“Nos trajeron a una chica, no tenía más de 14 o 16 años. A Maniac [criminal de guerra] no le gustó que saliera al pasillo sin permiso. La castigó enviándosela como regalo a los soldados en la primera línea del frente para satisfacer sus necesidades sexuales. Abusaron de ella varias veces”. El pasado 29 de agosto, activistas y víctimas de la guerra, que esperan que se haga Justicia, leían en voz alta relatos de violaciones y torturas ante el consejo de ministros de Kiev. Olexandra Matviychuk es la cabeza visible del Center for Civil Liberties y de Euromaidan SOS, una asociación que documenta los abusos cometidos desde 2014. Se mantiene de pie, flanqueada por otros seis activistas. Con carteles en las manos, se sitúan frente los periodistas y de espaldas al imponente edificio blanco en el que lleva más de un año estancada su propuesta de reforma del Código Penal. Olexandra se impacienta. “El conflicto dura ya cinco años y los crímenes de guerra aún no pueden ser condenados. Miles de víctimas esperan esta ley ¡para que se haga Justicia!”.
El texto, redactado por expertos en derecho internacional, puede proporcionar herramientas y un marco jurídico eficaz para condenar estos crímenes de guerra. Porque el problema, según explica Nataliya Pylypiv, coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), es que “hay demasiadas lagunas legales en el actual código penal ucraniano (CPU). Sigue siendo el mismo que en la época soviética, aunque ha sido enmendado varias veces, nunca lo ha sido tanto como para adaptarse a la realidad de un conflicto armado”. Lagunas jurídicas que han hecho que, desde 2014, año del inicio del conflicto entre los prorrusos y los proucranianos, Ucrania no haya podido condenar el creciente número de crímenes de guerra. En esta nueva versión del código penal ucraniano, inspirada en el Código Penal Internacional, los crímenes de guerra se definen claramente, incluyen la violencia sexual y se reconocen los crímenes de lesa humanidad.
“El 25 de agosto, una fuente interna del Ministerio de Justicia nos dijo que nuestro proyecto de ley finalmente llegaría al consejo de ministros al día siguiente para su evaluación”, dice Olexandra. “Pero después, ese mismo día, la misma fuente nos dijo que iba a ser pospuesto nuevamente”. Cansada de esperar toda la noche, Oleksandra reúne a las víctimas, familiares de las víctimas y activistas para que se hagan oír en el consejo de ministros. Esta manifestación se producía un año después de la presentación del proyecto de ley, una reforma del código penal que permitirá que los crímenes de guerra sean condenados adecuadamente. Es consecuencia de la publicación de los artículos de Zero Impunity, que sacaron a la luz los crímenes sexuales en el conflicto ucraniano de 2017. En colaboración con Olexandra, el equipo de Zero Impunity promovió una petición en línea, firmada por 38.307 personas, para la reforma del código penal ucraniano. Los realizadores Stéphane Hueber-Blies y Nicolas Blies, promotores y creadores del proyecto Zero Impunity, acompañados por el videoartista Olivier Crouzel y Oleksandra Matvietchuk y su equipo, también proyectaron vídeos, de testimonios de víctimas de violencia sexual, en varios edificios de Kiev y otras ciudades de Ucrania para atraer la atención de los políticos. La manifestación también es fruto de años de reescritura del código penal ucraniano por parte de abogados con experiencia en derecho internacional, y de años de negociaciones con los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, para hacer avanzar las cosas y establecer un marco jurídico funcional. Pero los cambios siguen haciéndose esperar.
