“Se tienen que dejar de construir piscinas en plena sequía”. Lo pide Ecologistes en Acció, en boca de Eli Forés, coordinadora del grupo de agua de la entidad. Y alguna administración ya se ha puesto con ello, como Baleares, que ha limitado la cantidad y tamaño de las nuevas piscinas en zona rural. La organización por el clima exige una moratoria de estas construcciones tras 30 meses sin lluvias destacables en Cataluña. 30 meses que han dejado seco el territorio, que en breve afronta la temporada de baño. La consecuencia es muy gráfica: embalses bajo mínimos. El pantano de Sau, en el 9% de sus reservas. Hace 12 meses la fotografía era muy distinta: un 52%.
En zonas como Barcelona se construyen bloques de pisos con piscinas comunitarias en las azoteas de los edificios, como reclamo para inversores. Todo en un lugar, recordemos, donde ya hay mar. “Es aberrante e injustificado”, se exclama Annelies Broekman, académica del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). “Es un paso más de la avaricia del turismo que ha habido a lo largo de décadas en Baleares, pero que se aplica a otras comunidades autónomas”, cuenta a infoLibre el conseller de Medio Ambiente y Territorio de las Baleares, Miquel Mir.
Lo de la capital catalana no es algo paranormal. Ocurre lo mismo en Begur, uno de los municipios costeros más turísticos de la Costa Brava, que cuenta con una superpoblación de albercas. Allí hay 1.806 zonas de agua artificial y 4.177 habitantes censados, según datos oficiales. Mientras, en lugares como l’Espluga de Francolí, más al interior del territorio, sus ciudadanos subsisten a base de cortes de suministro y camiones cisterna para tener de beber. Esta es, de hecho, una de las épocas más crudas que se vive en los últimos 50 años. Y lo que queda, según pronostican todos los expertos y la propia Generalitat, que prevén más de esto, más veces y más duro.
El mapa muestra cómo el litoral catalán está infestado de piscinas. La fotografía se compone de un collage de municipios pudientes, como Sant Cugat del Vallès, hechos a base de viviendas unifamiliares con jardín y piscinas, 4.867; pueblos que lo apuestan todo al turismo de sol y cerveza, como Lloret de Mar (2.791); y municipios que juntan lo mejor de cada casa, como Sitges (1.563) o Castelldefels (2.313).
Lliçà d’Amunt es el segundo municipio de toda Cataluña con más piscinas, 2.947. Y eso que tiene menos de 16.000 habitantes. Berga, con apenas 1.000 residentes más, tiene 57, mientras que Badia del Vallès, con 13.163 personas censadas, cuenta con una cifra irrisoria de tres albercas. Barcelona, la capital y ciudad más poblada, con más de 1.600.000 vecinos, tiene 1.460.
“Las piscinas son un lujo y suponen un gasto de agua innecesario”, opina Broekman. Las albercas municipales son una buena alternativa ante las olas de calor, destaca la investigadora, porque están abiertas al público y su control está más vigilado que lo que pueda hacer cualquier persona en su casa. “El tema es dónde está; una piscina al lado del mar tiene menos justificación que en una zona donde no hay ninguna alternativa, ni río ni nada”, afirma.
Tener una zona de agua va más allá de tener donde mojarse. “Una piscina da estatus y sube el precio de la vivienda”, dice Jorge Dioni, periodista y autor del libro La España de las piscinas. “También hay una explicación cultural: una piscina es un lugar divertido, es un lugar infantil, donde va a haber niños jugando, donde uno hace comunidad con el resto, es como una playa”, añade. Y no quita que todo forma parte de una lógica aspiracional, explica Dioni, en que se trabaja para tener más, acumular más capital y más propiedades.
El modelo urbanístico y de negocio ha condicionado qué se hacía con el territorio. “Cuando un lugar es adicto a la construcción y al turismo, no puede prescindir de las piscinas. Pagan residentes por visitantes, que tienen más creación de valor que el residente, con lo cual… vecino, fastídiate un poco”, ironiza el periodista. Y eso tiene consecuencias. “Las casas con piscina y jardín gastan un 30% más que los pisos”, expone Forés.
“Nuestro modelo es incompatible con el cambio climático”, afirma la investigadora del CREAF. “No solo haría moratorias de nuevas piscinas, sino de nuevas urbanizaciones donde no haya abastecimiento garantizado, porque mantener el statu quo ya cuesta horrores”, asegura, a la vez que plantea un estudio integral que englobe las distintas necesidades poblacionales y de recursos, para tratar de encajar un puzzle que muestra señales de colapso.
1.266.000 piscinas en España
En el conjunto de España hay 1.266.259 piscinas. Dicho de otro modo, hay una por cada 37 habitantes. La comunidad autónoma que ostenta el primer puesto es Andalucía, con más de 300.000. Luego le siguen la Comunidad Valenciana, con 245.000, y Cataluña, con casi 200.000. Las tres regiones, por cierto, con mar.
Asturias, Cantabria y La Rioja se sitúan en el lado opuesto, con 3.893, 4.178 y 5.194 piscinas, respectivamente.
Baleares le echa el freno: “Necesitamos decrecimiento turístico”
Baleares ya ha puesto coto a estas construcciones. “Hemos condicionado las piscinas en suelo rústico, impidiendo más de una piscina por finca, así como su magnitud, que no puede hacer más de 30 metros cuadrados y 60 metros cúbicos de capacidad”, explica el conseller de Medio Ambiente y Territorio de las Baleares. “Somos pioneros, no solo nos hemos avanzado a leyes estatales, sino que también a directivas europea”, se felicita Mir.
