Este “cierre” (shutdown) empezó como un gran farol. Donald Trump acababa de perder una de las dos Cámaras del Congreso. Se estaba preparando para un annus horribilis en este 2019, con los demócratas ahora en mayoría en la Cámara de Representantes, decididos a investigar seriamente sus decisiones, su nepotismo y sus conflictos de intereses.
Por lo tanto, el presidente estadounidense optó por hacer lo de siempre: adelantarse a la agenda mediática, distraer la atención, gobernar mediante el caos.
El objetivo era presionar a los demócratas. Forzarlos, aunque fuese cerrando el Gobierno en Navidad, a que le concediesen los 5.700 millones de dólares que lleva pidiendo desde hace dos años para añadir más kilómetros al muro antiinmigrantes en la frontera con México. El mismo muro que convirtió en el símbolo de su campaña. Un mantra, incluso, se podría decir, exigido alto y claro por sus partidarios en los mítines. The Washington Post ha llevado a cabo una tediosa labor; a saber, contabilizar las veces que Trump prometió en campaña que México pagaría su construcción (en 212 ocasiones), lo que obviamente nunca fue una opción al otro lado de la frontera.
Resulta evidente que logró el objetivo de atraer la atención. Trump, superando sus expectativas y abocado a no ceder ni un ápice frente a los analistas incendiarios del canal conservador Fox News, se encontró a sí mismo como el actor principal de una gran crisis política, cuyo salida nadie ve en este momento.
El Gobierno federal está oficialmente cerrado desde el 22 de diciembre. Desde ese día, 800.000 empleados federales no cobran su sueldo, se encuentran de vacaciones forzosas o trabajan gratis. Para ellos, las consecuencias del cierre de la Administración son contantes y sonantes: por primera vez, no han cobrado este fin de semana. Por no hablar de las cientos de miles de subcontratas privadas del Gobierno de las que nadie se preocupa.
Las redes sociales están llenas de empleados que venden todo tipo de cachivaches, muebles, libros raros, para pagar las facturas. Si el cierre dura demasiado, cientos de miles de hogares, a menudo endeudados, se encontrarán de inmediato en una situación financiera muy complicada. Según un estudio reciente de la Reserva Federal, cuatro de cada diez adultos no pueden permitirse un gasto imprevisto de 400 dólares y uno de cada cinco no puede pagar todas las facturas mensuales.
Las Administraciones de Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional, Vivienda, Interior, Transporte, Tesorería e Interior se encuentran afectadas. Así como los parques nacionales, abiertos sin vigilancia, lo que ha causado dramas humanos y devastación en algunos santuarios naturales, como en el Joshua Tree Park de California, conocido por sus tortuosas yucas.
En Washington, donde los restaurantes han sido abandonados por los agentes federales, los principales museos públicos están cerrados. La Food and Drug Administration (FDA), que analiza fundamentalmente productos de alimentación, ha suspendido sus controles rutinarios. También lo ha hecho la Agencia de Medio Ambiente (EPA), la bestia negra de una Administración climatoescéptica, que opera con sólo unos pocos cientos de empleados y ha dejado de controlar el cumplimiento de las normas medioambientales de las plantas químicas, refinerías y otras industrias.
Se movilizó a casi 40.000 vigilantes de prisiones, pero al no recibir remuneración, ha aumentado el ausentismo, lo que plantea problemas de seguridad. La Justicia federal también se está ralentizando. Y, en particular, ironías de la historia, la justicia de inmigración, que examina las solicitudes de asilo de los migrantes.
Los aeropuertos también están sufriendo las consecuencias, como en Miami, donde una terminal tuvo que cerrar este fin de semana por falta de personal. De continuar el cierre, la guardia costera también dejaría de cobrar, los servicios del censo quedarían bloqueados y la distribución, entre 38 millones de estadounidenses necesitados, de cupones de alimentos podría verse amenazada.
El miércoles 9 de enero, lejos del improvisador grandilocuente que puede resultar en sus reuniones, un Trump apurado que leía el autocue intentaba desde el Despacho Oval convencer a los norteamericanos de la urgencia de la “crisis fronteriza”. Se trataba de la primera vez en su mandato que hablaba de forma solemne desde el Resolute desk, el escritorio de madera maciza de los presidentes, un formato reservado a circunstancias excepcionales –el estallido de la guerra en Irak en 1991, el 11 de septiembre de 2001–, sólo utilizado tres veces en ocho años por su predecesor, Barack Obama.