Crímenes de guerra impunes
Cinco años después del inicio del conflicto armado, Nataliya todavía se entrevista con víctimas que le dicen que no se ha hecho Justicia, a pesar de haber denunciado ante la Policía lo ocurrido. Y sin embargo, “desde 2014, la situación no ha cambiado. Los civiles siguen siendo encarcelados y torturados. Son menos, pero el porcentaje de personas que sufren violencia sexual sigue siendo el mismo”, explica Anna Mokrousova. Trabaja para la asociación Blue Bird, que proporciona asistencia psicológica a las víctimas del conflicto ucraniano. Desde 2014, la guerra entre las fuerzas ucranianas y las repúblicas separatistas prorrusas ha dejado más de 10.300 muertos. Entre 2014 y 2016, cuando el conflicto era más violento, la asociación recibía hasta 15 víctimas al día. Ahora que las repúblicas separatistas son más estables y las fuerzas armadas están mejor organizadas, “llegan entre una y dos personas a la semana”, dice Anna, pero los hechos siguen siendo los mismos. Amenazas de violación, violaciones, descargas en los genitales, violencia sexual como arma de guerra, contra civiles o disidentes, siguen siendo sistemas empleados en los lugares de detención a ambos lados del frente. Según el informe War without rules: Gender-Based Violence in the Context of the Armed Conflict in Eastern Ukraine, elaborado por la Coalition for Peace and Justice in Donbas en 2017, una de cada cuatro personas liberadas ha sufrido violencia sexual. El ACNUDH también dedicó un informe al respecto ese mismo año y llega a la misma conclusión. “La mayoría de los casos documentados por el ACNUDH muestran que la violencia sexual se ha utilizado como método de tortura y malos tratos en el contexto de la detención relacionada con el conflicto armado en Ucrania oriental, así como en la República Autónoma de Crimea”, puede leerse en el informe. Nataliya Pylypiv, que lo coordinó, agrega que además de estos actos de violencia durante la detención, los abusos también se producen en otros contextos, más difíciles de documentar: en los puestos de control y en la línea de frente, en zonas donde los civiles y los militares conviven.
En cuestión, según los activistas, las lagunas legales del código penal ucraniano, que no incluye la violencia sexual ni los crímenes de guerra, e impide las investigaciones y los enjuiciamientos. La definición actual de crímenes de guerra en los artículos 437 y 438 del CCU es extremadamente vaga y no incluye la violencia sexual. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes cometidos por encargo y “como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil” [artículo 7 del Tratado de Roma], son simplemente inexistentes. Así pues, “los pocos casos que llegan a los tribunales se tratan como violaciones o torturas ordinarias, no como crímenes de guerra”, explica la activista Olexandra Matviychuk. Sin embargo, investigar la violencia sexual en Ucrania no es una tarea fácil ni en tiempos de paz. En efecto, el artículo 152 del CPU, que define la violación, sólo se considera este delito si ocurre entre personas de sexos diferentes, si un cuerpo extraño (no un objeto) se introduce de manera forzada en la vagina. Entre personas del mismo sexo, o si la violación se comete es por vía anal, ya no se considera violación, el delito está tipificado en el artículo 153, “satisfacción forzada de un deseo sexual de manera antinatural”. Estos dos artículos fueron modificados en 2016 y está previsto que entren en vigor este mes de enero. El artículo 152 considerará violación todo tipo de penetraciones, también entre personas del mismo sexo y con objetos. Y en lo que respecta a la violencia sexual en el sentido más amplio, como las amenazas de carácter sexual o el acoso sexual, no existen”, explica Nataliya.
Maxim Komarnitsky es fiscal del Departamento de Crímenes de Guerra de la Fiscalía General Militar. La mayoría de los casos que trata son abusos cometidos por delincuentes separatistas en las Repúblicas de Donetsk (DNR) y Lugansk (LNR). Si ya es complicado investigar la tortura debido a la falta de acceso a estos territorios, dice, “resulta al menos diez veces más difícil enjuiciar por violencia sexual. Si no hay desgarro genital, es casi imposible”. En caso de tortura física, las marcas permanecen más tiempo en el cuerpo, lo que permite un examen médico cuando regresan los exdetenidos al territorio controlado por el Gobierno. Pero en el caso de juicio por violación, se requieren dos pruebas: demostrar, por medio de una prueba física, que existió penetración –mediante la realización de un examen médico en un máxico de 36 horas–, algo que “en caso de detención, es imposible: la víctima no tiene acceso a un médico y, cuando regresa a territorio progubernamental, suele ser demasiado tarde para hallar rastros”, continúa Komarnitsky. Y el segundo elemento requerido es la evidencia física de la falta de consentimiento de la víctima y de su “impotencia”. En la práctica, esto significa que “sólo los moratones o los rastros físicos podrán probar que la víctima se resistió”, dice Nataliya Pylypiv. Pero en tiempos de guerra no es adecuado. Si se apunta con un arma a la víctima, o si está rodeado de varios agresores, no va a haber resistencia necesariamente porque es consciente de que esto podría empeorar su situación”. Para poder condenar mejor, el ACNUDH recomienda que se sustituya la noción de “situación de impotencia de la víctima” por la de “situación de vulnerabilidad”, lo que dispensaría de la necesidad de estas pruebas materiales. Una técnica que funciona en el derecho internacional y que permite abrir un expediente de investigación a partir de testimonios. “Pero cuando hablas con un ucraniano sobre esto, no lo entiende. Responde que no es posible sin estas dos pruebas materiales”, lamenta Nataliya.
