Ébola, irresponsabilidades políticas y derecho a la salud

María Dalli

El contagio del ébola en España ha puesto de manifiesto algunas de las irresponsabilidades en las políticas en el ámbito sanitario de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España. Estas se refieren principalmente a dos cuestiones que están relacionadas con el derecho humano a la salud: la privatización de hospitales y los recortes en sanidad, y el fin de la universalidad en el acceso a las prestaciones sanitarias. Tales políticas en el ámbito de la sanidad, llevadas a cabo con anterioridad al contagio del ébola en España, conllevan consecuencias que pueden verse ahora reflejadas tras el actual problema.

Que el gobierno ha actuado de forma irresponsable significa que no ha adoptado todas las medidas adecuadas para hacer eficaz el derecho a la salud. Más bien al contrario. En el marco de los recortes a los servicios públicos se han llevado a cabo políticas cuya aplicación supone una regresividad y un empeoramiento en el disfrute de este derecho. Estas medidas han supuesto vulneraciones de derechos individuales, pero con el caso de contagio por el ébola, y por ser esta una enfermedad infecto-contagiosa, lo que se pone de manifiesto es que tales políticas sanitarias suponen, también, un peligro para la salud pública. La salud pública hace referencia a la dimensión colectiva de la salud, por lo que su protección adquiere importancia, entre otras razones, ante el riesgo de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas fácilmente transmisibles entre las personas.

Como indica el artículo 12.2c del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados parte en el Pacto adoptarán las medidas necesarias para hacer frente, entre otros, a ‘la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas’. De este modo, los Estados tienen la responsabilidad de proteger la salud pública, y el cumplimiento en el caso de España se pone en duda por varias razones.

Por una parte, y en relación con el actual caso de contagio del ébola en España, los profesionales sanitarios se quejan por la gestión del problema y la falta de seguridad y de formación, denunciando la falta de formación necesaria al personal médico y sanitario para saber cómo actuar en este tipo de casos. Señalan además que los trajes de protección que están siendo utilizados no son los adecuados. Diversos medios publican estas quejas de los profesionales sanitarios y asimismo se hacen eco de la carta de un médico español experto en ébola en Sierra Leona. En contraste, expertos europeos, miembros del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades afirman que las actuaciones y la protección de los profesionales son las correctas, aunque señalan que el Hospital Carlos III no es adecuado para tratar casos de ébola.

Por otra parte, en el caso del contagio del ébola puede haber influido el proceso de privatización sanitaria que desde hace una década se está produciendo en la Comunidad de Madrid, así como los recortes que llevan teniendo lugar desde el inicio de la crisis económica sobre el servicio público de la sanidad. Como ha recordado en un comunicado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el gobierno actuó de forma irresponsable al desmantelar el Hospital Carlos III, donde se encuentra ahora la auxiliar de enfermería contagiada del virus y otras personas sospechosas de poder sufrirlo. Este hospital, centro de referencia a nivel estatal para patologías infecciosas y tropicales y en consecuencia el más adecuado para hacer frente a alertas epidémicas, va a pasar a ser un centro dedicado a pacientes de media y larga estancia. El desmantelamiento del Hospital Carlos III supuso la dispersión de los profesionales sanitarios formados específicamente para la adecuada aplicación de los protocolos de tratamiento y aislamiento de las posibles personas contagiadas. Lejos de revertirse el proceso por la crisis del ébola, tras el fallecimiento de los misioneros repatriados, las intenciones de la Consejería de Sanidad prosiguieron y el pasado 9 de octubre se formalizaba el contrato de obras con la empresa COPCISA, S.A., con una inversión de 1,2 millones de euros, para llevar a cabo la remodelación las plantas tercera, cuarta, quinta y sexta del hospital. La finalidad, como señalaba, es convertirlo en un centro de media y larga estancia para pacientes crónicos (pacientes, por cierto, que resultan ser los más rentables para las compañías farmacéuticas).