¿Los motivos? “Tenemos unas islas con territorio limitado, un contexto de crisis climática, unas precipitaciones que van decreciendo, con temperaturas cada vez más extremas… y a eso le tenemos que sumar otro elemento a este cóctel molotov, como es una presión antrópica muy fuerte, sobre todo los meses de verano”, señala. “Es entonces cuando Baleares tiene menos capacidad de recarga hídrica y a la vez sufre mayor llegada de turistas”, cuenta. “Eso genera una ecuación muy complicada”, dice el conseller. “Necesitamos decrecimiento turístico”, remata.
El posicionamiento político de Mir lo suscribe la investigadora del CREAF Annelies Broekman. “Hay que decrecer, hay que cambiar el sistema económico basado en la huida hacia adelante, y al mismo tiempo entender que la cultura de la limitación es la única manera para mantener un sistema económico vivo”, cuenta.
El conseller de Medio Ambiente y Territorio de las Islas Baleares ve un “absurdo tener grandes piscinas a 30 metros de la playa”. “Sería equiparable a que cada hotel de Andorra tuviera una pista de esquí propia”, dice. “La reflexión que hay que hacer es si es de sentido común que cada hotel no solo tenga una piscina, sino que tenga dos y tres, además de otra climatizada y un jacuzzi… cuando tienes el mar cruzando la carretera”.
Barcelona apuesta por la prudencia y por seguir las indicaciones que dictamine l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que depende de la Generalitat y que es el organismo que establece las medidas a aplicar en cada momento, tal y como cuentan fuentes del Ayuntamiento de la capital catalana a este diario.
No es un gasto tremebundo, pero sí prescindible
Varios expertos destacan que el llenado parcial de una alberca no supone un consumo bárbaro, ya que son unos 20.000 litros al año, siempre y cuando no se eche a perder el agua cada año, con el fin del verano. Por otro lado, una ducha de cinco minutos supone 100 litros, 36.500 al año, aproximadamente.
De todos modos, los mismos académicos consultados por este medio coinciden en destacar que es un gasto prescindible, especialmente en piscinas privadas y en lugares próximos al mar o a una zona de agua. “El problema con el agua no son las piscinas, sino la explotación crónica de los recursos del país”, dice Broekman. “Hay que ver el sistema en conjunto, qué desequilibrios hay y ves que las piscinas forman parte de ello”, insiste.
“Mucha de la política verde en nuestro país está afectada por errores de base, por ejemplo el mismo concepto de eficiencia”, declara la investigadora. “Con eficiencia podemos decir que no se ahorra”, enmienda. “Critico la eficiencia porque parece lo único que se puede hacer. Hay que ir más allá del uso razonable del agua, porque se están fomentando nuevos usos con tecnología para hacer lo mismo con menos agua, pero si aumentas el número de usuarios no has ahorrado nada. En agricultura, por ejemplo, si aumenta la superficie de regadío o se hacen tres cosechas en vez de una vemos un efecto rebote en el que para financiar la mejora tecnológica que permite ahorrar hay que reinvertir el agua ahorrada”, explica. “La modernización de regadíos ha aumentado la cantidad de agua gastada, y lo mismo en urbanismo”, concluye.
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Hay municipios que incumplen la normativa decretada por la Generalitat, según denuncia Ecologistes en Acció. “El 7% de municipios se pasaban de los 250 litros [ahora se pide no rebasar los 230 por persona y día] en estado de prealerta, pero lo que es más grave es que en vez de sancionarlos, como fija el decreto [del Govern], solo se les advertía”, denuncia Forés, que ha pedido a la administración actualizar la situación, para saber si hay más pueblos y ciudades que incumplen, con las nuevas restricciones.
Más determinación y sentido común
La soluciones nunca vienen solas, sino que son múltiples y deben poner el foco en distintos ejes. “Los planes de sequía locales tienen que tener una limitación en el uso del agua antes”, pide Forés. “La área metropolitana de Barcelona y toda la primera línea de costa tiene que tener una moratoria de piscinas”, añade. Otras soluciones son promover el llenado de piscinas con agua salada o gravar más en la factura el mayor consumo. Y un consejo básico: “Si la tenemos cerca, hay que ir más a la playa que a la piscina”, dice la coordinadora del grupo de agua de Ecologistes en Acció.
Si la convicción no sienta cátedra lo hará el apuro, opina el conseller de Medio Ambiente y Territorio de las Islas Baleares. “Por necesidad imperiosa y sentido común se terminarán aplicando estas medidas [de contención de las piscinas], que no son suficientes pero son un paso importante, en otros territorios”.
“Se tienen que dejar de construir piscinas en plena sequía”. Lo pide Ecologistes en Acció, en boca de Eli Forés, coordinadora del grupo de agua de la entidad. Y alguna administración ya se ha puesto con ello, como Baleares, que ha limitado la cantidad y tamaño de las nuevas piscinas en zona rural. La organización por el clima exige una moratoria de estas construcciones tras 30 meses sin lluvias destacables en Cataluña. 30 meses que han dejado seco el territorio, que en breve afronta la temporada de baño. La consecuencia es muy gráfica: embalses bajo mínimos. El pantano de Sau, en el 9% de sus reservas. Hace 12 meses la fotografía era muy distinta: un 52%.