Por qué compramos en el supermercado alimentos con decenas de pesticidas que dañan la salud

Cada año, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), analiza decenas de alimentos que se venden en los supermercados españoles en busca de pesticidas, y en todos los estudios siempre se encuentran decenas de ellos. La mayoría de las muestras positivas registran unos niveles de químicos por debajo de los umbrales de riesgo establecidos por la Unión Europea, pero otras tantas incumplen con los reglamentos de fitosanitarios y tienen un impacto severo en la salud, especialmente en niños, embarazadas y personas con patologías previas. Ecologistas en Acción ha estudiado los últimos datos disponibles de 2022 y ha concluido que la Aesan encontró ese año más de 100 plaguicidas, especialmente en frutas y verduras. Koldo Hernández, coautor del estudio y coordinador del área de Agua, recuerda que "no hay umbrales seguros de consumo de pesticidas" por mucho que la UE haya fijado baremos de riesgo.

Algunos de los plaguicidas encontrados llevan años prohibidos en la Unión Europea, mientras que otros, aunque están permitidos temporalmente, se encuentran en concentraciones mucho mayores de lo permitido. Hernández explica que esto ocurre por tres motivos: porque permanecen en la tierra durante décadas y los cultivos los absorben, porque hay un tráfico ilegal de pesticidas y se importan de países donde son legales, y porque la UE otorga a algunos productos tóxicos permisos temporales de uso porque no tienen un sustituto en el mercado. De hecho, la inmensa mayoría de los análisis realizados por la Aesan y las comunidades autónomas (el 97%) es a productos cultivados en España, por lo que no se puede culpar a terceros países de la presencia de estos químicos en la alimentación.

Uno de los ejemplos más recientes está en Doñana, donde un estudio del CSIC publicado en julio detectó en el agua de este Parque Nacional diecisiete pesticidas prohibidos, como el clorpirifós, la terbutrina o el diazinón, lo que "nos estaría indicando un uso reciente y, por lo tanto, posibles prácticas ilegales en la zona". Doñana está rodeado de cientos de hectáreas de cultivo intensivo de fresas, un cultivo muy rentable y sensible en el que se suele abusar del uso de plaguicidas.

También es frecuente que la Guardia Civil incaute cargamentos de fitosanitarios prohibidos en España que los agricultores utilizan porque son más baratos o porque son más efectivos contra determinadas plagas, aunque sean tóxicos para los propios trabajadores que los manipulan. Por ejemplo, el pasado mes de julio, el Seprona incautó en las inmediaciones de Doñana 12 toneladas de pesticidas, entre ellas el clorpirifos, prohibido en la UE en 2020 y que puede llegar a ser mortal con exposiciones prolongadas, como las que podrían tener los agricultores.

Más de 100 pesticidas diferentes

En el análisis de la Aesan, publicado en abril y revisado ahora por Ecologistas en Acción, se detectaron un total de 106 plaguicidas diferentes, de los que 59 son considerados disruptores endocrinos y otros 17 se están estudiando en Bruselas para sustituirse por otros alternativos por sus daños sobre la salud y el medioambiente. El estudio de Aesan, que depende del Ministerio de Consumo, analiza decenas de productos frescos, como frutas, verduras, carnes y comida de bebés mediante análisis aleatorios para simular el comportamiento de un consumidor estándar. En el informe de 2022 determinaron que el tomate es el alimento con más plaguicidas diferentes encontrados, 31 en total, seguido de la lechuga (23), las mandarinas (21), las fresas (21) y las manzanas (20).

Koldo Hernández incidió durante la presentación de su reanálisis que uno de los grandes problemas para la salud de estos químicos es que no se encuentran aislados, sino que muchas veces se encuentran diferentes pesticidas en un mismo producto, lo que altera su impacto en la salud. "La UE evalúa los plaguicidas de uno en uno, pero sin mirar las consecuencias de su efecto combinado sobre la salud. En unos casos el efecto será de sinergia, con un impacto mayor que de forma individual", opina el experto.

