La sustitución de Leopoldo González-Echenique por José Antonio Sánchez en la Presidencia de RTVE está siendo interpretada, dentro y fuera de la corporación, como el triunfo definitivo de la política neoliberal de Cristóbal Montoro, preludio del final de la radio y televisión pública tal y como la conocemos. No se trataría tanto de una desaparición física súbita, a imitación de Canal Nou, sino de una jibarización de la actual plantilla, nuevas rebajas presupuestarias, desplome de audiencia hasta la irrelevancia, consagración de La 1 como un remedo de La 2 y justificación futura de la eliminación definitiva. El propio ministro de Hacienda mostraba este octubre sus planes en el Senado cuando afirmaba que "RTVE no jugará en la misma categoría donde tienen que jugar servicios públicos de gestión privada".
Se trata de instalar, de una vez por todas, la tesis inscrita en el ADN del Partido Popular: el Estado no debe intervenir en ningún terreno en el que pueda hacerlo la iniciativa privada. Enlaza así con el tsunami privatizador que durante los gobiernos de Aznar despojó la titularidad ciudadana de Telefónica, Argentaria, Repsol, Endesa, Iberia, Altadis y un largo etcétera. Ya entonces convivían en el PP los que realizaban la apuesta imbuidos de fe ultraliberal y un sector más pragmático, adherido a la doctrina por las posibilidades de negocio que acarreaba para sí mismos, para sus familiares, amigos, compañeros de pupitre, de carrera, o de oposición. Nacía una nueva cúpula dirigente encabezada por los Villalonga, Pizarro, Blesa, Francisco González y tantos otros, que se encumbraban no por herencia o méritos, sino por pura y simple cercanía a quienes ostentaban el poder político. Ya bajo el Gobierno de Rajoy, el ataque privatizador se ha centrado en la Sanidad y la Educación públicas, acosadas por recortes temerarios, contra los que han salido a la calle mareas blancas y verdes que han conseguido frenar en parte el pretendido despojo.
En el caso de las radios y televisiones públicas, el Gobierno encabezado por Rajoy aprueba, nada más tomar posesión, los cambios necesarios para que las de titularidad autonómica puedan ser privatizadas, y para que en la estatal los responsables puedan ser elegidos sin necesidad de consenso parlamentario, e imponer así su mayoría absoluta. Con esa normativa ad hoc, el PP tendría las manos libres para desmantelar RTVE y despojar a los ciudadanos de la titularidad, bien sea por traspaso a manos privadas, bien por la simple y llana desaparición. Para este objetivo final, Gobierno y partido diseñan una estrategia de pasos sucesivos que, tras casi tres años de legislatura, pueden ser enumerados.
1. Bajada de presupuesto. Privada de ingresos publicitarios (por graciosa concesión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la patronal de las televisiones privadas), las cuentas de RTVE son rehenes de la aportación del Estado, vía Presupuestos Generales. En concreto, el Gobierno del PP la ha disminuido en 112 millones de euros en 2012, 113 millones en 2013, y 134 más en 2014, hasta llevar a la empresa al colapso financiero y provocar la renuncia del presidente designado en junio de 2012.
2. Devaluar la programación. La merma de presupuesto se traslada a la programación. Se compran menos y peores lotes de películas y series extranjeras, se rechazan proyectos y ofertas de producciones españolas y se minimiza la compra de derechos deportivos de gran audiencia, como la Fórmula 1, el motociclismo, el tenis internacional, la Liga de fútbol, la Champions League, los Mundiales y Eurocopas, etcétera. Se llega incluso a guardar en la videoteca series y películas ya adquiridas, para que su emisión no repercuta en el ejercicio contable.
3. Informativos gubernamentales. Los servicios informativos se ponen al servicio del Gobierno. La pérdida de pluralismo se concreta en la omisión de lo que pueda perjudicar la imagen gubernamental, la exaltación de los logros y la censura frente a las críticas. Se pone al frente a "personal de confianza" y se invita a debates y tertulias a profesionales cercanos al PP.
