Pedro Sánchez tiene un problema con su discurso sobre la corrupción. Una jueza de Lugo ha puesto en la picota a un miembro de su Ejecutiva federal, el dirigente gallego José Ramón Gómez Besteiro, y Sánchez calla. La jueza quiere saber, entre otras cosas, por qué decidió sacar del banco 36.000 euros para entregárselos en metálico a un constructor que le vendió un piso. Parece una curiosidad lógica. ¿No tiene Sánchez la misma curiosidad?
Gómez Besteiro asegura rotundo que él no es un corrupto, y de momento no hay ninguna prueba documental, grabación o confesión de parte que pruebe lo contrario. Hay extraños indicios que la jueza investiga. Y media docena de hechos que ponen seriamente en duda su capacidad para ser un dirigente político.
Además, Pedro Sánchez debe aclarar su peculiar método de clasificación de imputados. Seguro que existe alguna razón por la que Manuel Chaves debe dimitir cuando le imputan un delito de prevaricación y Besteiro debe quedarse cuando le imputan cuatro delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y contra la ordenación del territorio. Pero Sánchez no debe guardar en secreto esa fórmula mágica de valorar imputaciones. Antes de pasar por las urnas sería bueno que la compartiese con los ciudadanos.
Vamos con los hechos:
1. El 19 de mayo de 2004, el constructor Alfonso Quiroga le vende al empresario Ricardo Iglesias unos terrenos en Lugo donde se construirá la urbanización de O Garañón, que despertó todo tipo de protestas vecinales y pleitos judiciales.
2. El 30 de diciembre de 2004, el entonces concejal de Urbanismo de Lugo Gómez Besteiro compró un piso al constructor Alfonso Quiroga.
3. El 31 de diciembre de 2004, Besteiro consideró que era buena idea dirigirse a dos oficinas bancarias donde tenía cuenta y sacar en metálico 36.000 euros para entregárselos al constructor Quiroga. Es importante recordar aquí que, en 2004, ya existían las transferencias bancarias.
4. A lo largo de 2005, Besteiro decidió hacer obras en su nueva vivienda. Y tuvo la ocurrencia de que la licencia de obras para el piso de Besteiro la concediese... Besteiro, en calidad de responsable de Urbanismo.
Pero debió pensar que quizá era raro que apareciese tantas veces la misma firma en un solo documento (bueno, los duques de Palma también tenían esa costumbre), así que decidió que era mejor que la licencia de obras se pidiese a nombre del anterior propietario, el constructor Quiroga, con el argumento de que el contrato privado de compraventa aún no se había elevado a público.
Y así, un feliz día de 2005, el concejal Besteiro aprobó que se reformase el piso del ciudadano Besteiro pero sin que quedase constancia de que el dueño del inmueble era (o iba a ser) el bueno de Besteiro.
5. El presupuesto de la obra menor de reforma se cifraba en 9.638 euros, pero resulta que al final salió por 52.200 euros. ¡Un desvío del 441%! Los lucenses pensarán que menos mal que Besteiro era concejal de Urbanismo porque si llega a ser de Presupuestos...
Pero, bueno, son cosas que pueden pasar. Empiezas con la idea de quitar el gotelé y cambiar los pomos de las puertas y al final terminas haciendo dormitorio lo que antes era la cocina. El problema es que si dices que la obra cuesta 9.000 euros pagas al ayuntamiento tasas por ese importe, y si vas a gastar 52.000 pues las tasas suben un poquito más, claro. En general es bueno tributar correctamente –Hacienda éramos todos–, pero es especialmente recomendable si eres concejal.
6. Las obras del piso se terminaron en 2005, pero resulta que la empresa que las ejecutó (Construcciones Pedrouzo) no las facturó hasta 2010. Dice Besteiro que no pagó porque no estaba conforme con el resultado.
Problema uno: las obras se facturan cuando se realizan. Lo dice Hacienda y un dirigente político debería saberlo. ¿No se le ocurrió a Besteiro que sería buena idea pedir la factura para que nadie pensase que era un regalo? ¿Recuerdan las cosas que dijeron los socialistas porque Monedero no facturó sus trabajos venezolanos cómo y cuando debía?
Problema dos: no consta que Besteiro presentase ninguna denuncia contra quien tan chapuceramente le reformó el piso, ni que el constructor le reclamase la deuda durante cinco años.
O sea que, según Besteiro, en Lugo las cosas funcionan más o menos así: te hacen una obra en 2005, no te gusta, dices que no pagas y que vuelvan a preguntarte en 2010 a ver si se te ha pasado el cabreo. Y todos tan amigos.
6. El 31 de diciembre de 2005, sábado y fin de año, el Gobierno de Lugo firma con Ricardo Iglesias el convenio que autorizaba la urbanización de O Garañón. Al día siguiente entraba en vigor en Galicia una ley urbanística más restrictiva. Besteiro estaba en aquel pleno.
Hasta aquí los hechos. Ahora las preguntas:
1. ¿A quién se le ocurre siendo concejal de Urbanismo sacar 36.000 euros de un banco (imagino que en billetes de 500) para pagárselos en metálico a un constructor?
2. ¿A quién se le ocurre siendo concejal de Urbanismo votar a favor de un convenio que beneficia al constructor que le compró los terrenos a la misma persona que te vendió a ti el piso?
3. ¿A quién se le ocurre siendo concejal de Urbanismo firmar la autorización de licencia de obra para tu propio vivienda?
4. ¿A quién se le ocurre siendo concejal de Urbanismo decir que va a realizar una obra por 9.000 euros y hacerla en realidad por 52.000?
5. ¿A quién se le ocurre siendo concejal de Urbanismo estar cinco años sin pagar unas obras sin pedir la factura?
6. Y, sobre todo, ¿a quién se le pueden ocurrir todas esas cosas juntas? Pues a Besteiro se le ocurrieron.
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No sé si Besteiro abonó parte de su piso en negro o si le iban a regalar las obras de reforma de su casa y decidió pagar al intuir que el tema podría conocerse públicamente, como sospecha la jueza (una instructora, por cierto, que tampoco es la más pulcra de la península). El líder del PSOE gallego lo niega tajantemente y, de momento, no hay pruebas que lo desmientan. La Justicia deberá aclararlo.
Pero la relación de hechos descrita es innegable porque la ha admitido el propio Besteiro. Y la conclusión sólo puede ser una: no es una cuestión de tener pocas luces, es de no tener ninguna.
Pedro Sánchez mostró en verano su respaldo inequívoco a Besteiro y ahora guarda silencio. Pero pronto debería aclarar un par de asuntos. Primero, si es el tipo de talentos que propone para gobernar España. Y, sobre todo, si va a tener muchos imputados vip, que no dimitirán aunque sean investigados judicialmente por graves delitos de corrupción.
Pedro Sánchez tiene un problema con su discurso sobre la corrupción. Una jueza de Lugo ha puesto en la picota a un miembro de su Ejecutiva federal, el dirigente gallego José Ramón Gómez Besteiro, y Sánchez calla. La jueza quiere saber, entre otras cosas, por qué decidió sacar del banco 36.000 euros para entregárselos en metálico a un constructor que le vendió un piso. Parece una curiosidad lógica. ¿No tiene Sánchez la misma curiosidad?