Los daños en la salud de estos plaguicidas son de todo tipo, aunque los más frecuentes son la irritación de los ojos y la piel. Sin embargo, exposiciones prolongadas se relacionan con alteraciones del sistema endocrino, problemas de fertilidad y desequilibrios en la menstruación o la menopausia, o incluso con enfermedades mentales y cánceres. Las mujeres embarazadas y los niños son los más vulnerables a su consumo en el día a día, pero los que más peligro corren son los trabajadores del campo, que a menudo no cumplen con los estándares de seguridad y no van equipados con EPI, los trajes recomendados para esparcir estas sustancias.

España registra pocos incumplimientos, pero es el que menos analiza

España es uno de los países de la Unión Europea con menor concentración de pesticidas en sus estudios alimentarios. En 2022, solo se encontraron concentraciones de químicos en cantidades superiores a los umbrales recomendados por la Unión Europea en el 0,75% de las muestras analizadas, mientras que la media en la Unión Europea fue del 3,7%, casi cinco veces más. En concreto, se superaron los límites legales en 13 productos de 1.730 analizados. Pero Ecologistas en Acción destaca otras cifras: el 36% de todas las muestras tomadas en 2022 registraron uno o más plaguicidas, un porcentaje que aumentó hasta el 43% en frutas y verduras. Estas dos cifras son muy superiores al 0,75% porque indican restos de químicos en el alimento, pero no incumplen con los límites máximos de residuo que fija la UE.

Es en este punto donde los activistas ponen el foco, ya que cuestionan el sistema europeo que fija cuánta es la cantidad recomendada de ingesta de uno de estos químicos. Hernández recuerda que para fijar estos baremos se utilizan estudios realzados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), pero que al final, la votación para aprobar o vetar su uso es política, y si hay países muy afectados por una plaga concreta que no tiene solución alternativa, se levanta la mano y se permite su empleo. Un análisis publicado en julio de 2022 en la revista Science Direct sobre las 230 sustancias activas sintéticas permitidas en la UE que determinó que casi el 80% (181) tienen un impacto apreciable en la salud humana.

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El ejemplo más repetido para criticar este sistema es el del glifosato, el herbicida más usado del mundo, que recibió en noviembre un permiso de uso provisional de 10 años pese a que está catalogado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Los ministros de Agricultura de los 27 países votaron entonces si prolongar el permiso o tumbarlo, y como no hubo una mayoría suficiente a favor o en contra, la Comisión desempató dando la razón a sus defensores.

Otra de las críticas que recibe España en particular desde Ecologistas es que es el país de la Unión que menos analiza sus alimentos en busca de sustancias tóxicas. La Aesan y las comunidades autónomas —la responsabilidad de analizar la seguridad es compartida— tomaron en su estudio de 2022 tan solo 3,61 muestras por cada 100.000 habitantes, frente a las 19,28 de Francia o las 22,65 de Alemania. España cumplió con el umbral mínimo obligatorio de exámenes, pero para una potencia agrícola como es la península ibérica, se trata de una cifra ínfima, según los activistas. El desempeño de la Aesan y las comunidades se ha hundido en los últimos cinco años: entre 2017 y 2022, el número de productos analizados anualmente cayó un 38%, de 2.773 a 1.730.

En la presentación del informe de Ecologistas participó Fátima Ezzohayry, de la Asociación de Mujeres Migrantes (Amia), que ha trabajado durante más de 20 años en los invernaderos de fresas de Huelva. Explicó que además de las cinco hernias que desarrolló recogiendo frutos, sigue todavía medicándose —ya se ha prejubilado— por el asma y la bronquitis que desarrolló en los plásticos de respirar pesticidas. "Llegabas por la mañana y todo apestaba a químicos, y muchos trabajadores se arrancaban a toser por ellos", dijo la antigua agricultora. Ahora se dedica a asesorar a otros inmigrantes que trabajan en el campo por salarios míseros. "Fuerzas tu cuerpo cada día hasta que te pasa factura, y muchos tienen miedo de ir al médico porque si te dan de baja te castigan, y en la siguiente temporada pierdes el trabajo", relató Ezzohayry.