La integración con las personas migrantes como un reto inaplazable

Las políticas de integración son una apuesta segura por la paz, la cohesión social, la convivencia y el fomento de los derechos humanos en una sociedad inclusiva que permite el desarrollo de sus potencialidades comunitarias e individuales. No se trata de una afirmación novedosa. Sin embargo, no por su obviedad deja de ser necesario enfatizar su importancia, sobre todo cuando estamos muy lejos de alcanzar el deseado equilibrio social con independencia del origen y nacionalidad de las personas.

El disfrute de los derechos humanos en plenitud no es una mera aspiración política o social, sino que se trata de una obligación jurídica que compete al Estado y a la sociedad en su conjunto. Los derechos humanos no son una vía o una herramienta para la paz; son la paz misma. Y la integración social con las personas migrantes es conditio sine qua non para ello. El 18 de diciembre, Día del Migrante, es indispensable insistir en que solo con estrategias, actitudes, comportamientos, prácticas y políticas dirigidas a la inclusión puede hacerse realidad esta proclama. No se trata de cargar a las personas migrantes con una obligación de inclusión, sino de propiciar un contexto multinivel que permita a la sociedad integrarse “con” dichas personas, construir un espacio común. La integración es un proceso bidireccional que no puede dejar a nadie indiferente.

La pandemia supuso un examen sorpresa para dichas estrategias, ya que, precisamente una emergencia sanitaria permite conocer en mayor profundidad qué efectos tienen las políticas de integración y dónde se hallan las principales lagunas y fallas del sistema. Dicho contexto ha mostrado claramente que queda mucho por hacer.

En efecto, el informe anual 2021 del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes titulado “Nuevos desafíos y lecciones aprendidas en la pandemia de la Covid 19”, presentado recientemente, ha evidenciado que esta ha golpeado con más fuerza a estos colectivos, lo cual ha redundado en un retroceso en la dinámica de integración y en un incremento de la desigualdad, pobreza y exclusión social (su tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social es del 58%). Multitud de causas explican esta problemática: entre otras, una mayor exposición en sus puestos de trabajo, menos recursos para adoptar medidas preventivas, y condiciones de hacinamiento con motivo de la necesidad de compartir alojamiento. Asimismo, la pandemia ha visibilizado el aumento de personas migrantes que no pueden cubrir sus necesidades básicas debido, entre otros, a la temporalidad en sus empleos, la precariedad y la baja remuneración; la precariedad general en la que se hallan las personas migrantes en asentamientos informales e infraviviendas; y el limbo en el que se encuentran las personas en situación administrativa irregular y a las que se les deniega la solicitud de asilo, quienes carecen de autorización para acceder al mercado laboral.

Los momentos de crisis son también un test para calibrar la xenofobia y racismo de una sociedad. Por lo que respecta al empleo, como continúa el mencionado informe, a pesar de que ha sido la llegada de migrantes la que ha permitido aumentar la población activa, dichas personas tienen una menor tasa de actividad y de ocupación precisamente en los tramos de edad potencialmente más activos. Más allá de estas dos variables, en general hay una clara falta de integración laboral de las personas migrantes que se observa también en las condiciones de trabajo, en el desempleo y en los salarios. Además, cabe destacar que las mujeres extranjeras se enfrentan a obstáculos aún mayores en comparación con los hombres migrantes o con las mujeres españolas. Uno de los motivos principales que explican dichas dificultades está en las barreras para acceder a puestos de trabajo de calidad o de alta cualificación. Así, la temporalidad, la parcialidad, la desproporción de acuerdos verbales entre las personas migrantes, el subempleo, los altos índices de desempleo (el 25% de las personas desempleadas son extranjeras) y la brecha salarial son indicativo de la falta de inserción laboral que afecta sobremanera la integración social con estas personas. Todo ello, como avanzábamos, tiene un impacto negativo aún mayor en el caso de las mujeres extranjeras quienes, además, están empleadas en un sector como el del servicio doméstico en el que el 43% de las personas afiliadas en alta laboral son extranjeras y que ocupa al 16% del total de las mujeres migrantes (frente al 3% del total en el caso de mujeres españolas).