Durante nueve minutos, Trump pronunció un discurso del miedo (puede leerse aquí en inglés), en consonancia con sus discursos de campaña. Denunció la “migración incontrolada e ilegal”, multiplicó las aproximaciones y las mentiras, describiendo a los refugiados centroamericanos como una horda de criminales asesinos responsables de la adicción a las drogas de los estadounidenses.
Donald Trump está en guerra, la verdad de los hechos no importa. No importa que los arrestos fronterizos estén en su nivel más bajo en 18 años, que las drogas (según las autoridades) pasen primero por los puertos legales de entrada, que el presidente tergiverse las estadísticas de criminalidad de inmigrantes, así como el número de “terroristas” arrestados en la frontera (miles según la Casa Blanca, casi ninguno según el Departamento de Estado).
A comienzos de enero, el presidente Trump decía que el shutdown podría durar “meses, incluso años”.
Mientras que los demócratas se niegan a ceder y el Partido Republicano se encuentra más que nunca a la rueda de “su” presidente, Trump parece encontrarse en un callejón político sin salida . A menos que decida recurrir a la “emergencia nacional” y hacer que el Ejército construya el famoso muro, pasando por alto momentáneamente la opinión del Congreso. Trump ha sugerido que pronto podría hacerlo, lo que conduciría a una importante crisis institucional; estaría entonces dotado de poderes excepcionales.
Convencidos de la solidez de sus contrapoderes, en particular los parlamentarios, los propios estadounidenses olvidan a menudo que el presidente de los Estados Unidos tiene importantes poderes discrecionales. En particular los que le otorga desde 1976 el procedimiento de emergencia nacional, generalmente empleado en caso de catástrofes naturales y sanitarias, o para imponer sanciones.
“Es tranquilizador pensar que Estados Unidos está protegido de los peores excesos inducidos por los impulsos de Trump a través de sus leyes e instituciones democráticas”, dice Elizabeth Goitein, codirectora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center de Nueva York. “Se puede decir que Trump sólo puede chocar con las limitaciones impuestas por la Constitución y el Congreso, aplicadas por los tribunales. Aquéllos que ven a Trump como un peligro democrático se sienten reconfortados por la creencia de que estos límites permitirán controlarlo”.
Quizás se equivocan, añade Goitein. Porque si bien la legitimidad de invocar la situación de emergencia nacional será, sin duda, cuestionada por una serie de procesos judiciales, este régimen, que la jurista califica de “régimen jurídico paralelo”, le “permite al presidente dejar de lado numerosas restricciones que se aplican en tiempos normales”.
“En el momento en que el presidente declara la emergencia, decisión que queda a su entera discreción, puede activar más de 100 disposiciones. Algunas son respuestas razonables a emergencias reales. Pero otras están peligrosamente pensadas para un líder determinado a acumular o mantener el poder. Por ejemplo, el presidente puede, de un plumazo, activar leyes que le permitan cortar muchas comunicaciones electrónicas nacionales. Puede congelar cuentas americanas”.
“Incluso tiene otros poderes a su disposición sin una declaración de emergencia”, añade la jurista, “sobre todo con leyes que le permiten desplegar tropas dentro del país para reprimir los disturbios”.
Trump ha sugerido repetidamente que se planteaba medidas de este calibre. Quizá sea una forma de forzar un acuerdo improbable con los demócratas. O mucho más simple, acostumbrar al público a medidas excepcionales que podría anunciar en los días o semanas venideros, vía Twitter.
La Casa Blanca anuncia que Trump y Kim Jong Un se reunirán por segunda vez a finales de febrero
Si Trump decide aplicarlas literalmente, empezarán a hacer que la potencia líder del mundo parezca una autocracia potencial, liderada por un loco.
¿O ya sucede así? En The Guardian, Robert Reich, exintegrante de la Administración Clinton, se muestra alarmado: “Trump usa al Gobierno como moneda de cambio. Igual que los dictadores”. ____________
Traducción: Mariola Moreno
Este “cierre” (shutdown) empezó como un gran farol. Donald Trump acababa de perder una de las dos Cámaras del Congreso. Se estaba preparando para un annus horribilis en este 2019, con los demócratas ahora en mayoría en la Cámara de Representantes, decididos a investigar seriamente sus decisiones, su nepotismo y sus conflictos de intereses.