A unas horas del inicio del pleno de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, los trenes circulan, los semáforos funcionan, las tiendas siguen abiertas… España late como si no fuera a estallar en pedazos, como si la democracia no estuviera agonizando, golpe a golpe, hasta el último suspiro. Aún no ha anochecido y ya van dos taxistas, un camarero y tres señoras que paseaban por la calle Fuencarral quienes me interpelan sobre el asunto: “¿pero qué va a pasar, adónde vamos?” Pues a votar, señoras y señores, en el Congreso, lo que viene a ser el ejercicio concreto de la democracia parlamentaria.
- Leídas y releídas las 23 páginas de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (ver aquí). No soy jurista. Contacto con tres expert@s de es@s que aparecen en los medios como “de reconocido prestigio”. Dos coinciden: “jurídicamente es impecable”. La tercera matiza: “todo texto legal está sujeto a interpretaciones, pero no es fácil en principio encontrar fisuras por las que se cuele un elemento que la haga claramente inconstitucional”.
- Poco importa. Quienes identifican la amnistía con el fin de la democracia o con la rendición del Estado ante los intereses independentistas lo hicieron ya sin conocer el texto, y dudo mucho que lleguen a leerlo. Un portavoz del PP, Miguel Tellado, proclama que Sánchez tendría que salir de España “en un maletero” (ver aquí). El experiodista Juan Luis Cebrián vaticina que “acabará metido entre la chatarra” de la Historia (ver aquí). Le supera en el delirio el ínclito (e imputado) exministro del PP Fernández Díaz, que compara la situación ¡con la batalla de Lepanto! (ver aquí). Este es el nivel. ¿Alguien conoce a alguien que después de leer la Proposición de ley cambie mínimamente de opinión? Lo dudo mucho.
- ¡Pues claro que se trata de política! Queda meridianamente claro en la exposición de motivos de la Ley, donde probablemente se juega su futuro constitucional. Se intenta “abordar una situación excepcional en pro del interés general” (pág. 6). Lo que viene siendo resolver problemas políticos por vías políticas, como ha venido diciendo todo hijo de vecino en este país, empezando por el propio Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones. Hágase.
- ¡Por supuesto que Sánchez acuerda la amnistía porque necesita los votos independentistas para gobernar! Lo dejó claro hace diez días ante el Comité Federal del PSOE (ver aquí). Y hace bien en admitirlo, porque lo contrario sería tomar a la gente por idiota. Es cierto que esta propuesta de amnistía no es la misma a la que él y su partido se opusieron antes del 23-J, pero sin la urgencia de pactar la gobernabilidad nadie se cree que esta medida de gracia fuera una prioridad. Vale. ¿Merece o no la pena el objetivo de encauzar por vías democráticas la llamada “cuestión territorial” o de verdad los demócratas (de cualquier signo partidista) preferimos responder a la ilegalidad de las urnas con la violencia de las porras? (Podrán ampararse en la amnistía unos 300 civiles, y también 75 policías encausados por agredir a votantes del 1-O).
Esto es lo que se juega estos próximos dos días en el Congreso: el principio del fin de esa España oscura. Con ocho años de retraso, quizás estemos asistiendo, “por necesidad”, a “La perestroika de Felipe VI”
- “Pero no piden perdón ni renuncian siquiera a la unilateralidad, a repetir lo que hicieron”. No se percibe “arrepentimiento”, algo al parecer imprescindible en una cultura judeocristiana con cuarenta años de nacionalcatolicismo rampante. Si se enseñara democracia y ciudadanía en las escuelas, quizás habríamos ya sembrado cierto laicismo en el análisis de la convivencia política, y nos bastara con discrepar sin dejar de respetar al otro, incluso intentando ponernos en su piel. Descontemos que cada partido negociador en este pacto de investidura (como en todos) hará su propio relato de lo conseguido, tan parcial como el que hagan el resto de los socios. Dicho esto, ¿tanto cuesta leer el texto de la Proposición de Ley y advertir que hay una renuncia explícita de la unilateralidad por parte de quien lo firme? Lean: “... En nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante (...) No obstante, todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional” (pág. 5). Hemos pasado de un 2017 en el que el independentismo rompió todas las reglas del Estado a un 2023 en el que asume que nada es posible fuera del marco constitucional. ¿Golpe a golpe?
- Llegados a este punto, los Feijóos, los González, los Abascales, los Pages y los Cebrianes saldrán en comunión armados con el látigo de la desconfianza. ¿Cómo fiarse de un tipo que huyó en un maletero, etc, etc? Vale. Lo cierto es que la amnistía establece un perímetro claro para el perdón, pero no da (ni podría dar) ninguna carta blanca a futuro. Es decir, los amnistiados o cualquier otra persona que cometiera ilegalidades similares a las juzgadas, volverían a ser enjuiciados. Tranquilícense un poco: generosidad no equivale a ingenuidad, por más que se empeñe el pelotón de machirulos que viene clamando en defensa de la patria (como si todos los demás fuéramos fans de Puigdemont). Amnistía no es amnesia. Perdonar las condenas no significa que se borre la memoria de lo que significó el procés, ni tampoco de la actuación de quienes desde Madrid echaron gasolina al fuego del independentismo.
- Y traspasado ese punto, uno se pregunta y pregunta a los taxistas, los camareros y las señoras que se cruza en Fuencarral: ¿cuál es la alternativa? “Elecciones”, respondería Feijóo; “un pacto de Estado PSOE-PP”, diría González; la “racionalidad de los bosquimanos”, disparata Cebrián… Todas las encuestas pronostican como opción más probable en caso de repetición de elecciones un escenario similar al actual; o quizás un posible gobierno PP-Vox. Lo cual, en palabras del propio Abascal, llevaría a “incendiar Cataluña”. Ninguno de los citados aporta una sola alternativa “razonable” y “democrática” (como harían los bosquimanos) para encauzar un conflicto latente en España desde hace más de un siglo.
En cuestión de horas se inicia el pleno de investidura. Nunca necesitó un candidato en democracia acordar con tantos partidos distintos. Nunca en los últimos quince años fue investido un presidente con menos partidos en contra (ver aquí). Contará (eso sí que no es nuevo) con una oposición en la derecha que no acepta el resultado de las urnas trasladado a un Parlamento democrático. Que intenta convencer a Europa de que este país es prácticamente una dictadura. La España oscura en la que hay poderes que no admiten que gobierne la izquierda sigue ahí. Y esto es quizás lo que en el fondo se juega estos próximos dos días en el Congreso: el principio del fin de esa España oscura. Con ocho años de retraso, quizás estemos asistiendo, “por necesidad”, a “La perestroika de Felipe VI” que adelantó en un ensayo imprescindible el analista electoral Jaime Miquel (ver aquí). Un cambio de época que ponga en hora el reloj de un país que no termina en la Sierra de Guadarrama ni tiene por qué romperse orillas del Ebro. Empieza la sesión.
A unas horas del inicio del pleno de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, los trenes circulan, los semáforos funcionan, las tiendas siguen abiertas… España late como si no fuera a estallar en pedazos, como si la democracia no estuviera agonizando, golpe a golpe, hasta el último suspiro. Aún no ha anochecido y ya van dos taxistas, un camarero y tres señoras que paseaban por la calle Fuencarral quienes me interpelan sobre el asunto: “¿pero qué va a pasar, adónde vamos?” Pues a votar, señoras y señores, en el Congreso, lo que viene a ser el ejercicio concreto de la democracia parlamentaria.