Los resultados se traducen en cifras. Según los datos facilitados por la Fiscalía General de Ucrania, el número de criminales juzgados en virtud de los artículos 152 y 153 sólo ha cambiado ligeramente en los últimos años. En 2017 se juzgaron 174 y 156 casos, respectivamente; 65 y 335 entre enero y julio de 2018, frente a 155 y 120 en 2015. En cuanto a los crímenes de guerra, artículos 437 y 438 del CCU, la Fiscalía General responde que “no existen estadísticas sobre personas que hayan cometido un delito en virtud de dichos artículos [...]. Por lo tanto, es imposible proporcionar esta información”. Pese a la situación de guerra que se vive desde hace cinco años, la Fiscalía ha mantenido sus hábitos de trabajo de tiempo de paz. Tanto es así que “sólo he oído hablar de un caso en el que un juez ha emitido una sentencia condenatoria por un crimen de guerra”, dice Anton Korynevych, jurista experto en derecho internacional que colaboró en la redacción de un proyecto de reforma de la CCU. Se trata de un caso juzgado en el Tribunal de Slaviansk en junio de 2017, relativo a la participación de un ciudadano ucraniano en la DNR. Dado que la noción de crimen de guerra no está clara en el actual CPU, “la sentencia no está clara. El fiscal lo intenta, pero no sabe cómo aplicarlo, es nuevo para ellos”.
“En el proyecto de ley que hemos presentado, inspirado en el artículo 8 del Tratado de Roma, detallamos los diversos crímenes de guerra, que incluyen la violación. Esto hará que sea más fácil procesar y condenar”, advierte el jurista Korynevytch. De hecho, en esta nueva versión del CPU, la violación y la violencia sexual se contemplan en el artículo 438, que define y detalla los crímenes de guerra. También se eludirían los problemas relacionados con la falta de pruebas materiales de la falta de consentimiento. De hecho, el artículo añadiría a la violencia física presente en la definición de violación: “la amenaza de su uso o coacción, [...] la presión psicológica o el abuso de poder con respecto a la víctima o a otra persona, o cometidos en un entorno en el que la persona es incapaz de expresar su verdadera voluntad”.
Bloqueo de la reforma
Para Olexandra, “simplemente no hay voluntad política”. Anton Korynevych coincide: “Este texto no es un negocio, no es atractivo, puede que no sea una prioridad”. Sobre todo con la preparación de las campañas para las elecciones presidenciales de marzo de 2019 y las elecciones parlamentarias del mismo año. En torno a la imagen de los soldados ucranianos hay un verdadero desafío político. “El proceso de Tornado supone un ejemplo perfecto”, continúa Anton Korynevych. El batallón Tornado es uno de los pocos encargados de la violencia sexual en los conflictos bélicos. Formado en 2014 y enviado al frente, el grupo de combatientes fue desmantelado en junio de 2015. 12 de sus miembros están acusados, entre otros delitos, de crímenes en banda organizada, de secuestro, tortura y satisfacción forzada de los deseos sexuales de manera antinatural. Fueron juzgados por abusar de más de 10 civiles, entre ellos al menos dos víctimas de violación. Vladimir Yakimov, uno de los abogados de la defensa, se divierte: “¡Hasta Yuri Karmazin se ha unido a la defensa!”. Yuri Karmazin, abogado y líder del Partido de los Defensores de la Patria, excandidato a la presidencia en 1999 y diputado en 2002 y 2006.
