Todo empezó con un post de Instagram: un relato anónimo publicado por la periodista Cristina Fallarás hace diez días prendió la mecha señalando a Íñigo Errejón como "maltratador psicológico" y "monstruo". Aunque, en realidad, el origen de todo este caso se remonta a hace año y medio cuando en un hilo en el antiguo Twitter ya se relató una agresión sexual del exportavoz de Sumar durante un concierto en Castellón. Después, la tormenta perfecta: la carta de dimisión, el terremoto político, las culpas entrecruzadas entre partidos y más testimonios similares, todos anónimos, que acompañaron en los primeros compases a la denuncia de la actriz y presentadora Elisa Mouiláa, primero en X y posteriormente ante la Policía el pasado viernes.
Tras Errejón, durante esta semana se ha vivido una especie de #MeToo en la política española señalando a los alcaldes del PP de Estepona y Algeciras y un político del PSOE de Badajoz. Y que también ha salpicado al cine con la denuncia pública de acoso sexual vía Instagram y X realizada por la directora y fotógrafa Silvia Grav contra el director Eduard Cortés.
A todos estos casos recientes les unen varios hilos. Por un lado, la violencia sexual. Y, por otro, el escenario inicial: las redes sociales. "Son una extensión del espacio público y al generar despersonalización de las relaciones pueden transmitir esa sensación de mayor seguridad para denunciar", explica Adilia de las Mercedes, jurista especializada en derechos de las mujeres en DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos.
En el caso de la violencia sexual, en la decisión de recurrir a estas plataformas influye, tal y como defiende esta experta, "el miedo a no ser creídas o a sentirse cuestionadas y juzgadas, entre otras revictimizaciones desde las instituciones". "Las mujeres ya no están silenciadas, pueden elevar la voz y hacer su relato público y conocido", asegura Susana Pérez Soler, periodista y doctora de Comunicación Digital por la Universitat Ramon Llull.
No hay que olvidarse que, según datos del Ministerio de Igualdad, solo el 8% de las mujeres que sufren estos episodios lo denuncia. Para Pérez Soler, es clave entender por qué las mujeres eligen estos "canales alternativos": "Hay preguntarse qué está fallando en el sistema para que elijan estas plataformas". "Este es el resultado de la desconfianza crónica de las mujeres en el sistema de justicia cuya ausencia de revisión y de autocrítica es parte importante de esa desconfianza cuando de violencia sexual se trata", reconoce De las Mercedes.
Sin embargo, no todas las expertas consultadas por infoLibre lo ven así. Es el caso de Isabel Elbal, abogada penalista, que considera que las redes sociales no son "un refugio seguro" ni para las propias víctimas, porque "no garantizan ni su intimidad, ni un acompañamiento", ni para el señalado como supuesto agresor, ya que se está "instrumentalizando" y "apuntando" al denunciado que no se puede defender.
Anonimato, sin cuestionamiento y sororidad
No obstante, es habitual encontrar en redes sociales espacios seguros para que mujeres puedan compartir sus historias para ayudar a otras a identificar a ciertos personajes y alertar sobre distintos modus operandi. ¿Las causas? Para Pérez Soler es la combinación de tres factores: "el anonimato, el hecho de que saben que aquí no van a ser cuestionadas y la sororidad, ya que se sienten protegidas".
Eso sí, tal y como detalla Adilia de las Mercedes, hay que diferenciar entre las acusaciones anónimas de las confidenciales. "Las denuncias anónimas las entiendo, pero no las puedo compartir cuando lo que se denuncia es de tal gravedad que puede generar consecuencias muy lesivas para la persona acusada. Otra cosa totalmente distinta es una acusación en un espacio que preserva la confidencialidad de la víctima", explica.