4. Sin capacidad de competir. Una programación sin productos de interés mayoritario y unos informativos sin credibilidad se traducen en una escasa capacidad de competir con las cadenas privadas. Ni siquiera se obtiene ventaja con la ausencia de cortes publicitarios. A día de hoy, TVE se muestra incapaz de ofrecer alternativas a los estrenos y trasmisiones de Telecinco y Antena 3 y carece del desparpajo e inmediatez que nutre buena parte de la parrilla de La Sexta y Cuatro.
5. Desplome de audiencia. De alternarse, o superar, a las dos grandes cadenas privadas en el liderazgo hasta 2011, TVE se sitúa en este año entre tres y cinco puntos por detrás. Ya juega en segunda división, seguida a tan solo dos puntos por La Sexta y Cuatro. Los resultados son aún peores si se compara el grupo TVE con Mediaset y Atresmedia. El anquilosamiento de La 2, el escaso interés de las trasmisiones minoritarias de Teledeporte y la falta de pluralismo del 24H dejan a Clan como único canal de referencia cierta en su segmento de espectadores.
6. Crear mala imagen. Al dejar de ser, tanto TVE como RNE, medios de referencia, es fácil que los ciudadanos aumenten las críticas. Los razonamientos pueden ser acusados de simplistas, pero han calado en una parte sustantiva de la opinión pública. Muchos se preguntan para qué mantener ese gasto en plena crisis económica, un argumento que, de manera torticera, utilizó el presidente valenciano cuando justificó el cierre de Canal Nou diciendo que con ese dinero podía crear escuelas y hospitales, de los que no hemos vuelto a saber nunca más. También se opina que "es mala" y "no la ve nadie", al tiempo que se habla de sus trabajadores como "privilegiados, que no hacen nada, y tienen el sueldo seguro". En consecuencia, se produce una mala imagen para facilitar que la pérdida de una propiedad ciudadana sea vista como una eliminación conveniente.
La RTVE que encuentra Sánchez
El golpe de timón que supone la vuelta de José Antonio Sánchez a la dirección de RTVE no es sino la reafirmación de los planes del PP, urgidos además por la cercanía de elecciones municipales, autonómicas y generales. Conllevará –al menos así lo temen los partidos de oposición y los propios trabajadores– un férreo control de los Informativos, un actuar “sin complejos” en la censura y manipulación para exaltar las bondades del Gobierno y teñir de optimismo la penosa realidad que soportan buena parte de los ciudadanos.
Sin embargo, la situación en España es muy distinta en este otoño a la de aquel de 2011 en que Mariano Rajoy ganaba las elecciones y obtenía la mayoría absoluta en las Cortes. Tres años de compromisos electorales incumplidos, de nuevos aumentos de paro y corrupción política, de recortes sociales y restricción de libertades públicas, han alumbrado un nuevo escenario político, en el que, mientras el PSOE lucha por renovarse, ha aparecido Podemos, una formación nacida del rechazo a la política heredada de la Transición, que aglutina a desencantados con su antiguo voto y abstencionistas habituales, para reclamar en plazas, calles y asambleas ciudadanas participar activamente en las decisiones, clamar por más democracia y exigir una política hecha por y para la gente. Los resultados obtenidos en las elecciones europeas y las expectativas de apoyo que recibe en todas las encuestas garantizan la apertura de un tiempo nuevo y distinto, muy lejos de la simple alternancia entre PP y PSOE vigente desde hace casi 40 años.
Cambios en la situación general y cambios en los medios de comunicación, con los privados buscando el favor del poder político (lo que ha desencadenado el abandono casi total de tradiciones de independencia) y los públicos trasmutados en órganos de propaganda de los gobiernos. En el caso de RTVE, los responsables nombrados por el PP han llevado a una deriva concretada en pérdida de credibilidad y audiencia. No obstante, la realidad interna de la corporación ha experimentado una profunda transformación en estos tres años y la RTVE que encuentra José Antonio Sánchez tiene elementos diferenciales muy alejados de la que dejó tras su cese en 2004. Es incluso muy distinta de la que había cuando Rajoy y el PP llegaron al poder.