Porque aquí, el espíritu nacionalista y el deseo de proteger la imagen del combatiente es una cuestión política. Juzgados a puerta cerrada, muchas de las audiencias tuvieron que posponerse debido a las manifestaciones que reclamaban la liberación de los miembros del batallón. Maxim recuerda que “algunos manifestantes habían visto los vídeos de la violación, son horribles, el crimen es innegable. Y aún así ¡nos dijeron que los miembros del batallón eran inocentes! Es absurdo”. El año pasado se dictó sentencia: ocho veteranos fueron condenados a penas de entre 8 y 11 años de prisión y cuatro miembros a 5 años con suspensión de condena. “Fueron juzgados como criminales tradicionales, no como criminales de guerra. Por lo tanto, las condenas son inferiores”, dice Anton Korynevych. En el caso de 11 de ellos, la sentencia fue recurrida.
Un artículo publicado en la prensa ucraniana en julio de 2017 denuncia el uso recurrente de la participación en el ámbito de las operaciones antiterroristas (ATO) como circunstancia atenuante, para reducir las penas de los combatientes. “Algo que no existe en la ley, pero que emplean los jueces”. Es lo que le pasó a Diana. En 2015, a la edad de 16 años, fue violada por vía anal por un soldado en la región de Kiev, lo que podría confirmarse mediante un examen médico. Su agresor, Nikolay Vasyanovich, fue procesado en aplicación del artículo 153 por “satisfacción forzada del deseo sexual de forma antinatural” y se enfrentaba a una pena de tres a siete años de prisión. Fue condenado a dos años de libertad condicional y al pago de unaindemnización por daños morales de 3.000 hrivnas, 90 euros. Una de las razones aducidas como circunstancia atenuante fue su participación en la Zona de Operaciones Antiterroristas (ATO). En febrero de 2017, se revisó la sentencia y fue condenado finalmente a cuatro años de cárcel con suspensión y al pago de una indemnización de 100.000 hrivnas, unos 3.000 euros. “Y nunca hemos visto el dinero”. Decepcionada, la madre de Diana, que quería ver al soldado entre rejas, finalmente se rindió. “Mi hija no quiere pensar más en ello, quiere dejarlo atrás. Yo tampoco quiero hablar más del asunto”.
De modo que “hoy en Ucrania, sólo las ONG documentan la violencia sexual como crimen de guerra”, según Mykola Gnatovsky, jurista ucraniano y presidente del Comité europeo para la prevención de la tortura. Con respecto a estos dos tipos de abusos, “hay una falta de comprensión. La Fiscalía no está formada y no entiende de qué se trata”. Sin embargo, es consciente de que cada vez más jueces y fiscales le preguntan cómo llevar a los criminales de guerra ante la Justicia. Recientemente, la vicepresidenta de la Escuela Nacional de Jueces escribió a Kateryna Levchenko, comisionada del Gobierno para la Igualdad de Género, pidiéndole ayuda para organizar cursos de capacitación sobre violencia sexual en zonas de conflicto. “En mi opinión”, concluye Mykola, “no es la voluntad de la Fiscalía lo que debe cuestionarse. Pero para formarlos, necesitamos ayuda internacional”.
Desde 2015, Dinamarca financia un plan de formación a fiscales y jueces sobre crímenes de guerra, impulsado por el Consejo de la Unión Europea. Pero las medidas adoptadas por otros miembros de la UE para condenar los crímenes de guerra son escasas. En Francia, “estamos preparados y queremos ayudar, pero no estamos obligados a hacerlo y no resolveremos los problemas ucranianos en lugar de Ucrania”, respondía en una entrevista Valéria Faure-Muntian, nacida en Ucrania, diputada de En Marcha! y presidenta del grupo de amistad franco-ucraniano. Preguntada al respecto, añadió: “Ucrania debe decidir primero lo que quiere para sí misma, antes de pedir ayuda internacional. Porque creo que existe algo de esquizofrenia”. Por un lado, encontramos el papel de estudiante aplicada, que firma la mayoría de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y de la mujer y está comprometida con la lucha contra la corrupción. Por otro lado, hallamos los viejos hábitos que son difíciles de olvidar y que frenan el cambio. “Kiev está atrapada entre su cultura soviética y sus aspiraciones europeas”. En cuanto a la condena de los crímenes de guerra y la ratificación del Estatuto de Roma, según Valéria Faure-Muntian, “Ucrania se está reformando después de 27 años de inmovilismo, sus líderes tienen la obligación de fijar prioridades. Mientras no se encuentre entre los primeros objetivos fijados internacionalmente, Ucrania no podrá convertirlo en una prioridad”.
