"Está en juego la salud, el bienestar y la seguridad de los niños y los adolescentes. Y también la tranquilidad de las familias", aseguró el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuando anunció el pasado martes el anteproyecto de ley de protección al menor en entornos digitales. Tras seis meses de trabajo y siguiendo el camino que ya han emprendido países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Australia u ocho estados de EEUU, el Gobierno puso en marcha esta nueva legislación para evitar, sobre todo, que los más jóvenes accedan a contenido pornográfico con sólo pulsar un botón de su móvil o tableta.
Apelando a los poderes públicos y también al ámbito educativo, sanitario, legal y tecnológico, la norma se fundamenta en tres claves: más investigación, más sensibilización y más vigilancia. "Aunque no disponemos del texto definitivo, la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia ya llama a la colaboración público-privada para la creación de entornos digitales seguros para menores", explica Ignacio Muñoz Casquero, senior legal counsel de Legal Army.
Es, probablemente, este último punto, la vigilancia, la que más incógnitas despierta porque abre un reto y un debate puramente tecnológico que ni administraciones públicas, ni industria, ni organizaciones civiles han logrado dirimir aún. La solución, en principio, parece sencilla. Por un lado, la activación de controles parentales que pueden ir desde acceso restringidos a determinadas webs, pasando por la imposición de límites de tiempo hasta la monitorización de la su actividad online. Y, por otro, la imposición de una verificación de edad.
Sin embargo, "todas estas medidas se han demostrado no ser efectivas debido a su complejidad técnica o a comprometer la privacidad de los usuarios", señala Muñoz Casquero. "La posibilidad de cambiar la VPN, que la pornografía sea generada en redes sociales y no en webs específicas, el uso de documentos identificativos falsificados, entre otras muchas, impiden que estos sistemas implementados hasta ahora hayan funcionado", reconoce este abogado.
Los sistemas de verificación de la edad son "sistemas de vigilancia"
Por ejemplo, en el caso de los sistemas de verificación, se dividen en varias categorías, aunque la más común es confiar en un tercero que conozca la identidad del usuarios, es decir, validando o una tarjeta de crédito, o una documento de identidad. Además, también existen fórmulas más experimentales basadas en reconocimiento facial —Facebook e Instagram lo usan un vídeo selfie que determina si es menor, pero que no han implementado en la UE porque estaría prohibido por el reglamento europeo de protección de datos— o accediendo al historial de la actividad en línea para adivinar la edad.
Sin embargo, en 2022, la Comisión Nacional de Informática y Libertades francesa (CNIL) publicó un análisis de los métodos actuales de verificación de la edad y concluyó que ninguno reúne los tres elementos clave y que, por tanto, tienen "fallos importantes": ni "verificación suficientemente fiable", ni "cobertura completa de la población" y ni "respeto de la protección de los datos y la intimidad de las personas y su seguridad".
Desde la Electronic Frontier Foundation, sostienen que estos sistemas de verificación de la edad son "sistemas de vigilancia" ya que no sólo afectan a los menores y que son "el enfoque equivocado" para proteger a los jóvenes en Internet. "Por eso, la EFF se opone a las leyes que obligan a verificar la edad, por muy buenas intenciones que tengan", concluye esta ONG que defiende la libertad de expresión en internet.
Legislación europea
Ejemplos de normas a estas alturas de la partida ya hay. Por ejemplo, a nivel comunitario, la UE ha dado pasos para regular el acceso de los jóvenes al porno. En concreto, dentro del paraguas de la Ley de Servicios Digitales que afecta ya a Pornhub, XVideos y Stripchat. Estos portales son considerados "plataformas online muy grandes" y, por tanto, deben cumplir con las disposiciones más estrictas de la normativa.
Los que nos afectan para este caso, es que deben rediseñar sus sistemas para garantizar un alto nivel de privacidad y seguridad de los niños y adolescentes protegiendo sus derechos y evitando que accedan a contenido pornográfico mediante herramientas que verifiquen la edad de los usuarios. No obstante, por el momento lo han resuelto con el típico formulario preguntando si se es o no mayor de 18. En el caso de estas tres plataformas en España, además, incluye una leyenda sobre su página de control parental que dirige en todos los casos a una página con una extensa explicación, eso sí sólo disponible en inglés.
Sin olvidarse, que dentro de la parte más técnica de la verificación de edad, una salida eficaz puede ser la identidad digital europea, que entrará en vigor en 2026. Se trata de unas carteras digitales capaces de vincular sus identidades digitales nacionales con otro tipo de certificados como permisos de conducir, titulaciones educativas, cuenta bancaria o historial médico. "Podría basarse en la tecnología blockchain, la cual permitiría que, a través de algoritmos criptográficos, la información no quede expuesta y no sea visible ante terceros", apunta Muñoz Casquero.
Italia
Por otra parte, Italia movió ficha en noviembre de 2023 con la implantación de más medidas para evitar el acceso de menores al porno. El camino elegido por el Gobierno de Giorgia Meloni fue imponer un control parental en todas las tarjetas SIM a nombre de un menor.
