El pasado lunes 14 de agosto por la mañana, al menos cinco personas murieron al naufragar su frágil embarcación y 23 fueron rescatadas. La embarcación, en la que viajaban 35 aspirantes a exiliados, había zarpado de la costa de Túnez, cerca de Sfax, una hora antes. En la noche del 11 al 12 de agosto, otros dos naufragios, uno en el Canal de la Mancha y otro a 120 metros de la costa tunecina, enlutaron a decenas de familias. En las veinticuatro horas que precedieron a estas dos tragedias, el buque de salvamento de SOS Méditerranée, el Ocean Viking, salvó a 623 personas en el transcurso de 15 rescates diferentes efectuados entre Túnez y la isla italiana de Lampedusa.
Este verano está confirmando una tendencia observada desde principios de año: el aumento de las salidas desde el norte de África. El Alto Comisionado para los Refugiados informa de que, a fecha 13 de agosto, habían pisado las costas italianas más de 90.000 personas, más del doble que en el mismo periodo de 2022. La mayoría, 56.000, embarcaron en Túnez. Esto confirma que Túnez ha suplantado a Libia, demasiado peligrosa, como punto de partida. 36.000 personas han abandonado las costas libias desde principios de 2023.
Sin embargo, la Unión Europea se mantiene en sus trece: busca cada vez más acuerdos con terceros países para hacer alejar sus fronteras, es decir, pagar a terceros países para que impidan a los migrantes acercarse a Europa. ¿Cuántas personas más tendrán que naufragar, morir en el mar o en el desierto para que la UE se dé cuenta de que su política de externalización de fronteras no funciona?
Pero este verano, una vez más, la UE optó por hacer un trato –en el sentido más dudoso del término– con un país del sur del Mediterráneo, en este caso Túnez. Fuertemente alentada, incluso incitada, por Giorgia Meloni, jefa del gobierno de Italia. Durante la campaña para las elecciones legislativas que la llevaron al poder, la líder del partido postfascista Fratelli d'Italia prometió "controlar las fronteras y bloquear los desembarcos para detener el tráfico de seres humanos, de acuerdo con las autoridades norteafricanas".
Consciente de que sus votantes podrían reprocharla no cumplir ya sus promesas como Matteo Salvini antes que ella, impulsó el "diálogo" con Túnez para una mayor cooperación. "Giorgia Meloni ha incrementado sus visitas a Túnez y ha tratado de lograr el objetivo de reducir las llegadas desde ese país, y para ello ha embarcado a la Comisión Europea", afirma Sara Prestianni, directora de migración y asilo de EuroMed Droits.
En Bruselas se cuenta con que la cuestión migratoria estará en el centro de las elecciones europeas de abril de 2024. El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado en junio por los ministros de Interior de los 27, debe ser votado por el Parlamento antes de los comicios. Al menos eso es lo que quiere la Comisión. Por eso Ursula Von der Leyen estaba deseosa de reunirse con la presidenta del Consejo italiana.
Hicieron juntas dos viajes a Túnez, el 11 de junio y el 16 de julio, acompañadas por el primer ministro holandés, Mark Rutte, que comparte la preocupación de Georgia Meloni por la migración.
En la primera ocasión, el acuerdo fracasó debido a la negativa de Kaïs Saïed, el presidente tunecino, a cumplir las exigencias del FMI. Porque ambos estaban vinculados. La segunda vez, se superó esta dificultad y se firmó un Memorando de Entendimiento (MoU). Este tipo de documento no es un tratado internacional formal y no es vinculante. En este sentido, elude los procedimientos y no puede ser cuestionado por una decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Eludir al Parlamento Europeo
Esta declaración de intenciones políticas pretende mejorar las relaciones bilaterales, lo cual es loable. Para ello propone cinco planes de acción: estabilidad macroeconómica, economía y comercio, transición verde, acercamiento de los pueblos y migración. “Está muy en la línea de los memorandos de entendimiento que vimos sobre Libia", explica Sara Prestianni. “En primer lugar, destaca varios aspectos que no tienen nada que ver con la migración. Y luego hay toda una sección sobre migración, que incluye el compromiso de apoyar la capacidad de Túnez para reforzar sus capacidades de control fronterizo, por un lado, y, por otro, el retorno de los migrantes de Túnez a sus países de origen".
No se ha revelado ninguna partida presupuestaria, salvo para esto último: 105 millones de euros, que se distribuirán entre las autoridades tunecinas y dos agencias de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, en forma de lanchas patrulleras, vehículos, radares, drones y otros equipos. Ni una sola línea menciona los derechos humanos.
Al firmar este MoU, viajar a Túnez y felicitar al presidente Kaïs Saïed según la práctica diplomática, la Unión Europea, encarnada por la presidenta de la Comisión, hace la vista gorda ante la ola xenófoba que desde hace semanas sufren los subsaharianos en Túnez.