Para comenzar desde fuera, hay que resaltar los ejemplos de Canal Nou y Telemadrid, ambas empresas públicas bajo gobiernos del Partido Popular. En el primer caso, a la utilización de la radio y televisión pública como servicio de propaganda del Gobierno valenciano, se sumó la utilización de la empresa como intermediario y cómplice de todo tipo de corruptelas de los sucesivos gobiernos del PP, investigadas –y en algunos casos ya condenadas– por la Justicia. Los trabajadores, salvo excepciones individuales, no reaccionaron hasta que el cierre fue inminente.
En Telemadrid, la manipulación orquestada por los gobiernos de Aguirre y González, así como los contratos onerosos con Enrique Cerezo, han contado desde el primer día con la denuncia de los trabajadores, movilizados en defensa de una radio y televisión pública gestionada con transparencia y que contara la realidad a los madrileños. Tras los despidos de tres de cada cuatro empleados, es hoy una cadena desprestigiada e irrelevante en el panorama mediático y entregada a empresas externas.
Se trata, en definitiva, de dos desgraciados ejemplos que, paradójicamente, han servido para poner en guardia a los trabajadores de RTVE y que confluyen en una realidad que tiene estos grandes rasgos:
1. Unidad sindical en el rechazo. Las secciones sindicales de CCOO y UGT, mayoritarias y enfrentadas durante la negociación y firma del convenio colectivoconvenio colectivo, han manifestado, desde que se anunció la vuelta de Sánchez, su intención de trabajar unidas en la defensa de una RTVE pública, relevante y de calidad. En esa dirección, CCOO afirma que con el nombramiento "se ponen todas las piezas para desmantelar la radio y televisión pública golpeando el empleo, la estructura y la credibilidad de esta empresa". Y añade: "Si queremos pararlo, es necesaria la unidad de todas y todos los trabajadores y de todos los sindicatos. Por encima de los intereses de unos y otros debemos luchar juntos por el futuro de CRTVE y por el mantenimiento de los puestos de trabajo".
Por su parte, UGT se compromete a "apoyar y organizar cuantas acciones se propongan desde al colectivo de trabajadores para llegar a toda la sociedad y poner en evidencia que el PP quiere acabar con la Radio Televisión Pública".
2. Seis años de información libre. Los Informativos de RNE y TVE tenían una tradición de subordinación al poder político. Con unas épocas menos asfixiantes que otras, telediarios y diarios hablados han actuado si no al dictado, sí bajo el control gubernamental. Pero la designación de cargos por consenso provocó un aire nuevo, concretado, en el caso de TVE con la llegada a la dirección de Informativos de Fran Llorente y su impulso para confiar en los criterios profesionales de los distintos responsables. Los telediarios durante seis años se comprometieron –no sin lucha para conservar la independencia– con la información veraz y plural, respeto al Estatuto de RTVE y a las decisiones profesionales. Obtuvieron premios nacionales e internacionales, pero quizás la mayor recompensa fue que quedaron como modelo de periodismo libre y referencia de cómo un medio público podía servir a la ciudadanía.
3. Rebelión de la redacción. Los periodistas que nutren hoy la redacción de TVE han conocido esa etapa que sea acaba de citar: "¡Somos los mismos que hacíamos los mejores telediarios del mundo!", exclamaban algunos de ellos al constatar el desplome de credibilidad y audiencia en los dos últimos años. Y esa convicción les ha llevado a protagonizar protestas y denunciasprotestas y denuncias contra la dirección impuesta por el PP, canalizadas y encabezadas por el Consejo de Informativos, órgano elegido por los periodistas, que no ha cesado en señalar cada caso de manipulación o censura. La nostalgia por el inmediato pasado en libertad y el ansia por recobrar la dignidad profesional estallaron con la mayoría de la redacción puesta en pie para imponer una información equilibrada de la renuncia de Leopoldo González Echenique y se plasmó en 1.500 firmas de adhesión al manifiesto Ante una situación límite, promovido por el Consejo de Informativos.
4. Ciudadanos hartos de manipulación. Junto a los distintos colectivos de trabajadores de RTVE y a sus denuncias profesionales, es la propia ciudadanía la que muestra su enojo por la información mediatizada políticamente. Día a día, en los medios de comunicación aparecen referencias críticas ante el tratamiento dado por RTVE a la Diada, a la eclosión de Podemos o a la ocultación de informaciones de la realidad española desfavorables al Gobierno. En todas las redacciones se reciben múltiples correos con comentarios que muestran a las claras el rechazo y claman por el pluralismo y la veracidad. La demanda hace tiempo que ha traspasado el ámbito profesional, para convertirse en una exigencia ciudadana, difícil de ignorar.
