Han pasado poco más de dos meses desde que el navío Toconao vertiese 26 toneladas de bolas de plástico a tres kilómetros de la costa portuguesa. La alarma ambiental de los primeros días se diluyó después de que la Xunta afirmase que los pellets no eran tóxicos para el ser humano ni los animales, pero las olas siguen arrastrando millones de bolitas cada semana a la costa gallega. Sin embargo, cada vez quedan menos voluntarios limpiando las playas porque los pellets son más difíciles de encontrar y recogerlos es ahora un trabajo tedioso. A partir de ahora se abre la vía jurídica del desastre y el Gobierno prepara ya la estrategia para exigir al armador que cubra los costes de la limpieza, aunque descarta llevar a los tribunales a la empresa por los daños ambientales.
"Ni la competencia penal, ni la sancionadora es nuestra, es portuguesa. Esa vía está descartada", afirmó este lunes Julio Carlos Fuentes Gómez, subdirector general de Normativa Marítima en el Ministerio de Transportes. El alto cargo compareció este lunes durante una jornada jurídica sobre el desastre del Taconao, y afirmó que se trató de "una caída accidental que no constituye infracción", sino que forma parte del los riesgos del propio transporte marítimo.
De esta manera, España no denunciará a la empresa armadora, que sería la responsable jurídica del vertido: no el propietario de la mercancía ni su cliente en el destino. Además, en el peor de los casos, sería Portugal el país que tendría que recurrir a la vía judicial o administrativa porque es allí donde se produjo el desastre. La Fiscalía de Medioambiente y el juzgado de Noia (A Coruña) iniciaron hace un mes dos investigaciones penales por lo ocurrido, aunque los expertos creen que no prosperarán.
Lo que sí puede exigir a la naviera el Ministerio de Transportes, así como la Xunta y todos los ayuntamientos afectados, es una reparación por los daños ambientales, así como hacerse cargo del coste de limpiar las playas y del operativo de seguimiento del vertido. El Gobierno reclamará los gastos de decenas de batidas por mar y aire que realizó en enero Salvamento Marítimo, entre ellas los vuelos de varios aviones y helicópteros. En todo caso, el alto cargo de Transportes cree que el proceso de reclamaciones será largo, y la cifra de indemnización habrá que pelearla con la aseguradora del buque. En 2019 hubo un vertido de pellets en Noruega, donde cayeron aproximadamente la mitad que en Portugal, y la indemnización total que pagó el armador fue de entre 7 y 8 millones de euros.
En la jornada de este lunes, organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, también participó Bernardo Ruiz Lima, presidente de la sección de Derecho Marítimo del Colegio. El experto coincidió en que las vías penal o administrativa no tienen cabida en este caso, pero que la ley de Navegación Marítima española sí contempla el principio de quien contamina paga, por lo que las administraciones tienen de sobra recorrido para reclamar los costes de las batidas.
Ruiz también recordó que la normativa contempla un límite de responsabilidad para el armador según el tamaño del buque. En este caso, calcula que estarían garantizados los primeros 68 millones de euros en indemnizaciones, cuantía que debería ser más que suficiente para compensar los costes de la administración.
Julio Carlos Fuentes habló en nombre del Ministerio de Transportes, pero la Xunta y decenas de ayuntamientos también han costeado el operativo de los pellets. Sin embargo, Fuentes reconoció que no se han coordinado con el gobierno autonómico para iniciar las reclamaciones, sino que por ahora cada uno tendrá que hacerlas por su cuenta. De hecho, tras conocerse en enero el vertido, la Xunta y el Gobierno central se enfrentaron públicamente, culpándose mutuamente de no reaccionar a tiempo con el desastre.
A preguntas de infoLibre, la Xunta afirma, sin embargo, que está a la espera de que sea el Gobierno central el que reclame todos los costes locales y autonómicos. "En cuanto a una posible demanda por el episodio, ya trasladamos a mediados de enero al Gobierno central la necesidad de que, en base a la Ley 26/2007, del 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, inicie el proceso para exigir a quien corresponda responsabilidades", afirman los técnicos de la Xunta. En realidad, los expertos jurídicos señalaron este lunes que no es correcto aplicar en este caso la Ley de Responsabilidad Ambiental, sino que la Ley de Navegación Marítima es más precisa para un vertido de estas características.
La recogida de pellets cae en picado
En los primeros días tras conocerse públicamente el vertido, cientos de voluntarios llenaron las playas gallegas, a los que se sumaron después los equipos de Tragsa contratados por la Xunta y las dos empresas de limpieza pagadas por el armador. Pero el ánimo ha decaído desde entonces, explica Antón Lois, de la ONG Amigos da Terra, una de las que organizó las batidas de voluntarios. "Ha pasado lo que nos temíamos. Los temporales han dispersado los pellets y ahora están perdidos por la costa, enterrados en la arena o mezclados con las algas. Si antes se cogían a puñados, ahora es mucho más difícil", comenta.
Los ‘pellets’ evidencian una crisis en la producción de marisco en la última década por el cambio climático
Esta situación ha derivado en un desánimo entre los vecinos porque hay que dejarse la vista para diferenciar el plástico de los granos de arena, y el trabajo es ahora mucho más tedioso. "Queda algún grupo recogiendo, pero ya es inviable. Una docena de personas trabajando una tarde entera ahora recoge un puñado de bolas. Asumimos que vamos a estar así hasta 2050", añade.
Según datos de la Xunta, hasta ahora sus equipos han recogido 3.640 kilos de pellets, y los voluntarios y los concellos, otros 1.384 kilos. En total, 5,02 toneladas de las 26 que se vertieron, casi un 20% del total. Es llamativo que, según la Xunta, en este momento se retiran "alrededor de un kilo al día" de bolitas de plástico, "un descenso considerable" respecto a los primeros días.
La comunidad también comunica que en las batidas han recogido en el último mes 16,8 toneladas de otros plásticos de las playas gallegas, como botellas o bolsas desechables. Julio Carlos Fuentes, del Ministerio de Transportes, advirtió este lunes que este tipo de "declaraciones curiosas" —dando a entender que la Xunta usa la cifra de basura para quitar peso al impacto de los pellets— podría traer problemas a la hora de reclamar una indemnización al armador, ya que el gobierno regional tendrá que demostrar qué parte de los costes de limpieza se atribuyen a pellets y cuáles a plásticos en general.
Han pasado poco más de dos meses desde que el navío Toconao vertiese 26 toneladas de bolas de plástico a tres kilómetros de la costa portuguesa. La alarma ambiental de los primeros días se diluyó después de que la Xunta afirmase que los pellets no eran tóxicos para el ser humano ni los animales, pero las olas siguen arrastrando millones de bolitas cada semana a la costa gallega. Sin embargo, cada vez quedan menos voluntarios limpiando las playas porque los pellets son más difíciles de encontrar y recogerlos es ahora un trabajo tedioso. A partir de ahora se abre la vía jurídica del desastre y el Gobierno prepara ya la estrategia para exigir al armador que cubra los costes de la limpieza, aunque descarta llevar a los tribunales a la empresa por los daños ambientales.