La principal red europea contra los pesticidas llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el uso del glifosato, el pesticida más utilizado en el mundo y el segundo más empleado en España, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "potencialmente cancerígeno" desde 2015. En noviembre, la Comisión Europea extendió diez años su permiso de uso en la Unión Europea basándose en la recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y sin un apoyo mayoritario de países, pero los ecologistas consideran que Bruselas solo ha tenido en cuenta estudios financiados por la industria química y van a impugnar la decisión al alto tribunal.
La denuncia la registrará como tarde el 6 de septiembre la Pesticide Action Network (PAN), una plataforma formada por diferentes ONG europeas, entre ellas Ecologistas en Acción. Los activistas señalan que la Comisión, a la hora de tomar la decisión unilateral de posponer el uso del glifosato, ignoró los "importantes fallos en el trabajo" de la EFSA y de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), las encargadas de medir los riesgos de esta sustancia relacionados con el cáncer, la genotoxicidad, la neurotoxicidad, la alteración endocrina y el impacto en insectos y anfibios. "Los hallazgos de la ciencia independiente fueron descartados sistemáticamente o se les dio mucho menos peso que a estudios de la industria de hace una década", valoran los denunciantes.
"Por ejemplo", explica Martin Dermine, director ejecutivo de PAN, "la ECHA utilizó intencionadamente un método estadístico no adecuado para evaluar los tumores en el estudio cancerígeno, y concluye que el glifosato no lo es. Pero si se utiliza el método estadístico que figura en las directrices que se supone que debe utilizar la ECHA, se llega a la conclusión de que el glifosato efectivamente es cancerígeno", asegura el experto.
El principal argumento de los detractores del glifosato es que la OMS lo catalogó en 2015 como un "posible cancerígeno para los humanos" tras analizar más de 1.000 estudios previos. Aunque un año después, la FAO, el programa de alimentos de la ONU, publicó un informe que decía que es "improbable que [el glifosato] suponga un riesgo cancerígeno para los seres humanos" expuestos a él a través de los alimentos, lo que causó una fuerte incertidumbre.
El estudio posterior de la EFSA publicado en la primavera de 2023 y en el que se basó la Comisión analizó 2.400 estudios previos y no identificó "áreas críticas de preocupación" en la exposición a este herbicida, aunque este análisis quedó parcialmente incompleto por falta de tiempo y esta agencia no estudió, por ejemplo, los riesgos de su ingesta en la dieta diaria. Además, la EFSA y la Comisión dejaron por escrito a los 27 Gobiernos que antes de dar el visto bueno dentro de sus fronteras al glifosato por otros diez años tengan especial cuidado en su exposición a los consumidores, a las aguas subterráneas o a los pequeños mamíferos. Esta advertencia se emite porque una vez que Bruselas da el visto bueno a una sustancia, como hizo en noviembre con el glifosato, las empresas que lo comercializan tienen tres meses para volver a pedir permiso de venta en cada país, y los gobiernos tienen 12 meses para concederlo, previo análisis y con las condiciones que considere.
La PAN calcula que el proceso judicial que llegará próximamente al TJUE durará unos dos años, y será clave para el futuro de la agricultura europea y la salud de millones de personas. Cada año se esparcen miles de toneladas de glifosato en los campos europeos para acabar con las malas hierbas, así como en jardines, parques, carreteras y aceras para desbrozar. En España, según datos recopilados por el Gobierno y publicados por Ecologistas en Acción, en 2020 las ventas de este herbicida superaron las 13.000 toneladas, un récord en este país fruto del acopio que hizo el sector en medio de la pandemia.
Una década de incertidumbre alrededor del glifosato
Las 433 sustancias activas permitidas en este momento en la agricultura europea deben ser revisadas periódicamente para estudiar su toxicidad, y en 2017 se renovó el glifosato durante solo cinco años (el máximo de renovación es de 15 años) tras un rápido análisis de la EFSA y la ECHA, pese a que la OMS catalogó su elevado riesgo dos años antes. En 2022 caducó de nuevo su licencia y se prorrogó provisionalmente durante un año a la espera de nuevos informes europeos que permitiesen alcanzar un mayor consenso sobre este producto en el continente.
