Un relato atroz en manos de la Fiscalía

La negativa de la Fiscalía a desvelar la identidad de los geriátricos a los que ya investiga en alguna de las 38 diligencias abiertas en toda España se está dando de bruces con un relato conjunto que cada día traza un panorama más desolador.  En lo que, literalmente, es hoy un nicho por partida doble –de mercado y de 9.000 fallecidos de la tercera edad, la mitad del cómputo de víctimas del covid-19–, la proliferación de denuncias alcanza también a los grandes grupos. Y entre ellos está Orpea, que contabiliza ya dos.

Tras la presentada a comienzos de semana contra su residencia del municipio madrileño de Alcobendas, otro de sus 53 geriátricos, el Orpea Sanchinarro de la capital y con 180 plazas, aparece en una de las últimas denuncias que han llegado a la Fiscalía General del Estado. Sus tres plantas constituyen el supuesto escenario de sucesos terribles que la empresa niega de forma categórica mientras anuncia que ya ha emprendido acciones legales contra el narrador.

Y ese narrador es Pablo Alberto Barredo, un celador que duró día y medio en el centro de Sanchinarro y que, tras marcharse "porque no soportaba lo que veía" –dice– hizo dos cosas. La primera, informar de inmediato al Ayuntamiento de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de lo que, según sus palabras, había presenciado. 

El segundo paso fue entregarle casi dos semanas más tarde a la asociación Defensor del Paciente su parte de este relato mastodóntico y bajo sospecha de desatención grave en que se ha convertido el mundo de las residencias de mayores. La asociación, que casi cada día engarza una denuncia con otra por las muertes de residentes durante la pandemia, presentó el jueves 16 la de Sanchinarro. Y en ella no solo pide a la Fiscalía General del Estado actuaciones contra Orpea sino que involucra también al alcalde, José Luis Rodríguez Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. "Contactamos con usted –señala el texto– para solicitarle que se investigue en profundidad por el horror que nos han enviado y que tenían conocimiento tanto la Presidenta de la Comunidad de Madrid y también el Alcalde sin que hicieran nada o lo que es lo mismo dejación de funciones dejando morir a los ancianos e indefensos al personal".

En el escrito dirigido a la Fiscalía se leen párrafos como este: "Se me dijo literalmente que si a la segunda cucharada no colaboraban que pasáramos al siguiente porque alguna vida teníamos que salvar. Éramos 17 personas para 180 camas incluyendo personal de limpieza y cocina. He visto a la mayoría de los ancianos con las bocas completamente sucias, escaras, varias llagas en la lengua del tamaño de la uña del dedo gordo, enfermos en covid en colchones en el suelo y a usuarios entrando con nosotros en habitaciones y manipulando pañales sucios". El párrafo anterior comienza de manera igualmente dramática: "Mayores se están muriendo por falta de atención. En algunos casos se les está dejando morir". El texto se acompaña de fotos, algunas de las cuales apuntan a una situación de gran descuido y que este periódico no reproduce por la imposibilidad de contrastarlas. El portavoz de Orpea se limitó a señalar que, de ser ciertas, extremo que en absoluto confirma la fuente, incumplen "el código deontológico" o bien pueden estar manipuladas. 

¿Cuántos han fallecido ya en Orpea Sanchinarro? No se sabe a ciencia cierta. Ni la empresa, a la que infoLibre se los solicitó, ni la Comunidad de Madrid facilitan datos. Otras fuentes vinculadas a la residencia aseguraron en cambio este viernes que han muerto ya 60 usuarios –60 de 180– pero la cifra resulta imposible de verificar. Todo lo que cuenta Barredo, remacha el departamento de comunicación de Orpea, es "falso". "No sabemos a qué atiende esa animadversión", añade un portavoz oficial que repite casi al milímetro la inquietante versión que días atrás ofrecieron fuentes oficiales de otro de los grandes grupos, Vitalia: "No se nos ha permitido derivar a hospitales a ningún mayor". De momento, tampoco ese aserto encuentra respaldo oficial en la Administración madrileña.

