderes de investigación o sanción.
A raíz del Qatargate, el Parlamento aprobó en diciembre una resolución por amplia mayoría (541 votos), que incluía el proyecto más ambicioso de un "órgano de ética independiente". Es decir, no estaría compuesto por miembros de las instituciones, sino por "sabios" ajenos a los organismos de la UE, y estaría autorizado a realizar sus propias investigaciones, siguiendo el modelo, lejano, de la Alta Autoridad de Transparencia en la Vida Pública de Francia.
"Lo que tenemos al final es un foro de debate, sin poderes de investigación ni de sanción", lamenta también Transparency International. "Una oportunidad totalmente perdida", añade la eurodiputada socialdemócrata alemana Gaby Bischoff, que, al igual que los Verdes, pide un debate sobre el tema la próxima semana en el pleno de Estrasburgo.
Para defenderse en este asunto crucial, la comisaria Jourova esgrimió el jueves dos argumentos. En primer lugar, no podía hacer más, dadas las limitaciones legales: "No hay base jurídica para iniciar investigaciones sobre individuos en el Acuerdo Interinstitucional", declaró, sugiriendo que sería necesaria una reforma de los Tratados.
Jourova insistió en que este futuro órgano deontológico –si es que llega a crearse– sólo complementaría la labor de otros dos organismos ya existentes: la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), competente para investigar las infracciones graves de los deberes profesionales de los miembros de la UE, y la Fiscalía Europea, que puede intervenir cuando se producen infracciones contra el presupuesto de la Unión.
Pero esas precisiones de la liberal Jourova no han convencido, ni siquiera en su partido, miembro del grupo Renew del Parlamento Europeo, presidido por Stéphane Séjourné. Desde hace semanas, Séjourné amenaza a la Comisión con no negociar sobre esa base: "Renew no participará en esa farsa", declaró a Politico este miércoles, refiriéndose a su creación como la de "dar palos de ciego". En la misma línea se pronunció Gilles Boyer, también eurodiputado de Renaissance, dirigido por Séjourné. Pero está claro que no lograron convencer a la Comisión para que revisara su versión e incorporara la postura más ambiciosa del Parlamento.
¿Será el final de las actividades complementarias remuneradas de los eurodiputados?
Más allá del comité de ética, pocas reformas anticorrupción han fructificado en Bruselas, seis meses después del terremoto del QatarGate y la tanda de promesas que lo acompañaron. "¿Qué ha cambiado desde entonces? No mucho", confirma Shari Hinds, de Transparency International, en la capital belga.
Mientras el QatarGate revelaba el papel de una ONG real-falsa al servicio del ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, sectores de la derecha en Bruselas tratan de imponer una narrativa según la cual lo urgente no es reforzar la transparencia de las instituciones, sino supervisar mejor el trabajo de esas ONG: "Tenemos que hablar de las ONG", escribía en Twitter el PPE, el principal partido de la derecha, allá por diciembre.
Pero la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, conservadora maltesa, se mantuvo firme y presentó una hoja de ruta de 14 puntos para frenar los intentos de corrupción en la eurocámara. A raíz de eso, un grupo de trabajo de siete eurodiputados está ya trabajando en la revisión del reglamento interno del Parlamento. Son ellos quienes deben concretar la mayoría de los puntos planteados por Metsola.
"Necesitamos reforzar aún más nuestro reglamento porque la Comisión Europea, como vemos hoy, no está a la altura", argumenta Gwendoline Delbos-Corfied, que representa a los Verdes en el grupo de trabajo (junto a otro eurodiputado francés, Gilles Boyer, por los Liberales). Según ella, las negociaciones son arduas pero van en la buena dirección, sobre todo en lo que respecta a la definición de lo que constituye un conflicto de intereses, incluso en materia financiera.
"Hemos conseguido, por ejemplo, que los eurodiputados no sólo estén obligados a declarar sus ingresos, sino también su patrimonio, como ocurre en Francia", prosigue. Los miembros del grupo de trabajo también están debatiendo si poner un límite máximo de 5.000 euros anuales para las remuneraciones al margen de las de eurodiputado, una medida que marcaría un verdadero punto de inflexión en las prácticas del Parlamento.
La Mesa del Parlamento también acordó la retirada inmediata de las tarjetas de acceso a los eurodiputados al final de su mandato, porque muchos de ellos venían utilizando sus antiguas tarjetas para acceder al hemiciclo durante muchos meses.
'Catargate', la sombra de la impunidad se extiende sobre el Europarlamento
Ver más
En Transparency International, Shari Hinds lamenta que estos debates, cruciales para la transparencia de la institución, se estén celebrando a puerta cerrada, en un enésimo grupo de trabajo. Un primer borrador del informe del grupo de trabajo estará listo este verano, con el objetivo de modificar el reglamento interno antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
Traducción de Miguel López