Sudán: ¿cambio de general o cambio de régimen?

Con la destitución por el Ejército, el jueves por la mañana, del general presidente Omar Al Bashir tras treinta años de dictadura, los manifestantes que reclaman desde hace cuatro meses la caída del régimen sudanés acaban de ganar una primera batalla histórica. Pero creen que no han ganado aún la guerra, como dice el comunicado publicado a primera hora de la tarde en el que se llama al pueblo “a continuar su sentada delante del cuartel general del Ejército y por todo el país”. “El régimen –añade– ha llevado a cabo un golpe de Estado militar que representa todavía las mismas caras contra las que nuestro pueblo se ha levantado”.

El ministro de Defensa del régimen es, en efecto, el que ha anunciado tras largas discusiones secretas en el seno del poder, la detención del presidente Al Bashir, la suspensión de la Constitución, la creación de un Consejo Militar encargado de asumir el poder durante un período de transición de dos años y la instauración del toque de queda a partir de las 22 horas. Al mismo tiempo ha sido anunciado el cierre hasta nueva orden de las fronteras y del espacio aéreo y un alto el fuego en todo el país, incluido Darfour.

Incluso si el Ejército, punta de lanza del movimiento de protesta, invitado la última semana por la Alianza por la Libertad y el Cambio a “elegir entre el pueblo o el dictador”, parece haber elegido al proteger en varias ocasiones a los manifestantes contra la policía antidisturbios y la milicia del régimen, y destituir a continuación al jefe del Estado, la prudencia de los dirigentes de la protesta puede entenderse en el contexto particular del poder sudanés.

Tal vez porque él mismo había llegado al poder por un golpe de Estado militar que había dirigido en 1989, Omar Al Bashir había marginado a su Ejército apoyándose más bien, para controlar a los 30.000 hombres en armas y los miles de agentes civiles de sus servicios de inteligencia, en la Fuerza de Reacción Rápida (ESF), compuesta por las sangrientas milicias Janjawid, activas en Darfour, y por otras milicias a su servicio y al de su formación política, el Partido del Congreso Nacional.

Su destino parece ser que ha sido decidido, el jueves por la mañana y en secreto, entre los jefes del ejército regular y los responsables de las fuerzas de policía, los servicios de inteligencia y esas milicias. Esto da por ahora pocas garantías democráticas del papel del Consejo de Transición y del programa de los dos años que se supone va a ejercer el poder. Los responsables de la Alianza por la Libertad y el Cambio, coalición de partidos y grupos de oposición, y los de la Asociación de Profesionales de Sudán (SPA) –sindicato alternativo que representa a médicos, universitarios, ingenieros y juristas que han organizado la protesta desde hace cuatro meses y solicitado hace una semana que el Ejército entre en escena– no desean pasar de un régimen de golpistas a otro, sino solo conseguir la ayuda y la protección del Ejército para poner fin a la crisis económica, social y política en la que está sumida Sudán desde hace años.

Y no será suficiente que los nuevos generales en el poder anuncien, como lo han hecho el jueves, la liberación de los presos políticos para eliminar todas las ambigüedades de sus intenciones, puesto que la ambigüedad era una de las características del poder de Al Bashir. Llegado al poder con el apoyo de los islamistas, ofreció la hospitalidad de Jartún, en 1991, a Osama Bin Laden y a algunos de sus compañeros de Afganistán, lo que costó a Sudán veinte años de embargo económico americano y la inscripción –que aún sigue– por parte del Departamento de Estado en la lista de Estados que apoyan el terrorismo. Pero ni ese pasado incendiario ni la persecución de la aplicación de la sharia, en vigor desde 1983, les ha impedido convertirse en un socio útil de Washington y sus aliados en la región.

Porque la discreta contribución a ciertos “esfuerzos antiterroristas” de los Estados Unidos, recogida por un informe del mismo Departamento de Estado en 2017, y la participación junto con Arabia Saudita y los Emiratos en la guerra del Yemen en nombre del odio común a Irán, han dado vida a las relaciones entre Al Bashir y Washington sin que afecte, aparentemente, a las relaciones mantenidas por Jartún con Moscú y Pekin, que consideran a este país, uno de los más pobres del mundo según la ONU, una puerta imprescindible de entrada en África.

En otros términos, la partida está lejos de haber terminado entre los golpistas de Jartún y la inmensa multitud que ha invadido las calles de la capital y de las principales ciudades del país, no para desprenderse de un dictador sino para desprenderse de un sistema político basado en el autoritarismo, la corrupción, la predación y el desprecio a los derechos humanos. Manifiestamente alarmados por la situación, los Estados Unidos y cinco países europeos –Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Polonia– actuales miembros del Consejo de Seguridad, han solicitado una reunión urgente y a puerta cerrada de este organismo, reunión que podría celebrarse a partir de este viernes. ¿Se sabrá más de aquí a su comienzo sobre las intenciones reales de los nuevos titulares del poder?

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, ha propuesto este jueves una prueba oportuna sobre la voluntad y la capacidad de cambio de los golpistas de Jartún. Recordando que el procurador del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido una orden de detención internacional contra Omar Al Bashir por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio durante la guerra de Darfour, que ha causado más de 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados desde 2003, pregunta a los militares sudaneses si están dispuestos a entregar al ex jefe del Estado al TPI para que pueda finalmente responder de sus crímenes. Su respuesta, si la hay, dirá mucho sobre lo que les espera a los sudaneses.

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  Traducción de Miguel López

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