Me parece que lo fundamental del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el gobierno de Colombia y las FARC, está en el reconocimiento que hace el Estado colombiano, en el comunicado conjunto, de que el acuerdo es para “transitar a un escenario en el que impere la democracia con garantías plenas para quienes participen en política”. Si es así, las FARC tenían razón al recurrir a la insurgencia frente a un sistema político, económico y militar que impedía mediante el terrorismo de Estado la participación política de la izquierda, reclamando desde la fundación del grupo guerrillero la negociación para conseguir una democracia de verdad.
El presidente, Juan Manuel Santos, ha repetido constantemente que no negociaba ni el sistema político ni el modelo económico ni la doctrina militar. Y que lo que ofrecía a las FARC son las garantías de seguridad para su participación en política de manera que sea en las elecciones donde se acepten o rechacen los cambios que propongan.
Las FARC han conseguido que el acuerdo no sea con el Gobierno sino con el Estado, de manera que no pueda ser cancelado por otro presidente. Pero es un Estado que no puede garantizar la eliminación de los narcoparamilitares, la gran amenaza para el cumplimiento de lo acordado. Había paras antes de la formación de las FARC hace cincuenta años y seguirán actuando cuando la guerrilla entregue sus armas a la ONU y se convierta en una organización política.
El paramilitarismo lo estableció el presidente Kennedy cuando en 1962 envió una misión militar a Colombia para imponer una contrainsurgencia preventiva que aplicase la guerra sucia contra el enemigo interno según la Doctrina de la Seguridad Nacional de la guerra fría. No es cierto que los paras fueran una reacción contra la guerrilla y no van a desaparecer cuando las FARC se desmovilicen. Abogados de los narcoparamilitares cuentan que el sector más rancio de la cúpula militar le está pidiendo a los escuadrones de la muerte que se mantengan con capacidad de intervenir para asesinar a los comandantes desmovilizados de las FARC. El acuerdo negociado por el gobierno con la guerrilla incluye un compromiso tan extenso en su redacción como dudoso en su cumplimiento: “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
Los acuerdos
El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tiene tres componentes destacados. 1) Garantías de seguridad en la participación política de los insurgentes desmovilizados para “transitar a un escenario en el que impere la democracia”. 2) Una “reforma rural integral”, para la que el gobierno no ha aceptado la denominación de reforma agraria, que no resuelve la desigualdad provocada por una tremenda concentración en la propiedad de la tierra (origen histórico del conflicto), que resulta contradictoria con el Plan Nacional de Desarrollo y está amenazada por los proyectos de inversión internacional en la minería para la tercera parte del territorio nacional. 3) Una “justicia especial para la paz” que impondrá penas de veinte años de prisión a cualquiera de los implicados en el conflicto que no confiese sus crímenes.
Hay un cuarto componente del acuerdo, una supuesta nueva política contra el narcotráfico, que en realidad depende más de la dimensión internacional del negocio y se complica en la política interna por el matrimonio de los narcos con los paras.
La vigilancia sobre el cumplimiento de lo acordado depende de la ONU y de la CELAC.
El plebiscito
El 2 de octubre se realizará el plebiscito para que los colombianos acepten o rechacen el acuerdo del gobierno con las FARC. La debilidad de la democracia colombiana queda en evidencia con las condiciones para la aprobación: los votos del sí deben superar a los del no y es suficiente que sean por lo menos el 13% del censo electoral. La campaña del no está encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, que acusa a su sucesor Juan Manuel Santos de entregar Colombia a las FARC.
Un disparate que no ha reducido su popularidad aunque no parece suficiente para que en el plebiscito se rechace el acuerdo. El mismo día que se firmó llegaba desde Estados Unidos lo que parece una advertencia para que Uribe se acomode en el nuevo escenario colombiano sin incordiar demasiado en un proceso sobre el que Washington tiene mucho interés. Coincidió la firma del acuerdo para la paz (¡qué casualidad!) con la detención en la Florida de Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 años de cárcel por corrupción. Arias , llamado Uribito cuando era ministro de Agricultura y estaba considerado como el sucesor presidencial de Uribe, se refugió en Estados Unidos pidiendo asilo político.
Rajoy revela la fecha secreta de la firma del acuerdo de paz en Colombia
Había contra él una orden internacional de captura para su extradición desde 2014. Álvaro Uribe sabe que en Washington guardan su expediente por narcotráfico y complicidad con los paramilitares que se podría activar si fuera necesario.
Para la Administración Obama, la desmovilización de las FARC forma parte de su nueva política contra América Latinacontra junto a la neutralización de Cuba y la asfixia del Gobierno de Venezuela. _______________
José Manuel Martín Medem fue corresponsal de TVE en Colombia y es autor del libro 'Colombia feroz'.
Me parece que lo fundamental del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el gobierno de Colombia y las FARC, está en el reconocimiento que hace el Estado colombiano, en el comunicado conjunto, de que el acuerdo es para “transitar a un escenario en el que impere la democracia con garantías plenas para quienes participen en política”. Si es así, las FARC tenían razón al recurrir a la insurgencia frente a un sistema político, económico y militar que impedía mediante el terrorismo de Estado la participación política de la izquierda, reclamando desde la fundación del grupo guerrillero la negociación para conseguir una democracia de verdad.