Siete palabras: Tratado de la Carta de la Energía. Lo conocen perfectamente y saben cómo funciona abogados de alto nivel que pueden llegar a cobrar más de 300 euros la hora de trabajo; ejecutivos de grandes empresas energéticas, incluyendo eléctricas y petroleras; funcionarios y políticos en los despachos de los ministerios de energía, clima y/o medioambiente de todo el mundo; y un grupo de ecologistas que llevan peleando en su contra durante años, por ahora con éxito relativo. Los que no lo conocen son, a grandes rasgos, todos los demás. La opacidad siempre ha acompañado a un acuerdo firmado en su origen para hacer negocios con una Rusia recién incorporada al mercado libre y el capitalismo, a finales de diciembre de 1991; el mismo país que ahora es el enemigo.
En resumen, permite a grandes multinacionales denunciar a Estados en tribunales de arbitraje, al margen de la justicia ordinaria, si consideran que se han vulnerado sus derechos, sobre todo la seguridad para hacer negocios en su territorio. España ya lleva abonados casi 1.000 millones de euros a compañías energéticas, pero también a especuladores y fondos de inversión, en base al pacto por el famoso hachazo a las renovables: el Gobierno de Rajoy suprimió en 2013 las primas a las tecnologías limpias que desplegó Zapatero. En la inmensa revisión de la literatura científica sobre el clima publicada el pasado lunes por el grupo de expertos de la ONU, el IPCC, se señala directamente a este tratado. No por torpedear a la eólica o a la fotovoltaica, sino por obstaculizar la acción climática y el fin de los combustibles fósiles. Transición Ecológica reconoce que el acuerdo es incompatible con el Acuerdo de París, pero aún confía en su revisión, prevista para junio. Podría salirse unilateralmente, como ha hecho Italia. Por ahora, no está sobre la mesa. Pero si lo hiciera, las consecuencias se mantendrían durante las dos décadas siguientes.
ISDS, el mecanismo de arbitraje entre empresas y Estados previsto por el Tratado de la Carta de la Energía, "puede ser utilizado por las empresas de combustibles fósiles para bloquear la legislación nacional destinada a eliminar el uso de sus activos", según el IPCC, que por primera vez en su historia menciona el pacto y sus lesivas consecuencias. Ya ha pasado. Países Bajos fue denunciado por la empresa RWE por el fin del uso al carbón previsto en la ley climática aprobada en 2019. Italia tuvo que acudir al arbitraje por cancelar una concesión para perforar en busca de petróleo en el mar Adriático.
En España, la amenaza sobrevuela la acción de Transición Ecológica. Berkeley, la compañía australiana que quería extraer uranio en Salamanca, blandió el tratado para sugerir que podría denunciar a España para que el Estado les compensara por los esfuerzos invertidos. No mencionó que, entre otros motivos, la mina no llegó a abrirse porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró que sus planes de seguridad eran insuficientes e inconsistentes. Y, por otro lado, España cuenta con despachos de abogados deseando llevarse tajada de los arbitrajes. Como Cuatrecasas, el de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El Estado español ya ha abonado, en los casos que ha perdido, 58,4 millones de euros en concepto de honorarios de los bufetes de abogados que contrata el inversor que denuncia al país. "España ha impugnado la razonabilidad de los honorarios de los abogados de los inversores, incluyendo la cantidad de horas supuestamente trabajadas y la tarifa media por hora. Por ejemplo, en el caso Infrared, el bufete de Cuatrecasas dijo haber trabajado 11.200 horas cobrando una tarifa media por hora de 374 euros. Otros despachos cobran aún más. Por ejemplo, en 9REN, King & Spalding cobró unos 744 dólares por hora y el co-council de Gómez Acebo & Pombo cobró tarifas que oscilaban entre 561 dólares y 760 dólares por hora", explica un informe del Transnational Institute (TNI) sobre el impacto del tratado en España.
En octubre, dos socios de Cuatrecasas aseguraron que las eléctricas podrían demandar a España en base al Tratado de la Carta de la Energía por el decreto de septiembre que extraía los conocidos como "beneficios caídos del cielo" que reciben renovables, hidroeléctricas o nucleares cobrando por un gas que no pagan. El objetivo era reducir el coste de la factura de la luz. Alberto Fortún, socio del área de Litigación y Arbitraje del bufete, explicó que existían similitudes entre la situación creada por la norma y el hachazo a las renovables de 2013. "La inseguridad jurídica se ha deteriorado en nuestro país", lamentó en el evento. "En el caso de que no puedan instar a la protección que les brinda la Carta de la Energía, tienen a su alcance la vía de la responsabilidad del estado legislador", explicó Alejandro Auset, otro socio del despacho.
