El Musel, la regasificadora de Asturias de 387 millones, recibe su primer barco tras once años de hibernación

Este sábado a primera hora la planta regasificadora de El Musel (Gijón) recibió su primer cargamento de gas desde que fue construida en 2012. La noticia pone fin uno de los mayores culebrones de la industria española, la instalación energética de Enagás que estaba llamada a relanzar la industria asturiana y que nunca llegó a operar porque no era viable económicamente ni cumplía los estándares de medioambiente. La planta costó en su día 387 millones de euros y se recupera ahora solo como almacén temporal de gas licuado en lugar de como regasificadora. Pese a haberse mantenido hasta ahora apagada, los hogares han pagado por ella 282 millones a través de sus facturas de gas, y hasta 2050 pagarán otros 387 millones, según la CNMC. 

La planta empezará a funcionar oficialmente en las próximas semanas, pero el sábado recibió una inyección inaugural de gas que servirá para poner a punto sus dos tanques de 150.000 metros cúbicos, capacidad equivalente a dos barcos metaneros. Según el medio británico Energy Intelligence, el cargamento lo envió la compañía energética alemana RWE procedente de un puerto estadounidense. 

Una vez que esté plenamente operativa, El Musel servirá como depósito temporal para almacenar gas que llegue de terceros países, como Estados Unidos o Nigeria, para después cargarlo de nuevo en barcos rumbo al norte de Europa. También servirá para almacenar una muy pequeña cantidad de gas (0,3 bcm, en la jerga del sector) durante el invierno. 

De esta manera, la planta será infrautilizada respecto a su objetivo original, ya que tiene toda la infraestructura para funcionar como estación de regasificación. Estas plantas reciben gas en forma líquida de los barcos metaneros y lo transforman a estado gaseoso para que pueda circular por la red española de tuberías y llegar a hogares, fábricas y oficinas. Pero España ya tiene seis regasificadoras –es el país de la UE que más tiene– que funcionan como mucho al 50% de su potencial porque la industria y los hogares no tienen capacidad para consumir tanto combustible, por lo que no tendría sentido sumar a ellas la estación de Gijón. 

Esta sobrecapacidad de regasificación no es un problema nuevo para El Musel, una planta que fue tachada de innecesaria nada más terminarse de construir. En 2008, bajo el Gobierno de Zapatero, la construcción de la regasificadora se incluyó en el plan energético del Gobierno como una infraestructura clave para el futuro energético de España. Sin embargo, cuatro años después, bajo el mandato de Rajoy y cuando estaba lista para empezar a funcionar, se abortó su apertura porque las seis plantas existentes eran más que suficientes. "No se considera prudente que nuevas plantas de regasificación comiencen a funcionar […] hasta que la demanda lo justifique", recogió un real decreto ley aprobado ese año, que explicaba que, si se encendía El Musel, la red gasista española podría colapsar porque habría muy poco combustible dividido entre demasiadas regasificadoras.

Quienes estaban al tanto del proyecto en la época relatan que el fiasco fue orquestado por el entonces presidente socialista de Asturias, Vicente Álvarez Areces, que quería convertir a su región en una potencia energética e industrial, con la apertura de una decena de centrales de ciclos combinados y la sustitución del carbón por gas natural en la metalurgia. Todo ello alimentado con el gas que llegaría de El Musel. "Era un plan nefasto e imposible. Quería basar la economía en la exportación de electricidad en un país donde todos querían construir renovables y centrales de gas", opina Paco Ramos, especialista en energía de Ecologistas en Acción que todavía hoy lucha contra El Musel. 

Guillermo Ulacia, entonces ejecutivo de Arcelor en Asturias y hasta el año pasado presidente de la patronal del metal en esa región, coincide con esa versión. "Areces quería convertir el puerto de Gijón en el de Vizcaya [donde había una importante regasificadora que alimentaba a la industria vasca], pero la demanda de gas no era suficiente y la capacidad para enviar el combustible sobrante a Francia por tubo era muy limitada", explica. También recuerda que en la época se rumoreaba con que País Vasco y Galicia, que controlaban la regasifiación en el norte de España, presionaron para tumbar el proyecto asturiano. 