Ante esta situación, como muestra el informe FOESSA 2022, no es de extrañar que fueran precisamente estas personas a quienes más afectaron con motivo de la pandemia los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o que los despidos fueran el doble que para la población española.

Si hay un tramo con mayor tasa de actividad entre las personas migrantes es el de los menores de 25 años, lo cual se explica por las elevadas tasas de abandono temprano de la escuela comparadas con la de las personas españolas. La educación es otro sector con claras divergencias entre dichos colectivos. Evitarlas o, cuanto menos, reducirlas es un desafío político y una necesidad social imperante. Circunstancias como el idioma o las dificultades económicas, tener menos redes de apoyo social y emocional, y el rechazo generan menores oportunidades en el acceso al sistema educativo y en las distintas etapas de enseñanza. Además, persiste una menor aceptación y valoración por parte del resto del alumnado y del profesorado que derivan en la tasa de abandono antes referida, una mayor tasa de repetición que en el caso de personas españolas, y un menor rendimiento y formación para quienes sí logran terminar el proceso. Si bien es cierto que se han logrado avances para abordar estos desajustes, se necesita un mayor esfuerzo permanente para que puedan desarrollar su actividad formativa en igualdad de condiciones.

Por otra parte, en el ámbito de la protección internacional, continúan los problemas para acceder al procedimiento y la posterior integración. Los sistemas de cita telemática para solicitar asilo y los requisitos documentales exigidos en ocasiones, entre los que se incluyen certificados de empadronamiento o documentos de identidad suponen un grave obstáculo para las personas que acuden a España en busca de refugio. La falta de cita impide que sean reconocidas como solicitantes y ello pone en peligro el principio de no devolución e imposibilita su acceso al sistema de acogida de protección internacional. Los problemas no terminan ahí, ya que una vez dentro del procedimiento persisten las deficiencias en la formalización de solicitudes con relación a la escasa formación de los servicios de interpretación o la ausencia de intérpretes que hablen el idioma de las personas solicitantes, en la renovación de la documentación, y con motivo de las demoras para resolver los expedientes. Asimismo, sigue habiendo oficinas de extranjería en las que se considera incompatible la solicitud de asilo y la de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo a pesar de la posición de la Secretaría de Estado de Migraciones que afirma taxativamente la posibilidad de compaginar ambas instancias. Por último, los recursos frente a las resoluciones denegatorias no tienen efecto suspensivo tal y como recomienda, entre otros, el Defensor del Pueblo, por lo que las personas que ven denegada su solicitud se hallan en irregularidad sobrevenida sin posibilidad de continuar trabajando y con la obligación de abandonar el sistema de acogida. Para mejorar esta situación es fundamental ampliar los cupos de cita para permitir el acceso al procedimiento a todas las personas necesitadas de protección, formar a los agentes intervinientes, incluidas las personas encargadas de la interpretación, y fomentar las vías seguras y regulares de entrada, para lo cual convendría permitir la formalización de solicitudes en embajadas y consulados españoles en el extranjero.

De igual manera, la trata de seres humanos continúa poco visible. La pandemia ha supuesto un verdadero reto para la identificación de víctimas debido a los confinamientos y a la suspensión y reducción de las inspecciones laborales. Además, existen problemas que deben ser abordados en este sentido, como los relativos a datos sistemáticos y unificados sobre todos los tipos de trata, cuya ausencia dificulta conocer la dimensión y el número de personas afectadas. Ojalá el Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata haga frente a estas y otras cuestiones vinculadas a esta lacra.

En cuanto a niños, niñas y adolescentes no acompañados y los jóvenes ex tutelados, la reforma del Reglamento de Extranjería favorece su inclusión al introducir disposiciones que tienen como objetivo evitar la irregularidad sobrevenida de quienes alcanzaban la mayoría de edad y fomentar su acceso al mercado de trabajo. Sin embargo, no podemos obviar los graves problemas existentes en el procedimiento de determinación de la edad tantas veces denunciado por el Comité de Derechos del Niño por su escasa fiabilidad y por su vulneración de derechos humanos.

