Para cualquier partido, todo debate electoral es una ocasión para meter la pata y a la vez una oportunidad para provocar el error del adversario. Para la ciudadanía, los debates electorales forman parte de su derecho a la información. Aunque a menudo se olvide, ese derecho fundamental no pertenece a los políticos ni a los periodistas ni a los medios, sino a los ciudadanos. Sobre esta premisa, el debate abierto sobre los debates de la campaña del 28-A exige algunas reflexiones con un solo objetivo: evitar que los votantes sigamos siendo tratados como menores de edad.
1.- La Junta Electoral Central (JEC) ha aplicado de forma rigurosa (como ha confirmado el Tribunal Supremo) el artículo 66.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al suspender el debate a cinco previsto en Atresmedia con la participación de Vox, porque constituiría una discriminación respecto a otras fuerzas políticas que han obtenido resultados y representación en anteriores elecciones. (Ver aquí la resolución)
2.- Miente Vox (de nuevo) cuando denuncia que sufre discriminación, con el argumento de que en 2015 Podemos y Ciudadanos participaron en los debates electorales sin tener representación previa en el Congreso. La propia JEC explica su criterio para cumplir la exigencia legal de “pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales”, una exigencia que afecta tanto a los medios públicos como a “las televisiones privadas”: para ser considerado un “grupo político significativo” debe haber obtenido al menos un 5% de apoyo en elecciones previas en el ámbito territorial al que se dirige el debate en cuestión (toda España). Ante las generales de 2015, tanto Ciudadanos como Podemos ya habían superado ese listón, bien en las municipales de mayo de ese mismo año o en las europeas de 2014. Vox no lo ha hecho hasta ahora, salvo en Andalucía.
3.- Desde el punto de vista político y periodístico, sin duda sería mucho más interesante y pertinente el debate previsto en Atresmedia, puesto que todas las encuestas pronostican una irrupción de Vox en el Congreso muy significativa. Su presencia también convenía claramente a Pedro Sánchez, puesto que se visibilizaría en pantalla la agria disputa entre PP, Ciudadanos y Vox por el liderazgo del espacio conservador. Por primera vez en democracia, el fraccionamiento afecta a la derecha cuando tradicionalmente era un rasgo exclusivo de la izquierda. (Por cierto, no recuerdo grandes polémicas, ni políticas ni mediáticas, por el hecho de que jamás se planteara un debate a tres en el que participara el líder de la tercera fuerza estatal durante décadas, Izquierda Unida).
4.- Por mucho que Vox pretenda aparecer públicamente como víctima de una discriminación, sus propias indiscreciones delatan que en realidad ha “respirado” al ser excluida. No hay más que echar un vistazo al chat en el que confiesan que les “viene bien” (ver aquí). Santiago Abascal lleva toda la campaña protegiéndose de preguntas incómodas o de discusiones de fondo sobre los asuntos importantes. Cuanto más se exponga fuera de los ¡viva España! más se arriesga a dejar al desnudo la vaciedad o el peligro de sus propuestas.
5.- Pedro Sánchez no tenía otra opción que aceptar el debate a cuatro planteado por RTVE. De hecho eso es lo que debió hacer desde el principio si de verdad cree en “una televisión pública española de todos”, como reza hoy el comunicado del Comité Electoral del PSOE. (Ver aquí un interesante análisis de Miguel Álvarez Peralta). La excusa que había dado para inclinarse por Atresmedia, es decir la conveniencia de que estuviera también Vox, desaparecía en todo caso con la suspensión dictada por la JEC. El hecho de que la pública garantice la señal a todas las demás cadenas de televisión y radio y la gratuidad a quienes quieran seguir el debate desde el extranjero son además ingredientes de servicio público incontestables. Es lógico que Atresmedia mantenga la convocatoria de su debate (ver aquí), y Sánchez será muy criticado si da plantón al compromiso previo.
6.- Lo ocurrido viene a confirmar que urge una regulación expresa de los debates obligatorios entre candidatos electorales, de modo que su celebración no quede condicionada a tacticismos partidistas ni permita victimismos hipócritas. Debe haber un mínimo obligatorio de debates entre los principales candidatos o candidatas, que incluyan también uno o dos cara a cara entre los representantes de las primeras fuerzas parlamentarias. Es lógico que los medios públicos tengan prioridad en el cumplimiento de esos mínimos, lo cual no debe excluir, sino al contrario, la organización y celebración de otros debates en medios privados. A ese ejercicio de transparencia deben comprometerse los partidos. ¿Acaso no sería pertinente y enriquecedor que hubiera un debate entre los tres de Colón para que su electorado potencial distinguiera las propuestas de unos y otros? ¿No se echa de menos en la izquierda un cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre sus puntos de acuerdo y sus discrepancias? ¿O un debate temático sobre Cataluña y la crisis constitucional? ¿No fue en 2015 uno de los debates más frescos y atractivos el celebrado por Rivera e Iglesias en la Universidad Carlos III a iniciativa de la asociación de estudiantes Demos?
7.- Regular la celebración de debates electorales debería incluir a la vez la eliminación de los mil obstáculos que los medios públicos y privados encuentran a la hora de ofrecer información electoral y de articular los propios debates. Es deseable que RTVE siga en este sentido el camino iniciado por Atresmedia a la hora de realizar debates vivos, con repreguntas, con comprobación de datos, con reparto justo y equilibrado de los tiempos pero huyendo del acartonamiento que siempre pretenden imponer los partidos. Son los periodistas quienes deben dirigir los debates, no los jefes de comunicación o los asesores de los candidatos.
8.- Esta regulación exige una reforma de la también acartonada LOREG, que debería aprovecharse para acabar con otras ofensas a la inteligencia de los votantes. No tiene el menor sentido la prohibición de publicar sondeos en la última semana de campaña, como tampoco lo tiene esa “jornada de reflexión” más propia de ejercicios espirituales que de actos democráticos. ¿Cuántas legislaturas más hacen falta para acabar con ese “voto rogado” que obstaculiza la participación electoral de más de dos millones de españoles expatriados?
Es prioritario que las fuerzas políticas dejen de tratar al electorado como si se dirigieran a un parvulario. Resulta ofensivo escuchar la grandilocuencia con la que todos los candidatos se pronuncian en defensa de los debates o incluso retan a los adversarios, mientras se muestran incapaces de acordar unas cuantas medidas que eleven el nivel de calidad democrática. No hace falta que las griten. Escríbanlas en sus programas y busquen mayorías para abordarlas.
Para cualquier partido, todo debate electoral es una ocasión para meter la pata y a la vez una oportunidad para provocar el error del adversario. Para la ciudadanía, los debates electorales forman parte de su derecho a la información. Aunque a menudo se olvide, ese derecho fundamental no pertenece a los políticos ni a los periodistas ni a los medios, sino a los ciudadanos. Sobre esta premisa, el debate abierto sobre los debates de la campaña del 28-A exige algunas reflexiones con un solo objetivo: evitar que los votantes sigamos siendo tratados como menores de edad.