El problema es que el Gobierno había garantizado la construcción a Enagas y como las regasificadoras se consideran parte de la red del transporte de gas, reciben retribuciones del Estado a cambio de su construcción, como ocurre con otras infraestructuras clave del Estado. Incluso estando cerrada, entre 2012 y 2023 Enagas ha recibido 283 millones de euros en retribuciones por el coste financiero de la planta y de sus costes de mantenimiento, según la CNMC. Como la planta estaba cerrada, estas compensaciones no incluían las ayudas públicas a la construcción de El Musel, por lo que la deuda con la compañía no está todavía saldada. 

"El sistema gasista tendría pendiente de retribuir toda la inversión realizada hasta el momento (aproximadamente 387 millones de euros) que no ha sido amortizada aún, así como el compromiso de mantener mientras dure la hibernación la retribución financiera correspondiente y los costes de operación y mantenimiento antes señalados", recoge la CNMC en su informe. El regulador publicó en febrero la hoja de ruta de los pagos, que se extenderán durante 51 años más. El año que viene la retribución será de casi 26 millones de euros, cifra que se reducirá poco a poco cada año. 

Como explica Diego Rodríguez, economista de Fedea, las retribuciones que paga la CNMC proceden del dinero que ingresa el regulador de los llamados peajes de la factura del gas. Es decir, una pequeña parte de lo que pagan los hogares cada mes en el recibo del gas se destina a costear la resgasificadora fallida y a compensar a los inversores de Enagas, incluso con la regasificadora en modo hibernación.

"Como hemos tenido la planta parada nos hemos dedicado a pagar la rentabilidad de la inversión. A partir de ahora estaremos décadas pagando una infraestructura que nos va a costar a todos 670 millones", critica Paco Ramos. 

La planta fue declarada ilegal por el Supremo 

La historia no acaba aquí. En 2008 el Ministerio de Industria otorgó la licencia de construcción de la regasificadora pese a que estaba a apenas un kilómetro del barrio de El Muselín, lo que entonces era ilegal según la normativa de prevención de ruidos. Colectivos sociales liderados por el grupo político de Los Verdes denunciaron la irregularidad y en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los ecologistas y declaró ilegal la planta. Tres años después, tras el recurso de Enagas, el asunto fue al Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia del TSJM. 

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A partir de ahí comenzó un lento proceso para tratar de enmendar el error. En 2017 en Ministerio de Industria de Rajoy publicó un decreto que permitió a la planta volver a tramitar los permisos de construcción que obtuvo ilegalmente –ahora que estaba abolida la ley que limitaba su construcción a dos kilómetros de un núcleo urbano–. En 2021 recibió una declaración de impacto ambiental positiva del Ministerio de Transición Ecológica, ya con el PSOE en el poder. Con la crisis de gas derivada de la guerra, los pasos finales se aceleraron y la CNMC actualizó el pasado febrero el sistema de retribución de la regasificadora y hace tres semanas el Gobierno concedió finalmente a la planta su autorización administrativa para funcionar. 

Joan Batalla, presidente de la patronal gasista Sedigas, afirmó esta semana que el motivo de la hibernación de la plata fue la crisis económica de 2008, que provocó una caída del consumo de combustible. Y afirmó que la reapertura de El Musel es una oportunidad para el sector en el país. "España es una puerta de entrada con un sistema enormemente flexible que nos permite actuar de forma solidaria con el resto de Europa. Lo hemos visto durante los meses de mayor inseguridad de suministro", dijo el representante del sector.

Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, defiende todavía hoy que la planta nunca se necesitó y que fue un pufo permitido por los gobiernos regional y nacional. Por eso, afirma que hace aproximadamente un mes denunciaron de nuevo a El Musel ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la vía de lo Contencioso. En este caso, ya no por su cercanía a las casas, sino para que se investigue por qué se introdujo en el plan 2008-2016 de planificación gasista y eléctrica si no había una demanda que justificase la regasificadora.