Los datos desmienten las alertas sobre un supuesto descontrol de la población del lobo al prohibir su caza

Las asociaciones de ganaderos y algunas comunidades con gobiernos conservadores tratan desde 2021 de tumbar la nueva protección del lobo. La caza de este animal está prohibida desde ese año en el tercio norte de la península, por encima del Duero, y el sector primario afirma que su población ahora es más numerosa y ataca al ganado. Sin embargo, los datos recogidos por el Ministerio de Transición Ecológica demuestran que la población del lobo apenas ha crecido en España desde su protección. En cuatro regiones del norte peninsular se han contado seis manadas más que hace tres años, pasando de 159 grupos a 165.

Los datos recopilados por el Gobierno no incluyen las cifras de Castilla y León, la comunidad que más lobos alberga y la principal impulsora de la campaña a favor de la desprotección del lobo. A falta de estas cifras, Galicia es la región que tiene una mayor población de este animal, con 93 manadas, seguida de Asturias (entre 40 y 46), Cantabria (20) y La Rioja (entre 5 y 6), según los datos a los que accedido infoLibre. Castilla y León, en su último censo, de 2012-2014, reportó 179 mandas, y desde entonces, hace una década, afirma haber encontrado 34 grupos nuevos, aunque el censo oficial no se ha enviado todavía a Transición Ecológica y las detectadas no tienen por qué ser manadas nuevas, sino que podrían ser anteriores que se han mudado desde otros territorios.

Los datos de Galicia fueron remitidos en mayo de 2023, y los del resto de regiones en febrero de 2024. Galicia, en su anterior recuento de 2015, tenía 90; y La Rioja tres en 2020, mientras que Asturias y Cantabria se mantienen igual que en 2021. Todas las regiones con presencia de lobos deben enviar sus últimos censos a lo largo de este año, ya que en 2025 los Estados los rebotarán a Bruselas para que elabore un nuevo informe de la Directiva Hábitat.

El caos en los números —cada autonomía hace recuentos en años diferentes y algunas con su propia metodología— complica la tarea de los expertos de calibrar la efectividad de la protección del lobo. El recuento de este animal es muy sensible y su evolución se sigue con lupa debido a que el Gobierno y los grupos conservacionistas afirman que sigue amenazado, mientras que el PP, Vox y algunas organizaciones ganaderas quieren que se levante su protección para cazarlo y evitar ataques sobre el ganado. 

En busca de la convivencia

Las organizaciones animalistas defienden que las cifras provisionales publicadas ahora desmontan las quejas del campo porque los cambios normativos no han llenado el campo de lobos, como algunos defienden. "Los datos demuestran que la población no ha crecido tanto como se dice, y eso nos lleva a pensar que el lobo se está utilizando políticamente. Hay varias comunidades que no han aceptado este cambio de modelo y no entienden que la ganadería y el lobo deben convivir", opina Laura Moreno, responsable del Programa de Especies Amenazadas en WWF España.

En todo caso, Moreno incide en que su organización no defiende el "lobo sí, ganadería no", sino que opinan en que hay que dotar a los ganaderos de herramientas para protegerse de él.

La oposición de Castilla y León

Por el contrario, tanto las organizaciones agrarias Asaja y UPA como el PP y Vox critican que la protección del lobo ha causado un aumento importante de los ataques al ganado. La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León publicó hace diez días que en 2023 este animal acabó con 5.566 cabezas, la mitad de ellas vacas, una cifra récord y un 33% más que en 2021, y esta comunidad señala como causa la introducción del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (conocido como Lespre).

El director general de Patrimonio Nacional y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, apunta a Transición Ecológica como el causante del malestar ganadero en su región y subraya que la protección de los cánidos es un error. Según explica, "hasta 2021 si había una zona muy afectada por los ataques del lobo podíamos extraerlos —como se denomina a su control poblacional— sin afectar a la población global de lobos, pero como ya no podemos hacerlo los daños se han disparado", afirma el responsable de bosques y caza en la región. "A la larga, si la Administración no hace nada, empiezan a aparecer viejas prácticas como el furtivismo o el envenenamiento porque estamos con las manos atadas", añade Arranz. 