Mientras esperamos al II Plan de Derechos Humanos, conviene destacar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla actuaciones en diversos ámbitos esenciales para la integración social como son la vivienda, las competencias digitales, la acreditación y homologación de títulos, el acompañamiento y orientación personal y familiar en el ámbito educativo, las políticas de cuidados, y los itinerarios de inserción laboral.

La falta de integración alimenta los miedos irracionales y las ilusiones de amenaza con respecto a las personas excluidas, quienes, a su vez, carecen de un sentimiento de pertenencia que les motive a participar en la vida común de la sociedad

La Unión Europea cuenta con el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027. En él se caracteriza la integración como un derecho y como un deber, así como un reto tanto para las personas recién llegadas como para quienes han obtenido la nacionalidad de algún Estado miembro. Eso quiere decir que se contempla una estrategia de integración dirigida a la población migrante y a la ciudadanía de la Unión que tiene origen migrante. No obstante, y aquí nos topamos con un grave problema, a pesar de que se establezcan unos valores y principios inclusivos para todas las personas e incluso se emplee el lema “inclusión para todos”, se deja atrás por no ser destinatarios de esta estrategia a las personas en situación administrativa irregular. Difícilmente se establecerá “un marco sólido para reforzar y ampliar las políticas de integración e inclusión en toda la UE” que promueva la cohesión social y favorezca “sociedades inclusivas para todos” sin la participación de aquellas.

Igualmente, en el ámbito europeo conviene resaltar otra serie de políticas migratorias y de asilo que ponen en entredicho el compromiso comunitario por la plena integración e inclusión de las personas migrantes, incluidas las refugiadas. El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que propone una reforma integral del Sistema Europeo Común de Asilo, supone un paso más hacia la externalización de derechos humanos en la frontera y en convertir la excepcionalidad (procedimiento en frontera con menos garantías y con el incremento de la detención migratoria) en la nueva normalidad. Junto a ello, la reciente propuesta de reglamento sobre “instrumentalización en el ámbito de la migración y el asilo” también ahonda en la reducción de garantías y limitación del derecho de asilo en la frontera exterior común. No se puede integrar a quien no se le permite pasar. Los retos para las políticas de integración e inclusión y el fomento de la cohesión y paz social serán mayores cuanto menores sean las vías de entrada seguras y regulares al territorio.

La integración con las personas migrantes es un pilar esencial en la construcción y mantenimiento de sociedades inclusivas. En su base se ubica el fomento de la igualdad de trato y en derechos y oportunidades. No obstante, este reto bidireccional no ha aprobado el examen de la emergencia sanitaria a pesar de las diversas estrategias diseñadas e implementadas.

Cuestiones como el empleo o la vivienda son obstáculos estructurales para el logro de los objetivos integradores de toda política inclusiva. Asimismo, la institucionalización de la inmigración como problema que es medido en barómetros de opinión tanto a nivel comunitario como estatal, unido a la politización de la movilidad humana perjudican un debate serio y sosegado sobre cualquier aspecto migratorio y de integración social. Los consensos, desgraciadamente, están lejos de ser alcanzados en este clima que da cobijo a discursos de odio contra el “otro”.

La falta de integración alimenta los miedos irracionales y las ilusiones de amenaza con respecto a las personas excluidas, quienes, a su vez, carecen de un sentimiento de pertenencia que les motive a participar en la vida común de la sociedad. Es un círculo vicioso que no hace sino alejar progresivamente a las personas y nutrir el identitarismo, la xenofobia y el racismo étnico y cultural. Ello deriva necesariamente en sociedades exclusivas y excluyentes, y en un serio peligro para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Por ello, debe invertirse en estrategias y políticas que incluyan la plena participación de la población migrante con programas para la orientación, apoyo, información y formación en el acceso y uso de recursos, y con políticas coordinadas entre las administraciones, instituciones y organismos que permitan fortalecer la ansiada paz social.

Las políticas de integración son una apuesta segura por la paz, la cohesión social, la convivencia y el fomento de los derechos humanos en una sociedad inclusiva que permite el desarrollo de sus potencialidades comunitarias e individuales. No se trata de una afirmación novedosa. Sin embargo, no por su obviedad deja de ser necesario enfatizar su importancia, sobre todo cuando estamos muy lejos de alcanzar el deseado equilibrio social con independencia del origen y nacionalidad de las personas.