5. Aislados de Europa. Los grandes países de nuestro entorno, miembros de la Unión Europea y más cercanos en población y cultura a España, mantienen una radio y televisión pública de gran peso. Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia son titulares de empresas de comunicación solventes en lo económico, gracias a financiaciones mixtas, en las que un canon garantiza buena parte de los ingresos imprescindibles. En todos los casos, líderes o no de audiencia, se sitúan en primera línea de competencia con los canales y emisoras comerciales. También coinciden en su independencia respecto a los gobiernos, incompleta y sujeta a crítica en Italia, pero incuestionable en el resto. En natural consecuencia, BBC, ZDF y ARD, France 2 y RAIson emblemáticas en sus respectivos países: para británicos, alemanes, franceses o italianos, la posibilidad de que desaparezcan o pierdan peso o independencia sus cadenas públicas es impensable, al punto que ninguna formación política lo incluye en sus programas, ya que se considera propio de sociedades poco desarrolladas y carentes de tradición democrática.
Al PP le va a faltar tiempo
A todo el análisis anterior hay que sumar una circunstancia categórica, que por sí sola inhibirá los planes liquidadores o privatizadores del Partido Popular: resta poco más de un año de legislatura. Un lapso de tiempo muy estrecho para que puedan aplicar soluciones como el cierre de Canal Nou o una abrumadora reducción de plantilla y relevancia pública (caso de Telemadrid). En una democracia como la española, decisiones unilaterales del Gobierno y su mayoría parlamentaria estarían sujetas a recursos judiciales en las distintas instancias, que provocarían incluso, en el caso de llegar al Tribunal Constitucional, una suspensión cautelar de un posible cierre o ERE desproporcionado. La paradoja a la que se enfrentan el PP y el Gobierno de Rajoy es que la misma cercanía electoral que les ha llevado a acentuar, vía José Antonio Sánchez, la presión intervencionista en RTVE, les maniatará planes de mayor trascendencia.
Así las cosas, Montoro podrá plantear, so pretexto de un ahorro imprescindible, un menor coste de programación (que agravaría el desplome de audiencia), o una amplia reducción de plantilla (previa denuncia del convenio colectivo, que garantiza la estabilidad en sus empleos a los 6.400 trabajadores hasta finales de 2015), pero encontrará la resistencia unitaria de los representantes sindicales, lo que supondría soportar el desgaste político de movilizaciones, huelgas, pantallas a negro y repulsa ciudadana.
Más factible, en principio, parece la consagración sin complejos de los Informativos a las directrices propagandísticas de la derecha, pero la denuncia y oposición de los profesionales y de sus órganos de representación pueden convertir en un peligroso bumerán cada ejemplo de manipulación o censura.
En cualquier caso, descartados el cierre o la privatización por falta material de tiempo, las medidas de adelgazamiento de RTVE y la anulación completa del pluralismo en los informativos serán tan conflictivas como reversibles por parte del Parlamento que surja tras las elecciones generales de 2015. De aquí a entonces, Gobierno y PP podrán ganar escaramuzas parciales, pero perderán la guerra contra la radio y la televisión públicas.
La sustitución de Leopoldo González-Echenique por José Antonio Sánchez en la Presidencia de RTVE está siendo interpretada, dentro y fuera de la corporación, como el triunfo definitivo de la política neoliberal de Cristóbal Montoro, preludio del final de la radio y televisión pública tal y como la conocemos. No se trataría tanto de una desaparición física súbita, a imitación de Canal Nou, sino de una jibarización de la actual plantilla, nuevas rebajas presupuestarias, desplome de audiencia hasta la irrelevancia, consagración de La 1 como un remedo de La 2 y justificación futura de la eliminación definitiva. El propio ministro de Hacienda mostraba este octubre sus planes en el Senado cuando afirmaba que "RTVE no jugará en la misma categoría donde tienen que jugar servicios públicos de gestión privada".