La secretaría de la diputada, contactada por el equipo de Zero Impunity en junio, había rechazado una entrevista con Olexandra. El gabinete justificó que “estábamos atravesando un período complicado en lo que a la disponibilidad de la diputada respecta. Por supuesto que nos pondremos en contacto con Olexandra Matviichuk para conocerla porque su lucha es muy importante para nosotros”. Stephane Hueber Blies, Nicolas Blies y Oleksandra finalmente se reunieron finalmente con la diputada el 14 de noviembre.
Luz al final del túnel
Entre las reformas en curso, se ve “luz al final del túnel”, dice Nataliya Pylypiv, que pronto podría resolver algunos problemas de impunidad. La Oficina Estatal de Investigación (State Bureau of Investigation, SBI), una unidad de investigación independiente que entró en funcionamiento a finales de noviembre, especializada en la investigación de delitos graves como la corrupción de alto nivel o los crímenes de guerra. Sin embargo, meses antes de que comenzase a operar, Maxim Komarnitsky mostraba su preocupación: “Cuando la SBI comience a funcionar, los militares podrán salir airosos todavía con mayor facilidad”. Los exinvestigadores de la Fiscalía General Militar tenían derecho a acceder a las bases militares y a los documentos. Los investigadores del SBI, con estatus de civiles, “no tendrán acceso, no podrán investigarlos”. Desde marzo, cuando se retiró la competencia a la Fiscalía General Militar, “ya no tenemos agentes capaces de investigar”. “En esos meses y hasta la entrada en funcionamiento del SBI, en noviembre, los servicio de seguridad (SBU) y la Policía Nacional trabajaban en las 7.000 investigaciones en curso”. “Pero no están preparados para ello. No se han abierto nuevas investigaciones mientras los crímenes continúan”, continúa Maxim. Así que, durante los últimos meses, cuando terminaba su día de trabajo como fiscal, ayudaba a los agentes de policía cuando no tenían acceso a documentos o lugares. “Voy sobre el terreno, dirijo los interrogatorios. Es muy difícil, creo que puedo seguir así un año más. Pero en mi departamento, temo que la gente diga basta, por el volumen de trabajo que supone”. A nivel legislativo, Maxim apunta otro problema, que surge en el momento en que la SBU empieza a funcionar: "Ya no se podrá juzgar a los criminales separatistas que no se encuentran en el territorio controlado por el Gobierno". Desde 2016, Ucrania puede juzgar in absentia, si los criminales se encuentran en zona separatista, en dos casos: si sobre el criminal pesa una orden de detención de Interpol o si se oculta desde hace más de seis meses en territorio ocupado. Con la salvedad de que, con la entrada en funcionamiento de la SBI, esta última condición desaparece. Y, dado que Interpol rechaza perseguir a los separatistas, a los que considera criminales político, "en ese caso no se podrá hacer nada", se lamenta Maxim.
Pese a todo, se perciben ciertos avances. Los artículos 152 y 153, relativos a la violación y la violencia sexual, fueron enmendados en 2016 y los cambios entrarán en vigor este mes de enero de 2019. En 2016, la Constitución ucraniana fue enmendada para hacerla compatible con el Tratado de Roma, de modo que eventualmente pudiera ser ratificado, pero el cambio en la Constitución no se aplicará hasta 2019. En cuanto a la ratificación del Tratado de Roma, la cuestión aún no se ha planteado, pero la lucha será difícil, explica Olexandra. “Los parlamentarios tienen miedo, piensan que Rusia recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) para encarcelar a los ucranianos. Pero la CPI no es un medio de comunicación, ¡comprueban todos los archivos!”.