Así restringe el acceso a estas webs, pero también a páginas de apuestas o de juegos de azar y también a aquellas con contenido violento, que instigue al suicidio o que promuevan el uso de drogas o trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia. "El principal problema de esta medida es que muchos jóvenes utilizan una tarjeta SIM a nombre de sus padres u otros mayores de edad", reconoce Muñoz Casquero.
Francia
Francia ya ha intentado legislar en este sentido en dos ocasiones. En 2020, el Gobierno de Emmanuel Macron intentó, sin éxito, implantando requisitos de verificación de edad para la pornografía en línea otorgando al regulador digital francés el poder de bloquear sitios si no cumplían con el permiso de un juez. Sin embargo, esta norma se quedó en el aire porque estas plataformas las impugnaron por motivos constitucionales y la cuestión aún se está dirimiendo en los tribunales.
Por ello, este mismo mayo, ha sacado adelante una nueva norma. Entre las novedades que incorpora, se establecen mayores protecciones para los ciudadanos franceses, especialmente para los más jóvenes. Por un lado, otorga a su regulador de telecomunicaciones, Arcom, el poder de bloquear sitios web que no verifiquen la edad sin procedimiento judicial.
Y, por otro, establece que para acceder a contenidos porno es obligatorio descargarse una aplicación gubernamental en el móvil, France Connect, que contiene un certificado digital que verifica la mayoría de edad y en la que todos los franceses afiliados a la seguridad social tienen una cuenta. "Están buscando una solución técnica que permita verificar la edad de los usuarios protegiendo su privacidad", sostiene Muñoz Casquero. No obstante, desde el Gobierno de Macron trasladan que el sistema no tiene acceso a datos que identifiquen al usuario y que el verificador no sabe a la página a la que se está entrando.
Alemania
Alemania no cuenta como una ley como tal, pero sí con una sentencia del Tribunal Federal de Justicia de 2007 que determinó que no basta con que las webs porno deben ir más allá para la verificación de edad de una identificación, una dirección o unos datos bancarios. Además, la Comisión Alemana para la Protección de los Menores en los Medios de Comunicación, que revisa y clasifica contenidos, establece directrices claras como que las plataformas podrían, por ejemplo, exigir documentos de identificación a todos los usuarios y, en 2022, se abrió a que usaran inteligencia artificial para determinar la edad.
Los sistemas aprobados por ese organismo estatal germano utilizan métodos de aprendizaje automático para analizar la edad de una persona en base a determinados parámetros biométricos. Además, como establece un margen de error en cinco años, estos sistemas deben determinar que son mayores de 23 años para poder acceder a la pornografía.
Reino Unido
Otro de los países que ha tomado la delantera para intentar legislar el acceso al contenido sexual para adultos de los menores es Reino Unido. Hay que remontarse a 2015 para encontrar sus primeros intentos por legislar este tema. Así, en 2017 se convirtieron en el primer país en exigir la verificación de edad para estos sitios web con una especie de filtro antiporno que debían implementar los propios operadores, abandonaron esta legislación por "retrasos", "dificultades técnicas" —se podía evitar con el uso de una VPN— y "la preocupación por la privacidad".
Por ello, el pasado otoño, el Gobierno británico sacó adelante la Ley de Seguridad en Línea. Así, exige a las plataformas con pornografía, pero también a aquellas con contenido relacionado con el suicidio o con trastornos alimenticios, comprobar que las personas que intenten acceder tengan la edad legal para hacerlo bajo la amenaza de multas de hasta el 10% de su facturación global.
El regulador de telecomunicaciones, Ofcom, ofrece hasta seis métodos diferentes: un documento oficial —aunque hay que tener en cuenta que en Reino Unido no existe nada parecido al DNI español—, las redes móviles, una tarjeta de crédito —que los británicos sólo pueden tener si son mayores de 18— o que las plataformas utilicen la tecnología a su alcance para determinar la edad potencial del usuario ya sea con una fotografía reciente o con reconocimiento facial. "Esto es mucho más controvertido", apunta Muñoz Casquero.
EEUU y Australia
Fuera de Europa, al otro lado del Atlántico, las restricciones solo se dan en algunos estados de EEUU. A principios de 2023, Luisiana, Utah, Arkansas, Mississippi, Virginia y Texas instauraron leyes que obligan a que las webs en las que la pornografía supera el 33,3% de su total utilicen sus propios métodos o un servicio de terceros para recopilar información, como una identificación emitida por el gobierno, para garantizar que los menores no accedan. Desde el 1 de enero de 2024, Montana y Carolina del Norte también pusieron en marcha normas similares. En estas ocho regiones, Pornhub ha restringido el acceso a los usuarios como protesta a la aprobación de estas normativas.
