El Gobierno aprobará su proyecto de Presupuestos aunque el PP en el Senado vete la senda de estabilidad

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP —Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja— votaron el jueves en contra de la nueva senda de estabilidad acordada por el Gobierno con la Unión Europea, a pesar de que de ella depende que en 2019 sus gobiernos tengan a su disposición 2.500 millones de euros adicionales. El Gobierno ha tomado buena nota y ya anticipa seriamente la posibilidad de que el PP lleve hasta sus últimas consecuencias esta posición y utilice la mayoría absoluta de que dispone en el Senado para rechazar los objetivos de estabilidad sobre los que Pedro Sánchez pretende construir unos Presupuestos expansivos con los que impulsar el gasto social.

A diferencia de lo que ocurre con la tramitación de las leyes, el Congreso no puede levantar un veto del Senado con una segunda votación. Y eso supone un problema para un Sánchez que no sólo está en minoría en la Cámara baja, sino que se enfrenta a una holgada mayoría absoluta del PP en la Cámara alta, donde los conservadores controlan 149 de los 266 escaños.

Por esa razón, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de la reunión semanal de Consejo de Ministros, se esforzó en lanzar dos mensajes. El primero, que el PP, votando en el Senado en contra de la senda de estabilidad, no podrá impedir la tramitación del proyecto de Presupuestos para 2019, porque el Ejecutivo afirma tener la legalidad de su lado para hacerlo. Y el segundo, que si el PP impide la relajación de los objetivos de déficit pactados con la Unión Europea —gracias a la cual España podría gastar el año próximo 6.000 millones más— estará confirmando que es el partido de los recortes y que cuando aplicaba las políticas de austeridad durante estos años no lo hacía por indicación de la UE sino por su vocación de reducir al mínimo el Estado.

La aprobación de la senda de estabilidad en el Congreso y en el Senado es el paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hasta ahora, algunas interpretaciones de la norma sostienen que los conservadores tienen en sus manos la posibilidad de imposibilitar que Sánchez sacase adelante un proyecto de presupuestos para el año que viene.

El Gobierno, sin embargo, afirma que si no se aprueba la nueva senda de estabilidad, simplemente se mantendrá en vigor la aprobada el año pasado y que continúa en vigor porque es válida para 2018, 2019 y 2020. De acuerdo con esta interpretación, que se basa en un informe de la Abogacía del Estado, si el PP veta los nuevos objetivos de estabilidad la consecuencia no será un bloqueo presupuestario sino el mantenimiento de los límites actuales, de manera que no habría oportunidad de gastar los 6.000 millones adicionales autorizados por Europa. De ellos depende, insistió repetidamente la ministra, que las comunidades autónomas dispongan el año que viene de 2.500 millones para gastar en sanidad, educación y dependencia y otros 2.500 millones para contribuir a costear las pensiones —los 1.000 millones restantes irían a las arcas de la Administración General del Estado—. infoLibre pidió a un portavoz del ministerio este viernes una copia del informe del Estado, para ver en qué términos exactos se pronuncia, pero la respuesta fue negativa con el argumento de que es un documento de carácter reservado.

El techo de gasto

Los objetivos de estabilidad tienen en cuenta el techo de gasto, que es la cifra máxima de inversión pública que puede sumar el proyecto de presupuestos del año siguiente, sin incluir los intereses de la deuda, y que también fija el Gobierno. Y algunos sostienen que el techo de gasto forma parte, aunque sólo sea indirectamente, de los objetivos de estabilidad, de manera que también se vería comprometido si el Senado no respalda al Ejecutivo. El Gobierno no comparte esa opinión y la  ministra de Hacienda lo dejó claro este viernes: ni el Congreso ni el Senado aprueban el techo de gasto, afirmó rotunda. Así que, según su razonamiento, seguirán adelante con el proyecto de Presupuestos para 2019, que si recibe el aval del Congreso el PP sólo podrá demorar en el Senado, pero no bloquear.

Es verdad que el artículo 15.2 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice que “para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria se tendrá en cuenta la regla de gasto”. Pero también es cierto que el artículo 15.6 no lo menciona expresamente cuando habla de la tramitación en el Congreso y el Senado: “Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirán a las Cortes Generales  (...). El Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno”.

La ministra sí obvió este viernes lo que la ley prevé en el supuesto de que, como teme el Gobierno, los objetivos de estabilidad sean rechazados por el Senado. La norma establece claramente que, en ese escenario, el Gobierno está obligado “en el plazo máximo de un mes”, a remitir  a las Cámaras “un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”. Y así, teóricamente, hasta obtener el beneplácito de las Cortes.

En vez de ello, el Gobierno se resignará a aplicar la senda de estabilidad vigente. Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron a infoLibre que el Ejecutivo ni se plantea la posibilidad de volver a negociar con la Unión Europa un objetivo de estabilidad menos ambicioso que el que consiguió la ministra de Economía, Nadia Calviño, hace unos días en Bruselas. Eso sí, en este escenario aprovechará para denunciar la zancadilla que, desde su punto de vista, habrá puesto el PP a la economía española, así como a la financiación de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social.

La capacidad de veto del Senado en los objetivos de estabilidad no siempre ha existido: el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en minoría en el Senado entre 2004 y 2011, cambió la norma para evitar el plácet de las dos Cámaras. Con la redacción de una nueva ley en 2012 –la que está ahora mismo en vigor– se volvió al método anterior.

Incertidumbre si no se aprueba

Los ingresos que comunidades y ayuntamientos perderán si el PP mantiene el veto al incremento del gasto

Ver más

La Ley de Estabilidad Presupuestaria exige que la elaboración de los proyectos de Presupuestos de las Administraciones Públicas “habrán de acomodarse” a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Si no salen adelante los nuevos, razona el Gobierno, basta con aplicar los que ya están en vigor.

Claro que no todo el mundo está de acuerdo con el Gobierno. El exministro de Energía y portavoz de Economía del PP, Álvaro Nadal, ha asegurado recientemente que el techo de gasto tiene que ser aprobado tanto en el Congreso como en el Senado. De ser así, sólo habría dos caminos para que la propuesta del Gobierno no encallase por un bloqueo de los conservadores: o bien pactar una cifra con ellos –al PP también le interesaría sacar adelante los objetivos de estabilidad para no perjudicar a sus presidentes autonómicos en año electoral–, o bien conseguir que se aplique una interpretación de la Ley de Estabilidad diferente para conseguir sortear un eventual veto del PP.

Fuentes parlamentarias avalan que existe una interpretación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que excluye el techo de gasto de la votación que las Cortes sí tienen que hacer sobre los objetivos de estabilidad. Según esta interpretación, a lo único que obliga la norma es a que Congreso y Senado aprueben los "objetivos de estabilidad" –es decir, las metas de déficit público– y los de deuda, pero no la cifra máxima de inversión pública que puede sumar el proyecto de Presupuestos del año siguiente, que podría –según estas fuentes– salir adelante únicamente con el anuncio de la decisión tomada en el Consejo de Ministros.