El ultimátum de la Comisión Europea a Facebook, Twitter y Google ha surtido efecto, aunque a medias. Después de que el pasado mes de marzo ambas partes acordaran llevar a cabo una serie de adaptaciones con fecha límite del primer trimestre de 2018, el organismo europeo asegura ahora que los tres gigantes tecnológicos tienen que seguir trabajando para ajustarse a la normativa de la Unión Europea en materia de consumo. Eso sí, hace diferencias: mientras a Google le da por bueno los cambios efectuados en sus términos y condiciones que impone a los usuarios por usar sus servicios, a Facebook y Twitter le reclama mayores esfuerzos ya que sólo cumplen parte de los requisitos establecidos en la legislación europea sobre consumidores.
"Es inaceptable que queden asuntos pendientes y se esté tardando tanto. Esto confirma que es necesario un 'nuevo marco para los consumidores'", asegura en un comunicado la comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad, Vera Jourov. Esta reforma, que será presentada durante este mes de abril, busca modernizar la actual legislación y garantizar su adecuado cumplimiento. Asimismo, Jourov también ha señalado posibles sanciones a aquellas empresas que "incumplan las reglas de la UE".
Sin embargo, y en el caso de Facebook y Twitter, aún existen requisitos de las autoridades europeas que aún no han encontrado una respuesta aceptada en las dos empresas californianas. Según la Comisión Europea, ambas tecnológicas sólo han resuelto "en parte" el problema de la obligación del consumidor de indemnizar al proveedor y la renuncia por parte del proveedor de toda responsabilidad. Según la UE, los consumidores deben ser capaces de ejercer sus derechos relacionados con el funcionamiento de las redes sociales. Ante este requisito, Facebook eliminó las limitaciones de su responsabilidad y aclaró los motivos de exclusión, pero aún debe aclarar que limitación se aplica a los profesionales. En el caso de Twitter, Bruselas le recomienda eliminar la limitación existente en lo máximo posible.
También les queda camino por recorrer en cómo informan a los usuarios acerca de la resolución de su contrato. Aunque ambas compañías han puesto las bases para aclarar los motivos de finalización y de un procedimiento de apelación contra esta decisión, ninguna ha conseguido definirlos concretamente.
Pero, el gran problema que detecta Bruselas en los avances de Facebook y Twitter es el procedimiento de notificación y acción que deben llevar a cabo las autoridades para solicitar la supresión de contenidos. Mientras que la Comisión Europea aprueba el protocolo de plazos planteado por Google, crítica que las otras dos plataformas "sólo" acepten "facilitar una dirección de correo electrónico específica que las autoridades nacionales pueden utilizar para notificar las infracciones, sin comprometerse a tramitar tales solicitudes en plazos concretos".
Asimismo, y en esta misma línea, recomienda a las dos redes sociales a no suprimir fotos o publicaciones de los usuarios sin justificación y a notificar previamente estas decisiones. Para cumplir con las normas europeas, Bruselas también solicita que eliminen de sus términos y condiciones de uso "el poder ilimitado para eliminar contenido generado por los usuarios".
"Durante mucho tiempo hemos tenido herramientas en vigor para informar a la gente sobre retirada de contenidos y pretendemos expandir estas herramientas más adelante este año", aseguró una portavoz de la empresa propiedad de Mark Zuckerberg en declaraciones a la agencia Reuters. Facebook, que aseguró que había trabajado de forma conjunta con las autoridades europeas para "hacer cambios" y asegurar así una mayor transparencia, señaló que planean más actualizaciones para el 2018.
Aunque, sin duda, la red social que peor parada sale es Twitter. Aparte de todas estas recomendaciones que recibe de forma conjunta con Facebook, la plataforma de microblogging suspende en otros dos apartados más. Por un lado, en su capacidad de cambiar unilateralmente los términos y condiciones, en lo que la UE le recomienda explicar mejor las excepciones de notificar a los usuarios estos cambios. Y, por otro lado, en su poder de rescindir unilateralmente el contrato, la Comisión le exige que elimine su poder ilimitado para resolver el contrato, reconocer su obligación de notificarles esta rescisión a los usuarios y especificar las excepciones.
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Los usuarios podrán reclamar desde la UE
A pesar de lo que queda por modificar, sobre todo a Facebook y Twitter, ya hay muchas medidas consensuadas, que según Bruselas, beneficiarán de inmediato a los más de 250.000 consumidores de la UE que utilizan estos medios sociales. Uno de los grandes avances logrados es que los usuarios podrán presentar sus reclamaciones a las tres empresas acudiendo a los órganos jurisdiccionales de su Estado miembro. Es decir, ya no tendrán que someterse a la justicia de California –dónde tienen sus sedes las tres empresas–.
Otras de las medidas consensuadas por las redes sociales y la UE están aquellas que limitan o excluyen la responsabilidad de las redes sociales en relación con la prestación del servicio. Las redes sociales también han acatado la exigencia de los usuarios de renunciar a los derechos que les asisten como consumidores de la Unión Europea, incluido el derecho a cancelar una compra realizada a través de Internet. Y, tanto Facebook como Twitter y Google también han aceptado el requisito de señalar aquellas publicaciones de tipo comercial o patrocinada.
El ultimátum de la Comisión Europea a Facebook, Twitter y Google ha surtido efecto, aunque a medias. Después de que el pasado mes de marzo ambas partes acordaran llevar a cabo una serie de adaptaciones con fecha límite del primer trimestre de 2018, el organismo europeo asegura ahora que los tres gigantes tecnológicos tienen que seguir trabajando para ajustarse a la normativa de la Unión Europea en materia de consumo. Eso sí, hace diferencias: mientras a Google le da por bueno los cambios efectuados en sus términos y condiciones que impone a los usuarios por usar sus servicios, a Facebook y Twitter le reclama mayores esfuerzos ya que sólo cumplen parte de los requisitos establecidos en la legislación europea sobre consumidores.