Puigdemont se declara presidente legítimo, no pide asilo en Bélgica y pregunta a Rajoy si va a "respetar los resultados" del 21-D

El president destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareció este martes en Bruselas (Bélgica) para ofrecer noticias sobre su Gobierno un día después de que se conociera que había viajado junto a cinco consejeros a la capital belga y que se especulara con la posibilidad de que pidiera asilo político en el país. Puigdemont negó que tuviera intención de hacerlo y justificó su viaje a Bélgica asegurando que en España carece de "garantías" para ejercer el cargo que él considera que sigue ocupando, si bien no aclaró si tiene pensado volver a Cataluña. Lo que sí dejó claro es que respetará las elecciones autonómicas del 21-D, si bien las planteó como un "plebiscito" y pidió al Ejecutivo central garantías de que respetará los resultados. "Yo lo voy a hacer", aseguró.

Puigdemont viajó este lunes a Bruselas junto a cinco de sus consejeros destituidos –Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Toni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura) y Dolors Bassa (Trabajo)– para reunirse con una delegación del partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca, horas después de que el ministro de Inmigración belga, Theo Francken (que pertenece a esta formación), abriera la puerta a que el país concediera asilo político al president. No obstante, el dirigente –que compareció este martes junto a los cinco consellers que viajaron con él y también junto a Clara Ponsatí (Educación) y Lluís Puig (Cultura)– aseguró que no tiene intención de solicitar asilo en Bélgica y que su presencia allí se debe a que puede disfrutar de "garantías que el Estado" le limita, a su juicio, "en Cataluña", donde no tiene asegurado ser tratado como "un ciudadano europeo".

De igual forma, Puigdemont sostuvo que no tiene intención de eludir la acción de la justicia española, si bien señaló que la parte del Govern destituido que se ha quedado en Cataluña tiene el encargo de "defender que la querella del Estado es una querella política" y defenderse "de manera política, con los límites que tiene nuestra estrategia de no confrontación". El president cesado se refería a la querella que la Fiscalía General del Estado ha presentado contra él, todo su Gobierno y algunos miembros de la Mesa del Parlament por la supuesta comisión de delitos de rebelión, sedición y malversación.

Pese a considerar que la proclamación de la independencia sigue vigente, Puigdemont –que se autoproclamó presidente del "Gobierno legítimo" de Cataluña– confirmó que acepta y reconoce la convocatoria de elecciones autonómicas decidida por el Gobierno central para el día 21 de diciembre. "Asumimos las elecciones como un reto democrático", un "plebiscito para legitimar el 155", apuntó no obstante el president destituido, que pidió al Ejecutivo que se pronuncie expresamente para dejar claro que respetará los resultados de los comicios dado "el grave déficit democrático que se da a día de hoy en el Estado español".

"Una ofensiva sin precedentes"

Puigdemont aseguró que su Gobierno ha "priorizado" la "prudencia" y la "moderación" para evitar las escenas de violencia que, eventualmente, podrían haberse producido si se hubieran resistido activamente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno. El president cesado tomó esa decisión, señaló, "el viernes por la tarde, después de la declaración de independencia y delante de una serie de datos contrastados que indicaban que el Gobierno español planteaba una ofensiva sin precedentes contra el pueblo de Cataluña, contra funcionarios fieles al Govern y contra este Gobierno que presido".

"Este Gobierno habría podido optar por forzar a los funcionarios" independentistas "a iniciar una disputa por la hegemonía, pero ha preferido garantizar que no habrá enfrentamientos", ya que "no se puede construir la república de todos desde la violencia", argumentó el president cesado, que aseguró que hay que "asumir" que se pueda producir un retraso en la independencia efectiva de Cataluña si es por este motivo. "Si el Estado quiere hacer su proyecto desde la violencia será su decisión, pero no nos puede arrastrar a nosotros a un escenario que todo el movimiento soberanista ha rechazado, como tendría que hacer todo demócrata", zanjó.