El 23J paraliza los proyectos de eólica marina y seis normas clave de transición energética
El adelanto electoral anunciado este lunes ha dado un vuelco al calendario energético de España. El encarecimiento de la factura de la luz y el gas derivado de la guerra de Ucrania y el impacto del cambio climático en la península dieron un impulso a la agenda energética del Gobierno el pasado invierno, pero medidas que estaban a punto de cerrarse se quedarán en el aire por las elecciones generales.
El desarrollo de la eólica marina, la ley de movilidad sostenible o el real decreto de comunidades energéticas se quedarán en un cajón, al menos hasta otoño. El futuro Gobierno también tendrá que concluir la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima y de la Ley de Cambio Climático, mientras que la reforma del mercado eléctrico de Bruselas podría descafeinarse sin el impulso socialista durante la presidencia española del Consejo Europeo. La única norma que podría salvarse es la reforma de la tarifa de la luz regulada, la conocida como PVPC, que está lista para ir al Consejo de Ministros y podría salir adelante si la aprueba este órgano en el próximo mes y medio.
Uno de los grandes proyectos del Ministerio de Transición Ecológica para este año era sacar por fin a concurso los primeros parques eólicos flotantes en España, una tecnología que lleva años de retraso en la península. El Gobierno publicó en febrero el esperado Plan de Ordenación de Espacios Marítimos que recoge en qué zonas del litoral pueden construirse molinos de viento para generar electricidad renovable, el primer paso para desarrollar un marco jurídico y para celebrar la primera subasta de eólica marina, que se esperaba para el segundo semestre de 2023.
La subasta de eólica marina consiste en un concurso público donde las compañías presentan su propuesta para construir molinos en la zona acotada por el Gobierno para después vender la electricidad generada a la red nacional a un precio fijo mediante contratos a largo plazo, incluso a más de diez años. De esta manera, los promotores consiguen ingresos fijos y pueden asegurar que la inversión que supone investigar la tecnología y construirla es rentable.
"El sector estaba convencido y preparado para que este año se llevase a cabo la subasta y las elecciones la dejan en el aire", dice un portavoz de una de las grandes promotoras de eólica marina en España. Tanto esta multinacional como muchas otras ya han estudiado las cuadrículas fijadas por el ministerio en el mar y tienen listos sus planes de construcción, por lo que solo necesitan que el futuro Gobierno elabore una regulación para esta tecnología y publique la subasta. "Si lo que esperábamos para este año se pospone a 2024, podríamos tener problemas para cumplir el objetivo de instalar 3 gigavatios antes de 2030", añade el portavoz.
El real decreto que regula la creación de las comunidades energéticas también ha quedado paralizado por el adelanto electoral, ya que acaba de terminar el proceso de consulta pública y el siguiente paso sería llevarlo al Consejo de Ministros, aunque en Transición Ecológica desconocen por ahora si dará tiempo a sacarlo adelante. Esta norma llega dos años tarde porque traspone una directiva europea que España debía haber adoptado antes de julio de 2021.
Las comunidades energéticas son modelos a gran escala de autoconsumo donde diferentes actores –vecinos, empresas y administración local– se unen para generar y consumir energía renovable. Por ejemplo, permiten instalar paneles solares en un colegio o una fábrica para dar luz a un vecindario y alimentar una electrolinera para recargar coches eléctricos. Aunque la comunidad energética ya existe como figura jurídica en la legislación española, carece de una normativa concreta que especifique cómo se constituye, cómo una persona se puede incorporar o salir de ella o cómo funciona la venta de electricidad sobrante a la red. En todo caso, el siguiente Gobierno tendrá que retomar esta norma, ya que su trasposición a la legislación nacional es obligatoria.
Igualmente, el futuro ministro de Transportes tendrá que hacerse cargo de la ley de movilidad sostenible, que desde el lunes pasado fue enterrada definitivamente porque se encontraba en trámite parlamentario y las Cortes se han disuelto. Esta ley estaba pensada para impulsar el coche eléctrico, reducir la contaminación del transporte de mercancías y mejorar el transporte público, aunque fue muy criticada por las organizaciones sociales.
"La ley tenía de sostenible el nombre. Su principal carencia es que no tenía objetivos a alcanzar. Habla de promover y avanzar en descarbonización, pero de manera vaga y sin hablar de porcentajes", opina Juan F. Martín, responsable de Cambio Climático de la Fundación Renovables. Esta ley de movilidad también tendrá que retomarla el siguiente Gobierno porque forma parte del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas.
El PVPC y el PNIEC
El real decreto que sí es posible que vea la luz en esta legislatura es la reforma del mercado regulado de la luz, el conocido como PVPC. El año pasado el precio de la luz de millones de familias se disparó por el encarecimiento del gas y el Gobierno preparó esta reforma a toda prisa durante el invierno para evitar que en el futuro las familias sufran de manera directa los vaivenes del mercado en la factura eléctrica mensual.
El real decreto que modifica el PVPC está listo para ir al Consejo de Ministros tras el visto bueno del Consejo de Estado y recoge que a partir del 1 de enero de 2024 el precio de la luz en el mercado regulado no solo se fije mediante una subasta diaria, sino que tenga en cuenta también una cesta de precios de la luz en el mercado de futuros. De esta manera, aunque el gas en el mercado internacional se dispare de un día para otro, el consumidor tardará en sufrir la subida, lo mismo que cuando el precio baje bruscamente.
Según fuentes del sector, si este decreto se paraliza por las elecciones y se aprueba en otoño –si así lo quiere el futuro Gobierno–, podría tener problemas para ser implementado. Las compañías necesitan tener esta base jurídica aprobada antes de verano porque en el segundo semestre de 2023 las eléctricas acudirán al mercado a comprar electricidad a futuros, y el precio que paguen servirá para fijar esa cesta de precios que permitirán fijar el próximo año el precio del PVPC. En todo caso, la importancia de esta reforma ha perdido peso en los últimos meses, ya que el precio de la luz se ha estabilizado.
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Por último, la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima es el único que tiene garantizada su salida bajo el actual Gobierno, pero su recorrido estará muy ligado a quien ocupe la Moncloa en la próxima legislatura. Este documento es el pilar de la política energética de España, ya que establece qué porcentaje de energía limpia producirá el país en 2030 y qué tecnologías verdes se impulsarán. El texto tiene que ser enviado a Bruselas antes del 30 de junio y Transición Ecológica lleva meses elaborándolo, por lo que será un plan continuista, en la línea del que lleva vigente desde 2021.
Sin embargo, la Comisión devolverá a España a lo largo del verano el texto con las modificaciones que considere, y ya será el siguiente Gobierno el que decidirá si implementa los cambios de Bruselas o si incluso redacta de nuevo el plan. Hay margen de maniobra, ya que la versión definitiva del texto debe estar lista el 30 de junio de 2024. Los objetivos del PNIEC son los que después se trasladan a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por lo que esta última tendrá que ser revisada después para equiparar las nuevas metas de descarbonización.
Con todas estas leyes clave sobre la mesa, Juan F. Martín, de la Fundación Renovables, reconoce que temen un giro de 180 grados si el PP llega al Gobierno junto a Vox. "Vox ya ha dicho que quiere eliminar la Ley de Cambio Climático. No creo que el PP esté dispuesto a esto, pero sí creo que hay un riesgo muy alto de que los avances en medioambiente se rebajen por poner estas políticas en manos de retardistas", opina.