La Comunidad de Madrid no niega que Barredo envió el 31 de marzo a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, un mensaje privado a través de su cuenta de Twitter, mensaje del que este periódico ha obtenido copia. Sus líneas anticipaban lo que luego desarrollaría la denuncia: "Necesito que se actúe rápido ante lo visto este día y medio. Quiero denunciar. Mayores se están muriendo por falta de atención. En algunos casos se les está dejando morir. De las tres plantas, he estado en la primera dónde están los mayores no infectados. Se me murió una mujer por no comer, y yo como celador detecté dos posibles casos de coronavirus que se llevaron a aislamiento a las dos plantas superiores destinadas a posibles y graves. Una de ellas compartía habitación con otra mujer que podría estar tambien contagiada". Eso escribió. El mensaje era un calco del texto que el mismo 31 de marzo había hecho llegar por correo electrónico a la Alcaldía de Madrid. 

"No son un negocio pero los tratan como números"

El Ayuntamiento le respondió, le comunicó que pondría los hechos en conocimiento de la Comunidad de Madrid y lo hizo. Eso, al menos, se lee en los emails que ha facilitado Barredo a infoLibre. Y coincide de forma exacta con la información que un portavoz oficial del alcalde José Luis Martínez Almeida ofreció a preguntas de este periódico. 

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El equipo de Díaz Ayuso, en cambio, lejos de corroborar la versión del denunciante lo deja por mentiroso. "A esta persona –se lee en la respuesta oficial obtenida por este medio– se le dio respuesta inmediata ese mismo día 31 de marzo, mediante un mensaje privado en esa red social [Twitter], y su información fue trasladada de forma simultánea a los responsables del plan de choque para residencias de mayores activado por el Gobierno madrileño". "En esta residencia –continúa el texto– el Ejecutivo autonómico ya venía actuando desde la semana anterior. Este centro se desinfectó el día 28 de marzo, fecha en la que también se le hizo un reconocimiento. Desde entonces ha recibido, hasta la actualidad, más de un millar de unidades de material sanitario en 5 actuaciones en días diferentes para afrontar el covid-19: mascarillas, trajes de protección, calzas, pantallas faciales, batas sanitarias, hidrogel...etc. Está programado que la próxima actuación –la séptima– de la consejería de Justicia, Interior y Víctimas en esta residencia se realice mañana mismo, viernes 17 de abril, con un nuevo reconocimiento". La reacción de Barredo se resume en lo siguiente: "No me contestó. Que la Policía entre en mi cuenta de Twitter y verá que no hubo respuesta".

Con cuenta abierta también en Facebook, Barredo se define como presidente de la Fundación Diario de un Cuidador. "Registrada en Cataluña" –señala en conversación con este periódico–, la fundación busca agrupar a quienes han tenido a su cargo a familiares cuyas patologías exigían atención permanente. Su versión sobre lo que observó en apenas día y medio de trabajo en Orpea –la empresa no contradijo ese dato– resulta absolutamente creíble para algunos familiares de usuarios.

Miriam Carabias, hija de una de las residentes que siguen en el centro de Sanchinarro, habló el viernes por la tarde con este periódico. "A mi madre ni siquiera le limpian los dientes ni la boca". ¿Y cómo sabe eso? "Porque mi madre me lo dice. Me parece asqueroso". Tiene 91 años. Y, cuenta su hija, su cabeza funciona a la perfección. ¿Cree entonces Miriam Carabias en lo que relata Barredo? Por supuesto que lo cree. Y por eso se exalta: "¡Tenemos que pegar un grito!, ellos cotizan en bolsa y piensan que es un negocio pero no, no lo es. Los mayores no son un negocio y Orpea los trata como números". Con su matriz localizada en Francia, Orpea ocupa en España el segundo puesto en el sector de residencias de ancianos. Cotiza en bolsa el 78,4% de su capital. Según Alimarket, solo en el primer trimestre de 2019, la filial española del holding facturó 47,4 millones de euros, un 25,5% más que en el mismo periodo del año anterior.