Una ola que, sin embargo, no puede ser ignorada, pues está bien documentada. El pasado mes de febrero, en un discurso digno de las diatribas de la extrema derecha europea, Kaïs Saïed cargó contra las "hordas de inmigrantes ilegales" procedentes de países subsaharianos como parte de un "plan criminal para cambiar la composición del paisaje demográfico de Túnez" culpándolas de "la violencia, la delincuencia y las prácticas inaceptables".
Saïed, que fue elegido sobre una base populista, exaltando un nacionalismo identitario, se mueve por la misma lógica xenófoba que Meloni.
En Túnez comenzó una verdadera caza del hombre, agravada por la muerte de un tunecino en un altercado con subsaharianos en Sfax, el 3 de julio. Desde entonces se ha desatado el odio y los servicios del Estado, encabezados por la policía, detienen y encarcelan o deportan a la frontera con Libia o Argelia a cualquier persona de piel negra.
"Hay algo que Italia y la Comisión Europea no han tenido en cuenta. Es la realidad sobre el terreno en Túnez, una deriva autoritaria en los últimos meses, la destrucción de la independencia del poder judicial, la penalización de la libertad de expresión con múltiples detenciones de opositores", lamenta Sara Prestianni. A esta evidente deriva autoritaria se añade una crisis económica y social aún más evidente y un discurso del odio, con expulsiones masivas y casos de violencia. Estas son las principales causas del gran número de emigrantes subsaharianos y tunecinos que han abandonado las costas tunecinas huyendo de este autoritarismo".
La UE hace la vista gorda ante una política autoritaria
Para Mehdi Alioua, sociólogo de la Universidad Internacional de Rabat, el presidente tunecino y la presidenta del gobierrno italiano hablan "el mismo lenguaje identitario y racista". "Saïed, que fue elegido sobre una base populista, exaltando un nacionalismo identitario, se mueve por la misma lógica xenófoba que Meloni", añade Alioua, miembro fundador de la asociación marroquí Gadem, el grupo antirracista de apoyo y defensa de los extranjeros e inmigrantes que presidió durante mucho tiempo.
Una semana después de la firma del MoU, Kaïs Saïed fue el invitado de honor de la cumbre de países mediterráneos celebrada en Roma. Se reúnen los dirigentes de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, así como representantes de algunas de las autocracias más destacadas de la región mediterránea, como Egipto, Libia, Etiopía, Argelia, Turquía, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Turquía, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU); los tres últimos están allí para poner dinero por su interés, que es lo que está haciendo Emiratos al contribuir con 100 millones de euros a un "proceso de Roma" que por el momento es poco más que una declaración de intenciones.
Georgia Meloni puede presentarlo como algo nuevo, pero tiene todas las señas de identidad de lo antiguo. Sigue tratándose de "atajar las causas profundas de la inmigración ilegal", "acabar con las redes de traficantes", "combatir el tráfico de seres humanos" y "proteger a las personas vulnerables", todas frases ya escritas en los procesos de Jartum y Rabat en 2015, en el acuerdo con Turquía en 2016 y en otros textos europeos sobre la cuestión migratoria.
"La conferencia de Roma y la visita de Mark Rutte, Georgia Meloni y Von der Leyen a Túnez se celebraron justo después de la difusión de las impactantes imágenes de expulsiones colectivas ilegales en la frontera con Libia, con personas muriendo de sed en una tierra de nadie militar desértica. Así que Meloni, Von der Leyen y Rutte están legitimando en cierto modo esta violencia", afirma Sara Prestianni.
¿Fue para rechazar esta legitimación, aunque fuera indirecta, por lo que Alemania, que no había sido consultada, protestó contra la firma del MoU? Así lo hicieron también, en julio, los cuatro grupos políticos más grandes del Parlamento Europeo: los conservadores del PPE, los liberales de Renacimiento, los socialistas del S&D y los ecologistas de Los Verdes. Estos grupos “organizaron una conferencia de prensa para denunciar la deriva autoritaria, la falta de libertad de expresión, las detenciones y la criminalización de la sociedad civil tunecina", afirma Sara Prestianni. Luego, pasados unos días, hubo preguntas de los parlamentarios sobre la naturaleza del MoU, sobre el que el Parlamento no había sido consultado en absoluto".
Pero es esta subcontratación por parte de la UE a los países del Sur de la lucha contra la inmigración ilegal y su enfoque represivo lo que constituye la espina dorsal de la política migratoria europea, y el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo así lo demuestra. Mehdi Alioua lamenta que la UE “seguirá dando crédito a la idea de que ser migrante es representar un peligro para los pueblos y seguirá provocando movimientos letales de refugiados".
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa de que, hasta el 6 de agosto, 1.848 personas habían perdido la vida cruzando el Mediterráneo central. Esta cifra es más del doble de la correspondiente a la misma fecha del año pasado.
Traducción de Miguel López