En cuanto al proyecto de ley apoyado por Olexandra, por fin se percibe alguna evolución. Después de años de negociaciones, de manifestaciones y de presiones de los activistas, el consejo de ministros por fin aprobaba el texto legislativo el pasado 20 de diciembre. Fue remitido entonces a la Rada, el Parlamento ucraniano, donde fue debatido y votado. Los activistas prevén ya las dificultades ligadas al desconocimiento del derecho internacional entre los miembros del Parlamento. Anton añade: “Algunos confunden esta ley con la ratificación del Tratado de Roma, pese a que no tiene nada que ver”. Olexandra es consciente de estas dificultades, pero no se desanima. Tiene la intención de sacar partido de las campañas electorales previstas para este año, aprovechándolas para pedir públicamente a los futuros candidatos que incluyan en su agenda la ratificación del Estatuto de Roma y la reforma del código penal. Porque sabe que “sin acción pública, nada avanza. Se trata de una batalla larga, vamos poco a poco. El consejo de ministros hizo primero objeciones, pero después de años de negociaciones, ya no las ven. Ahora, en el Parlamento, se abre empieza otra batalla. No va a ser fácil”. Sobre todo porque está determinada a que se apruebe la ley antes de octubre de este año. Porque Ucrania no sólo tendrá un nuevo gobierno y presidente en marzo, sino que también se renovará el Parlamento en otoño. Si la Rada no vota esta ley antes de esa fecha, el texto deberá volver al consejo de ministros, ser validada por el nuevo ejecutivo, para volver a ser sometida a votación por el nuevo Parlamento. Cuando se le pregunta a Olexandra si tiene la esperanza de que el texto se vote antes del otoño, responde decidida: "Va a ser muy difícil, pero estamos trabajando para hacerlo posible". A pesar de las ojeras presentes en su rostro, multiplica los esfuerzos por evitar que el proyecto de ley retroceda a la casilla de salida.
infoLibre se suma al proyecto internacional Zero Impunity (zeroimpunity.com), que combina un documental con impacto social, investigación y activismo. Este proyecto transmedia documenta y denuncia la impunidad que protege a los autores de violencia sexual en los conflictos armados. Se trata de una iniciativa de Nicolas Blies y Stéphane Hueber-Blies, “documentalistas activistas”. La entrevista de una víctima y de la productora del proyecto Marion Guth (a_BAHN) está en el origen del proyecto, un testimonio conmovedor. “Si me permito hablarles hoy, y por tanto descubrirme, es preciso que tenga la certeza de que mis palabras serán escuchadas”, escucha entonces. La frase resonó en ellos como un detonador. Las agresiones sexuales en zonas de conflictos armados están detrás de las condiciones de su propia impunidad. Zero Impunity destapa los juegos del poder, las relaciones de fuerzas y las deficiencias judiciales existentes el seno de las grandes instituciones y de los Estados. Zero Impunity aspira a replantearse la noción de activismo on line movilizando a los lectores gracias a testimonios firmes y a investigaciones concluyentes.
Una Europa unida por el conflicto
Como proyecto de acción ciudadana, proyecto activista que reagrupa a 400.000 ciudadanos firmantes de diferentes peticiones, ejerce una presión sobre los Estados e instituciones internacionales para obtener cambios concretos y así dejar oír las voces de las víctimas para conseguir más Justicia.
En colaboración con un consorcio de medios de comunicación internacionales, infoLibre publica las investigaciones exclusivas del proyecto que desentrañan las mecánicas de la impunidad en el seno de las instituciones públicas, de las organizaciones internacionales e, incluso, de los Ejércitos.
Traducción: Mariola Moreno
“Nos trajeron a una chica, no tenía más de 14 o 16 años. A Maniac [criminal de guerra] no le gustó que saliera al pasillo sin permiso. La castigó enviándosela como regalo a los soldados en la primera línea del frente para satisfacer sus necesidades sexuales. Abusaron de ella varias veces”. El pasado 29 de agosto, activistas y víctimas de la guerra, que esperan que se haga Justicia, leían en voz alta relatos de violaciones y torturas ante el consejo de ministros de Kiev. Olexandra Matviychuk es la cabeza visible del Center for Civil Liberties y de Euromaidan SOS, una asociación que documenta los abusos cometidos desde 2014. Se mantiene de pie, flanqueada por otros seis activistas. Con carteles en las manos, se sitúan frente los periodistas y de espaldas al imponente edificio blanco en el que lleva más de un año estancada su propuesta de reforma del Código Penal. Olexandra se impacienta. “El conflicto dura ya cinco años y los crímenes de guerra aún no pueden ser condenados. Miles de víctimas esperan esta ley ¡para que se haga Justicia!”.