Los independentistas buscan cómo hacer efectiva la independencia en medio del 155 y del rechazo internacional

Tras unas últimas semanas de vaivenes, finalmente este viernes la mayoría independentista del Parlament de Cataluña aprobó la declaración unilateral de independencia. Pese a que el bloque secesionista celebró en las calles la decisión, Cataluña se encamina ahora hacia un escenario de incertidumbre e intervención por parte del Estado central, que en la misma tarde del viernes destituyó a todo el Gobierno catalán y que también disolvió el Parlament y convocó elecciones para el 21 de diciembre. Los independentistas aseguran que no asumirán la suspensión de sus instituciones, pero hasta el momento la República de Cataluña no ha encontrado ni reconocimiento internacional ni tampoco el favor de la UE, que ha dejado claro que su único interlocutor válido sigue siendo España.

La resolución aprobada por la mayoría independentista del Parlament de Cataluña en el pleno de este viernes constituye "la República catalana, como un Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social" y dispone "la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica". Entre los encargos concretos que hace la resolución al Govern se cuentan "establecer la regulación del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad catalana", "dictar las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación e inaplicación del derecho" español, crear "el Banco de Cataluña, con las funciones de banco central" y "promover, ante todos los Estados e instituciones, el reconocimiento de la República Catalana".

Según la Ley de Transitoriedad Jurídica, la primera acción una vez declarada la independencia pasa por que el Gobierno catalán active "un proceso constituyente" que se iniciará con una primera fase de "proceso participativo". Esa primera fase debería durar seis meses, y comenzaría con "un proceso deliberativo a nivel sectorial y territorial" que, posteriormente, daría paso a la convocatoria de un "Foro Social Constituyente formado por representantes de la sociedad civil y los partidos políticos" para debatir propuestas para la nueva Constitución catalana. Un grupo de expertos académicos elegidos por el Gobierno catalán tendría la responsabilidad de "asesorar" en esta primera fase deliberativa.

Pero la teoría parece muy complicada de llevar a la práctica. Pasadas las 19 horas del viernes, el Gobierno central anunció la decisión de destituir al president de la Generalitat, Carles Puigdemont; su número dos, Oriol Junqueras, y a todos sus consellers, y también anunció la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. No obstante, los independentistas tienen decidido no asumir la intervención de la autonomía catalana, lo que supondría ahondar el abismo que ahora mismo media entre el Estado y la Generalitat. Fuentes nacionalistas señalan que su intención es tratar de resistir cuanto puedan la aplicación del 155.

Así lo confirmó el portavoz en el Senado del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, que aseguró que su partido se mantendrá "fiel" y no aceptará el cese de Puigdemont, del vicepresident Oriol Junqueras y de sus consejeros. En su intervención en el Pleno de la Cámara alta de este viernes, Cleries argumentó que el Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament señaló "claramente" que el Gobierno central "no puede cesar al Govern", por lo que los independentistas seguirán lo que entienden que es la legalidad catalana e ignorarán la decisión del Ejecutivo. "Seremos fieles a Puigdemont y al Parlament que ha sido escogido democráticamente, no a ustedes", aseguró.

Unas elecciones en el alambre

No obstante, la disolución del Parlament por parte de Rajoy y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre abre otro mar de incertidumbres. En los últimos días, las discrepancias entre los partidos independentistas y los vaivenes de Puigdemont han abierto grietas en la unidad del bloque secesionista, pero la aplicación del artículo 155 por parte del Estado incrementa las posibilidades de que se reedite la coalición Junts pel Sí en los nuevos comicios, algo que parecía descartado hace tan sólo unas semanas. No obstante, la decisión final dependerá de si la CUP se presenta también a las elecciones: fuentes nacionalistas afirman que los anticapitalistas ven con buenos ojos la opción de boicotearlos, y de ser así, aseguran que el PDeCAT y ERC se presentarían por separado para intentar reducir al mínimo la desmovilización de los votantes de la CUP..

Por el contrario, si la CUP accediera a presentarse a los comicios, la posibilidad de reeditar Junts pel Sí estará encima de la mesa. Así lo afirmaba hace unos días un dirigente del PDeCAT a infoLibre, antes de que se declarase unilateralmente la independencia y cuando el escenario que se veía más probable es que el Estado aplicara el artículo 155 antes de la proclamación de la secesión. El único punto del programa conjunto "sería la independencia", sostenían estas fuentes, que sin embargo consideraban poco probable que ERC y el PDeCAT decidieran no presentarse a los comicios para boicotearlos aunque éstos se celebrasen bajo el marco autonómico: "Si nosotros no nos presentásemos, el electorado votaría a alguna otra opción, pero dudo que se quedasen en casa", apuntaba un dirigente.

No obstante, la CUP ve con mucha más simpatía la opción de boicotear las elecciones, y de hecho ha convocado para el 21 de diciembre una "paella masiva insumisa". Hace unos días, Benet Salellas, diputado de la CUP en el Parlament, afirmaba que su partido no tenía decidido si se presentaría a unos comicios convocados a través del artículo 155, si bien aseguró que estas elecciones se celebrarían con "programas intervenidos y listas ilegalizadas" y que, por lo tanto, la CUP tendría que valorar "si hay suficientes garantías democráticas" para que participasen.

 

Un eventual boicot de las elecciones preocupa en la Moncloa, ya que una participación masiva en el mismo podría dificultar la organización de los comicios. Y es que la apertura de los colegios electorales o la gestión de algunos de los trámites para celebrar las elecciones corre por cuenta de los ayuntamientos, que en su mayoría están gobernados por alcaldes de los partidos independentistas. Más de 500 de estos regidores se concentraron este viernes en el Parlament con sus varas de mando, y se comprometieron verbalmente a contribuir a la "construcción de la República catalana".

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En cualquier caso, en los próximos días el bloque independentista tratará de promover la movilización las calles para mantener su pulso al Estado. Este viernes, miles de personas abarrotaron la Plaza de Sant Jaume de Barcelona –donde se encuentran el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat–, y tanto Puigdemont como Junqueras apelaron durante el día a que la ciudadanía se implique para defender la independencia. "Vienen horas en que a todos nos corresponderá mantener el pulso de este país", sostuvo el president destituido, mientras su número dos pedía la "participación de todos" en el proceso constituyente. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), por su parte, aseguró que mantendrán la concentración de Barcelona "tanto tiempo como sea necesario" y pidió a la ciudadanía mantener "la fuerza cívica y la resistencia ghandiana".

Pero, para su resistencia, los dirigentes catalanes destituidos no contarán con el apoyo internacional. Ni la UE ni ningún país reconoció la proclamación de la República catalana, y de hecho las principales cancillerías del mundo, así como el club comunitario y la OTAN, mostraron expresamente su apoyo al Gobierno español. "Nada cambia para la Unión Europea, España sigue siendo nuestro único interlocutor", sostuvo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que no obstante pidió a Rajoy que utilice "la fuerza de los argumentos, no el argumento de la fuerza". "El tema catalán es un asunto interno que debería ser resulto dentro del orden constitucional de España", zanjó la OTAN.

En términos parecidos se expresaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, así como el Gobierno de los EEUU. El mandatario francés ofreció su "pleno apoyo" a Rajoy para "hacer respetar" la Constitución y sostuvo que su "interlocutor" en España es el Gobierno, mientras la dirigente alemana señaló que "la soberanía y la integridad de España son y permanecen inviolables" y mostró su respaldo al Ejecutivo para "garantizar y restablecer el orden constitucional". El Gobierno de EEUU, por su parte, señaló que "Cataluña es una parte integral de España" por boca de su portavoz, Sarah Sanders.