De otro lado, el actual problema refleja la gravedad de un reconocimiento no universal del derecho a la salud. Parece que el caso de contagio es lo más desafortunado que le podía pasar a la Sra. Ministra Mato, especialmente tras la reforma sanitaria llevada a cabo a través del Real Decreto-Ley 16/2012. Desde la entrada en vigor de esta norma, en septiembre de 2012, sólo tienen acceso a la plena atención sanitaria aquellos que ostentan la condición de beneficiarios y de asegurados en la Seguridad Social. El principal colectivo de excluidos ha sido la población inmigrante en situación administrativa irregular en España, que únicamente tiene reconocida la asistencia en urgencias, en caso de embarazo y la atención a los menores de edad. Ello implica que, según la norma, mientras los síntomas no sean urgentes estas personas no van a ser atendidas, lo que va a dificultar el control de los posibles casos de contagio. Esta precisamente ha sido una de las principales críticas de la reforma, señalada por diversas organizaciones sociales: el obstáculo que la no universalidad en la asistencia sanitaria puede suponer para el control de las enfermedades infecto-contagiosas, incrementándose el riesgo de su transmisión. En definitiva, además del hecho que la salud individual de muchas personas se está viendo afectada, la reforma sanitaria del 2012 puede suponer riesgos para la salud pública.

En resumen, es necesaria una intervención responsable por parte de las instituciones para controlar el presente problema y prevenir su propagación, en coherencia con la responsabilidad de protección de la salud pública de la población que recae sobre los Estados. La protección institucional de la salud pública se inició en la época de la Revolución Industrial, como respuesta a los problemas de salubridad pública sufridos entonces por la sociedad. Pero cabe recordar que lo que motivó la actuación desde las instituciones fue la necesidad de evitar la pérdida de capital humano y de asegurar trabajadores productivos. Esperemos que no vuelva a predominar esta visión utilitarista, y que no hayan de ser las estimaciones del Banco Mundial sobre el impacto económico que puede generar la crisis del ébola, lo que motive una respuesta seria de las instituciones. La definitiva movilización internacional debe derivar de las 4.500 muertes humanas ya producidas y de la preocupación por el coste humano, más que del coste económico de esta enfermedad.

Además, más allá de que el problema del ébola nos abra los ojos ante las irresponsables políticas del gobierno español en el ámbito sanitario, la actual crisis sanitaria obliga al mundo occidental a otra reflexión. El ébola es un problema que puede afectar a toda la humanidad, pero la humanidad no está igualmente preparada para hacer frente al problema. El hambre, la falta de agua potable, la falta de asistencia sanitaria y de medicamentos facilitan la propagación de enfermedades como la malaria, el cólera, el VIH-SIDA o el ébola, lo cual señala la importancia de los determinantes sociales de la salud. Con este concepto se hace referencia a desigualdades con un origen en causas socioeconómicas que influyen en la salud, como la falta de comida adecuada, de abrigo, de agua potable o de seguridad. Porque la salud no siempre depende de irresponsabilidades individuales ni del azar natural. La situación de vulnerabilidad, de necesidad, la pobreza, son factores que influyen gravemente en el estado de salud y es por ello que, con el problema del ébola, se reflejan las injusticias de la desigualdad socio-económica a escala mundial.

Debido al actual brote de ébola en África hay cerca de 9.000 personas infectadas por el virus, de las que ya han fallecido casi 4.500 personas. Estas son las cifras oficiales, pero se estima que las reales podrían llegar al doble de las que conocemos. El contagio de la primera persona en este continente implicó que la enfermedad se propagara fácilmente a una gran parte de la población repartida, de modo principal, entre los países de África occidental Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona. Ahora, el contagio se ha producido fuera del continente africano. Y es triste ver el tipo de mensaje de alarma que transmiten los medios internacionales: ‘El primer contagio de ébola fuera de África’. Porque esto indica que en muchos subconscientes del mundo occidental parece que vivimos en dos mundos: el mundo en el que todo lo malo suele pasar y el mundo en el que vivimos. Ahora que el problema ha salpicado al mundo en el que parecíamos estar protegidos, hace falta moverse y alzar la voz para exigir una actuación responsable de nuestras instituciones con el derecho a la salud. Pero sin olvidar que lo que también hace falta es que recordemos, que los más afectados por el virus del ébola, las poblaciones de Guinea, Liberia y Sierra Leona, menos preparadas para enfrentarse a la crisis sanitaria, también piden que no se les olvide, ahora cuando parece que podemos entender mejor la gravedad de lo que allí ocurre.

María Dalli

El contagio del ébola en España ha puesto de manifiesto algunas de las irresponsabilidades en las políticas en el ámbito sanitario de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España. Estas se refieren principalmente a dos cuestiones que están relacionadas con el derecho humano a la salud: la privatización de hospitales y los recortes en sanidad, y el fin de la universalidad en el acceso a las prestaciones sanitarias. Tales políticas en el ámbito de la sanidad, llevadas a cabo con anterioridad al contagio del ébola en España, conllevan consecuencias que pueden verse ahora reflejadas tras el actual problema.