Así, además de la cuenta de la periodista Cristina Fallarás, también está el ejemplo del perfil de Instagram No al acoso callejero que recoge testimonio de acoso, abuso o cualquier tipo de agresión machista y lo publican anónimamente. O el de un grupo de Telegram llamado Autodefensa Madrid en el que "si un día tienes una emergencia, abuso, agresión, envía tu localización a este grupo y todes entenderemos que te pasa algo bestia y llamaremos a la policía, dándoles tu ubicación".
Muchos de estos ejemplos beben del movimiento #MeToo tras la publicación en octubre de 2017 de un artículo de The New York Times que destapó décadas de agresiones sexuales a manos del productor Harvey Weinstein. Eso sí, "abrir un depósito de testimonios de violencia sexual sin un proceso estructurado de acompañamiento psicosocial y jurídico es lanzar a las víctimas al vacío", advierte De las Mercedes.
¿Denunciar sólo a través de las redes?
¿Y tiene sentido hacer estas acusaciones solo a través de redes sociales? "Todos los estudios serios sobre violencia sexual demuestran que el proceso de judicialización de los casos es traumático para la mayoría de las víctimas, en ocasiones mucho más que la propia violencia sexual sufrida", reconoce Adilia de las Mercedes. Para esta experta, es "un fallo sistémico" exigirles que "judicialicen sus casos para brindarles los apoyos integrales que necesitan para recuperarse del daño que se les ha infligido": "Denunciar es un derecho de las víctimas, no una obligación. Ellas denuncian cuando se sienten preparadas para hacerlo".
"La impunidad no se combate con mecanismos ineficaces que no protegen a la víctima y que privan del derecho de defensa a ciudadanos a quienes les asiste la presunción de inocencia. Esto es muy grave y no tiene nada que ver con el movimiento político y colectivo del feminismo", sostiene, en cambio, Isabel Elbal.
No solo hay denuncias de violencia sexual
Pero en las redes sociales no solo se denuncia violencia sexual. "Que sean un lugar donde los ciudadanos emiten quejas sobre infracciones o situaciones injustas no es una novedad", recuerda Pérez Soler.
También sucede en otros campos como las agresiones racistas o LGTBIfóbicas, los abusos laborales como en la cuenta @SoyCamarero, la especulación sin límites con la vivienda como en el perfil @ElZulista o cualquier queja en el ámbito del consumo. Incluso esta misma semana, tras la trágica dana que afectó a Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, las plataformas se llenaron de mensajes denunciando a todos esos empresarios que obligaron a sus empleados a acudir a su puesto de trabajo o que no les permitieron irse antes a casa en plena alerta roja meteorológica.
"El problema de estas plataformas es que mezclamos muchas cosas y están bien para lo que están: para canalizar quejas que antes no se iban a producir y dan visibilidad. Pero debe ser un primer paso y el siguiente debe ser el sistema judicial", indica Pérez Soler.
Y si la violencia sexual tiene como estandarte al #MeToo como movimiento que ganó fuerza en redes sociales, aquí son muchos más los ejemplos. La Primavera Árabe, el 15M, Occupy Wall Street, Black Lives Matter, Fridays For Future, el estallido social en Chile, las protestas por la muerte en Irán de Masha Amini… son solo algunos de los acontecimientos que saltaron de la esfera online a las plazas. Lo explicó Manuel Castells, sociólogo y exministro de Universidades, en 2013: las plataformas han dado pie al surgimiento de lo que se conoce como "espacios de autonomía", que son lugares públicos "en gran medida fuera del control de gobiernos y corporaciones", que permiten ocupar las calles y elaborar proyectos ligados a sus verdaderas preocupaciones desde "la seguridad del ciberespacio".
Un papel relevante a pesar de que son empresas privadas manejadas por multimillonarios que se frotan las manos desde sus despachos con el odio, la desinformación y la polémica. "Que un espacio tan violento e inseguro como las redes sociales sea la única opción para muchas mujeres habla muy mal de las instituciones, no de las víctimas", reconoce Adilia de las Mercedes que advierte además que la "despersonalización" que existe en estas plataformas puede generar "un efecto bumerán" que provoca que las víctimas puedan ser "aún más revictimizadas". Un fenómeno que, en el caso de Elisa Mouliáa ya está pasando.
