Para ser sincero, me preocupa entre poco y nada que algunos condenados o imputados por los hechos del procés puedan beneficiarse de la reforma del delito de sedición propuesta por el Gobierno (ver aquí). No será mucho el beneficio, sobre todo para quienes fueron sentenciados o están pendientes de juicio por sedición “en concurso medial con malversación”, como es el caso, por ejemplo, de Puigdemont (ver aquí). Sin embargo, se me abren las carnes sólo de pensar lo que pueden hacer Ayuso o Feijóo con la aplicación del nuevo delito de “desórdenes públicos agravados”.
Lo digo muy en serio. La reforma de la sedición para adaptar esa figura del Código Penal del siglo XIX a la realidad europea del XXI era necesaria desde hace mucho tiempo, y cuenta con un amplio consenso entre juristas, más allá de los ‘hooligans’ que consideran, siguiendo la sorprendente doctrina de González-Trevijano, que el Derecho “es una ciencia conservadora” (ver aquí). Es sencillo entender que no tiene sentido que la pena por sedición en España tenga un castigo que duplica en años de cárcel la prevista para delitos equivalentes en Alemania, Francia o Italia.
Lo entienden así no sólo los juristas sino también partidos conservadores de toda Europa que tienen previsto de distintos modos y con diferentes denominaciones el castigo a quienes atenten contra la Constitución o pretendan desestabilizar el Estado, con o sin violencia. Pero ya sabemos que el PP español es otra cosa. Y que toda oportunidad de utilizar y exacerbar el conflicto sobre Cataluña con el objetivo de cosechar votos en otros territorios apelando a la fibra nacionalpopulista de “la unidad de España” hace salivar a Feijóo tanto como excitaba a Aznar, a Casado o incluso a García Page. Cabe la duda de si el Gobierno debería haber abordado esta reforma necesaria y pendiente en una fecha más alejada de la negociación de Presupuestos, pero también sabemos que cualquier momento habría sido aprovechado por las derechas para describir a Sánchez como “traidor”, “cómplice del independentismo” y otras lindezas acostumbradas. Que ahora el PP le acuse precisamente de proponer la reforma “para mantenerse en el poder toda la legislatura” es simplemente absurdo, puesto que incluso sin acordar Presupuestos con sus socios podría prorrogar los anteriores y llegar hasta la convocatoria de generales en fecha y forma. No termina de asumir la derecha que este Gobierno de coalición, con todas sus tensiones y diferencias internas, esté aportando más estabilidad política que algunos ejecutivos pretéritos con mayoría absoluta.
Como era previsible, Feijóo intenta utilizar la reforma reiteradamente anunciada de la sedición para intentar darse la razón a sí mismo y justificar su patada en la mesa de la negociación sobre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. No cuela para cualquier demócrata que sabe que la obligación de Feijóo es cumplir la Constitución y desbloquear una renovación de órganos que lleva casi cuatro años pendiente, pero en Génova, empujados por la presión de Ayuso, de Jiménez Losantos y otras voces de la más rancia derecha, creen que sí que cuela entre el grueso del electorado conservador fiel al PP o simpatizante de Vox.
La sobreactuación y la hipérbole del PP acerca de cualquier entendimiento entre el Gobierno y ERC es una estrategia ya descontada. Prepárense, porque el exgalleguista Feijóo intentará ejercer de “más español y mucho español” con tal de rascar votos en Andalucía, las Castillas o Madrid y evitar de paso que Ayuso le coma la tarta del patriotismo. Para que el PP sume con Vox tanto como para permitirle gobernar tras las generales, necesita compensar el apoyo entre escaso e insignificante que las derechas tienen en Cataluña o el País Vasco.
Ahora bien, si uno atiende a los disparates que Ayuso ha venido soltando en relación con la crisis de la atención primaria en Madrid y sus ataques a los médicos, enfermeras y sanitarios, cuesta poco imaginar la tentación represiva en la que con facilidad y hasta gusto puede caer la presidenta. Ha sido capaz en los últimos días de ofender a todo el personal sanitario acusándolo de actuar como peleles manipulados por la oposición, y hasta de agentes “comunistas”. Cuanto más disparatada sea la acusación, más consigue desviar la atención sobre el meollo de esta crisis: las políticas de desmantelamiento de la sanidad pública y de apoyo a su privatización (ver aquí) y la apuesta por el aseguramiento privado que viene aplicando el PP en Madrid desde hace treinta años (ver aquí).
Ha sido capaz en los últimos días de ofender a todo el personal sanitario acusándolo de actuar como peleles manipulados por la oposición, y hasta de agentes “comunistas”
El argumentario distribuido en y desde el PP sobre el caos generado en los centros de salud de Madrid ha consistido fundamentalmente en el mensaje de que “los problemas son los mismos que en otras comunidades”. Falso. Problemas para sostener la máxima calidad en la atención sanitaria hay en toda España, cierto. Pero invertir un raquítico 4,7% de su PIB en sanidad pública sólo lo hace Madrid (ver aquí). Cerrar en plena pandemia 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria sólo lo ha hecho Madrid (ver aquí). Se repiten mentiras con el mismo desparpajo con el que llevan mintiendo dos años largos acerca de la gestión del covid en las residencias y los protocolos que prohibían derivar pacientes a hospitales (ver aquí).
Esta vez, sin embargo, Ayuso tiene un serio problema: está chocando con una realidad que no puede manipular por mucho que insulte o que busque comunistas en las UCIs. Médicos o enfermeras, y también pacientes que esperan desesperados para recibir atención, conocen perfectamente lo que está ocurriendo porque lo sufren, cada cual en su medida. Las cañas y la libertad de las terrazas no sirven para atender un cólico nefrítico o una meningitis.
Este domingo están convocadas manifestaciones (ver aquí) para protestar contra las políticas de Ayuso y para rechazar los trampantojos que va colocando con el fin de que se hable de cualquier otra cosa. Le vale la sedición como le vale negar el cambio climático (cosas de “comunistas”). Pero leyendo la descripción de ese delito de “desórdenes públicos agravados”, estando aún vigente la Ley Mordaza y teniendo en cuenta la histórica facilidad de la derecha para responder con represión al derecho a la manifestación o a la huelga, prefiero no pensar en el uso que ciertos dirigentes podrían hacer del Código Penal si llegaran a tener el mando máximo para responder a cualquier protesta con porras ligeras y balas de goma. Donde ahora ven independentistas sediciosos beneficiados por el malvado gobierno socialcomunista, quizás vean médicos, sindicalistas, periodistas gráficos o activistas antidesahucios.
Para ser sincero, me preocupa entre poco y nada que algunos condenados o imputados por los hechos del procés puedan beneficiarse de la reforma del delito de sedición propuesta por el Gobierno (ver aquí). No será mucho el beneficio, sobre todo para quienes fueron sentenciados o están pendientes de juicio por sedición “en concurso medial con malversación”, como es el caso, por ejemplo, de Puigdemont (ver aquí). Sin embargo, se me abren las carnes sólo de pensar lo que pueden hacer Ayuso o Feijóo con la aplicación del nuevo delito de “desórdenes públicos agravados”.