Solo en Europa, el tratado protege 344.600 millones de euros de infraestructura fósil, según mostró Investigate Europe, el consorcio de periodistas de investigación en el que participa infoLibre. Dados los objetivos climáticos, es probable que los Gobiernos deciden limitar la extracción o el uso de combustibles fósiles, y que estas empresas se rebelen utilizando el acuerdo. El IPCC ha dejado claro que el Acuerdo de París no es compatible con el fin de la vida útil de estas infraestructuras, por lo que si no es el mercado el que las descarta, tendrá que ser la política. Por ejemplo: si en un futuro España decide limitar la producción de electricidad de las centrales de ciclo combinado por sus emisiones de CO2, para acelerar su contribución a la lucha climática, las compañías podrían denunciar. Solo la mera posibilidad de un litigio es un elemento de disuasión para las políticas públicas, considera la especialista en comercio e inversión del TNI Lucía Bárcena. "Es un instrumento de lobby. Los propios legisladores tienen en cuenta estos tratados".
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Hay tres vías principales. Una es el fin del tratado. "Hay países como Japón que están muy a favor y no van a dejar que eso suceda", explica Bárcena. Otra es que los países de la UE se salgan en bloque. "Ahí sí que se podría firmar un acuerdo entre partes en el que se prohíbe el arbitraje entre los países. El 90% de los demandantes son de países de la UE", aunque podrían usar sociedades o empresas pantalla para litigar desde fuera del club comunitario. La salida unilateral, como hizo Italia en 2015, es posible, pero las infraestructuras ya existentes pueden denunciar hasta 20 años después de la ruptura. Volviendo al ejemplo de las centrales de ciclo combinado; si mañana Ribera decide pulsar el botón y salirse del pacto, Iberdrola, en teoría y si nada cambia, podría demandar al Estado por daños y perjuicios si el Gobierno del futuro 2041 decide prescindir de la generación eléctrica mediante gas.
La opción que cobra más fuerza es la de la reforma del Tratado de la Carta de la Energía. Especialistas como Bárcena y activistas no tienen muchas esperanzas de que realmente se le cierre la puerta a los combustibles fósiles. Tampoco los periodistas de Investigate Europe, que tuvieron acceso a documentación confidencial de cara al encuentro agendado para junio, en el que se intentará alcanzar un consenso. Diplomáticos europeos creen que las posibilidades de un acuerdo aceptable "son escasas", el temor de que las demandas se acumulen durante las próximas décadas de acción climática es palpable, y Polonia, Francia, España, Grecia, Letonia, Hungría y Chipre han pedido a la Comisión Europea que evalúe las consecuencias de una salida coordinada de la UE.
La guerra en Ucrania ha puesto patas arriba el tablero energético de Europa. Aún es pronto para entender cuáles serán las consecuencias finales y cómo influirá en ellas el tratado. Algunas las percibimos ya: la subida de los combustibles y por ende de la electricidad, la resurrección de infraestructuras ya descartadas o la vuelta al carbón. Pero si en algo coinciden el conflicto, el análisis del IPCC y las consecuencias del TCE es en la necesidad de abandonar cuanto antes los combustibles fósiles como compañeros de viaje para el sistema productivo.
Siete palabras: Tratado de la Carta de la Energía. Lo conocen perfectamente y saben cómo funciona abogados de alto nivel que pueden llegar a cobrar más de 300 euros la hora de trabajo; ejecutivos de grandes empresas energéticas, incluyendo eléctricas y petroleras; funcionarios y políticos en los despachos de los ministerios de energía, clima y/o medioambiente de todo el mundo; y un grupo de ecologistas que llevan peleando en su contra durante años, por ahora con éxito relativo. Los que no lo conocen son, a grandes rasgos, todos los demás. La opacidad siempre ha acompañado a un acuerdo firmado en su origen para hacer negocios con una Rusia recién incorporada al mercado libre y el capitalismo, a finales de diciembre de 1991; el mismo país que ahora es el enemigo.