¿De verdad este Gobierno lucha contra el fascismo?

Desde la Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) que presido, saludamos públicamente en su momento la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, que, pese a sus muchas limitaciones, abría grandes oportunidades para enfrentar de una vez, desde los poderes públicos, la pestilente persistencia de los valores y las actitudes del franquismo en nuestra sociedad y, sobre todo, en los aparatos del Estado.

Como consecuencia de esta Ley, el Ministerio de Defensa estableció una Comisión de Seguimiento de la citada Ley en el ámbito de sus competencias. Como puede comprenderse, la incidencia del articulado de la Ley sobre los elementos simbólicos que conforman, en innumerables dominios, la idiosincrasia de nuestra Fuerzas Armadas puede resultar determinante.

La composición de la citada Comisión de Seguimiento quedaba constituida exclusivamente por funcionarios, civiles y militares, del propio Ministerio, lo que hacía presagiar elevados niveles de tolerancia con actitudes, por parte de mandos de las Fuerzas Armadas, reacias a una ejecución escrupulosa de lo establecido en la Ley.

En consecuencia, el pasado 19 de diciembre, esta AMMD se dirigió a la Presidenta de la Comisión de Seguimiento, la Sra. Amparo Valcarce, Subsecretaria de Defensa, con algunas consideraciones acerca de la deseable participación de profesionales externos y del mundo memorialista en los trabajos de la Comisión, algunas sugerencias sobre ciertas medidas que considerábamos debieran ser promovidas desde el Ministerio y, sobre todo, con el ruego de que se hiciera público el inventario de las acciones que se proponían ejecutar en el inmediato futuro. Este inventario, a tenor de lo acordado en la primera reunión de la Comisión, debía estar concluido el 31 de enero de 2023.

Tal carta no tuvo nunca respuesta. Por lo tanto, el 19 de enero de 2023 nos dirigimos al secretario de Estado de Memoria Democrática, como responsable último de la aplicación de la Ley en el ámbito de la Administración, instándole a que interesara de la Comisión de Seguimiento de Defensa respuesta a nuestra citada carta, de la que aportábamos copia.

Tampoco en este caso hemos recibido respuesta alguna, por lo que el 6 de febrero de 2023 nuevamente solicitamos del SE de Memoria Democrática que, velando por una aplicación coherente de los principios que la Ley persigue, no se escude en el silencio administrativo para eludir sus responsabilidades.

Ni esta ni las dos anteriores cartas han merecido siquiera un acuse de recibo, lo que muestra el escaso respeto que merecen los ciudadanos para unas autoridades cuyo primer objetivo ha de ser la defensa de la Ley

Ni esta ni las dos anteriores cartas han merecido siquiera un acuse de recibo, lo que muestra el escaso respeto que merecen los ciudadanos para unas autoridades cuyo primer objetivo ha de ser la defensa de la Ley y que con tanta insistencia aluden a su supuesto carácter democrático; será que entienden que la democracia consiste en que les votemos cada cuatro años y en mantenernos después lo más alejados posible de la gestión de los asuntos que nos preocupan.

Con estos antecedentes, resulta lícito preguntarse acerca de la voluntad del Gobierno de luchar contra las reminiscencias franquistas en nuestra sociedad. Si es que la Ley de la Memoria Democrática y la permanente alusión a la amenaza de la extrema derecha no son más que argumentos para la campaña particular de los partidos en el gobierno para recoger los votos del miedo al fascismo, sin un genuino interés en confrontarlo.

Máxime cuando los ciudadanos hemos de contemplar con estupor cómo explícitas exhibiciones de nazismo, como el desfile en homenaje a los muertos de la División Azul, son autorizadas por la Delegación del Gobierno de Madrid; o cómo el Ayuntamiento de Madrid restituye a una calle el nombre del crucero Baleares, principal instrumento del mayor crimen de guerra perpetrado por las fuerzas franquistas, sin que merezca la acción del Gobierno para impedirlo.

Y tantas otras acciones de la extrema derecha franquista, nazi o fascista, que se ve envalentonada y legitimada por el insensato apoyo que está prestando este gobierno, con la connivencia de la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, políticas y sindicales, al criminal gobierno de Ucrania. Un gobierno que, recuperando las motivaciones y los procedimientos del nazismo, ha sostenido durante nueve años una guerra genocida contra su propia población de origen ruso y que ha logrado, por encargo de la OTAN, involucrar a Rusia en una brutal guerra que muy probablemente se extenderá a todo el continente y que bien puede convertirse en nuclear, pero librada en un territorio alejado de sus principales promotores anglonorteamericanos. 

Desde la Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) que presido, saludamos públicamente en su momento la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, que, pese a sus muchas limitaciones, abría grandes oportunidades para enfrentar de una vez, desde los poderes públicos, la pestilente persistencia de los valores y las actitudes del franquismo en nuestra sociedad y, sobre todo, en los aparatos del Estado.

Como consecuencia de esta Ley, el Ministerio de Defensa estableció una Comisión de Seguimiento de la citada Ley en el ámbito de sus competencias. Como puede comprenderse, la incidencia del articulado de la Ley sobre los elementos simbólicos que conforman, en innumerables dominios, la idiosincrasia de nuestra Fuerzas Armadas puede resultar determinante.