El problema es que los datos de la Junta dicen poco sobre los cambios en la población del lobo en Castilla y León. En teoría hay más ataques porque hay más manadas y se han extendido por el territorio, pero la cifra que maneja la Consejería es que entre 2014 y 2023 han aparecido 34 grupos que no se conocían, aunque Arranz explica que no tienen por qué ser manadas nuevas, sino que podrían ser anteriores que se han mudado a otros territorios. Por lo tanto, sin los datos definitivos de las nueve provincias, que se publicarán próximamente, es difícil saber si realmente hay más lobos en la región.

Laura Moreno, de WWF, da una versión alternativa. Como la nueva estrategia del lobo incluye compensaciones autonómicas al profesional cuando este animal mata al ganado, cree que ahora se denuncian más que antes los ataques, por lo que las cifras oficiales aumentan. Hasta 2021, si el ataque se producía en un coto privado de caza, donde los cazadores se encargaban de contener el lobo, eran estos los que tenían que compensar al ganadero, y el Gobierno regional no tenía por qué enterarse ni registrar las pérdidas en su recuento.

Historia del conflicto

La disputa política en torno al lobo se desencadenó en septiembre de 2021 tras la entrada de este animal en el Lespre. Hasta esa fecha, estaba permitida su caza deportiva al norte del Duerom mientras que en el sur solo podían extraerse ejemplares por decreto de la comunidad autónoma si se disparaban los daños en una zona. Sin embargo, desde su entrada en el Lespre, quedó prohibida su caza deportiva en toda España y se restringieron al máximo las extracciones: solo se puede matar si representa un gran peligro para la ganadería, si las medidas preventivas no logran contener a la manda y si su extracción no afecta al crecimiento de la población del lobo.

El proceso de extracción es realmente complejo, por lo que no se ha cazado ni un solo ejemplar —oficialmente— desde 2021, incluso en zonas donde el índice de ataque es muy elevado, como Ávila. La ley determina que una vez que se han peritado los ataques y se ha intentado resolver la situación con medidas preventivas –verjas de protección, mastines, guardia presencial–, la comunidad debe elevar un informe preceptivo y no vinculante a Transición Ecológica para que el ministerio dé permiso para abatir al lobo. Cantabria, Asturias y La Rioja han solicitado en menos de diez ocasiones una extracción al ministerio, pero este nunca ha dado su visto bueno y no se ha llegado a cazar ningún ejemplar. Según fuentes de Transición Ecológica, las comunidades "han podido garantizar que han tomado las medidas necesarias y que el daño al ganado era muy importante, pero también tienen que garantizar que la extracción no afecta al estado de la especie, y eso es muy difícil sin un censo actualizado de las manadas".

Ayudas para compensar

Para contener las protestas de las comunidades autónomas afectadas por la introducción del lobo en el Lespre, el Gobierno publicó en julio de 2022 la Estrategia para la Gestión y Conservación del Lobo, que incluye cada año 10 millones de euros en ayudas a las autonomías para invertir en protección del ganado y otros 10 millones para que estas comunidades indemnicen a los ganaderos que sufren ataques de este animal.

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Algunas regiones como Galicia se negaron a suscribir el plan, pero en la práctica todas cumplen con el Lespre. Las subvenciones para compensar la muerte de animales no generan problemas entre los ganaderos, ya que las piezas se pagan a precio de mercado, pero las ayudas para proteger el ganado son más o menos efectivas dependiendo de la zona y del tipo de ganadería. En la ganadería extensiva, donde las vacas pastan en montes comunales que no se pueden vallar, es más complicado evitar el ataque del lobo.

Consultas en la UE

Coincidiendo con la polémica en España, la Comisión Europea inició el año pasado un proceso de consultas para valorar la rebaja de la protección del lobo, y en diciembre propuso sustituir su estatus de "estrictamente protegido" a "protegido", lo que abre la veda a que los países permitan su caza como forma de control poblacional. El argumento de Bruselas es que en este momento hay unos 20.300 lobos en la Unión Europea frente a los 11.193 de 2012, y es el momento de cambiar su estatus de protección, que data de 1979. La Comisión estima en su informe que en España hay entre 1.234 y 2.390 lobos, el tercer país con más ejemplares.

Sin embargo, el movimiento de la Comisión es interpretado por las organizaciones ecologistas como una cesión de Bruselas a los ganaderos en un momento convulso del sector y a pocos meses de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, donde la derecha y la extrema derecha se disputan el voto agrario.