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Tras tres meses de deliberaciones, la sala 32 de lo penal, del Tribunal de Justicia de París, condenaba este lunes 1 de marzo a Nicolas Sarkozy a tres años de prisión, uno de ellos firme, por corrupción activa y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas o caso Paul Bismuth [identidad tras la que se ocultaba el propio Sarkozy]. Se trata de la primera vez en la historia judicial francesa que un exmandatario de la República Francesa resulta condenado por delitos tan graves, que pueden suponer penas de hasta 10 años de prisión.
El abogado del ex jefe francés del Estado, Thierry Herzog, también encausado, y el magistrado Gilbert Azibert han sido condenados igualmente a tres años de prisión (dos de condena suspendida, o lo que es lo mismo, deberán cumplir un año de prisión firme). La parte firme de la condena tendrán que cumplirla en arresto domiciliario, bajo vigilancia electrónica, según precisa la sentencia. Asimismo, el letrado Herzog tampoco podrá ejercer la abogacía durante un periodo de cinco años.
Los tres condenados han anunciado su intención de recurrir el fallo.
Por tanto, el expresidente de la República ha sido declarado culpable de haber utilizado en 2014 a su abogado y amigo, Thierry Herzog, y a un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, para obtener ilegalmente información sobre las investigaciones judiciales en curso, y de haber apoyado, a cambio, la candidatura del mismo Azibert a un puesto bajo el sol de Mónaco.
En aquel momento, Gilbert Azibert les informó, por un lado, de la marcha del caso Bettencourt, en el que Nicolas Sarkozy obtuvo el sobreseimiento y exigía -mediante un recurso de casación- la restitución de las agendas, apelando a la inmunidad presidencial. Pero el magistrado también les informó del gran interés de la comisión de investigación de la Corte de Justicia de la República (CJR) en la explotación del contenido de estos valiosos diarios en el proceso contra Christine Lagarde en el caso del arbitraje de Tapie.
"La prueba del pacto de corrupción procede de un cúmulo de indicios graves, precisos y concordantes resultantes de los estrechos lazos de amistad entre los protagonistas, de las relaciones de negocios que refuerzan estos lazos (al ser Thierry Herzog abogado de Nicolas Sarkozy), de los intereses comunes que persiguen el mismo objetivo, el de obtener una decisión favorable a los intereses de Nicolas Sarkozy, y de las escuchas telefónicas que demuestran los actos realizados y las contraprestaciones ofrecidas", señala la presidenta del tribunal, Christine Mée.
"Ha quedado demostrado que se transmitieron informaciones privilegiadas y confidenciales de forma secreta, violando los derechos de las demás partes y la deontología de los magistrados, y que esta transmisión se vio facilitada gracias a las funciones del primer abogado general en el Tribunal de Casación de don Gilbert Azibert, quien era perfectamente consciente de que estaba faltando a su deber de probidad. Don Thierry Herzog y don Nicolas Sarkozy eran conscientes de la ilegalidad de los actos realizados por don Gilbert Azibert y del carácter confidencial de la información recibida", dictamina el tribunal.
"Los delitos de los que han sido declarados culpables los acusados socavaron gravemente la confianza de los ciudadanos al inculcar en la opinión pública la idea de que los procedimientos ante el Tribunal de Casación no siempre emanan de un debate contradictorio ante magistrados independientes, sino que pueden ser objeto de acuerdos secretos destinados a satisfacer intereses privados", continúa el tribunal.
"Este tipo de comportamientos sólo pueden socavar gravemente la confianza legítima que todo ciudadano tiene derecho a tener en el sistema de Justicia. Este uso indebido, que atenta gravemente contra el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, requiere una respuesta penal firme con sanciones en consonancia a este atentado contra la confianza de los ciudadanos".
"Los hechos de los que es culpable don Nicolas Sarkozy revisten una especial gravedad al haber sido cometidos por un expresidente de la República que era garante de la independencia de la Justicia", destaca la sentencia.
"Se valió de su condición de expresidente de la República y de las relaciones políticas y diplomáticas que fraguó durante su mandato para premiar a un magistrado que sirvió a sus intereses personales. Además, don Nicolas Sarkozy tiene la condición de abogado y, por tanto, conocía perfectamente las obligaciones éticas de esta profesión".
"La gravedad de las infracciones cometidas, que han minado gravemente la confianza pública y la personalidad del autor, hacen indispensable la imposición de una condena firme y cualquier otra sanción penal es manifiestamente inadecuada".
El 8 de diciembre, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF, por sus siglas en francés) pedía una condena de cuatro años de prisión, dos de ellos para el ex jefe francés del Estado Nicolas Sarkozy y el ex alto magistrado Gilbert Azibert, y la misma pena, junto con la prohibición de ejercer la abogacía durante cinco años, contra el abogado Thierry Herzog.
Los representantes de la Fiscalía insistieron en el carácter condenatorio de las escuchas telefónicas, que prueban la interferencia en el curso de la Justicia y el "entrismo" en el Tribunal de Casación. "Una Justicia que no cumple su función es una fuente de males que no se pueden borrar", había advertido el fiscal Jean-Luc Blachon, quien añadió: "No podemos aceptar que un expresidente olvide la República".
Los abogados de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog y Gilbert Azibert, reclamaban la absolución de aquél, al denunciar una causa "vacía", basada únicamente en "suposiciones" y también en escuchas ilegales. El ex jefe de Estado se presentó como víctima de un juicio político y atacó las "mentiras" de la acusación.
El predecesor de Nicolas Sarkozy en el Elíseo también fue sancionado por la Justicia, pero por delitos menos graves. El 15 de diciembre de 2011, Jacques Chirac era condenado a dos años de prisión suspendida en el marco del caso de los empleos ficticios en el Ayuntamiento de Paríscaso de los empleos ficticios en el Ayuntamiento de París. El expresidente de la República, de 79 años, fue declarado culpable de abuso de confianza, malversación de fondos públicos y apropiación ilegal de intereses, por hacer recaer sobre los contribuyentes parisinos los sueldos de varios cargos de confianza, que trabajaban en la sede del partido (RPR) o para el candidato gaullista en las elecciones presidenciales.
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Traducción: Mariola Moreno
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