En la minicumbre sobre migración en la que se dieron cita, en París, el pasado 28 de agosto, Francia, Alemania, España, Italia, Chad, Níger y Libia, Emmanuel Macron saludó las políticas de las autoridades italianas con respecto a Libia. “Lo que han hecho Libia e Italia en estos últimos tiempos es un perfecto ejemplo de aquello a lo que aspiramos”, afirmó.
Claro que, en los últimos días, se acusa a Roma de enviar emisarios a las costas libias, en concreto a Sabratha, principal plataforma de salida de los migrantes en los últimos meses, para negociar un acuerdo con dos de las redes más poderosas de traficantes, para que detengan su actividad.
Según informaciones difundidas por Associated Press (AP), que precisan una información de Reuters del 29 de agosto, italianos –supuestamente pertenecientes a los servicios secretos– viajaron a la zona para entrevistarse con estos grupos mafiosos. En concreto, según la agencia norteamericana, se trata de dos de los hermanos Dabashi, uno de los cuales dirige el grupo Al Ammu, también denominado Brigada del mártir Anas al Dabashi, y el otro, la Brigada 48. La primera milicia, compuesta por entre 400 y 500 combatientes, supuestamente está relacionada con el ministro de Defensa del Gobierno de unión nacional de Fayez al Sarraj, con base en Trípole y apoyado por la ONU, mientras que la segunda supuestamente trabaja con el ministro del Interior del mismo Ejecutivo. La web de información Middle East Eye ya se refería a esos hechos en un reportaje publicado el 25 de agosto.
Desde mediados de julio, el número de llegadas de migrantes a Italia ha descendido; todo apunta a que estos grupos armados no sólo han dejado de organizar las salidas desde Sabratha, sino que también tienen un papel activo a la hora de impedirlos, manteniendo retenidos a los exiliados que pretenden alcanzar Europa. En agosto, la Organización Internacional para las Migraciones registró en torno a 3.000 travesías marítimas, frente a las más de 21.000 correspondientes al mismo periodo de 2016.
En Sabratha, ciudad al oeste de Trípoli, no lejos de la frontera con Túnez, varios responsables de los servicios de seguridad y militantes por los derechos humanos, citados por AP, muestran su preocupación por las consecuencias de este acuerdo que enriquece las milicias, les permite comprar armamento y aumentar su poder. En un país donde las alianzas son moneda corriente, subrayan que en cualquier momento estas redes pueden dedicarse de nuevo al tráfico de migrantes y rebelarse contra el Gobierno.
Y así lo confirma, a la agencia de prensa norteamericana, el portavoz del grupo Al Ammu, Bashir Ibrahim, que reconoce un “acuerdo verbal” con Italia y el Gobierno de Fayez al Sarraj a cambio de “equipamiento, barcos y sueldos”. Explica que los esfuerzos para impedir las salidas se mantendrán mientras dure el dinero. “Si la ayuda cesa, nuestra brigada no dispondrá de más medios para adelante con este trabajo y el tráfico de migrantes se reanudará”, avisa.
Roma desmiente cualquier conexión. En cambio, el apoyo a los guardacostas libios está plenamente asumido. Por parte de Italia, pero también desde la UE, que participa en la financiación de sus actividades, mediante el envío de equipamiento y con la formación de los agentes: varias decenas de millones de euros han sido transferidos al Gobierno de Fayez al Sarraj, presente en la minicumbre del 28 de agosto en El Elíseo, para cumplir esta misión.
Con ello, una vez más, se demuestra la existencia de vínculos de esta fuerza naval con las redes mafiosas. Los dirigentes europeos fingen ignorarlo, en una manifestación de cinismo, pese a que un informe del Consejo de Seguridad –la instancia ejecutiva– de la ONU, hecho público el 1 de julio de 2017, no deja lugar a dudas. Este documento de 305 páginas explica que el jefe de los guardacostas de Zaouia, Abd al Rahman Milad, alias Bija, colaboraba, al menos hasta la publicación del informe, con Mohamed Kochlaf, jefe de un grupo armado bautizado Nasr, presente en la costa de Zaouia, Zouara y Sabratha. Este hombre, implicado también en el tráfico de migrantes, es el encargado de las fuerzas de vigilancia de los campos petrolíferos de Zaouia y... está vinculado a operaciones de compra de carburante destinado a contrabandistas.
El informe de la ONU recoge que su hermano Walid Kochlaf y él son “ambos influyentes en la jerarquía de los guardacostas” y que pudieron respaldar el nombramiento de Bija al frente de la sección de Zaouia, según una fuente interna de esta administración. En virtud de este acuerdo, los guardacostas deben cerrar los ojos frente a las salidas de barcos cargados de migrantes, transportados por los hermanos Kochlaf, mientras que se dedican a detener a los otros: un guardacostas pudo efectuar los disparos dirigidos a migrantes en alta mar, causando la muerte varios de ellos, debido a que se encontraban bajo responsabilidad de un traficante de la competencia.