"Es cierto que se produce una paradoja: nos quejamos de estas plataformas pero son herramientas y dependen del uso que le demos", sostiene Pérez Soler. Eso sí, esta experta advierte que "no las hemos de venerar, pero tampoco demonizar".
¿Un metaverso justiciero? Del anonimato a la pena de Telediario
En muchos casos denuncias o quejas, como pasa en muchos de los testimonios del caso Errejón, amparadas en un anonimato que permiten las redes sociales y foco de amplio debate. Este mismo verano, tras el crimen del pequeño Mateo en Mocejón (Toledo), se reabrió la controversia por los bulos racistas y xenófobos que circularon por estas plataformas, especialmente X. Sobre el papel, el anonimato en estos espacios busca garantizar la máxima libertad de expresión posible, pero el problema es que sobre la práctica eso dificulta conocer la autoría de según qué mensajes.
Por ello, el fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, puso encima de la mesa identificar a usuarios de redes sociales de forma similar al DNI y prohibir el acceso en caso de delito grave. Una idea que no convence para nada a muchos expertos. En una entrevista en septiembre con infoLibre, la activista Simona Levi explicó que "los que dicen que no puede haber cuentas anónimas es como si dijeran que debemos pasearnos por la calle con un enorme DNI".
Y el propio anonimato que se logra en redes sociales y que ofrece salvaguardas a las víctimas, también trae de la mano uno de los grandes problemas: las denuncias falsas. Aunque no es el único riesgo de denunciar hechos a través de estas aplicaciones
El #MeToo a Errejón o por qué las mujeres todavía confían más en las redes que en los jueces y la policía
El otro peligro pasa por la evolución digital de la conocida como pena de Telediario con juicios paralelos, es decir, cuando los investigados son condenados por la opinión pública aunque no haya sentencia. "Esta justicia popular siempre ha estado ahí y tiene su función social también, degradarla no es el camino porque ello significaría la ausencia total de control social de conductas reprochables que no siendo delito han hecho daño", apunta De las Mercedes.
Linchamientos y cazas de brujas digitales
Estos señalamientos son, además en una elevada mayoría, mucho más dañinos que el propio castigo penal y además se alarga mucho más en el tiempo. "Es reprobable que se denuncie al margen del sistema legal ya que se está creando un sistema paralegal y que solo busca el señalamiento", explica Isabel Elbal que insiste en que, aunque el actual sistema legal tenga "fallos" y "no puede dar satisfacción siempre a las victimas", no legitimiza "un linchamiento por parte de personas que se creen con el derecho de juzgar y condenar en la plaza publica a todas las personas que arbitrariamente decidan perseguir".
"Por ejemplo, a Errejón ya lo hemos quemado en la hoguera. Le hemos hecho un juicio moral cuando el sistema judicial está empezando a investigar las dos denuncias que hay contra él", apostilla Pérez Soler. Esta experta recuerda que en este caso "se mezcla lo moral y lo judicial" y, sobre todo, "hay que evitar las cazas de brujas porque esto puede hacer mucho daño al feminismo".
Todo empezó con un post de Instagram: un relato anónimo publicado por la periodista Cristina Fallarás hace diez días prendió la mecha señalando a Íñigo Errejón como "maltratador psicológico" y "monstruo". Aunque, en realidad, el origen de todo este caso se remonta a hace año y medio cuando en un hilo en el antiguo Twitter ya se relató una agresión sexual del exportavoz de Sumar durante un concierto en Castellón. Después, la tormenta perfecta: la carta de dimisión, el terremoto político, las culpas entrecruzadas entre partidos y más testimonios similares, todos anónimos, que acompañaron en los primeros compases a la denuncia de la actriz y presentadora Elisa Mouiláa, primero en X y posteriormente ante la Policía el pasado viernes.