Cultivar tu tierra a 300 euros al año o alquilarla para paneles por 1.300: la energía solar desequilibra el campo

Hace dos semanas se reunieron en Madrid las grandes compañías eléctricas en su congreso anual e invitaron a algunos portavoces de la sociedad civil para que expusiesen sus problemas. Juan Almansa, un alto cargo de la asociación agrícola Asaja, usó sus minutos para afear a los ejecutivos de las grandes compañías que están quitando tierras al sector primario a golpe de talonario para instalar paneles solares. "He visto a agricultores que tenían ayudas para modernizar sus cultivos, pero llegáis vosotros, le ofrecéis 1.500 euros por hectárea, y a ese hombre le ha tocado la lotería", dijo Almansa. 

El portavoz de Asaja se refería a la compra o el alquiler de terrenos para instalar paneles solares, que ha generado tensiones en comunidades autónomas donde el sector primario tiene mucho peso y la fotovoltaica ha entrado con fuerza, como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura. Las plantas solares necesitan terreno llano para instalarse y en muchos casos ya están ocupados por fincas agrícolas. Como la rentabilidad del sector energético es mucho mayor, pueden ofrecer por el suelo mucho más de lo que nunca podría ganar un agricultor, y casi todos los profesionales terminan cediendo sus tierras durante décadas, denuncian desde el sector primario.  El precio que se suele pagar por el alquiler de la hectárea agrícola es de entre 1.300 y 1.800 euros al año, mientras que cultivar esa hectárea con secano reporta menos de 300 euros, y con la inflación y la sequía de los últimos meses algunas dan incluso pérdidas. 

El sector fotovoltaico afirma por su parte que no pretenden dañar el sector primario, ya que solo se necesitaría el 0,5% del terreno agrícola de España para construir todos los paneles necesarios de aquí a 2030 incluidos en el Plan Nacional de Energía y Clima. Pero también es cierto que los proyectos solares no se pueden construir en cualquier sitio, y habitualmente se concentran cerca de núcleos urbanos o fincas de alto valor (regadío), por lo que en algunos municipios sí suponen una competencia para la economía agraria.  

Esta situación se da porque las instalaciones fotovoltaicas tienen que ir conectadas a nudos de acceso de red, subestaciones eléctricas donde se enganchan todas las instalaciones que generan energía en una zona y que permiten que la luz producida llegue a la red nacional. Estos nudos suelen estar junto a las zonas urbanas, polígonos industriales o fincas agrícolas de regadío de alto valor que consumen mucha electricidad. En estos lugares también hay líneas de alta tensión para evacuar la electricidad y construir una granja solar es más económico. 

Juan Almansa, de Asaja, así como otros portavoces del mundo agrícola, también critican que este sistema de alquiler o compra de fincas ha derivado rápidamente en un sistema especulativo. Como los grandes inversores de energías renovables no pueden peinar cada pueblo en busca de tierras para instalar los paneles, han aparecido empresas minúsculas, creadas con un capital mínimo, que se dedican a convencer a agricultores para que alquilen sus tierras a cambio de un buen dinero. Ofrecen a un grupo de vecinos un precontrato en el que se comprometen entregar sus tierras cuando se comiencen a instalar los paneles, pero nadie tiene la certeza de que eso vaya a ocurrir porque es el primer paso de un proceso que puede durar varios años. 

"Aquí hemos tenido un lío enorme con eso", cuenta Aurelio González, líder de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla y León. "Llega una empresa que no conoce nadie, con un pequeño capital y que teóricamente tiene un acuerdo con una gran empresa extranjera para poner placas, pero resulta que es papel mojado. Nosotros les llamamos los conseguidores". El problema es que esos precontratos llegan antes de que la futura planta tenga permiso de conexión a la red, pase la declaración de impacto ambiental de la comunidad autónoma y tenga los permisos del ayuntamiento, por lo que un porcentaje de los que firman no llegan a ver el dinero. En algunos casos, el precontrato incluye el pago de un pequeño adelanto, pero depende del caso. 

En la campiña segoviana, una zona con medio centenar de municipios y una gran extensión de cultivo de cereal, la fotovoltaica ha explotado con fuerza en los últimos años y allí también han hecho negocio los conseguidores de terrenos. Ignacio Llorente fue uno de los agricultores agraciados y todo salió como le prometieron. Firmó el precontrato en 2019 y este otoño han comenzado a instalar los paneles. "Algunos rechazaron la oferta por amor a la tierra", reconoce. "A mí me encanta mi trabajo, pero la subida del gasóleo, las semillas y los abonos me llevaron a aceptarlo. Es una renta anual para vivir tranquilo", explica. 

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En su caso, le han ofrecido 1.300 euros más IVA al año por hectárea, frente a los 300 que sacaba un año normal con su cereal, y ha alquilado 10 hectáreas durante 25 años con una prórroga de 10 más, aunque sigue mantenido otras fincas que seguirá trabajando. En su caso, como en el de la mayoría de los contratos, la empresa energética se hace cargo del IBI del terreno, que es lo más caro, ya que para poner paneles hay que cambiar el uso del suelo de agrícola a industrial. 

Diego Antúnez, que también tiene fincas cerca de Segovia, no corrió la misma suerte. A él y a otros vecinos les ofrecieron hace dos años y medio un precontrato para construir una macroinstalación solar, pero la empresa con la que firmó no da señales de vida y asume que no consiguieron los permisos para montar la instalación. "Nos pusieron la miel en los labios y ahora tenemos un precontrato que no vence hasta dentro de otros dos años y medio. Me han llegado otras tres ofertas para alquilar las hectáreas, pero las tengo bloqueadas hasta que se termine el que he firmado", lamenta. Al menos, ese acuerdo no le impide seguir cultivando las fincas. 

Precisamente en Castilla y León, el enfado del sector agrícola llevó a que el año pasado la Junta prohibiese instalar solar en tierras regables. El Ministerio de Agricultura promovió en marzo que esta decisión se amplíe a toda España para cortar de raíz el conflicto entre el sector primario y la energía solar, extendiéndolo también a la eólica. En Comunidad Valenciana, donde también han puesto tradicionalmente un coto a la expansión de la energía verde, un máximo de ocupación fotovoltaica del 3% de la superficie de suelo no urbanizable municipal.