Decepción. Rabia. Sensación de fracaso. Sentir que nueve años de denuncias y 14 meses de protestas por un despido injusto, no han sido reconocidos por la Justicia. El fallo de ERE improcedente, dictado este miércoles por el Tribunal Supremo –que no hace sino ratificar el previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid– ha provocado un silencio de frustración entre buena parte de los 861 despedidos de Telemadrid en enero de 2013. Un silencio roto por la presidenta del comité de empresa. "No queremos dinero, queremos nuestro puesto de trabajo". Una voz repetida por los congregados ante la sede del alto tribunal. Todos soñaban con un veredicto de nulidad y un regreso a la empresa, ahora más difícil. Se les reconoce, sí, el derecho a recibir el equivalente a 45 días de su salario por cada año trabajado, sin límite de anualidades, frente a los veinte días, y un máximo de doce años, con los que la dirección del ente público se deshizo de ellos el 12 de enero de 2013.
Con todo, el veredicto reafirma que el ERE fue contrario a derecho, aspecto que destaca Ángel García, portavoz de la plataforma Salvemos Telemadrid: "Es un reconocimiento a lo que llevamos diciendo 14 meses, que no sólo era injusto e injustificable sino que el mismísimo Tribunal Supremo reconoce que era ilegal. Ahora el señor González tiene una magnífica oportunidad de enmendar el error que cometió despidiendo ilegalmente a más de 800 profesionales, cumpliendo una sentencia que le faculta a readmitir a los despedidos. No sólo recortaría la enorme lista de paro de Madrid, sino que además ahorraría a los madrileños muchos millones de euros en pago de indemnizaciones". Una idea compartida por Teresa García Cao, presidenta del comité de empresa: "Asumimos la sentencia, aunque a muchos nos ha decepcionado. Nunca hemos buscado que los madrileños tengan que pagar las indemnizaciones a que tenemos derecho. Siempre hemos reivindicado el puesto de trabajo, y no otra cosa. Que el presupuesto de la empresa sea, después de echarnos a la calle, prácticamente el mismo demuestra que las pérdidas no eran por nuestros salarios, sino por el manejo que hacían, y siguen haciendo del dinero público".
No ha faltado en la concentración ante el Supremo el recuerdo de Ángel, el compañero de documentación, fallecido sólo cuatro días antes de conocerse la sentencia. Un momento de emoción más para un colectivo que ha pasado por momentos anímicos muy difíciles, "Hay compañeros que se han sumado a la marcha a medio camino, para evitar volver a la sede de la que fue su empresa tantos años. La sentían como propia y no pueden soportar estar cerca y saber que ya no pueden entrar siquiera en el edificio", decía Antonio, uno de los despedidos más activos en las movilizaciones. "Hay compañeros que se sintieron obligados a pasar página –comenta Alfonso–, varias docenas están trabajando en Arabia, donde realizan trasmisiones deportivas, no sólo porque necesitan el dinero, sino también para no sentirse fuera del oficio". No han sido los únicos. Bastantes despedidos más han buscado opciones de trabajo dentro y fuera de Madrid; algunos –los menos– lo han conseguido, aunque han seguido apoyando la lucha de los que aquí seguían. Esta unidad en la denuncia, por encima de adscripciones sindicales, o antiguas pertenencias a un sector u otro de la empresa, es un aspecto destacado por todos, y que ha permitido que el despido masivo estuviera presente de continuo en la vida madrileña durante estos 14 meses. Las manifestaciones de Los jueves al Sol, todos los jueves frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se han compaginado con exposiciones, participación en foros y debates e investigación de presuntas irregularidades, como las sustanciadas en la querella contra Ignacio González por siete posibles delitos, que adelantó ayer martes infoLibre.
Quieren volver a su trabajo
En este día de sentimientos encontrados, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo, buena parte de los 861 despedidos reafirma su propósito de volver al antiguo trabajo. Un deseo que explica el portavoz de la plataforma Salvemos Telemadrid: "Ignacio González tiene que saber que los trabajadores tenemos la mano tendida al diálogo y la negociación para acordar entre todos la viabilidad de Telemadrid sobre la base de un servicio público gestionado con criterios de racionalidad económica y rentabilidad social. Nosotros llevamos ofreciéndole negociar desde que en mayo de 2012 anunció que haría un ERE en Telemadrid. Por responsabilidad política como presidente de todos los madrileños debería aceptar este ofrecimiento de diálogo sincero que le ofrecemos los trabajadores. Estamos seguros que seríamos capaces de consensuar soluciones no traumáticas para los trabajadores y buenas para el conjunto de la ciudadanía madrileña que recuperaría su servicio público de radio y televisión".
Esta recuperación del servicio público anima las decisiones tomadas en los últimos meses, afirman los extrabajadores, que destacan el compromiso firmado entre sus representantes y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, mediante el que se comprometen a revitalizar Telemadrid como servicio a la ciudadanía madrileña, en el caso de que accedieran al Gobierno tras las próximas elecciones autonómicas, en mayo de 2015. Entre tanto, los hoy congregados para recibir la sentencia judicial, destacan que se trata sólo un punto y seguido de una defensa de una radio y televisión pública propiedad de todos los madrileños: "Desde 2004 venimos denunciando la manipulación informativa y el despilfarro económico –recalcan–. Nadie podrá decir que nos conformábamos con cobrar un sueldo. Son diez años de lucha para que Telemadrid volviera a ser la que fue antes de la llegada de Esperanza Aguirre e Ignacio González, un medio que contaba la verdad de todo lo que pasaba en nuestra Comunidad".
Decepción. Rabia. Sensación de fracaso. Sentir que nueve años de denuncias y 14 meses de protestas por un despido injusto, no han sido reconocidos por la Justicia. El fallo de ERE improcedente, dictado este miércoles por el Tribunal Supremo –que no hace sino ratificar el previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid– ha provocado un silencio de frustración entre buena parte de los 861 despedidos de Telemadrid en enero de 2013. Un silencio roto por la presidenta del comité de empresa. "No queremos dinero, queremos nuestro puesto de trabajo". Una voz repetida por los congregados ante la sede del alto tribunal. Todos soñaban con un veredicto de nulidad y un regreso a la empresa, ahora más difícil. Se les reconoce, sí, el derecho a recibir el equivalente a 45 días de su salario por cada año trabajado, sin límite de anualidades, frente a los veinte días, y un máximo de doce años, con los que la dirección del ente público se deshizo de ellos el 12 de enero de 2013.