Y en Australia, el Gobierno anunció a principios del pasado mayo una prueba piloto de tecnología de control de edad para evitar que los jóvenes accedan a pornografía y contenidos nocivos como parte de su respuesta a la crisis de violencia familiar que se vive en el país. Los resultados serán estudiados por el Comisionado de eSafety que los incluirá dentro de su Ley de Seguridad en Línea o a través del desarrollo de estándares para la industria.
La idea general con la que trabajan es que el sitio en cuestión usará algún método para garantizar que esa persona sea un adulto. En la hoja de ruta para la verificación de la edad de eSafety en 2023 se recomendó un "enfoque tokenizado doble ciego", es decir, un identificador de la edad instalado en el dispositivo en el que un proveedor externo transfiere información entre las webs pornográficas y los proveedores de garantía de edad.
El control parental "por defecto" de España
Y ahora es el turno de España. Según adelantó Bolaños, la futura regulación establece que los fabricantes deberán asegurar que los dispositivos como móviles, tabletas u ordenadores cuenten con un control parental activado "por defecto", además de un etiquetado informativo sobre sus riesgos. Y que, en el caso de las plataformas de intercambio de vídeos, como YouTube, Instagram o TikTok, cuenten con un enlace directo y accesible para cualquier usuario de estos sistemas, además de al canal de denuncias de contenido inapropiado. "Que no sea una yincana buscar en la web donde están", matizó el ministro.
¿Cómo funcionaría este control parental activado por defecto? "El 'por defecto’ aún no sabemos qué implica, reconoce Daniel Riera, director de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, que apunta que se podría hacer de varias maneras: "En el router de casa, dentro del propio sistema operativo del dispositivo o añadiendo un software, como una especie de antivirus". Este experto asegura que se podría hacer "directamente en el sistema operativo, que puede tener todo lo que quiera el fabricante ya que gestiona todo el hardware" o introducirlo en "las aplicaciones ya instaladas en el propio móvil y que no se pueden desinstalar".
¿Y qué pasa con aquellos dispositivos que no son nuevos y que ya están en nuestras casas? "Teniendo en cuenta el principio jurídico de la irretroactividad de las normas, las obligaciones y recomendaciones en ésta establecidas entrarán en vigor con posterioridad a su fecha de publicación", sostiene Muñoz Casquero. No obstante, si se quisiese añadir, la solución pasaría, según indica Riera, por "una actualización del software, al igual que hacen los fabricantes con los agujeros de seguridad". Eso sí, este experto avisa que dependerá también "de lo antiguo que sea" ya que, no hay que olvidar, que muchos de los dispositivos cuando llegan a cierta edad ya no tienen estos servicios de actualizaciones. "Es posible que haya móviles que se queden atrás y se genere así una brecha digital ya que la población con menos recursos, sin posibilidad de comprar uno nuevo, accedan a estos controles parentales", puntualiza este profesor.
Con respecto a la inversión que implica para las empresas, Riera considera que, si no tienen esta implementación que no es "excesivamente compleja", requiere "una inversión": "Si no lo tienen pueden contratar a una empresa e integrarlo en el dispositivo".
Sistemas de verificación "eficaces, efectivos y obligatorios"
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Y, además del control parental por defecto, este anteproyecto también impone a las tecnológicas la implementación de sistemas de verificación de edad "eficaces, efectivos y obligatorios". "En la actualidad no tienen ninguna eficacia porque se limitan a preguntar si es mayor de edad y con un simple sí se puede acceder a contenido para adultos por parte de los menores", explicó Bolaños.
Más allá del reto tecnológico que supone, la otra parte del debate será cómo controlar que los menores no se salten todo este blindaje. "Para el Gobierno y para las propias empresas va a ser difícil. Aunque venga por defecto, será necesario que los padres ejecuten algún tipo de configuración como parámetros en función de la edad", explica Riera que señala que no es lo mismo un adolescente de 11 años que uno de 17. "Habrá hackeos, porque en la propia naturaleza de los jóvenes siempre va a estar el intentar saltarse las normas", reconoce este experto.
Para Riera, la fórmula ideal tendría tres patas. La primera, la formación en "pensamiento crítico y de tecnológica" de los propios menores. La segunda es la legislación: "El Gobierno está haciendo su trabajo, pero tiene que ir más lejos. Tienen que encaminarse a lo que hacen con el tabaco y apelar a los usuarios y también a las tecnológicas, ya que propician esta adición". Y, por último, la importancia de las familias: "Los adultos tenemos que dar ejemplo. Y hay que valorar el hecho de que en muchas familias tampoco sabrán lo que es el control parental y puede ser que no lo configuren bien".
"Está en juego la salud, el bienestar y la seguridad de los niños y los adolescentes. Y también la tranquilidad de las familias", aseguró el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuando anunció el pasado martes el anteproyecto de ley de protección al menor en entornos digitales. Tras seis meses de trabajo y siguiendo el camino que ya han emprendido países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Australia u ocho estados de EEUU, el Gobierno puso en marcha esta nueva legislación para evitar, sobre todo, que los más jóvenes accedan a contenido pornográfico con sólo pulsar un botón de su móvil o tableta.