País Vasco y Murcia, las dos comunidades que menos apoyan al agricultor ante la subida de los seguros
El Ministerio de Agricultura recordó este lunes a los consejeros de Agricultura que el malestar en el campo también es responsabilidad de las comunidades autónomas. El paquete de 18 medidas que anunció la semana pasada Luis Planas no ha conseguido frenar las tractoradas, y el ministro convocó este lunes a los 17 responsables autonómicos de esta cartera para pedir que también ellos asuman sus competencias, ya que la política agrícola se dicta en Bruselas, la coordina el Gobierno y la ejecutan las comunidades. Una de las formas más visibles de apoyo es en la subvención a la contratación de seguros agrarios, puesto que cada vez son más caros y a la vez más necesarios por el cambio climático.
Según datos del Ministerio de Agricultura, a los que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno cubre el 40% de las primas y las comunidades el 12%, aunque con grandes diferencias. El País Vasco es el que menos subvenciones da porcentualmente, apenas el 1,50% del total. Si los agricultores vascos pagaron el año pasado 7,47 millones a las aseguradoras, la consejería puso 110.000 euros, y el ministerio 2,94 millones (39,32%). El caso de País Vasco no es reseñable porque la agricultura es un sector pequeño, pero en Murcia las pólizas agrarias costaron en 84 millones, y la Región apenas subvencionó el 3,1% del total con 2,6 millones, frente a los 35,29 millones que transfirió el Gobierno a los profesionales de esta comunidad para pagar sus primas.
El ministro abrió el debate este lunes después de dos semanas de protestas del sector agrícola, donde el Gobierno central ha capitalizado las críticas de los representantes del sector primario, al tiempo que algunos consejeros —principalmente de Vox y el PP— han cargado contra Planas. "Las comunidades también son gobierno, y también tienen que dar respuesta a las organizaciones agrarias. No se trata solo de mandar un correo certificado al ministerio o a la UE, hay que asumir las competencias que son propias. A veces lo hacen y otras no", señaló el ministro antes de sentarse telemáticamente con los consejeros.
Planas dedicó una parte de la reunión del lunes a pedir un mayor apoyo de las comunidades a la factura de los seguros, ya que el cambio climático aumenta los daños cada año y las primas se encarecen por la siniestralidad, dificultando el trabajo de los agricultores. El año pasado, este sector se gastó en España 1.011 millones de euros en contratar pólizas para proteger sus cultivos. De esa cifra, el Gobierno cubrió 401 millones y las comunidades 129 millones. Sin embargo, Planas criticó que mientras unas regiones aportan más de un 10% del coste de aseguramiento, otras apenas subvencionan entre el 2% y el 3%.
En realidad, solo País Vasco y Murcia se movieron el año pasado en esos porcentajes. Las siguientes en la lista fueron Castilla-La Mancha (7,3% de subvención sobre las primas totales contratadas en esa comunidad), Asturias (8%), Aragón (9%) y Castilla y León (9,2%). El resto se mueve entre el 10% y el 20% de cobertura, salvo Madrid (24,6%), Baleares (25,6) y Valencia (27,9%). Como el Ministerio de Agricultura siempre cubre alrededor del 40% del coste, hay una enorme diferencia entre lo que paga un agricultor por su seguro en Valencia y en Murcia.
Más inspectores en la cadena alimentaria
Por otra parte, el ministro reclamó a los consejeros que se tomen en serio la Ley de la Cadena Alimentaria, que tiene sus competencias divididas entre las comunidades y el Gobierno central. Las primeras deben investigar las compras de alimentos por debajo de precio de coste —a pérdidas— que se den entre dos empresas que estén ubicadas dentro de una misma región, pero aunque la ley tiene ya dos años, muchas autonomías están todavía ultimando sus equipos de inspección. "Es importante que dar un paso más y que las comunidades asuman esa tarea de forma efectiva. Algunas lo hacen ya y otras menos, y quien no lo ha hecho se lo voy a recordar", apuntó el ministro antes de la reunión. Pese a las insinuaciones, Planas rechazó señalar ante la prensa a los consejeros que menos están haciendo por el sector. "No voy a hacer un baremo de buenos y malos", respondió.
En teoría, las competencias de Agricultura están cedidas a las autonomías en la Constitución, aunque están limitadas por el Gobierno y la Unión Europea. Normativas como la sanidad animal, el uso de fertilizantes o las ayudas públicas al sector provienen de Bruselas, y el Ejecutivo adapta estas directivas a la realidad del país. Por eso, muchas de las normativas las coordina el Ministerio de Agricultura, mientras que las consejerías autonómicas se encargan de su cumplimiento. Por ejemplo, las comunidades controlan los brotes de enfermedades animales, gestionan todo el papeleo de las ayudas de la PAC o controlan el transporte del ganado, pese a que la directriz principal proviene de la Unión Europea.
Algunas comunidades ya han tenido que tomar medidas en los últimos días por la presión del campo. En Murcia, el Gobierno de Fernando López Miras (PP) se apresuró la semana pasada a negociar con las organizaciones un paquete de 18 millones después de que un grupo zarandease su coche y bloquease la asamblea provincial. Baleares también se comprometió el jueves a diseñar con el sector primario un plan agrario para la próxima década, y Cataluña anunció que compensará el 80% de las pérdidas que generen las restricciones de agua entre los agricultores debido a la sequía.