Sin embargo, en octubre de 2023 los ministros de Agricultura de los 27 países no se pusieron de acuerdo y Austria, Luxemburgo y Croacia votaron en contra, mientras que Bulgaria, Bélgica, Alemania, Malta, Países Bajos y Francia se abstuvieron. España y otros países se posicionaron a favor. Como no se alcanzó una mayoría cualificada a favor ni en contra en esa ocasión, ni en el comité de apelación de noviembre, la Comisión desempató el resultado y aprobó su propuesta de prolongar la vida del glifosato una década, hasta 2033, una decisión unilateral que enfadó enormemente a los activistas en contra de este herbicida.
España es precisamente uno de los países que siempre se han posicionado a favor del glifosato y el ministro de Agricultura, Luis Planas, pidió abiertamente en octubre que el resto de ministros votasen a favor de la prolongación de su permiso de uso por otra década. Los grupos activistas españoles se han reunido desde entonces varias veces con Agricultura para pedir que al menos se vete el empleo de este herbicida en zonas públicas, como parques y jardines, pero no lo han logrado.
"El reglamento de la Comisión permite que los Estados pongan medidas preventivas como prohibir su uso no agrario. Estamos hablando de que en los parques hay personas muy vulnerables como niños, ancianos o embarazadas", indica Koldo Hernández, coordinador del Área de Tóxicos de Ecologistas en Acción. De hecho, según el Ministerio de Agricultura, el primer consumidor de glifosato en España no es una empresa agrícola, sino Adif, para limpiar de malas hierbas las vías de tren de todo el país.
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Los activistas denuncian también que el Gobierno español suspende en transparencia y que los datos de consumo de glifosato en el país no se publican, sino que tuvieron que exigirlos a través de procedimientos oficiales. Según han podido recopilar, entre 2011 y 2021 España ha pasado de comprar 7.400 toneladas de glifosato a 11.400 toneladas.
Crítico para la salud, pero también indispensable
El glifosato es utilizado masivamente en todo el mundo para acabar con las malas hierbas que compiten con los cultivos por el agua y los nutrientes, y se emplean especialmente en los países con áridos, como España, y en la conocida como agricultura de conservación, según explica Alicia Langreo, doctora en Agronomía por la Universidad Politécnica de Madrid. Esta técnica agrícola consiste en evitar el laboreo —el arañado de la tierra— para que el suelo se mantenga firme y la tierra no se erosione. En España, la erosión es un problema muy habitual porque tras meses de sequía en verano, las lluvias torrenciales de septiembre arrastran las primeras capas del suelo y este pierde su fertilidad. La agricultura de conservación también permite conservar mejor la humedad y los microorganismos de la tierra.
Por contra, el arado se utiliza para acabar con las malas hierbas, y su ausencia llena de malas hierbas las tierras de cultivo, por lo que hace falta usar un herbicida para compensar, y es aquí donde el glifosato juega un papel crucial, porque no hay un sustituto químico a este producto. Además, explica Langreo, la agricultura de conservación reduce en más de la mitad el uso de combustible porque no hay que labrar la tierra, y el cultivo resiste más días en caso de sequía porque conserva la humedad.
La principal red europea contra los pesticidas llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el uso del glifosato, el pesticida más utilizado en el mundo y el segundo más empleado en España, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "potencialmente cancerígeno" desde 2015. En noviembre, la Comisión Europea extendió diez años su permiso de uso en la Unión Europea basándose en la recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y sin un apoyo mayoritario de países, pero los ecologistas consideran que Bruselas solo ha tenido en cuenta estudios financiados por la industria química y van a impugnar la decisión al alto tribunal.