Tráfico de migrantes, de armas, de drogas o de oro
Los acuerdos son similares en lo que respecta al contrabando de petróleo, puesto que el tráfico de migrantes y el de carburantes se encuentran estrechamente ligados (sobre todo porque para sacar las embarcaciones tipo zódiac se requiere disponer de gasolina, la suficiente al menos como para dejar las aguas territoriales y alcanzar un barco de salvamento de alguna ONG). “Las redes criminales informan a los guardacostas para impedir que las bandas rivales lleven a cabo operaciones de contrabando. Los guardacostas de Zaouia también están implicados en este tráfico”, recoge el informe.
Y es ahí donde entra en juego la milicia Al Ammu, de la familia Dabashi –la misma con la que está negociando Roma–, ya que, implicada como está en el tráfico de migrantes, desde 2015 recibe financiación a cambio de vigilar el complejo petrolífero de Mellitah, en Zouara, al oeste de Sabratha, explotada también por Libia y la compañía italiana ENI.
Como subraya el informe de la ONU, “el tráfico de migrantes y la trata de personas forman parte de los mismos circuitos que otros tráficos, sobre todo de armas, de drogas y de oro” y por tanto del petróleo. La competencia entre las bandas de traficantes en el litoral entre Trípoli y la frontera tunecina se ha traducido en varias ocasiones en enfrentamientos conducentes a la muerte de decenas de personas en 2016 y 2017, según el informe. Estos grupos armados “desafían a la autoridad de los poderes públicos locales, como el consejo municipal de Sabratha y suponen una amenaza para la paz”, insiste. Una “amenaza para la paz”. Y con semejantes individuos hace negocios Roma, con el apoyo implícito de la UE.
Además de esta colusión con las milicias, varias ONG acusan, con vídeos, a los guardacostas de haber puesto en peligro las operaciones de salvamento. El informe de la ONU habla por ejemplo del ataque perpetrado el 17 de agosto de 2016 a un navío de Médicos Sin Fronteras. En esa ocasión fueron identificados dos oficiales de la guarda costera de Dalla, que respondían a las órdenes de Bija y vinculados previamente con el contrabando de carburante. Bija supuestamente participó directamente en el sabotaje de los barcos de migrantes recurriendo a armas de fuego, subraya el informe.
Y la cosa no queda ahí. Tras enumerar los daños sufridos por los migrantes en Libia –ejecuciones sumarias, casos de tortura y de privación de alimentos, de agua y de acceso a las instalaciones sanitarias, esclavitud–, el informe subraya que “contrabandistas, pero también los servicios de lucha contra la inmigración ilegal y los guardacostas están directamente implicados en estas violaciones graves de los derechos humanos”. El “amigo” de Bija, Mohamed Kochlaf, implicado en el tráfico de migrantes y de petróleo, supuestamente no dudó a la hora de abrir un centro de retención de inmigrantes en una refinería, obligando a los detenidos a trabajar gratis.
Pese a este cuadro explícito, la UE se enorgullece de tratar con estos funcionarios que le han interceptado no menos de 13.000 migrantes en las aguas territoriales libias desde el comienzo del año, algunos ayudados por patrullas navales italianas. Las autoridades europeas saludan esta actividad afirmando que se han salvado otras tantas vidas. Cierto, pero ¿por cuánto tiempo, habida cuenta de las condiciones inhumanas y degradantes en las que son detenidos los rescatados una vez llevados a Libia? Con el pretexto de salvar vidas, la UE, cuyo objetivo es impedir las llegadas a Europa, legitima prácticas unánimemente denunciadas por las organizaciones internacionales y por... ella misma.
Estas políticas no son nuevas. Se inscriben en la línea de la negociación que se puso en marcha con Muammar el Gadafi, quien, hasta su muerte en 2011, se sirvió de los migrantes como moneda de cambio para conseguir subvenciones italianas y europeas. Y son todavía más terroríficas por que corren el riesgo de revelarse inútiles con relación al objetivo perseguido: cuando desaparecen en algún sitio, las redes resurgen en otro. Según las ONG que actualmente fletan navíos en las costas Libias, en aguas internacionales, para ayudar a los exiliados en peligro, las salidas, últimamente, se efectúan desde las ciudades de Alkhoms y Garabulli, esta vez, al este de Trípoli.
La llegada de migrantes a la frontera sur de España se triplica en 2017
Traducción: Mariola Moreno
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En la minicumbre sobre migración en la que se dieron cita, en París, el pasado 28 de agosto, Francia, Alemania, España, Italia, Chad, Níger y Libia, Emmanuel Macron saludó las políticas de las autoridades italianas con respecto a Libia. “Lo que han hecho Libia e Italia en estos últimos tiempos es un perfecto ejemplo de aquello a lo que aspiramos”, afirmó.